La Colonia

La vida social, política y económica durante la Colonia estuvo regida por las orientaciones e intereses de España. Aunque la población criolla había logrado consolidarse social y económicamente en términos políticos y culturales, el Imperio Español y la Iglesia Católica orientaban y regían la provincia.

La Iglesia es un factor clave para la comprensión de la sociedad colonial y su cultura, pues su acción penetró en todos los campos de la vida, debido, entre otras razones, a su dominio absoluto durante todo el siglo XVI, sobre la educación, los métodos y los planes de estudio.

Durante la primera etapa de la colonización española, una vez instalada la Real Audiencia en 1550, los conventos fueron autorizados para impartir instrucción a clérigos y seglares en gramática y lectura; luego se organizaron las primeras escuelas para indígenas en la segunda mitad del siglo XVI, alrededor de los conventos y los templos doctrineros, espacios donde se impartía a los aborígenes los principios de la religión cristiana y los patrones culturales del Imperio Español. Posteriormente se fundan los primeros conventos, seminarios y colegios para formar las élites criollas, y a principios del siglo XVII se crean las primeras universidades, también bajo el monopolio de dominicos y jesuitas.

En 1592 se creó el Colegio de San Bartolomé, considerado como el más antiguo del país; la Universidad Javeriana en 1623 por los jesuitas; la Universidad Tomasina en 1639 a cargo de los padres dominicos; el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en 1653; y otros colegios en centros urbanos de importancia económica y política, como Tunja, Cartagena, Pamplona, Popayán, Mompox, Antioquia y Honda. El núcleo de la enseñanza de la época fueron las artes, la filosofía y la teología moral, pues la educación que se impartía en estos claustros estaba permeada por el escolasticismo medieval, y tenía como función la legitimación ideológica de la sociedad granadina y sus privilegios de castas.

Los centros culturales más importantes de la época eran Santa Fe, Tunja, Popayán y Cartagena, en donde clérigos y un selecto grupo de funcionarios seguían las preocupaciones españolas, además de las relacionadas con la constitución de la Iglesia y la evangelización de los americanos. Durante el siglo XVI, en la ciudad de Tunja, un pequeño grupo desarrolla una incipiente actividad literaria, en la cual se produce la que muchos críticos e historiadores consideran la primera obra literaria neogranadina: “Elegías de varones ilustres de Indias”, en la que se narra el proceso de conquista y se da testimonio del proceso lingüístico de adaptación del español a la nueva realidad americana.

A partir del siglo XVII, luego de lentos pero profundos cambios, se consolida una sociedad fuertemente estratificada, dominada por la minoría blanca, peninsular o criolla, que vive el modelo cultural europeo, y cuyas instituciones, sistemas de valores y patrones culturales son originalmente españoles. En este mismo siglo, el Santo Oficio -ubicado en Cartagena-, cuya función consistía en proteger la fe, estableció un estricto régimen sobre la circulación de libros y obras, a través de diversos métodos de control y censura, la vigilancia de la imprenta, la producción literaria, el contenido de la lectura y la circulación de las obras.

Durante más de medio siglo domina la figura del intelectual eclesiástico y la temática religiosa, no sólo en la literatura sino también en la pintura y la escultura. Don Juan de Castellanos y Juan Rodríguez Freyle, con sus obras “Elegías de varones ilustres de Indias” y el “Carnero”, respectivamente, se apartan de la orientación predominante de su tiempo y por ello sus obras circularon como manuscritos y permanecieron inéditas hasta avanzado el siglo XIX.

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Gérmenes Libertarios

Hacia el final del siglo XVIII y comienzos del XIX, en pleno fragor de la ilustración y el racionalismo en los territorios de la Nueva Granada, especialmente en su sede de gobierno, Santa Fe, se comienza a consolidar una producción artística, literaria y científica que toma gran impulso, con tres acontecimientos que de alguna forma lesionan la hegemonía mantenida por la Corona Española y la Iglesia, por lo menos durante 300 años en el nuevo continente: la reforma educativa propiciada por el fiscal Francisco Moreno y Escandón, la Expedición Botánica y la Revolución de los Comuneros.

El Plan Moreno Escandón, acogido por las generaciones noegranadinas de finales del siglo XVIII, planteó la educación como función del Estado y propuso incluir el estudio de las matemáticas, el álgebra, la geometría y la trigonometría; recomendó el método experimental en la ciencia natural, la crítica al método escolástico y el método de la crítica textual. Si bien esta reforma nunca se pudo llevar a cabo en toda su magnitud, sí sembró las bases para una transformación en la educación e influyo profundamente en las jóvenes generaciones neogranadinas, que acogieron sus tesis como vía para llegar a la anhelada modernidad, promulgada por la ilustración.

Posteriormente, durante la administración del Virrey Caballero y Góngora, se da comienzo a la Real Expedición Botánica, acontecimiento de carácter científico que hace parte de un amplio plan de explotación racional de las riquezas naturales del Nuevo Reino.

La revolución industrial, las prácticas librecambistas y una serie de crisis agrarias que sufrió España, plantearon transformaciones en las relaciones entre los imperios europeos y sus colonias. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, España diseña y lleva a cabo una serie de expediciones a cargo de botánicos, que debían investigar los posibles usos medicinales y comerciales de la vegetación tropical de sus colonias.

En 1783, España ordena la Real Expedición al Nuevo Reino, bajo la dirección del naturalista José Celestino Mutis. Mutis inicia oficialmente el estudio de la flora, la fauna y la mineralogía; crea un importante instituto de botánica, matemáticas y ciencias naturales; funda en Mariquita un taller de pintura -donde se plasmaban las más exóticas de las especies vegetales y animales del Nuevo Reino; e introduce las ciencias físicas, naturales y experimentales en la educación neogranadina. La Expedición realizó investigaciones sobre plantas, minerales y animales del área tropical por más de treinta años y produjo más de 5.000 láminas que describen y clasifican algo más de 20.000 plantas.

De todas las enseñanzas de Mutis y su empresa se vieron favorecidos jóvenes criollos como Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Zea y Jorge Tadeo Lozano, entre otros, quienes se formaron en los postulados científicos de la Expedición Botánica y, en consecuencia, en los años venideros asumieron una actitud crítica frente a la monarquía y sus relaciones con las colonias.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII se presentaron, en el Nuevo Reino de Granada, tensiones sociales y movimientos prerrevolucionarios de la más variada índole: el cimarronismo y la conformación de palenques o pueblos libres eran frecuentes, y aumentaban cada vez más con las aspiraciones de los esclavos de alcanzar la libertad absoluta. Hacia 1780, una agresiva reforma tributaria destinada a recaudar fondos para cubrir el déficit fiscal, provoca el surgimiento de los primeros movimientos de campesinos de la provincia de Santander (Charalá, Mogotes, Simacota y Socorro), que protestaban contra el alza de los impuestos y reclamaban la supresión de tributos.

