La Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos e Interamericanos (RICYT) anuncia que se encuentra disponible la edición 2011 de su publicación anual: El Estado de la Ciencia - Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología - Iberoamericanos / Interamericanos.
Para la edición de este libro se contó con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID), a través del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos (CAEU/OEI).
Con el propósito de brindar herramientas útiles para el análisis de los problemas en materia científica y tecnológica de la región, y al igual que en ediciones anteriores, este volumen presenta un resumen gráfico de los principales tendencias de las capacidades científico-tecnológicas de los países de América Latina y el Caribe e Iberoamérica, así como una serie de artículos en temáticas específicas, algunos de los cuales incluyen resultados de las actividades del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS).
El presente informe ha sido elaborado por el equipo técnico responsable de las actividades de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericanos e Interamericanos- (RICYT), con el apoyo de colaboradores especializados como Facundo Albornoz, María Guillermina D’Onofrio, María Victoria Tignino, Cristian Merlino, Matías Milia, Lautaro Matas, Pablo Jacovkis, Guillermo Anlló, Gustavo Lugones, Diana Suárez y Carmelo Polino.
Índice
Prólogo
1.1 El Estado de la Ciencia en imágenes
1.2 Exportaciones de América Latina en los 2000: ¿Es América Latina más primaria que nunca?
2.1 La investigación y el desarrollo de tecnología de la información y las comunicaciones en Iberoamérica
2.2 Manual de Bogotá: hacia un formulario mínimo común
2.3 La promoción de carreras científicas en las nuevas generaciones
Prólogo
La presencia preeminente del conocimiento científico y
tecnológico en todos los aspectos de las sociedades
modernas es algo que está instalado y forma parte de la
conciencia ciudadana; se ha incorporado en las agendas
políticas y parece fuera de toda discusión. La educación, la
vida cotidiana y la cultura no escapan a esa introducción
creciente de valores, bienes, información y servicios que
se nutren de los avances del conocimiento. A nivel
discursivo, Iberoamérica no es la excepción. Se habla de
la sociedad del conocimiento, de la economía del
conocimiento y de la innovación, como las nuevas formas
de alcanzar las postergadas aspiraciones de desarrollo.
El mensaje que se propala desde todos los foros, y
resuena desde hace algunos años con fuerza en los
países iberoamericanos, es que la prosperidad de los
países va de la mano con el valor que agrega el
conocimiento a los productos con los que se posiciona en
el mercado. El éxito en la vida económica dependería así
de la capacidad de gestionar el cambio tecnológico en la
producción industrial y también en la producción primaria.
Esta visión encuentra su apoyo en un discurso optimista
sobre los efectos benéficos de la ciencia, según el cual la
ciencia permite lograr mejoras en el bienestar humano a
través de tecnologías que ella desarrolla para la salud, la
producción de alimentos, la ingeniería y la comunicación.
La ciencia nos permite, siguiendo este discurso, dar cada
tanto un salto adelante, a través de descubrimientos
científicos fundamentales como las TIC y la revolución
genética, con el consecuente desarrollo de biotecnologías
que permiten lograr mejoras en la salud y la agricultura.
La visión de la ciencia como reparadora y benéfica no es
nueva, sino que comenzó a forjarse ya en el siglo XVII
cuando el programa imaginado por Francis Bacon
asignaba a la “filosofía natural” la misión de desentrañar
las leyes de la naturaleza para ponerla al servicio de las
necesidades humanas. La misma visión, reconfigurada, ha
sido compartida en el siglo veinte y en los años que corren
del actual, por distintas ideologías. John Bernal, destacado
científico inglés y reconocido marxista, era enfático al
sostener que la civilización, tal como hoy la conocemos,
sería imposible sin la ciencia, ya que no solamente hace
posible sus aspectos materiales, sino que está implicada
en los aspectos intelectuales y morales de la sociedad. En esa misma tónica, a principios de los setenta Daniel Bell
anunciaba el surgimiento de la sociedad postindustrial; un
cambio civilizatorio cuyo impulso proviene del
conocimiento teórico y afecta la estructura social, la
política y la cultura. Los teóricos del desarrollo
latinoamericano desde los años cincuenta tenían ya muy
clara la potencia del conocimiento científico y tecnológico
como herramienta para la industrialización, el crecimiento
económico y la modernización de estos países. “La
investigación científica y tecnológica es una poderosa
herramienta de transformación de una sociedad. La
ciencia y la técnica son dinámicos integrantes de la trama
misma del desarrollo; son efecto pero también causa; lo
impulsan pero también se realimentan de él” escribían a
principios de los setenta Jorge Sabato y Natalio Botana.
