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Semblanza Histórica  

El Período Independiente

Independencia de Centroamérica

El 15 de septiembre de 1821, se proclamó la independencia de España en la Capitanía General de Guatemala. Numerosas causas contribuyeron al fin del imperio colonial español.

En el siglo XVIII, el rey español Carlos III reorganizó el gobierno colonial para fortalecer su autoridad y recaudar más impuestos. Estas reformas causaron gran malestar entre los hacendados y comerciantes criollos, pues las consideraron un obstáculo para su progreso.

Al mismo tiempo, las ideas de la Ilustración motivaron a los colonos británicos en  Norteamérica a iniciar la lucha por su independencia en 1776. Su ejemplo aumentó el deseo de los hispanoamericanos de separarse de España.

Por otra parte, los constantes conflictos entre España y otras potencias europeas perjudicaban la economía de las colonias. Peor aún, en 1808 estalló una disputa entre el rey español Carlos IV y su propio hijo, Fernando VII. El emperador francés Napoleón Bonaparte aprovechó la ocasión para invadir España y colocó en el trono a su hermano. Ante esta situación tan confusa, los criollos de varias provincias hispanoamericanas decidieron gobernarse por sí mismos.

En diciembre de 1811, los pueblos de San Salvador, León, Granada y Rivas echaron de sus cargos a los funcionarios españoles y organizaron sus propias Juntas de Gobierno. El Capitán General logró aplastar la rebelión y encarceló a los líderes. Sin embargo, la lucha independentista continuó en América del Sur y México.  A mediados de 1821,  casi toda las provincias hispanoamericanas habían alcanzado su libertad.

Ante esta situación, el Capitán General convocó a las personalidades más importantes de Guatemala a  una reunión en la capital. El sabio nicaragüense Miguel de Larreynaga argumentó que era preferible  proclamar la independencia de manera pacífica y evitar una dolorosa guerra. El pueblo reunido en los patios y corredores del palacio aplaudió con entusiasmo su propuesta. Ese día, 15 de septiembre de 1821, se firmó el Acta de la Independencia.   

La Federación Centroamericana (1823-1838)

Una vez alcanzada la independencia, los próceres enfrentaron el desafío de escoger un nuevo sistema de gobierno. En un inicio, Centroamérica se unió al imperio mexicano bajo una monarquía constitucional, pero en 1823 se creó una república federal integrada por cinco Estados: Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala.

El 22 de noviembre de 1824 se promulgó la Constitución Política de la República Federal de Centroamérica, que estableció la división de los poderes del Estado y reconoció el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades.

En la Constitución Política se declaró que todos los miembros de la nación debían ser libres e iguales ante la ley. Por tanto, se prohibió la esclavitud y el trabajo forzoso, así como la discriminación de las personas con base en el color de su piel. 

A pesar de sus buenas intenciones, los nuevos gobernantes centroamericanos no lograron mantener la paz y alcanzar sus metas, pues se dividieron en dos bandos enemigos.

Las principales familias criollas deseaban conservar su posición social dominante, así como la influencia de la Iglesia Católica. A su juicio, la religión y el respeto a las jerarquías tradicionales eran esenciales para asegurar el orden y la estabilidad política. Éstos conformaron el bando “conservador”.

En contraste, el bando “liberal” deseaba impulsar, de inmediato, cambios sociales y políticos profundos. Además, se proponía eliminar el poder de la Iglesia Católica, pues asociaba a esta institución con la ideología absolutista y el pasado colonial.

Por otra parte, estallaron frecuentes disputas entre el gobierno federal y los jefes de los distintos Estados por el control del dinero de los impuestos.  En vez de resolver estos conflictos mediante el diálogo y la negociación, los gobernantes trataron de imponer su voluntad con la fuerza de las armas.

El resultado fue una sucesión de guerras civiles. Muchos campesinos e indígenas se rebelaron, cansados de los abusos de los políticos y militares. Todos estos factores contribuyeron a la ruptura de la Federación en 1838.

Nicaragua: el período de la anarquía

En la historia de Nicaragua, las primeras cuatro décadas después de la Independencia se conocen como el “período de la anarquía”, pues los constantes conflictos impidieron organizar un gobierno estable.