Otro hecho de gran importancia que incidió en la vida colonial fue la puesta en marcha del estudio geográfico dirigido por el fiscal Moreno y Escandón, a través del cual se inició el traslado, entre 1775 y 1777, de numerosos pueblos indígenas, con el objeto de crear pueblos más grandes, en donde coincidieran indígenas, mestizos y blancos, lo que produjo un proceso de blanqueamiento, pues la cultura blanca se impuso gracias a las normas de vida urbana, que obligaban al indígena a actuar, hablar y pensar como proletariado blanco.

Los sucesos mencionados trajeron grandes implicaciones en los desarrollos culturales de la época, ya que fueron alimentados y prosperaron gracias a la creación en Santa Fe -ciudad de mayor concentración habitacional y actividad comercial y burocrática- de una serie de instituciones tales como la Real Biblioteca Pública de Santa Fe y la Real Imprenta -ambas creadas con los bienes de la compañía de Jesús, la cual fue expulsada del Virreinato por orden de Carlos III en 1767-, el Coliseo Ramírez y el Observatorio Astronómico -primero en el Virreinato y en América.

La Real Biblioteca Pública de Santa Fe de Bogotá abre sus puertas al público en 1777 -siete años después de la expulsión de los jesuitas y de realizado un inventario de la biblioteca dejada por la Compañía de Jesús en Bogotá, Tunja, Honda y Pamplona-, aunque desde 1774 se había dado la orden de fundar la biblioteca, fijando el reglamento y el sueldo del bibliotecario, y señalando el edificio que debía ocupar.

La Imprenta Real inició labores en 1782, editando los primeros periódicos y hojas volantes, a través de los cuales la burguesía criolla divulgó las noticias del Imperio, así como los avances culturales y científicos del momento.

Después de la fundación en 1791 del Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, y otras iniciativas periodísticas como Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, El Redactor Americano y El Semanario del Nuevo Reino de Granada, el periodismo se convirtió rápidamente en el instrumento de divulgación y en un elemento formador de opinión pública entre las élites criollas, que hacia finales del siglo XVIII empezaron a operar transformaciones en los ámbitos de la educación y la cultura, concordantes con los cambios demográficos, económicos y sociales ocurridos en el Nuevo Reino de Granada, pero sobre todo con los ideales de la ilustración venidos de Europa.

En 1792 se empieza a construir el Coliseo Ramírez, primer teatro en Santa Fe de Bogotá, para la presentación de obras de teatro y espectáculos públicos; su construcción coincide con la de otros teatros en importantes centros urbanos del continente: La Habana 1776, Caracas 1784, Guayaquil 1790, Montevideo 1793. El Coliseo Ramírez, más tarde denominado Teatro Maldonado, fue el resultado del impulso de un grupo de personalidades criollas que deseaban una vida cultural similar a la de las metrópolis europeas. Sus primeros años de funcionamiento estuvieron marcados por discusiones entre sectores conservadores, que consideraban el teatro como un arte peligroso por atentar contra la sociedad, y los que sostenían que éste podría ser un motor de cambio de mentalidad y costumbres del pueblo. El movimiento independentista que se dio entre 1781 y 1830 fue alentado por la revolución de la enseñanza o de los claustros, propiciada por el español Mutis en el Colegio del Rosario, así como también por la campaña contra la Corona que agentes de la Compañía de Jesús se dedicaron a instigar, tras su expulsión del dominio español. En 1794 -mismo año en el que aparecen en Santa Fe, Cartagena y Tunja pasquines que mediante la sátira censuran o ridiculizan las instituciones coloniales y promueven el alzamiento colectivo contra las autoridades españolas-, Antonio Nariño traduce y publica los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

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Revolución e Independencia

Luego de la proclamación de independencia de varias ciudades en el Nuevo Reino de Granada se presentan enfrentamientos entre realistas y patriotas republicanos, los primeros para restablecer el orden en el pueblo insurgente y los segundos para obtener la independencia absoluta.

Las convulsiones bélicas que caracterizaron los primeros años de la independencia fueron constantes y se extendieron casi por todo el siglo, manifestando la disparidad de intereses y de opiniones sobre aspectos ideológicos y políticos bajo los cuales discurrió la lucha independentista. Muchos de los personajes que apoyaron la causa de la independencia, e incluso murieron por ésta, fueron hombres ubicados en el ápice de la pirámide social: latifundistas, conservadores radicales con respecto al liberalismo económico, aliados con comerciantes, hombres de leyes y letras, y funcionarios provinciales y locales.

Hasta mediados del siglo XVIII, el Nuevo Reino había sido un archipiélago de minúsculas provincias unificadas por su fidelidad al Rey, pero sin referentes que las aglutinaran entre sí. Los aspectos sobre los que giró el debate político e ideológico de la época y sobre los cuales se fraguaron las mayores desavenencias, fueron la definición de un sistema institucional que representara los intereses de las élites, las relaciones entre Iglesia y Estado, y la orientación de la educación.

Desde un comienzo, la insurrección estuvo acompañada de publicaciones periódicas, como El Diario Político de Santa Fe de Bogotá, La Bagatela, El Aviso al Público y El Argos Americano, que catalizaban las transformaciones intelectuales de la Nueva Granada, traduciendo en sus páginas los espíritus de la época y también los conflictos que emergían en el movimiento libertador.

Caudillos de la gesta libertadora como Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander plantearon desde un comienzo la necesidad de llevar a cabo reformas educativas para alcanzar la independencia absoluta, pues aún continuaban en vigencia estructuras, costumbres y conocimientos coloniales. Adicionalmente, las luchas libertadoras para una gran mayoría de la población solamente habían sido la superposición de personajes y poderes. El proceso de independencia creó un vacío debido al cierre de universidades y colegios que sucumbieron ante estos sucesos, a la pérdida de la intelectualidad criolla y a la ausencia de catedráticos y personal calificado para desempeñar diferentes cargos públicos.

En 1821 se decretaron leyes referentes a la creación de escuelas para niñas en los conventos, reformas en los colegios y creación de escuelas de primeras letras. En desarrollo de esta legislación, entre 1821 y 1826 se crearon colegios en Medellín, Cali, San Gil, Cartagena, Pamplona, Tunja, Ibagué y Santa Marta. Por decreto también se crearon escuelas públicas, que buscaban dar respuesta a la escasez de maestros utilizando el método del ingles Joseph Lancaster, mediante el cual los alumnos más aventajados instruían a los menores. Al finalizar el gobierno de Santander en 1836, se informó que existían 1.000 escuelas, entre públicas y privadas, y una población escolar de 26.070 alumnos.

