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La sistematización de la información
legal especializada en cultura viene desarrollándose
desde hace ya un par de décadas, existiendo
importantes estudios compilatorios de la legislación
cultural a escala mundial por parte de la UNESCO,
y concretamente en la región americana por
organismos de cooperación regionales como la
Unión Panamericana, la Organización
de Estados Americanos (OEA) y el Convenio Andrées
Bello (CAB)
La Conferencia Mundial sobre las Políticas
Culturales, celebrada en México en agosto de
1982, puso ampliamente de relieve(8) la importancia
de la legislación cultural como instrumento
al servicio de la vigencia y aplicación de
los Derechos culturales en todo el mundo.
La elaboración de un diagnóstico de
legislaciones comparadas tiene un indudable valor
especifico. El conocimiento acerca de la legislación
de otros países del área, podría
ser propiciar el aprovechamiento de los avances y
las experiencias positivas en la materia.
El Programa, en materia de legislación cultural,
de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
reconoce el valor de las decisiones y recomendaciones
que poseen las diversas conferencias intergubernamentales
regionales sobre políticas culturales que se
han venido realizando en las últimas décadas.
La Red de Cátedras sobre gestión cultural
y la administración de institutos culturales
que impulsa UNESCO, y más precisamente su Cátedra
de derechos culturales, tiene por objetivo atender
estos temas y promover la realización de un
programa permanente de actividades de investigación;
documentación; enseñanza y difusión
de carácter internacional, regional y comparado
referido al estudio de la vigencia, condiciones de
ejercicio efectivo y legislación aplicable
en materia de Derechos culturales como Derechos humanos,
individuales u colectivos, dentro de la región
de los países iberoamericanos, por una parte.
Asimismo se propone definir una conceptualización
teórica más completa del Derecho de
la cultura en el mundo. Esta cátedra se lleva
a cabo conjuntamente con la Universidad de Palermo
de Buenos Aires, Argentina, en el marco del Programa
Internacional UNITWIN de UNESCO.
El Convenio Andrés Bello (CAB) trabaja en
la sistematización de la legislación
cultural en la región. Sus antecedentes se
remontan a comienzos de la década de los setenta,
con documentos especiales publicados por sus diversos
organismos que hacen referencia a la importancia de
la legislación cultural comparada como instrumento
de cooperación cultural. En 1981 promovió,
en colaboración con la UNESCO y el Fondo Internacional
para la Promoción de la Cultura, la recopilación
de la legislación cultural de los países
andinos que entonces formaban parte del Convenio.
Posteriormente, en 1997, la Secretaría Ejecutiva
tomó la decisión de impulsar la elaboración
de una nueva edición que pusiera al día
los contenidos normativos y que dejara constancia
de la realidad de los actuales países integrantes
del Convenio. Se trató de una compilación
y no la edición de un código legislativo,
pero en cualquier caso ofrece una imagen que perfila
y refleja la naturaleza de la legislación de
cada país miembro del Convenio.
Asimismo, el CAB, dentro de su línea programática
Legislación para la Integración lleva
a cabo el Proyecto Armonización de la legislación
para la Integración. Su objetivo es contribuir
con los procesos de integración entre los países
miembros del Convenio, a través del análisis
de las legislaciones compiladas, los estudios comparados
y la elaboración de propuestas y recomendaciones
sobre la viabilidad en la adopción de medidas
que conlleven la unificación jurídica
en la región y el estudio de temas relativos
libre circulación de bienes culturales y la
protección del patrimonio cultural.
La Cátedra Andrés Bello de Derechos
Culturales, creada en 1997 en coordinación
con la Universidad Carlos III y la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, ambas de España
es una de las acciones fruto de los proyectos previstos
en la materia. Sus objetivos son la investigación
y la difusión de conocimientos, el progreso
de la doctrina de los derechos culturales en el marco
de los derechos humanos. Promueve una serie de acciones
entre las que se encuentra el fomento de la investigación
comparada.
Dentro de la asociación de entidades preocupadas
en la materia, surge en 1999 en el seno de la Universidad
Carlos III de Madrid, España, el Instituto
Universitario de Derecho de la Cultura, posteriormente
denominado Instituto para la Comunicación Cultural.
Sus líneas de acción se centran en la
investigación, la docencia y la difusión
en relación con todas las manifestaciones y
ámbitos de proyección que presenta en
la actualidad el Derecho de la cultura. Hace especial
énfasis en el impulso de la doctrina de los
derechos culturales en los nuevos contextos sociopolíticos,
económicos y tecnológicos actuales.
Asimismo, se propone estimular y ofrecer a la sociedad
la contribución que puede aportar la Universidad
a un diálogo más racional, científicamente
enriquecido y plural en el debate sobre la problemática
jurídica-institucional que conlleva la integración
cultural en el mundo actual, con especial énfasis
en la realidad de España y con atención
específica a las realidades de Iberoamérica
y Europa. Entre las actividades a destacar se encuentra
la realización del I Congreso Iberoamericano
de Derecho de la Cultura.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos
(OEA), en los últimos cuarenta años,
ha reafirmado su compromiso, identificando el tema
de la cultura como componente integral de los procesos
de desarrollo y democratización de la región.