Al conocer la noticia de la independencia, el gobernador, el obispo y muchas familias adineradas de Nicaragua pensaron conservar sus privilegios aliándose con el emperador de Méjico, Agustín de Iturbide.  Los republicanos, jefeados por el caudillo mulato Cleto Ordóñez, se opusieron y en 1824 estalló la primera guerra civil entre nicaragüenses. Finalmente, en 1825 se llegó a un acuerdo y Manuel Antonio de la Cerda fue electo Jefe de Estado, pero la paz no fue duradera.

En 1838, los diputados nicaragüenses decidieron separarse de la Federación Centroamericana y formar un Estado soberano. Poco después, surgió una disputa entre los habitantes de León y Granada, pues ambos querían que su ciudad fuese designada capital del Estado, para obtener mayor control sobre el gobierno. Esta rivalidad desembocó en otra guerra civil  que agravó la enemistad entre sus pueblos.  

La anarquía también fue resultado de las frecuentes luchas entre caudillos poderosos. Muchos de éstos eran dueños de haciendas, que reclutaban a sus trabajadores para luchar contra sus enemigos. Atraían a sus seguidores ofreciéndoles la oportunidad de robar cuanto desearan de las casas o plantaciones de los vencidos. Si lograban control del gobierno, repartían los cargos públicos entre sus familiares y amigos, lo que fomentó la corrupción.

En 1853, asumió la dirección del Estado el caudillo granadino Fruto Chamorro, quien decidió fortalecer su autoridad y prolongar su periodo de gobierno mediante una reforma a la Constitución Política. El bando democrático se opuso, por lo que sus líderes fueron perseguidos. En respuesta, organizaron un ejército al mando del general leonés Máximo Jerez y en 1854 estalló otra guerra civil. A causa de sus divisiones, los nicaragüenses no podían defender la soberanía del Estado frente a las amenazas externas.   

La ruta interoceánica y amenazas externas

En la década de 1840, el ingeniero inglés John Baily publicó un estudio científico argumentando que el Lago de Nicaragua, el río San Juan y el istmo de Rivas podían canalizarse para unir los oceános Atlántico y Pacífico. Los nicaragüenses se entusiasmaron, confiando que el canal interoceánico colocaría a su país en el centro del comercio mundial. Sin embargo, en vez de progreso, el proyecto canalero trajo muchos problemas, pues despertó el interés de Inglaterra y Estados Unidos por controlar la ruta interoceánica.

En 1848, Inglaterra envió soldados a bordo de sus barcos de guerra a apoderarse del puerto de San Juan del Norte, bajo el pretexto de que pertenecía a su protegido, el rey miskito. Los patriotas nicaragüenses intentaron defender la soberanía del Estado en ese territorio, pero fueron derrotados.

Por su parte, en 1849 Estados Unidos envió a su ministro E. G. Squier a convencer al gobierno de Nicaragua que otorgara derechos exclusivos sobre la ruta interoceánica a una compañía norteamericana. Esperando contar con el apoyo de Estados Unidos frente a los abusos de Inglaterra, el Director Supremo de Nicaragua aceptó de inmediato. 

Sin embargo, en 1850 ambas potencias arreglaron sus diferencias mediante el Tratado Clayton-Bulwer, que permitió a Inglaterra conservar su dominio sobre el reino de la Mosquitia, en calidad de “protectorado”.              Mientras tanto, el poderoso empresario Cornelius Vanderbilt se enriquecía transportando miles de pasajeros entre California y New York a través de Nicaragua. A pesar de sus cuantiosas ganancias, no cumplía su compromiso de pagar los impuestos correspondientes al gobierno de Nicaragua.

La Guerra Nacional Antifilibustera

Hacia 1854, la situación política de Nicaragua había empeorado. El bando “democrático”, jefeado por el leonés Máximo Jerez, y el bando “legitimista”, acaudillado por Fruto Chamorro, combatían sin piedad. Empeñados en ganar la guerra a cualquier precio, el bando "democrático” contrató mercenarios norteamericanos. En junio de 1855, las primeras tropas extranjeras llegaron a Nicaragua al mando de William Walker, pero el astuto general norteamericano tenía sus propios planes.