Durante este período y de manera simultánea a la redacción del Plan de Estudios Superiores, se crearon la Dirección General de Instrucción Pública y, en la provincia de Bogotá, la Sociedad de Educación Primaria, establecimientos públicos encargados de orientar el desarrollo de la educación en el país. En 1824, siguiendo el espíritu positivista de los tiempos, en momentos aún de turbulencia e indefiniciones políticas, se inauguró, con una concepción patriótica y una colección de minerales, vegetales y objetos curiosos de la época, el Museo Nacional, junto con un laboratorio y una sala de dibujo. El Museo Nacional de Colombia fue creado bajo el modelo francés, concebido en 1793.

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La Nueva Granada.

La Consolidación Nacional Los debates ideológicos y políticos de la época, en el plano de la organización política, giraron en torno a las discusiones entre centralistas y federalistas y, en el plano económico, alternaron las opciones librecambistas y proteccionistas. En el campo de la educación, a partir de 1826 se inició una serie de reformas que buscaba consolidar las bases de una educación nacional y conformar un discurso estatal educativo, que dejaba entrever la pugna entre dos tendencias: el poder político que hizo énfasis en una educación al servicio del Estado desde una óptica secular, y el poder moral, que puso a la Iglesia como el centro de la empresa educativa nacional.

En 1844, las 491 escuelas públicas y 712 privadas registradas por el gobierno de turno debieron adelantar las reformas, impulsadas desde el Ministerio del Interior, entidad de la cual dependía la educación en la época. Estas reformas, entre otros aspectos, reforzaban los fundamentos cristianos en su orientación, insistían en la importancia de la educación práctica y autorizaban nuevamente la entrada de los jesuitas al país y su participación en actividades educativas. En estos años también se fundan los primeros colegios masculinos y femeninos privados, que otorgaban especial importancia a la enseñanza de las ciencias naturales y del inglés.

Durante este período, no sólo la educación fue considerada como un aspecto clave en los propósitos de consolidación nacional. La existencia de mapas poco confiables y de información inexacta sobre las provincias, hizo que el levantamiento del mapa del país se volviera una prioridad económica, política y militar. Por ello, en 1849 se inició la Comisión Corográfica de Colombia, segunda gran empresa estatal, bajo el mando del geógrafo e ingeniero militar, Coronel Agustín Codazzi, quien tenía la misión de levantar la carta geográfica general de la República y elaborar los mapas corográficos de cada una de las provincias en que se dividía el país.

Además de producir el levantamiento geográfico y cartográfico del país, la Comisión Corografica, gracias a la presencia de geógrafos, botánicos, cartógrafos, dibujantes y pintores, contribuyó al conocimiento del país, registrando datos de la más diversa índole. Entre 1850 y 1859, la Comisión realiza ocho viajes de exploración por el territorio colombiano, en los cuales recoge información sobre las villas, las aldeas, las parroquias, los caminos y las veredas que comunican los pueblos, las haciendas, los hatos, el curso de los ríos, las cordilleras y sus alturas, además de información sobre producciones naturales y manufacturadas de cada localidad y población, estadísticas militares, comercio, animales silvestres, minería, climas, estaciones y demás particularidades del territorio nacional.

Además de los mapas sobre la geografía física y política de las provincias de la Nueva Granada, se publicaron documentos tales como: Peregrinación Alpha, libro del primer secretario de la Comisión, Manuel Ancízar, que registra las costumbres, las razas en que se divide la población, los monumentos antiguos y curiosidades naturales, y todas las circunstancias que consideró dignas de mencionarse; y Apuntaciones de viaje por Antioquia y por las provincias del sur, de José Jerónimo Triana, además de una importante colección de láminas, dibujos, aguadas y acuarelas.

La Comisión Corográfica -breve pero fértil ensayo de universidad sin aulas y de investigación de acción colectiva sobre el cuerpo y realidad de Colombia-, manifiesta por primera vez un intento por adquirir conciencia nacional histórica y la intención de emitir un mensaje para las potencias mundiales, sobre el camino del progreso que emprendió la nueva nación y sobre la necesidad de reconocerla en el concierto de los países civilizados.

Las dos décadas que se iniciaron en 1850 están marcadas por la influencia francesa en la cultura nacional, lo que promueve una abundante literatura política de carácter radical, romántico y utópico. Mientras tanto, en la base de la estructura social poco o nada cambia; los artesanos que alcanzaron ascendente político hacia la mitad del siglo se dispersaron y su actividad decayó por la persecución y las medidas económicas, y los esclavos negros recientemente liberados fueron parias despreciados por el conjunto de otros estamentos.

En la segunda mitad del siglo XIX se crean instituciones nacionales y regionales que permitieron consolidar y ampliar la cobertura de servicios educativos -como la Universidad Nacional, fundada en 1867 con las facultades de Jurisprudencia, Medicina, Filosofía, Letras, Ingeniería y la Escuela de Ciencias Naturales. Posteriormente se crea la Universidad de Antioquia en Medellín (1871), mediante la fusión del Colegio Máximo del Estado, el Jardín Botánico y la Biblioteca del Estado, y en 1887 se funda la Escuela de Minas de Medellín. Estos tres centros educativos impulsaron la formación de la clase empresarial moderna en la década de 1870.

Ese mismo año se llevó a cabo una reforma que fijó las normas del sistema educativo, formuló un punto de vista sobre los fines políticos de la educación y postuló una concepción pedagógica que permitía favorecer la enseñanza de las ciencias. Se creó una organización jerárquica, con el propósito de dar a la educación una administración autónoma y unitaria dentro de las funciones administrativas del Estado. A nivel nacional se estableció la Dirección General de Instrucción Pública -dependiente de la Secretaría General de Relaciones Exteriores-, y a nivel regional se introdujeron los cargos de dirección de instrucción pública.

Esta reforma, que impuso la instrucción pública obligatoria, es considerada por muchos analistas como la más ambiciosa empresa educativa intentada en el siglo XIX. Esta reforma estaba basada en las convicciones de que la educación era un deber y un derecho del Estado y una de las expresiones de su soberanía, y que las libertades públicas y los planes de progreso social y económico no eran viables, sin una ciudadanía ilustrada con un mínimo de educación. Por ello, y aunque no fue abiertamente anticlerical, dicha reforma sí promulgó la neutralidad del Estado y de la educación pública en materia religiosa. En el marco de estas reformas, en 1872, gracias a las relaciones comerciales que se mantenían en ese entonces con Alemania, se trajo al país una misión de pedagogos alemanes para asesorar la Dirección Nacional de Instrucción Pública y para apoyar el desarrollo de institutos normalistas en cada uno de los Estados federados.

Los promotores de la reforma, pertenecientes a la denominada generación radical, estaban convencidos de que ésta era el único medio para sacar al país de su atraso. No obstante la hostilidad de la Iglesia, las resistencias regionales, la falta de recursos, la ineficacia de la administración pública y la oposición de sectores políticos desde las páginas de periódicos como La Ilustración, La Caridad y El Tradicionalista, entre otros, impidieron su aplicación e incitaron a su fracaso.