Diversos órganos de la OEA, como el Departamento
de Asuntos Culturales y los organismos especializados,
en particular el Instituto Panamericano de Geografía
e Historia, han mostrado su interés en diversas
ocasiones por la información comparada vinculada
a la legislación cultural nacional de los Estados
miembros. Cabe mencionar que el Proyecto de Legislación
Cultural del Programa Regional de Desarrollo Cultural
correspondiente a los años 1979 1983, dio relevancia
a esta disciplina, al incluir dentro de las actividades
del programa regional un nuevo subprograma, el de
Planeamiento, investigación y desarrollo Cultural,
que tomaba en consideración ya el tema, proponiendo
específicamente un proyecto denominado Legislación
Cultural. Actualmente, la Oficina de Asuntos Culturales
de la OEA, creada en abril de 1996, posee una compilación
de instrumentos legales internacionales e interamericanos
relacionados al campo cultural.
La Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI), dentro de su programa Iberoamérica:
Unidad en la Diversidad Cultural, impulsa acciones
conducentes a una mayor articulación entre
los sistemas educativo y cultural, con el fin de permitan
avanzar en el diseño de agendas de temas comunes.
Entre estas acciones se encuentran el fomento de tareas
de investigación y análisis sobre el
modo de armonización de las políticas
culturales y educativas. Asimismo se encuentra en
esta línea, el proyecto Sistemas Nacionales
de Cultura dirigido a compilar y difundir la información
sustantiva de las políticas culturales aplicadas
en la región. Su objeto son los programas y
los proyectos públicos, privados, y de las
organizaciones sociales, que tienen una presencia
consolidada, o que, siendo nuevas, representan promisorias
opciones de fomento cultural en sus respectivas sociedades.
Hasta el momento ya se han realizado los informes
de México, Cuba y Perú y se están
elaborando los de varios países del área
iberoamericana. El proyecto aspira a cubrir en los
próximos años a todos los países
miembros de la OEI.
En el marco internacional, cabe mencionar la labor
que viene realizando la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), que promueve la
cooperación entre los países en vías
de desarrollo, a través del establecimiento
de políticas comunes, armonizadas y procedimientos
simplificados entre las oficinas de propiedad intelectual.
Sus actividades se centran en la presentación
de solicitudes, la concesión de derechos de
propiedad intelectual; la promoción de acuerdos
de establecimiento de redes para la simplificación
de la adquisición; el mantenimiento de la protección
de la propiedad intelectual en el ámbito nacional,
regional y mundial; el intercambio de conocimientos
especializados y tecnologías sobre modernización
de las oficinas de propiedad intelectual, incluida
la informatización de los procedimientos de
propiedad intelectual; el establecimiento de redes
de trabajo y cooperación, el intercambio eficaz
de información; y la cooperación entre
distintas administraciones nacionales para un mejor
ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.
Sus acciones se articulan a través de la organización
de foros internacionales conjuntos con organismos
gubernamentales, intergubernamentales, y no gubernamentales
y otras organizaciones interesadas en la materia,
reuniones subregionales acerca de cuestiones comunes
y sobre la propiedad intelectual y la cooperación
para el desarrollo en la materia.
Desde ya hace algún tiempo, existe preocupación
por la recopilación de la legislación
cultural de los países iberoamericanos. La
evolución de la cultura y por ende de sus legislaciones,
hace que se tenga un especial interés por mantener
y fomentar el diagnóstico de legislaciones
comparadas de los países, de perfeccionar y
renovar continuamente el conocimiento de las mismas,
a fin de conseguir una legislación cultural
de mayor calidad y avanzar en el proceso de una integración
que haga posible un desarrollo más garantizado
de los Derechos culturales de los ciudadanos de toda
la región.
La OEI ha comenzado a reunir y sistematizar esta
información y ya se encuentra disponible la
información correspondiente a varios países:
Colombia
http://www.oei.es/cultura2/colombia/04.htm
Cuba
http://www.oei.es/cultura2/cuba/11.htm
Honduras
http://www.oei.es/cultura2/honduras/cap4.htm
México
http://www.oei.es/cultura2/mexico/indice.htm
Perú
http://www.oei.es/cultura2/peru/11.htm
República Dominicana
http://www.oei.es/cultura2/rdominicana/informe4.htm
Por su parte el Convenio Andrés Bello CAB
viene desarrollando desde el año 1981, en colaboración
con la UNESCO y el Fondo interamericano para la promoción
de la cultura, la recopilación de la legislación
cultural de los países andinos que entonces
formaban parte de la entidad.
A partir del 2005 el CAB cuenta con la legislación
actualizada en un CD - ROM que ofrece la posibilidad
de ver el cuerpo normativo en su totalidad y la facilidad
de leer las legislaciones de forma comparada en una
herramienta que esperamos llegue a toda la comunidad
académica y virtual, a los gestores culturales,
a las bibliotecas nacionales y a las Organizaciones
que deseen contar con esta completa y práctica
herramienta de consulta, única en su genero.
Asimismo, el Doctorado en derechos culturales que
ya cuenta con varias ediciones y que se realiza en
colaboración con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia - UNED y la Universidad
Carlos III refuerza la labor del Convenio en esta
materia.
Esta por finalizar el primer estudio de análisis
comparado sobre la legislación y disposiciones
normativas en patrimonio cultural de los países
CAB, que da, una visión de conjunto de las
distintas disposiciones legales y sus efectos, el
análisis contribuye a la construcción
de una legislación armonizada en este tema.
http://www.convenioandresbello.org/cab42/index.php?option=content&task=view&id=151&Itemid=0
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