Al cabo de un año, William Walker derrotó tanto a los legitimistas como a los democráticos, y se proclamó presidente de Nicaragua. Su objetivo final era conquistar toda Centroamérica, anexarla a Estados Unidos, y restablecer la esclavitud. Sostenía que los negros, indios y mestizos pertenecían a razas “inferiores”; por tanto, necesitaban un amo de raza blanca para obligarlos a trabajar con disciplina.

Democráticos y legitimistas comprendieron su terrible error, y el 12 de septiembre de 1856 se comprometieron a luchar unidos contra Walker. Este acuerdo, conocido como el “Pacto Providencial”, marcó el inicio de la Guerra Nacional Antifilibustera. Poco después, los ejércitos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica marcharon a Nicaragua para apoyar a los nicaragüenses. Gracias a la unión de todos los centroamericanos, Walker fue derrotado el 1º de mayo de 1857.

Los Treinta Años Conservadores

El partido democrático de León perdió la confianza de gran parte de la población, a causa del error cometido al contratar a los filibusteros. En consecuencia,  entre 1858 y 1893, los líderes conservadores de Granada gobernaron con relativa estabilidad. Éstos fueron: Tomás Martínez (1858-1863 y 1863-1867); Fernando Guzmán (1867-1871); Vicente Cuadra (1871-1875); Pedro Joaquín Chamorro Alfaro (1875-1879); Joaquín Zavala (1879-1883); Adán Cárdenas (1883-1887); Evaristo Carazo (1887-1889); Roberto Sacasa (1889-1893).

La paz permitió organizar el Estado, aumentar las exportaciones agrícolas, modernizar los medios de comunicación y crear importantes instituciones culturales.

En 1858 se promulgó una nueva Constitución que limitó la participación política al interior de un reducido grupo de terratenientes y comerciantes. La Iglesia Católica recobró su influencia y se prohibió el culto público de otras religiones. Se procuró fortalecer el ejército, la policía y el sistema judicial para asegurar el orden.

Las fronteras del  Estado fueron definidas con mayor precisión mediante acuerdos diplomáticos. En 1858 se firmó el Tratado Cañas-Jerez, por el cual el gobierno nicaragüense aceptó la anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. A su vez, este país reconoció la soberanía de Nicaragua sobre el río San Juan.

Asimismo, en 1860 Gran Bretaña reconoció la soberanía del Estado de Nicaragua sobre la costa oriental de su territorio, mediante el Tratado Zeledón-Wyke. A cambio, el gobierno nicaragüense se comprometió a respetar el derecho de las comunidades indígenas a gobernarse de acuerdo a sus propias leyes bajo un jefe miskito, dentro de una zona denominada “Reserva Mosquitia”. 

En la década de 1870, se inició la construcción del ferrocarril y del telégrafo. Además, se creó el sistema de educación pública, gratuito y obligatorio. En 1882 se inauguró la Biblioteca Nacional, donde estudió Rubén Darío, y se publicaron los primeros  texto oficiales de Historia de Nicaragua, escritos por Tomás Ayón y José Dolores Gámez. Se abrieron teatros municipales en las principales ciudades, y se fundaron varios periódicos y revistas culturales.

Desafortunadamente, muchas autoridades de esta época creían que las tradiciones populares e indígenas eran un obstáculo para alcanzar el progreso y difundir los valores culturales europeos, con los cuales se identificaban.  Además, imponían a los indígenas diversas formas de trabajo forzoso para el desarrollo de los cultivos de exportación como el café, y el tendido de las líneas del telégrafo y el ferrocarril. Estos  abusos provocaron una violenta rebelión de parte de la Comunidad Indígena de Matagalpa en 1881.  

La Revolución Liberal

En 1893 el Partido Conservador se dividió, lo que permitió a los liberales tomar el poder bajo el liderazgo del general José Santos Zelaya, quien ocupó la presidencia de la república hasta 1909.  Los diecisiete años de gobierno zelayista se conocen en la historia de Nicaragua como el período de la Revolución Liberal.  