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La Regeneración

Durante el período comprendido entre 1880 y 1900, las sucesivas guerras, la anarquía política y la desorganización administrativa dejaron al país dividido y empobrecido. La agudización de las pugnas partidistas y las guerras civiles de 1876, 1885, 1895 y finalmente la guerra de 1899 conocida como la Guerra de los Mil Días, marcaron el comienzo y el final de esta época de la historia colombiana.

Hacia 1886, el movimiento político de la Regeneración, que unió a liberales independientes y a conservadores, planteó la unificación de los diversos sectores políticos en torno a un Estado fuerte y centralizado, la religión católica como instrumento central de unificación ideológica y dio paso a un proyecto nacional que se definió en el lema “Una nación, una raza, un Dios”.

La Constitución de 1886 -que bajo la consigna de ¡Regeneración total o catástrofe! introdujo reformas en la organización del Estado, en la economía y en la educación-, así como la firma, en 1887, del Concordato entre el Estado Colombiano y la Santa Sede -mediante el cual se le otorga el control de la educación a la Iglesia Católica- y la expedición de la Ley 61 de 1888 o “Ley de los Caballos” -efectivo instrumento de represión que castiga con prisión el exilio o la pérdida de los derechos políticos a quienes alteren el orden público-, son algunas de las reformas que se introdujeron y marcaron el desarrollo cultural y educativo del país durante este período.

La prensa fue el medio privilegiado para la promulgación de los ideales del movimiento político regeneracionista y el espacio de debate público entre seguidores y detractores de éste. Mientras periódicos como El Porvenir y La Luz ofrecieron sus páginas para divulgar sus preceptos políticos, otros diarios liberales como El Espectador, El Correo Nacional, El Telegrama, El Demócrata, El Autonomista, El Debate y El Derecho fueron suspendidos y censurados.

Con relación a la educación, años después -y en desarrollo de los principios constitucionales promulgados en 1886, que establecieron que “El estado tendrá [...] la suprema inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos y privados, en orden a procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos”- se expidió la Ley 89, conocida también como el “Plan Zerda”, que reglamentó jurídica y normativamente la educación, y estableció las bases de un sistema nacional educativo sobre el que el gobierno central tenía la suprema inspección y reglamentación. El Plan Zerda organizó la inspección educativa y las direcciones departamentales de educación; dividió la educación en primaria, secundaria y profesional; y dejó a cargo de la administración departamental la instrucción primaria, y la educación secundaria y superior a cargo del Gobierno Nacional.

A nivel institucional, durante este mismo período se creó el Registro Nacional del Derecho de Autor, como condición para la protección de las obras literarias y artísticas. Dicho registro funcionaba en la denominada Oficina de Negocios Generales del Ministerio de Instrucción Pública -hoy Ministerio de Educación Nacional-, y se encargaba fundamentalmente de efectuar la inscripción de las obras literarias y artísticas en el Registro, requisito indispensable para la protección de las creaciones. Así mismo, en 1892, el arquitecto Pietro Cantini termina de construir el Teatro Colón y, a partir de 1894, tras la compra de la que entonces era la mejor imprenta de Bogotá -la de "Echavarría Hermanos"-, se organizó definitivamente la Imprenta Nacional, bajo la dependencia del Ministerio de Gobierno, con el objeto de consolidar la historia del Estado colombiano, mediante la publicación y difusión de las normas y reglamentaciones que expedía el Gobierno Nacional.

Hacia finales del siglo XIX, el país contaba con una clase artesanal relativamente numerosa: unos 320 mil artesanos, que representaban el 23% de la población activa, concentrada en los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca. No obstante, la expansión de las exportaciones y el incremento de las importaciones representaron la quiebra económica y la paulatina desaparición de este grupo relativamente numeroso de artesanos.

Con el nuevo siglo emergieron nuevas corrientes de pensamiento y, aunque se mantuvo la hegemonía conservadora, el aislamiento de las regiones y la predominancia del interior del país en los campos político y económico, nuevos grupos y tendencias de pensamiento hicieron su aparición en el escenario nacional.

Entre 1917 y 1920 se edita la revista Voces de Barranquilla, dedicada a las ciencias, la filosofía, las letras, la literatura y las artes. Desde allí se hicieron críticas a escritores consagrados y se presentaron nuevos valores; su transcendencia estuvo en la actividad difusora de las novedades artísticas y científicas del momento. Barranquilla poseía una sociedad culturalmente abierta y debido a su posición privilegiada, se constituyó en un lugar para el encuentro de muchas corrientes de pensamiento. Gracias a las políticas de expansión exportadora que se establecieron a comienzos del siglo, el puerto recibió a comienzos del siglo XX a banqueros y comerciantes ingleses, franceses, alemanes, italianos y catalanes, que permearon el ambiente cultural del Caribe colombiano.

La revista Los Nuevos, publicada en Bogotá en 1925, reunió en sus páginas una generación de escritores de gran trascendencia en las letras colombianas, entre los que figuran Germán Arciniegas, León de Greiff, Rafael Maya, Luis Vidales y muchos más.

Por entonces, además de las universidades del Cauca, de Cartagena, de Nariño, Nacional, de Antioquia, Externado de Colombia -clausurada en 1895 y reabierta en 1918- y el Colegio Mayor del Rosario, la educación superior contaba con la Universidad Central, fundada en 1913, y la Universidad Libre, fundada en 1923.

Hacia 1927, el Ministerio de Instrucción Pública y Salubridad, creado en 1903, se convirtió en Ministerio de Educación Nacional, mediante la Ley 56, que separa las funciones de educación y de salubridad.

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La “República Liberal”

Durante la República Liberal, la sociedad colombiana vive una apertura a distintas formas de expresión política, cultural y social antes censuradas y reprimidas, que crean fisuras en el poder eclesiástico y disminuyen su influencia en la vida social colombiana.

Bajo los gobiernos liberales iniciados en 1930, se comienzan a establecer elementos de modernización de la vida social, política y económica del país, que tienen especial trascendencia en lo cultural. La República Liberal, con tendencia a la realización de grandes reformas sociales, introduce cambios que buscan convertir a Colombia en una nación moderna. Se promueve una legislación social de protección y ampliación de libertades para los obreros, la infancia y la mujer, a quienes se les abre la posibilidad para cursar estudios de secundaria en igualdad de condiciones a los hombres y para acceder a la universidad.

Durante el cuatrienio del Presidente Alfonso López Pumarejo (1934 - 1938), se adelantó la denominada Revolución en Marcha, que combinó el intervencionismo estatal, la legitimación de la organización sindical, el aprovechamiento productivo de los recursos económicos del país, el concepto de función social de la propiedad e importantes reformas educativas, que inician un proceso de secularización, reglamentación y aumento de la participación estatal en la enseñanza técnica, la enseñanza secundaria y particularmente en la educación superior.