La visión optimista a veces parece no tomar en cuenta que
la ciencia y la tecnología también conllevan riesgos.
Actualmente se percibe, quizás en forma difusa, que han
ayudado a crear nuevas amenazas, en el sentido de daños
incontrolables que acechan a las sociedades en forma
global. Se trata de riesgos tales como el efecto
invernadero, las catástrofes nucleares, los derrames de
petróleo, la desertificación y algunos usos de la
manipulación genética, entre otros, que también han
estado presentes entre las preocupaciones
iberoamericanas en estos tiempos. Se trata de daños cuyo
origen es imputable a la tecnología y a determinadas
formas de su aplicación. Algunos de estos perjuicios son
de naturaleza social. La innovación, por ejemplo, pese a
sus atributos que le asignan un papel estelar en las
políticas actuales de crecimiento económico, tiene muchas
veces efectos negativos sobre el empleo, si no se toman
recaudos para evitarlo. En el mismo sentido, la
“destrucción creadora”, como llamaba Joseph Schumpeter
a la innovación, puede ocasionar en América Latina la
ruina de muchas empresas con dificultades para ser
competitivas, generando una concentración que puede
afectar la distribución del ingreso e incrementar la brecha
social.
Cierto es que los riesgos no menoscaban la importancia
de la ciencia y de la tecnología, pero ponen un toque de
atención sobre las políticas que se deben adoptar, ya que
no se trata sólo de aprovechar las oportunidades, sino de controlar los posibles efectos negativos. Puede ser
caracterizada como virtuosa aquella política de ciencia y
tecnología que conduce a aprovechar los efectos
benéficos del conocimiento científico, controlando
impactos no deseados. Cabe preguntarse entonces si la
política científica y tecnológica que se perfila en los países
de Iberoamérica y en los foros regionales se nutre de
diagnósticos realistas acerca de esta doble dimensión. ¿El
malestar social que surge de la marginación y la pobreza,
así como el deterioro ambiental se encuentran recogidos
entre los elementos que orientan las políticas del
conocimiento de esta parte del mundo? Los indicadores
disponibles deberían dar algunos indicios acerca de ello,
más allá de las limitaciones propias de las metodologías
aplicadas, de la fidelidad de las fuentes disponibles y de la
capacidad técnica instalada en las instituciones que los
producen.
El conocimiento científico y tecnológico es el resultado de
una actividad que se desarrolla en el seno de sociedades
concretas y que se nutre de sus valores, sus capacidades
y su cultura. La ciencia avanza, no solamente por el talento
de sus científicos, sino por las decisiones políticas que
asignan recursos, estimulan actitudes, fijan rumbos,
evalúan resultados y asignan prioridades. Dos lecciones
surgen de las últimas décadas: la primera, es que la
política científica y tecnológica es la herramienta de la que
se valen los gobiernos para lograr que sus sociedades se
beneficien de los avances del conocimiento (algunos
gobiernos latinoamericanos parecen estar tomando
conciencia de ello). La segunda es que no basta con
apoyar investigaciones básicas de calidad para generar
con ello, automáticamente, mejoras sociales. Esta
creencia ha sido desmentida en los hechos; una trama de
elementos intermediarios es necesaria para que la ciencia
produzca beneficios sociales. En este sentido, los
indicadores de impacto social son inseparables de los de
vinculación, los cuales a su vez deben dar cuenta de la
existencia de redes de actores que relacionen las fuentes
del conocimiento con su aplicación concreta.
El intento más reciente por asociar los avances de la
ciencia y la tecnología con la actividad productiva llegó
con la aplicación de políticas de estímulo a la innovación y
con el confuso añadido de una i a la ya tradicional I+D. La
innovación es el proceso de incorporar nuevas tecnologías
y conocimientos de distinto tipo a las empresas, para
mejorar su posición competitiva. Este proceso, sin
embargo, consiste en una serie de actividades no
solamente científicas y tecnológicas, sino también
organizacionales, financieras y comerciales, capaces de
transformar las fases productiva y comercial de las
empresas. El estímulo a la innovación fue incorporado
gradualmente en las agendas públicas, en el marco de las
políticas de reconversión industrial que siguieron a la crisis
de la energía de mediados de los setenta (en América
Latina las políticas de innovación comenzaron a ser
aplicadas varios años más tarde) y se estableció en un
territorio difuso, entre las políticas industriales y las de
ciencia y tecnología, e incluso las de educación superior.