Los liberales promulgaron una nueva Constitución Política inspirada en la ideología positivista. En ésta, se consignaron muchos principios democráticos modernos, como el derecho de todos los varones nicaragüenses mayores de 18 años a votar para elegir a sus autoridades.  Sin embargo, en la práctica, Zelaya impuso un gobierno autoritario y poco democrático.  

En 1894, Zelaya decidió someter la Reserva Mosquita bajo la autoridad directa del Estado nicaragüense. Envió tropas a Bluefields y disolvió el gobierno miskito del Jefe William Henry Clarence.  Inspirado en las ideas nacionalistas de su época, Zelaya intentó imponer la cultura hispanoamericana en la Mosquitia, prohibiendo hablar miskito o inglés en las escuelas. Estas disposiciones provocaron mucho resentimiento entre la población de la costa Caribe.

Por otra parte, los liberales procuraron eliminar la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad pues, de acuerdo a la ideología positivista, la religión y las tradiciones constituían un obstáculo para el progreso.

El gobierno liberal impulsó la educación primaria laica y la capacitación profesional de los maestros en métodos pedagógicos modernos. Además, fortaleció las instituciones estatales encargadas de velar por la salud pública, promoviendo la vacunación contra la viruela, así como hábitos de higiene ambiental para controlar las epidemias. 

Otro objetivo importante del gobierno del presidente Zelaya fue la modernización de las vías de comunicación y de los servicios públicos en los centros urbanos.  En 1902, se concluyeron las obras del ferrocarril del Pacífico y se inició el proyecto de construir otra vía férrea entre puerto Rama y Punta Mico, en la costa Caribe. Se introdujo el alumbrado eléctrico en la capital, así como acueductos y tranvías en las principales ciudades.  Se crearon nuevas fábricas y se promovió la capacitación de los obreros.

La política exterior del presidente Zelaya estuvo dirigida a promover la reorganización de la Federación Centroamericana. Sin embargo, esta meta lo llevó a entrometerse en los asuntos internos de otros Estados del istmo, y provocó conflictos armados con los países vecinos.  Además, Zelaya utilizó la fuerza militar para reprimir a sus opositores internos, tanto conservadores como liberales disidentes, en vez de procurar un consenso nacional. 

Intervención de Estados Unidos

Entre 1800 y 1914, los ejércitos de las potencias europeas conquistaron numerosos pueblos de Asia y Africa para explotar sus riquezas naturales y controlar importantes rutas comerciales.  A fines del siglo diecinueve, Estados Unidos también inició su expansión imperialista, centrando la atención en América Latina y, en particular, en las estratégicas rutas interoceánicas del istmo centroamericano.

En 1903, Estados Unidos logró obtener derechos soberanos sobre la ruta canalera del istmo de Panamá, después de apoyar con sus barcos de guerra la separación de ese territorio perteneciente al Estado de Colombia. Pero, además, Estados Unidos deseaba obtener iguales derechos sobre la ruta canalera de Nicaragua, para asegurarse el monopolio del tránsito interoceánico.

El presidente Zelaya contrarió sus deseos, sosteniendo que el Estado nicaragüense no podía renunciar a la soberanía sobre una sección del territorio nacional. En represalia, Estados Unidos apoyó una rebelión militar para derrocarlo. Dos soldados estadounidenses, expertos en fabricar bombas, se unieron a las tropas rebeldes. El ejército nicaragüense los capturó y fusiló, por lo que el gobierno de Estados Unidos exigió la renuncia de Zelaya mediante la llamada “Nota Knox”. 

En 1912 Estados Unidos desembarcó 2,300 soldados de su Cuerpo de Marina en Nicaragua para sostener en la presidencia a Adolfo Díaz, representante de la oligarquía conservadora y de los empresarios extranjeros en el país.

Después de ocupar militarmente Nicaragua, Estados Unidos obtuvo derechos exclusivos y perpetuos sobre la ruta interoceánica mediante el Tratado Chamorro-Bryan, firmado en 1914. Funcionarios y banqueros estadounidenses tomaron control del Banco Nacional, las aduanas, el ferrocarril y la exportación de café. 