La reforma a la educación superior centró sus esfuerzos en la modernización de la Universidad Nacional, la cual debía irradiar sus resultados a otras universidades. Las modificaciones incluían la autonomía académica y administrativa, la reorganización y agrupamiento de facultades e institutos, la unificación de matriculas, el control de profesores y estudiantes, y la revisión de planes de estudio, bajo la asesoría de pedagogos alemanes. Para 1946, los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia representaban el 65% de la población registrada en universidades públicas y el 50% del total de estudiantes universitarios.

Dentro de esta perspectiva de modernización económica, política, social y de integración nacional se plantean reformas en la estructura orgánica del Ministerio de Educación, que determinan la creación de la Dirección de Universidades e Institutos de Alta Cultura, la Dirección de Normales e Institutos Pedagógicos de Educación Primaria, la Dirección de Bachillerato y Educación Femenina, la Dirección de Bellas Artes, Bibliotecas, Monumentos Públicos y Reliquias Prehistóricas, y la Dirección de Educación Física.

En este ambiente de renovación y modernización, se creó en 1935 la Sociedad de Estudios Arqueológicos -con el objetivo de publicar estudios arqueológicos y etnográficos y analizar las colecciones del Museo Nacional-, así como el Servicio Arqueológico Nacional, dentro de la Oficina de Extensión Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Educación.

En 1941, el etnólogo francés Paul Rivet y Gregorio Hernández de Alba fundan el Instituto Etnológico Nacional. Estas entidades y las coyunturas sociopolíticas favorecen la presencia de importantes intelectuales y científicos sociales (Juan Friede, el geógrafo Ernesto Gulh, los antropólogos Gerardo Reichel Dolmatoff y Konrad Theodor Preuss, los pedagogos catalanes Luis de Zuleta y Mercedes Rodrigo), que sentaron las bases de las primeras escuelas de antropología en el país y contribuyeron a estudiar, registrar y documentar vestigios arqueológicos y comunidades indígenas, complementar las colecciones del Museo Nacional y, sobre todo, a promover concepciones más amplias de la cultura nacional, que contrastaban notablemente con el determinismo geográfico y racial difundido a comienzos del siglo XX.

En el período comprendido entre 1938 y 1942, se inauguran la actual sede de la Biblioteca Nacional, la Radio Nacional de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo y la Ciudad Universitaria, sede de la Universidad Nacional de Colombia. De igual manera, durante estos años se incentivó una importante producción editorial por parte del Estado, en la que se destacan publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, tales como la Biblioteca Aldeana de Colombia (1935 - 1937) -que editó cien volúmenes sobre temáticas que rescatan materiales clásicos y novedades del momento-, la Biblioteca Popular de la Cultura Colombiana (1942 - 1952) -fundada y promovida por Germán Arciniegas durante sus dos periodos como Ministro de Educación-, y la Revista de las Indias (1936 - 1951).

A nivel institucional, esta etapa presenta avances en la consolidación del Ministerio de Educación, del cual hacen parte dependencias del área cultural, específicamente. En 1946 se expide la Ley 86, que crea dentro del Ministerio de Instrucción Pública, actual Ministerio de Educación, la Oficina de Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, y se dispone, un año después, que la custodia de los libros, archivos y demás enseres de la propiedad literaria y artística, estaría en cabeza de la Biblioteca Nacional, mientras se organizaba una nueva oficina. En 1951 se suprimió la Oficina de Registro y se adscribió el Registro de la Propiedad Intelectual al Ministerio de Gobierno, hoy del Interior, hasta 1960, cuando se creó la Sección de Propiedad Intelectual y Prensa.

Entre 1947 y 1950 se suceden dos reformas al interior del Ministerio de Educación, que buscan actualizarlo de acuerdo a un Plan General de Educación. La primera de ellas creó el Consejo Superior Permanente de Educación -como entidad asesora para garantizar unidad, continuidad y eficiencia en la labor cultural y educativa a cargo del Ministerio- y estableció las siguientes dependencias: Despacho del Ministro, Consejo Superior Permanente de Educación y Secretaria General, de la cual dependen directamente:

El Instituto Caro y Cuervo
El Servicio Arqueológico y el Instituto Etnológico
El Registro de Propiedad Intelectual
La educación física
La Academia de la Lengua
La Academia Colombiana de Historia
La Sección de Cinematografía

En la segunda reforma, en el año de 1950, la Unidad de Cultura incluye un Departamento de Extensión Cultural y Bellas Artes, que se encarga de exposiciones, conciertos, conferencias culturales, teatro, publicación de revistas, feria del libro, y del manejo del Teatro Colón, de la Banda Nacional, de la Comisión Nacional de Folclore, de las academias nacionales de la Lengua e Historia, del Departamento de Radiodifusión, del Instituto Caro y Cuervo, del Instituto Etnológico, del Instituto Antropológico Social y del Museo Jorge Eliécer Gaitán.

En 1951 se creó un Departamento de Bibliotecas y Archivos Nacionales, dependiente de la Sección de Extensión Cultural y Bellas Artes, el cual, en 1959, en conjunto con el Archivo Nacional, se vincula directamente al Ministerio de Educación.

Durante los gobiernos conservadores que suceden a la república liberal (1946 a 1950), la pugna por el poder y la disparidad de intereses entre los dos partidos políticos desatan una etapa de violencia, que enfrentó a poblaciones enteras a nombre de éstos. Las cruentas luchas internas, los períodos de violencia política y la supremacía política de los conservadores, modificaron las orientaciones y políticas educativas: se produjo un recorte a la autonomía universitaria; se desarticuló el proyecto de la Escuela Normal Superior, porque las posiciones de sus docentes -la mayoría extranjeros- en el terreno ideológico y científico, no se ceñían a la ortodoxia católica; se intervino la educación y se puso al servicio del restablecimiento del orden, al tiempo que se incrementó la privatización de los servicios educativos en todos los niveles.

El ambiente de apertura intelectual que se vivió durante los años de la República Liberal, promovió la publicación de semanarios y revistas literarias y artísticas, que movilizaron una generación de jóvenes intelectuales de diversas regiones del país. Tal es el caso de La Crónica, órgano de expresión del colectivo de escritores y artistas de la Costa Atlántica, denominado “La Cueva”, que reunió en estos años de turbulencias y disputas políticas, entre otros, a Gabriel García Márquez, Alvaro Cepeda Zamudio, Ramón Vinyes, Felix Fuenmayor, Nereo y Alejandro Obregón.

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Militarismo Reformista

El período presidencial de Rojas Pinilla fue una dictadura militar y política que se caracterizó por el desarrollo de un programa cultural nacionalista, promovido a través de los nacientes medios masivos de comunicación en el país. La Radiodifusora Nacional de Colombia, desde 1952 y hasta 1964, dependió de la Oficina de Información y Propaganda de la Presidencia de la República, pues se convirtió en voz del Estado colombiano y un efectivo medio de promoción del proyecto político del momento. Dentro de este período, en 1954, y con el fin de ampliar su labor informativa, la Radiodifusora Nacional de Colombia inauguró sus servicios de televisión.