Esto se debe a que las innovaciones no siempre tienen
que ver con la investigación; al menos con aquella que se
lleva a cabo en el propio país. El ejemplo de Corea y otros
países de sudeste asiático es elocuente en tal sentido.
Medir la innovación fue una tarea imprescindible para
quienes se ocupan de indicadores.
Si bien las políticas de innovación suelen ser puestas bajo la
responsabilidad de los organismos de ciencia y tecnología,
su implementación requiere un tratamiento horizontal de
colaboración entre varios ámbitos ministeriales. Siguiendo
esta idea de horizontalidad, durante los años noventa una
amplia producción bibliográfica desarrolló el concepto de los
“sistemas de innovación”. Esta idea pone sobre la mesa que
la innovación es un hecho social, que involucra distintos
actores e instituciones capaces de articularse positivamente
en círculos virtuosos, reforzándose unos con otros en la
promoción de los procesos de aprendizaje e innovación.
Desde cierta perspectiva, el ámbito de estos sistemas está
constituido por actores capaces de generar condiciones a
nivel del país; a esto se refiere la expresión de “sistema
nacional de innovación”. En otros casos, el sistema de
innovación puede ser analizado en espacios sociales más
acotados, independientemente de las fronteras nacionales.
En tal caso, la bibliografía refiere al concepto de “sistema
social de innovación”. Ambos enfoques están siendo
progresivamente adoptados para la formulación de las
políticas públicas en los países de Iberoamérica; en algunos
casos, para la modernización de las instituciones y la
creación o fortalecimiento de los vínculos entre ellas, en una
nueva generación de entidades como las “agencias” o los
“consejos de innovación” que apuntan a dinamizar las
condiciones macro de los procesos innovadores. En otros
casos, la mirada más restringida es aplicada para fortalecer
conglomerados innovadores sectoriales o locales. La RICYT
presta atención a estos procesos a través de su base de
datos sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación en
América Latina y el Caribe (www.politicascti.net).
La capacidad de un sistema de innovación está enraizada
en los procesos de educación y capacitación. Por esta
razón, en las últimas ediciones de El Estado de la Ciencia
no se presentan solamente indicadores de I+D, sino
también de educación superior, en lo que se refiere al
número de egresados de grado y posgrado en las
universidades iberoamericanas, por campos disciplinarios.
El Estado y un conjunto de instituciones hacen factible el
proceso de innovación, pero esto no modifica el hecho de
que los principales actores son las empresas; ellas son los
“sujetos” del proceso de innovación, sin perjuicio de que
una mentalidad innovadora debe ser capaz también de
mejorar los hospitales, las escuelas y la pléyade de
instituciones cuya misión es apoyar el desarrollo social, la
cohesión y la calidad de vida. La RICYT acompaña el
esfuerzo de muchos países en la realización de estudios
de innovación y periódicamente da cuenta de ello. En esta
edición de El Estado de la Ciencia se presenta un
formulario elaborado por expertos de varios países para
realizar las encuestas de innovación, con el propósito de
colaborar a que sus resultados sean comparables.
En definitiva, la preocupación por la ciencia y la tecnología
no es nueva en Iberoamérica. El pensamiento del desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de
importaciones que surgiera hace décadas de la usina de
la CEPAL había impulsado políticas concretas de ciencia,
tecnología e innovación, tanto a nivel de cada país, como
regionalmente. Aquellas políticas estaban centradas sobre
el problema de la tecnología y ofrecieron una variedad de
instrumentos, algunos institucionales, como el impulso a la
creación de los institutos tecnológicos, otros vinculados
con la transferencia de tecnología y otros orientados a la
formación de recursos humanos, como los grandes
programas de becas de Brasil, o -en el plano de la
cooperación internacional- el programa de formación de
recursos humanos de OEA. Algunos actores ilustres,
como Jorge Sabato, Amílcar Herrera y Máximo Halty
formularon propuestas originales de política científica y
tecnológica. Algunas de estas propuestas tienen todavía
vigencia, como el “triángulo de las interacciones” que sitúa
la encrucijada del desarrollo en la capacidad que tenga un
país para articular virtuosamente los tres vértices de un
triángulo: el Gobierno, el sistema científico académico y la
producción.