Los Marines del ejército de Estados Unidos entrenaron soldados nicaragüenses para conformar la Guardia Nacional, encargada de mantener el orden y sofocar cualquier rebelión. El pueblo nicaragüense  perdió su soberanía; es decir, la capacidad de gobernarse por sí mismo. 

Resistencia nacionalista

Los patriotas nicaragüenses expresaron su rechazo a la intervención estadounidense de diversas maneras. El poeta Rubén Darío escribió en contra de este atropello en repetidas ocasiones. En 1912, muchos jóvenes de Masaya, encabezados por Benjamín Zeledón, dieron su vida en un combate desigual contra los marines para sentar un ejemplo de dignidad. En 1927, Augusto C. Sandino organizó a los campesinos de la región de las Segovias y, durante cinco años, libró una guerra de guerrillas contra las tropas estadounidenses.  

La lucha de Sandino se inspiró en el nacionalismo, una ideología que sostiene el derecho de cada nación a gobernarse por sí misma, de acuerdo a su propia cultura.  Sandino llamó a defender la identidad indígena e hispana del pueblo nicaragüense, que consideraba amenazada por la ocupación militar de Estados Unidos. 

Sandino también luchaba por la justicia social. A su juicio, el Estado debía proteger los derechos de todos los miembros de la nación y, sobre todo, defender a los más débiles de los abusos de los poderosos.  Su proyecto contemplaba la distribución de tierras a los campesinos, para liberarlos de la explotación por parte de los grandes terratenientes.

Sandino y sus combatientes campesinos se convirtieron en un símbolo de dignidad y resistencia frente a la expansión imperialista de Estados Unidos. Simpatizantes de muchos países del mundo apoyaron su causa. Algunos, incluso, viajaron a Nicaragua a combatir a su lado. En el propio Estados Unidos estallaron protestas en contra de la intervención. En 1933, el gobierno estadounidense cedió a la presión de la opinión pública y retiró a sus soldados de Nicaragua. 

De esta manera, Sandino logró uno de sus principales objetivos: expulsar al invasor extranjero de su patria. Sin embargo, no pudo llevar a cabo su proyecto de reformas sociales, pues un año después fue asesinado a traición por el Director de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza García.

La dictadura de los Somoza

Anastasio Somoza García utilizó a la Guardia Nacional para apoderarse de la presidencia de la república en 1937 y estableció una dictadura familiar que duró 42 años. A su muerte en 1956, le sucedieron en el poder sus hijos Luis y Anastasio Somoza Debayle.  El gobierno de los Estados Unidos juzgó conveniente apoyar la dictadura de los Somoza pues, en el contexto de la Guerra Fría, le interesaba contar con aliados militares fuertes, para asegurar su control sobre Centroamérica y el Caribe.

Los Somoza utilizaron los recursos del Estado para acumular enormes riquezas y comprar la lealtad de los jefes de la Guardia Nacional y del Partido Liberal. El Partido Conservador también se subordinó a los intereses de la dictadura, a cambio de empleos en el gobierno y otros privilegios. Muchos hombres y mujeres, que decidieron luchar por la democracia, fueron encarcelados, torturados o asesinados.

Crecimiento económico y conflictos sociales

En las décadas de 1950 y 1960, Nicaragua experimentó un rápido crecimiento económico, debido al aumento en las exportaciones de café, algodón, azúcar, carne de res, metales y maderas preciosas. El comercio prosperó y surgieron nuevas industrias, así como bancos privados. 

Sin embargo, los campesinos, artesanos y obreros, que cultivaban la tierra y transformaban las materias primas en productos exportables, recibían muy poco dinero por su trabajo. La diferencia entre el salario de los trabajadores y el valor de los bienes que producían era muy grande. Como resultado, la mayor parte de las ganancias quedaba en manos de los dueños de haciendas, fábricas, comercios y bancos. 

Además, los funcionarios somocistas cobraban muy pocos impuestos a los grandes propietarios, a fin de que dieran su apoyo a la dictadura.  Por tanto, el Estado no tenía dinero para construir escuelas y hospitales, o llevar agua potable y electricidad a los barrios y comarcas donde vivían los campesinos, artesanos y obreros. Peor aún, los funcionarios somocistas robaban los escasos recursos del Estado, confiados en que nunca serían encarcelados.   