Durante este lapso se produce una nueva reestructuración en el Ministerio de Educación, al crearse en 1954 la Subsecretaria Técnico - Cultural y al agrupar dentro de las divisiones técnicas a la División de Extensión Cultural y la División de Coordinación Universitaria y Alta Cultura, dependiendo de la Secretaría General.

Como parte de una acción cultural de difusión, se gestionan y realizan varias obras de infraestructura cultural. En 1954 se inauguró la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, como parte de un programa de la Unesco para implementar bibliotecas públicas en América Latina. En el campo de la educación superior se crearon universidades regionales como la del Valle, con una orientación mucho más tecnológica en sus planes de estudio, y se reestructuró en 1955 la Universidad Pedagógica Femenina de Bogotá y la Universidad Pedagógica Masculina de Tunja, las cuales recuperan su carácter mixto, aunque continúan con el modelo inspirado en la pedagogía católica.

Por otra parte, la actividad editorial promovida desde el Estado también estuvo muy activa. La revista Hojas de Cultura Popular Colombiana continuó con la labor de difusión del folclore que los gobiernos conservadores habían promovido décadas atrás. Esta revista impulsó un programa cultural nacionalista, que idealizó las tradiciones y mitificó las expresiones populares. Entre 1952 y 1958, el Ministerio de Educación publica la Biblioteca de Autores Colombianos y la Presidencia de la República una colección de cincuenta volúmenes, entre los que se encuentran obras como las Elegías de varones ilustres de Indias, de Juan de Castellanos; los Estudios sobre crítica literaria y gramatical, de Miguel Antonio Caro; la Historia de la literatura en la Nueva Granada, de José María Vergara; la Recopilación historial, de Fray Pedro Aguado; y el Diario político y militar, de José Manuel Restrepo.

Aunque no se pueden ubicar como un resultado directo de las políticas culturales de Estado, durante este período se suceden hechos que no pueden dejar de destacarse, por ser muy influyentes en la historia cultural del país. En 1955 aparece la revista Mito, dirigida por Jorge Gaitán y Hernando Valencia Goelkel, de aparición bimestral, con un tiraje que oscilaba entre 1.000 y 1.500 ejemplares, que marcó un hito en la historia cultural del país, al aglutinar y registrar en sus páginas la producción poética, narrativa y ensayística de la época; entre los escritores y poetas que participaron se encuentran Eduardo Cote Lamus, Alvaro Mutis, Fernando Charry Lara, Héctor Rojas Herazo, Alvaro Cepeda Zamudio, Gabriel García Márquez y León de Greiff.

Ese mismo año aparece un movimiento teatral que supera los moldes del teatro romántico y folletinesco, se crea la primera escuela de teatro adscrita a la televisión y surge una serie de grupos que en años posteriores renovaría el ambiente teatral, con sus propuestas de teatro político.

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Preconstituyente: 1982 - 1990

La década de los ochentas se inició en medio de la más profunda crisis económica, producto del agotamiento del estilo de desarrollo, que llevó al país a un creciente endeudamiento externo y a un incremento de los niveles de pobreza.

La creciente y descontrolada urbanización, así como las políticas de estabilización -que dejaron de lado las de redistribución del ingreso a través del gasto público-, produjeron cambios en la oferta y demanda de bienes y servicios culturales, y afectaron el desarrollo de la institucionalidad cultural, debido a los recortes que se aplicaron en el gasto público para afrontar la crisis.

Pese a esta situación y al ajuste fiscal, fue durante esta década cuando por primera vez los planes nacionales de desarrollo abordan de manera explícita el tema de la política cultural, en los gobiernos de los presidentes Belisario Betancur y Virgilio Barco.

Durante el período presidencial de Belisario Betancur (1982 - 1986), se planteó una serie de propuestas en torno a la resolución pacífica del conflicto armado y la reforma de las instituciones políticas; esta última comprendía, entre otras, reformas de los partidos políticos y del sistema electoral, y la democratización y ampliación de la vida política municipal y regional.

En este marco, y con el antecedente de haber anunciado en su Plan de Desarrollo "Cambio con Equidad" la necesidad de una política cultural, durante el gobierno de Betancur se formuló un 'Plan Sectorial de Desarrollo Cultural 1983 - 1985", el cual se trazó como objetivo garantizar las expresiones culturales regionales, mediante la descentralización de la administración y la prestación de servicios culturales. Durante esta misma época, y como parte del auge de los discursos de la planeación regional y nacional, se dan los primeros pasos con relación a la planeación cultural del nivel departamental, proceso que es liderado por el departamento de Antioquia.

Los problemas del endeudamiento externo que presionan el incremento de las tarifas de servicios públicos y los productos derivados del petróleo, acrecentaron el descontento popular e intensificaron las protestas populares reivindicativas y contestatarias, expresadas por causes extra institucionales. De manera simultánea al incremento de paros y protestas cívicas, se manifiesta un crecimiento en la creación de organizaciones no gubernamentales, que cada vez más eran reconocidas como agentes del desarrollo cultural con amplio potencial de acción. De acuerdo al estudio realizado por la Fundación Social, cerca de la mitad de las organizaciones no gubernamentales creadas en este tiempo se desempeñaban en el campo del desarrollo; el 21,8% eran prestadoras de servicios, 13,1% correspondía a formas asociativas de base y 10,8% a protección y asistencia.

En el ámbito institucional, en 1982, a través de la expedición de la Ley 23 “Sobre Derechos de Autor”, se dispuso la creación de la Dirección del Derecho de Autor, como sección de dicho Ministerio, la cual se estructuró posteriormente como una Dirección Nacional, con una Oficina de Registro, una División Legal y una División de Licencias. En 1991, esta dependencia se convirtió en una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

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Reforma constitucional y Ley de Cultura: 1990 - 2002

El país, al igual que el continente, inicia la última década del siglo adoptando políticas de ajuste -reducción del Estado, abolición de proteccionismo y autorregulación del mercado-, diseñadas dentro del modelo neoliberal, como una salida a la crisis de los ochentas.

No obstante, los primeros años de la década de los noventas fueron significativos en materia de consolidación de una política cultural. En 1990 se presentó al país un documento llamado "Nueva orientación de una política cultural para Colombia", bajo el lema "Una cultura para la democracia y una democracia para la cultura", el cual identificó tres áreas de acción de la política estatal cultural: preservación del patrimonio cultural, democratización del acceso a la cultura y formación del talento artístico, además de contemplar la incorporación de la dimensión cultural en los planes de desarrollo y en el proceso de descentralización administrativa. Este Plan avanza en el consenso político, al ser aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- y al adelantar en su proceso de formulación un intercambio y diálogo con diversas regiones.