El fracaso del modelo de desarrollo basado en la
industrialización sustitutiva de importaciones, sumado a
los años de políticas neoliberales surgidas del “consenso
de Washington” dieron por tierra con estas políticas, no
solamente en los países más pequeños de América
Latina, sino también en los más grandes. Hoy las
circunstancias parecen estar cambiando. Por primera vez
en mucho tiempo la economía de los países
latinoamericanos acumuló varios años de crecimiento, si
bien es cierto que como resultado de un contexto
internacional favorable que ahora se está desinflando.
¿Fueron aprovechados los años de la bonanza y el
crecimiento para sentar las bases de una nueva estructura
productiva? En los próximos años se verá. Por lo pronto, la
ciencia y la tecnología han entrado en la agenda de los
gobiernos latinoamericanos. Casi todos ellos, en mayor o
menor medida han fortalecido sus instituciones de política
y promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. A
nivel regional, la cooperación en esta materia ocupa un
lugar destacado en las cumbres iberoamericanas y en los
foros de diálogo con la Unión Europea, entre otros. Esto
permite plantear algunas preguntas, con mayor sentido
estratégico. ¿Cómo se construye una sociedad del
conocimiento en los países de Iberoamérica? ¿Qué
ciencia y qué tecnología se necesitan para apoyar el logro
de una solución a los problemas y demandas de estas
sociedades? ¿Cómo se hace para aprovechar las
oportunidades y eludir los riesgos? ¿Cómo hacer para
consolidar una capacidad científica y tecnológica que sirva
como instrumento de desarrollo, cohesión social y
ciudadanía?
Una política científica y tecnológica que sirva como
herramienta de desarrollo a los países de Iberoamérica
debe ser pensada a partir de los desafíos que los países
iberoamericanos deben afrontar. La RICYT ha puesto
siempre en evidencia la heterogeneidad estructural de este
conjunto de países. Son pocos los que cuentan con una
capacidad industrial destacable. Hay además una
tendencia hacia la re-primarización de las economías,
como muestra uno de los artículos publicados en esta
edición. Algunos países cuentan con empresas capaces de
competir a nivel mundial en ciertos sectores como la
biotecnología, la agroindustria, el petróleo y la aeronáutica,
pero ellas no son representativas del conjunto ni logran
derrames de conocimientos ni propagan la innovación al
resto del entramado productivo. La heterogeneidad
estructural se presenta tanto entre países, como dentro de
países y provincias o estados.
Los indicadores muestran además que las capacidades en
I+D están concentradas en algunos países y en algunos
temas, resultando insuficientes para el conjunto. El
diagnóstico de la capacidad iberoamericana en ciencia,
tecnología e innovación pone de manifiesto un rasgo
común: la debilidad, más allá de que existen disparidades
pronunciadas entre ellos. Ciertamente, es preciso
diferenciar trayectorias, así como también distinguir
momentos de avances y retrocesos en cada país, pero ello
no puede enmascarar el hecho de que -con la relativa
excepción de Brasil y de España- Iberoamérica ocupa
todavía un lugar muy secundario en la escena
internacional de la ciencia y la tecnología, lo que
constituye un freno a la posibilidad de implementar
estrategias de desarrollo basadas en el conocimiento.
Aumentar la inversión en I+D y fortalecer las capacidades
básicas en lo referido al número de investigadores y
tecnólogos formados en las disciplinas y campos más
relacionados con los temas que se consideren prioritarios
para la cohesión social es un objetivo que surge con la
fuerza de la evidencia, de los indicadores que se
presentan en este volumen. Ellos muestran que uno de los
principales desafíos que deben ser afrontados es el de
fortalecer las capacidades básicas en ciencia y tecnología
(inversión en I+D, formación de recursos humanos,
investigación básica de excelencia y articulación entre
investigación y educación superior). Cómo desarrollar
estrategias para crear y aplicar conocimiento científico y
tecnológico en las actividades productivas es una de las
grandes cuestiones pendientes en la mayor parte de los
países de Iberoamérica. En este caso, de lo que se trata
es de diseñar estrategias para la innovación tecnológica
que no se apliquen solamente al sector manufacturero,
sino también al sector primario y a la gestión de los
servicios públicos. Del mismo modo, el desarrollo de
estrategias para vincular la I+D con las demandas sociales
es otro de los desafíos específicos para la política
científica y tecnológica. El auge de las ciencias sociales en
Iberoamérica, del que dan cuenta los indicadores de
graduados universitarios que aquí se presentan, es una
oportunidad de lograr que su orientación sirva de apoyo a
mejores políticas públicas de desarrollo y cohesión social.
Mario Albornoz
Acceder al documento
10 de marzo de 2012 |