Como resultado, hacia 1970 la mitad de los nicaragüenses carecía de una alimentación adecuada, escuelas, medicinas, y servicios básicos para vivir dignamente. En contraste, la familia Somoza había acumulado una fortuna calculada en 300 millones de dólares. 

El derrocamiento de la dictadura

Cansados de la dictadura, muchos nicaragüenses se organizaron para luchar por la democracia y la justicia social, motivados ya sea por ideales democráticos, cristianos o marxistas.

En 1963, surgió el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), una organización guerrillera empeñada en derrotar militarmente a la Guardia Nacional, y tomar control del Estado para impulsar cambios socialistas en beneficio de los obreros, artesanos y campesinos.

En 1968, los obispos latinoamericanos, reunidos en Medellín, Colombia, hicieron un llamado a los cristianos a adoptar una “opción preferencial por los pobres”. Este llamado significaba asumir el compromiso de transformar las estructuras económicas y sociales que mantenían a las grandes mayorías del continente en una situación de miseria y opresión. 

Asimismo, un sector de la burguesía, encabezado por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director del diario La Prensa, se organizó para demandar el respeto a los derechos humanos, la celebración de elecciones libres y el castigo a los funcionarios públicos corruptos.

Ante la creciente oposición a su gobierno, Anastasio Somoza Debayle impuso el Estado de Sitio en 1975, prohibió la libertad de prensa, y ordenó a la Guardia Nacional reprimir con mayor dureza a sus enemigos.  En 1976, Carlos Fonseca, fundador del FSLN, murió combatiendo a la Guardia Nacional en las montañas de Zinica. Dos años después, Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado en Managua, hecho que detonó una violenta sublevación popular.

En 1978, el FSLN estableció alianzas con muchos sectores sociales opuestos a la dictadura y llamó al pueblo a levantarse en armas. En septiembre de ese año se inició la insurrección popular. Durante once meses, el pueblo combatió con heroismo en las ciudades y montañas. Finalmente, en julio de 1979, Somoza huyó a Estados Unidos y la Guardia Nacional se desbandó.

La Revolución Popular Sandinista

Después de conducir la insurrección popular que derrocó a la dictadura de la familia Somoza, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) gobernó Nicaragua durante diez años, e impulsó un conjunto de reformas inspiradas en la ideología socialista. Esta experiencia histórica, que duró de 1979 a 1989, se conoce como la Revolución Popular Sandinista.            

A raíz del triunfo revolucionario, el FSLN desarrolló un programa de reformas y proyectos que le ganó el apoyo de un gran sector del pueblo nicaragüense. Entre éstos, cabe destacar la Campaña Nacional de Alfabetización y de Educación de Adultos, durante la cual alrededor de 100 mil jóvenes se movilizaron al campo durante seis meses para enseñar a leer y escribir cientos de miles de campesinos que nunca habían podido asistir a la escuela. 

Otros logros de la Revolución Sandinista fueron la Reforma Agraria, que distribuyó más de un millón de manzanas de tierra cultivable a familias y cooperativas campesinas, y las Jornadas Nacionales de Vacunación y Salud Preventiva, en las que participaban miles de jóvenes, coordinados por el Ministerio de Salud, para combatir las epidemias que afectaban a la niñez.

En lo que respecta a la cultura el FSLN elevó a ministerio la institución que rige este rubro. En este sentido la cultura floreció en todos los niveles y los sectores, gente que nunca había tenido acceso a ello formó parte de elementos culturales como grupos de teatro, grupos musicales y de danza, así como la concreción de un instituto de cine. 

No obstante, Nicaragua víctima de la guerra fría sufrió una de las múltiples agresiones financiada por los EU y se convirtió en una guerra que fue condenada por la corte internacional de la Haya la que los EU hasta el momento ha hecho caso omiso de ello.