Posteriormente, en el marco de la elección de designados y trabajo preparatorio para la realización de la Asamblea Nacional Constituyente -que reformaría la carta política-, Colcultura, en asocio con diversas entidades, convocó al Foro Sobre Cultura y Constituyente, con el propósito de discutir las posturas oficiales y de la sociedad civil en torno a este tema, y llamar la atención de candidatos presidenciales y constituyentes sobre el potencial de la cultura en los procesos sociales, que en ese momento vivía el país.

Con este trabajo y con una serie de discusiones regionales y nacionales, que postulaban la descentralización y regionalización del trabajo cultural, el reconocimiento del quehacer cultural de las regiones y de las fuerzas sociales que en ella actuaban, así como la formulación de políticas culturales integradas que permitieran superar la desintegración y debilidad del sector, se dio inicio a la reforma constitucional en los temas de cultura.

La Constitución Política de 1991, sin lugar a dudas, incorporó preceptos que han sido fundamentales en el planteamiento de las políticas culturales, y que se expresan en la aceptación de la plurietnicidad y la pluriculturalidad del país, y en la postulación de la cultura como fundamento de la nacionalidad y para el logro del desarrollo económico y social.

El camino recorrido posteriormente se enmarca en los dos planes nacionales de cultura, "La Cultura en los Tiempos de Transición (1991 - 1994)" y el "Plan Nacional de Cultura 1992 - 1994: Colombia, el Camino de la Paz, el Desarrollo y la Cultura hacia el Siglo XXI".

En el primero se contempla, entre otros aspectos, la descentralización, y en ella el municipio como escenario propicio para el desarrollo cultural, la reestructuración y consolidación de los consejos regionales y locales de cultura, y la constitución de los fondos mixtos regionales y locales.

El Plan Nacional de Cultura 1992 - 1994 recoge algunos de los postulados constitucionales, tales como la pluralidad cultural y diversidad étnica, y la democracia participativa. En éste se contempla el Sistema Nacional de Cultura como estrategia que posibilita el desarrollo cultural y permite el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales, a través de los consejos departamentales y municipales, y de la financiación institucional a través de los fondos mixtos nacional y regionales para la cultura y las artes.

La creación de espacios de concertación, de procesos de desarrollo institucional, de información y planificación, y de instancias de ejecución de las acciones culturales en el ámbito municipal, departamental, regional y nacional, son el camino esbozado en el plan para consolidar los principios consignados en la Constitución Política de 1991.

En 1997, después de un largo proceso de consultas y cabildeos políticos, nace la Ley General de Cultura, en la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política de Colombia de 1991, y se dictan normas sobre el patrimonio cultural, el fomento, los estímulos a la cultura y la creación del Ministerio de Cultura.

La Ley General de Cultura se constituye en un marco normativo que permite construir políticas que propicien el acceso democrático al conocimiento, a la creación y goce de los bienes culturales y servicios; que fomenten e incentiven la creación y la investigación; y que protejan el patrimonio cultural de la Nación, armonizando iniciativas estatales, privadas y comunitarias.

La Ley General de Cultura señala -en su Título IV, “De la gestión cultural”-, como camino para la construcción de una política cultural nacional actual, al Sistema Nacional de Cultura, que constituye una estrategia privilegiada para que las regiones y los diversos sectores culturales participen en el Consejo Nacional de Cultura, órgano asesor del Ministerio de Cultura para la formulación de las políticas culturales participativas y concertadas.

En el año 2000, en cumplimiento de lo referido en la Ley de Cultura, el Ministerio de Cultura convoca un proceso de consulta ciudadana, en el que participaron más del 60% de los municipios colombianos, para formular las bases del Plan Nacional de Cultura y para elegir los delegados al Consejo Nacional de Cultura.

En julio de 2001, el Ministerio de Cultura, junto con el Consejo Nacional de Cultura y los diversos sectores allí representados, diseñan el Plan Decenal de Cultura 2001 - 2010, el cual orientará la política cultural del país en los próximos años.

Para el período 2002 - 2006, y partiendo de la filosofía del trabajo en equipo con instituciones, líderes de proyectos y ciudadanía, se identificaron cinco líneas de acción que encausarán el devenir cultural durante este lapso.

Estas cinco líneas de acción: Fomento y estímulo a la creación; Cultura para construir Nación; Descentralización y participación ciudadana; Nuestra cultura ante el mundo; y Cultura como eje de desarrollo, están orientadas a fomentar la solidaridad, la convivencia pacífica, y el acceso amplio y democrático a la creación y al disfrute de las manifestaciones culturales.

Para el Fomento a los procesos de investigación, creación y gestión se incluyen estrategias como la reglamentación del Fondo Mixto Nacional y de la Ley de incentivos tributarios, lo que estimulará la inversión en cultura por parte de la empresa privada. Las convocatorias de becas y premios serán divulgadas a lo largo y ancho del país, para garantizar la participación democrática. Es destacable la reorientación que tendrá el Programa Nacional de Concertación, cuyos recursos serán adjudicados, en adelante, mediante convocatorias públicas.

La segunda línea, Cultura para construir Nación, busca crear sentido de pertenencia y responsabilidad frente a lo colectivo. Para ello se desarrollará el Plan de Lectura, fundamentado en el fortalecimiento de la Red de Bibliotecas, que en el futuro no sólo incluirá a las públicas sino también a todas aquellas pertenecientes a otras entidades. Igualmente, se reactivarán herramientas fundamentales para el sector como la Ley del Libro y el Consejo Nacional de Lectura.

La descentralización y participación ciudadana, por su parte, incluye el aprovechamiento de la infraestructura cultural local mediante la unión de esfuerzos de entidades estatales y privadas, el compromiso de las regiones y el rediseño del Sistema Nacional de Información Cultural, Sinic. En esta línea de acción se resalta el impulso que se dará al movimiento de bandas musicales -como espacios de encuentro de la comunidad y ejes de procesos sociales- y el “peaje cultural”, que se establecerá a alcaldes y gobernadores como mecanismo para comprometerlos, pues apostarle a la cultura garantizará el acceso a diversos incentivos otorgados por el gobierno central.

El proyecto cultural del nuevo gobierno también comprende la optimización de la Agenda internacional, con miras a fortalecer las políticas prioritarias en materia de cultura y la gestión de recursos.

Adicionalmente, promoverá la Cultura como eje de desarrollo, para lo cual atenderá aspectos de vital importancia como las industrias culturales, la dignificación de los trabajadores de la cultura, el turismo cultural y la cultura como eje en los planes de desarrollo territoriales y sectoriales.

Visite http://www.mincultura.gov.co/1

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Reforma constitucional y Ley de Cultura: 1990 - 2002

El país, al igual que el continente, inicia la última década del siglo adoptando políticas de ajuste -reducción del Estado, abolición de proteccionismo y autorregulación del mercado-, diseñadas dentro del modelo neoliberal, como una salida a la crisis de los ochentas.

No obstante, los primeros años de la década de los noventas fueron significativos en materia de consolidación de una política cultural. En 1990 se presentó al país un documento llamado "Nueva orientación de una política cultural para Colombia", bajo el lema "Una cultura para la democracia y una democracia para la cultura", el cual identificó tres áreas de acción de la política estatal cultural: preservación del patrimonio cultural, democratización del acceso a la cultura y formación del talento artístico, además de contemplar la incorporación de la dimensión cultural en los de desarrollo y en el proceso de descentralización administrativa. Este Plan avanza en el consenso político, al ser aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- y al adelantar en su proceso de formulación un intercambio y diálogo con diversas regiones.

Posteriormente, en el marco de la elección de designados y trabajo preparatorio para la realización de la Asamblea Nacional Constituyente -que reformaría la carta política-, Colcultura, en asocio con diversas entidades, convocó al Foro Sobre Cultura y Constituyente, con el propósito de discutir las posturas oficiales y de la sociedad civil en torno a este tema, y llamar la atención de candidatos presidenciales y constituyentes sobre el potencial de la cultura en los procesos sociales, que en ese momento vivía el país.

Con este trabajo y con una serie de discusiones regionales y nacionales, que postulaban la descentralización y regionalización del trabajo cultural, el reconocimiento del como la formulación de políticas culturales integradas que permitieran superar la desintegración y debilidad del sector, se dio inicio a la reforma constitucional en los temas de cultura.

La Constitución Política de 1991, sin lugar a dudas, incorporó preceptos que han sido fundamentales en el planteamiento de las políticas culturales, y que se expresan en la aceptación de la plurietnicidad y la pluriculturalidad del país, y en la postulación de la cultura como fundamento de la nacionalidad y para el logro del desarrollo económico y social.

El camino recorrido posteriormente se enmarca en los dos planes nacionales de cultura, "La Cultura en los Tiempos de Transición (1991 - 1994)" y el "Plan Nacional de Cultura 1992 - 1994: Colombia, el Camino de la Paz, el Desarrollo y la Cultura hacia el Siglo XXI".

En el primero se contempla, entre otros aspectos, la descentralización, y en ella el municipio como escenario propicio para el desarrollo cultural, la reestructuración y consolidación de los consejos regionales y locales de cultura, y la constitución de los fondos mixtos regionales y locales.

El Plan Nacional de Cultura 1992 - 1994 recoge algunos de los postulados constitucionales, tales como la pluralidad cultural y diversidad étnica, y la democracia participativa. En éste se contempla el Sistema Nacional de Cultura como estrategia que posibilita el desarrollo cultural y permite el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales, a través de los consejos departamentales y municipales, y de la financiación institucional a través de los fondos mixtos nacional y regionales para la cultura y las artes.

La creación de espacios de concertación, de procesos de desarrollo institucional, de información y planificación, y de instancias de ejecución de las acciones culturales en el ámbito municipal, departamental, regional y nacional, son el camino esbozado en el plan para consolidar los principios consignados en la Constitución Política de 1991.

En 1997, después de un largo proceso de consultas y cabildeos políticos, nace la Ley General de Cultura, en la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política de Colombia de 1991, y se dictan normas sobre el patrimonio cultural, el fomento, los estímulos a la cultura y la creación del Ministerio de Cultura. La Ley General de Cultura se constituye en un marco normativo que permite construir políticas los bienes culturales y servicios; que fomenten e incentiven la creación y la investigación; y que protejan el patrimonio cultural de la Nación, armonizando iniciativas estatales, privadas y comunitarias.

La Ley General de Cultura señala -en su Título IV, “De la gestión cultural”-, como camino para la construcción de una política cultural nacional actual, al Sistema Nacional de Cultura, que constituye una estrategia privilegiada para que las regiones y los diversos sectores culturales participen en el Consejo Nacional de Cultura, órgano asesor del Ministerio de Cultura para la formulación de las políticas culturales participativas y concertadas.

En el año 2000, en cumplimiento de lo referido en la Ley de Cultura, el Ministerio de Cultura convoca un proceso de consulta ciudadana, en el que participaron más del 60% de los municipios colombianos, para formular las bases del Plan Nacional de Cultura y para elegir los delegados al Consejo Nacional de Cultura. En diversos sectores allí representados, diseñan el Plan Decenal de Cultura 2001 - 2010, el cual orientará la política cultural del país en los próximos años.

Para el período 2002 - 2006, y partiendo de la filosofía del trabajo en equipo con instituciones, líderes de proyectos y ciudadanía, se identificaron cinco líneas de acción que encausarán el devenir cultural durante este lapso.

Estas cinco líneas de acción: Fomento y estímulo a la creación; Cultura para construir Nación; Descentralización y participación ciudadana; Nuestra cultura ante el mundo; y Cultura como eje de desarrollo, están orientadas a fomentar la solidaridad, la convivencia manifestaciones culturales.

Para el Fomento a los procesos de investigación, creación y gestión se incluyen estrategias tributarios, lo que estimulará la inversión en cultura por parte de la empresa privada. Las convocatorias de becas y premios serán divulgadas a lo largo y ancho del país, para garantizar la participación democrática. Es destacable la reorientación que tendrá el Programa Nacional de Concertación, cuyos recursos serán adjudicados, en adelante, mediante convocatorias públicas.

La segunda línea, Cultura para construir Nación, responsabilidad frente a lo colectivo. Para ello se desarrollará el Plan de Lectura, fundamentado en el fortalecimiento de la Red de Bibliotecas, que en el futuro no sólo incluirá a las públicas sino también a todas aquellas pertenecientes a otras entidades.

Igualmente, se reactivarán herramientas fundamentales para el sector como la Ley del Libro y el Consejo Nacional de Lectura.

La descentralización y participación ciudadana, por su parte, incluye el aprovechamiento de la infraestructura cultural local mediante la unión de esfuerzos de entidades estatales y privadas, el compromiso de las regiones y el rediseño del Sistema Nacional de Información Cultural, Sinic. En esta línea de acción se resalta el impulso que se dará al movimiento de bandas musicales -como espacios de encuentro de la comunidad y ejes de procesos sociales- y el “peaje cultural”, que se establecerá a alcaldes y gobernadores como mecanismo para comprometerlos, pues apostarle a la cultura garantizará el acceso a diversos incentivos otorgados por el gobierno central.

El proyecto cultural del nuevo gobierno también comprende la optimización de la Agenda internacional, con miras a fortalecer las políticas prioritarias en materia de cultura y la gestión de recursos.

Adicionalmente, promoverá la Cultura como eje de desarrollo, para lo cual atenderá aspectos de vital importancia como las industrias culturales, la dignificación de los trabajadores de la cultura, el turismo cultural y la cultura como eje en los planes de desarrollo territoriales y sectoriales.

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