Augusto Zamora --doctor en derecho internacional--, en su libro “Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua”, describe: “...un 9 de abril de 1984, en el Palacio de la Paz, de La Haya, Nicaragua introducía ante la CIJ, órgano judicial principal de Naciones Unidas, una demanda contra los EU. Se iniciaba así, el juicio más polémico de los conocidos por la CIJ y el más famoso de los ventilados ante un tribunal internacional. Quizás el juicio más trascendental para el futuro desarrollo del Derecho Internacional”.

La delegación gringa llegaba en una caravana de limosinas y llenaban varias bancas de la sala de audiencias; los delegados nicaragüenses se transportaban en un microbús modesto y en la banca que ocupaban sobraba espacio. Pulgarcito contra el gigante con botas de siete leguas; o como escribió Eduardo Galeano: “Nicaragua, pobre entre los pobres, tenía, en total, cinco ascensores y una escalera mecánica, que no funcionaba”. De ningún modo era amenaza para EU.

El 9 de marzo de 1984, Nicaragua pidió urgentemente a la CIJ medidas provisionales de protección porque las acciones hostiles de EU seguían dañando a la población y el país. El 10 de mayo la Corte dictó dichas medidas a pesar de la oposición de EU. Esto desacreditó más a la política de Ronald Reagan (recientemente fallecido) y George Bush (padre), la que llegó al extremo de minar nuestros puertos, lo cual fue criticado hasta por su aliada incondicional la primer ministra inglesa Margaret Tatcher.

Nicaragua debió presentar su memoria (alegatos escritos) antes del 30 de junio y EU, su contramemoria antes del 17 de agosto de 1984. El 26 de noviembre de 1984, la CIJ reconoció su jurisdicción en el caso Nicaragua y admitió por unanimidad de sus 16 jueces la demanda de ésta contra EU.

Nicaragua indicó como causas de su demanda que: “Los Estados Unidos de América hacen uso de la fuerza militar contra Nicaragua e intervienen en sus asuntos internos en violación de su soberanía, de su integridad territorial y de su independencia política, así como de los principios más fundamentales y más universalmente reconocidos del Derecho Internacional”.

Amanecía en Nicaragua, atardecía en Holanda, cuando el 27 de junio de 1986, la CIJ en pleno, leyó, en sesión pública, la sentencia definitiva. Ninguna de las más de 50 sentencias dictadas por ese tribunal había causado tanta expectación. La CIJ dispuso darle la razón a Nicaragua y condenó sin vacilaciones a EU.

La CIJ decidió entre otras cosas que EU estaba en la obligación, frente a la República de Nicaragua, de reparar cualquier perjuicio causado a ésta por la violación de las obligaciones impuestas por el Derecho Internacional. Que EU debía reparar cualquier perjuicio causado a Nicaragua por la violación del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (firmado en Managua el 21 de enero de 1956). Que la clase y el monto de esas reparaciones las establecería la CIJ, en caso de que las partes no llegasen a un acuerdo al respecto.

La memoria sobre indemnización presentada por Nicaragua ante la CIJ el 29 de marzo de 1988, reclamaba la reparación por los siguientes daños causados por EU desde el 1 de diciembre de 1981: 1) Por personas asesinadas y heridas:
900 millones de dólares. 2) Por daños materiales directos:
275,400,000. 3) Por las pérdidas de la producción:
1,280,700,000. 4) Por daños causados por ataques directos incluyendo el minado de puertos:
22,900,000. 5) Por gastos de defensa y seguridad:
1,353,300,000. 6)Por daños derivados del embargo comercial:
325,000,000. 7) Por perjuicios al potencial de desarrollo:

2,546,400,000. 8) Por daños causados al desarrollo social:
2 mil millones. 9) Por reparación por los atentados contra la soberanía:
1,068,700,000. 10) Por reparación por perjuicios morales:
2,443,200,000. La suma total reclamada como indemnización era de
12,216,600,000.

Como la agresión continuó, los daños ascendieron a 15 mil millones y luego hasta 17 mil millones de dólares. El 17 de julio de 1986 Nicaragua envió nota oficial a los EU para lograr un acuerdo bilateral del caso, según la resolución de la CIJ. Los EU rechazaron cualquier arreglo bilateral el 1 de agosto de 1987. El 7 de septiembre de 1987, Nicaragua comunicó a la CIJ que continuaría el procedimiento para resolver, a través de la Corte, lo referente a la reparación de los daños.

La actitud de EU siempre fue de desprecio a la ley internacional. Nunca quiso reconocer la jurisdicción de la CIJ y no quería que se admitiera la demanda. Abandonó el juicio, desapareció, se retiró, lo cual no tenía precedentes, según Keith Highet --miembro del Cuerpo de Abogados de Nueva York--, citado por Augusto Zamora. EU manipuló a El Salvador que fue presentado como parte afectada, pero la CIJ desestimó el reclamo salvadoreño el 4 de octubre de 1984.

Debe recordarse que EU es uno de los fundadores de las Naciones Unidas, uno de los primeros países que reconoció la jurisdicción obligatoria de la CIJ, uno de los primeros que presentó un caso en la CIJ (juicio contra Francia, 1950, el quinto caso del tribunal).

Después que EU desconoció a la CIJ en el caso Nicaragua, demandó a Italia en 1987, obteniendo un fallo en 1989. EU es el país que más ha comparecido ante la CIJ, ya sea, como demandante, demandado o de mutuo acuerdo. Nicaragua hizo aparecer a EU por decimotercera vez ante la CIJ y el caso Nicaragua fue el número 50 que la Corte conoció.

Luego, el gobierno de Violeta Barrios vda. de Chamorro y los partidos políticos de derecha representados en la Asamblea Nacional, se congraciaron con los EU levantando o renunciando a la demanda de indemnización. No menciono fechas que no merecen ser recordadas por indignas.

El orden mundial y el derecho internacional cuando se trata de países ricos y pobres, de norte y sur, son una copia fiel de lo descrito en “El tiburón y las sardinas”, escrito por el ex- presidente guatemalteco Juan José Arévalo (quien describió muchos crímenes cometidos en Guatemala en nombre del pueblo norteamericano). Noam Chomsky --de nacionalidad estadounidense, el más brillante e importante intelectual viviente, citado por Miguel d´ Escoto-- escribió que el fallo de la CIJ a favor de Nicaragua fue la primera condena a un Estado por sus acciones terroristas.

Los años 90

El 25 de febrero de 1990, Violeta Barrios, viuda de Pedro Joaquín Chamorro, fue electa presidenta de Nicaragua. Bajo su gobierno, se inició la pacificación de Nicaragua y el retorno a un sistema económico capitalista.

A raíz de los acuerdos de paz, los nicaragüenses han mostrado gran respeto por la voluntad de la mayoría, expresada mediante el voto. En abril de 1990, el FSLN entregó el poder, en forma pacífica, a la presidenta Chamorro.

Violeta Barrios de Chamorro presidió un gobierno de reconciliación nacional. Entre 1990 y 1994 distribuyó 700 mil manzanas de tierra, herramientas y crédito, tanto a combatientes de la “contra”  como a soldados del Ejército Popular Sandinista, para facilitar su integración a la vida civil. 

En 1996, fue electo presidente el doctor Arnoldo Alemán, quien fue sucedido en el año 2001 por el ingeniero Enrique Bolaños. En los primeros dos anos del mandato del presidente Bolaños, la Procuraduría General de la República inició juicios por actos de corrupción en contra del expresidente Arnoldo Alemán y otros altos funcionarios de su gobierno. El 7 de diciembre de 2003, Alemán fue condenado a veinte anos de cárcel por lavado de dinero, fraude, enriquecimiento ilícito y delitos conexos.

Hoy, las generaciones jóvenes han aprendido de las experiencias del pasado y se abren nuevas esperanzas. Las instituciones democráticas empiezan a consolidarse. Los nicaragüenses pueden ejercer el derecho a opinar con libertad y a elegir a sus  gobernantes.  Asimismo, tienen la oportunidad de organizarse y participar en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales. Los niños y niñas también tienen derechos y deberes como miembros de la sociedad nicaragüense. Una de sus responsabilidades más importantes es conocer su historia, pues ellos y ellas forjarán el futuro de esta gran nación.

 

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