Legislación cultural

Legislación cultural
Disposiciones constitucionales específicas
Disposiciones sobre gestión cultural gubernamental
Artículos, leyes y decretos
Algunos Reglamentos
Legislación sobre instituciones culturales no gubernamentales
Regímenes Legales del Derecho de Autor y Derechos Conexos

Régimenes legales específicos
Régimen legal del Patrimonio Cultural
Régimen Legal sobre Fomento y Promoción de la Creación
Régimen legal del libro, la lectura y la industria cultural
Régimen legal sobre bibliotecas, museos y archivos
Régimen legal sobre fomento a la música, del teatro, de la danza, y otras artes escénicas
Régimen legal sobre promoción artesanal
Régimen legal de la cinematografía
Régimen legal de la radio y la televisión
Régimen legal sobre el mecenazgo y normas fiscales específicas
Disposiciones sobre espectáculos públicos
Régimen legal sobre gestores y promotores culturales
Otra legislación relacionada con la cultura
Tratados y convenios multilaterales en materia cultural ratificados por el país

Legislación cultural

En tanto que la cultura nacional es un elemento fundamental en el proceso de transformación de la sociedad mexicana, la política cultural representa una alta prioridad como factor generador de acciones identificadas con los más altos intereses nacionales. La cultura y la educación son cada vez más, factores prioritarios dentro de las políticas gubernamentales.

En el ámbito internacional, la política educativa, científica y cultural gubernamental se orienta a complementar los esfuerzos productivos de la sociedad y a fortalecer los vínculos de solidaridad con todos los países.

La era de la globalización se sustenta en una economía planetaria que se significa, entre sus características esenciales, por un avance exponencial de la información y el conocimiento. Este proceso se ha visto acompañado de la necesidad de identificación de los grupos sociales. Se han reivindicado así las tendencias de agrupación regional, y la defensa de las peculiaridades culturales. Por lo tanto, la cultura y la educación constituyen hoy en día elementos fundamentales de identidad.

En los últimos lustros, los medios de comunicación, de acopio y transmisión de la información han sido objeto de una revolución tecnológica de alcances imprevistos a escala mundial. Los nuevos medios de reproducción mecánica, electrónica, e informática de objetos y bienes artísticos y culturales se han convertido en recursos de un vasto potencial desde el punto de vista de una amplia socialización de la cultura, así como en poderosos auxiliares educativos.

Dada esta capacidad, las industrias culturales requieren una política de apoyo adecuada. En tal sentido, en México habrán de considerarse las particularidades de las industrias culturales locales, así como las de los grupos y de los artistas que en lo particular realizan una promoción internacional de su obra.

Para llevar adelante estos objetivos y conseguir la puesta en práctica de los principios generales de la política cultural del Estado Mexicano, existe una amplia legislación específica. Ella está compuesta tanto por artículos constitucionales, disposiciones sobre administración cultural y diversas leyes y reglamentos que rigen normativamente al sector.

En ciertos temas, como el patrimonio cultural y las industrias culturales, es previsible una próxima adecuación a las nuevas circunstancias de intercambio económico y cultural internacional.


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Disposiciones constitucionales específicas

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos contiene numerosos artículos referidos a la educación y la cultura. Su artículo 3º establece, como una obligación del Estado, alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Esto se complementa con la facultad y responsabilidad de las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorga autonomía para difundir la cultura, conforme con los principios del propio artículo 3º.

En materia de la composición pluricultural de la nación mexicana, en el artículo 4º se señala que la Ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social de los pueblos indígenas.

Respecto a la libertad de expresión, establecida en el artículo 6º, se garantiza la libertad de difundir el producto de la creación, mientras que el artículo 7º garantiza la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, es decir, de difundir el producto de la creación escrita.

Por otra parte, en el artículo 28 se prevé que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras. Aquí se reconoce la propiedad del producto de la creación cultural y se enuncian los principios para su producción.

Conforme al artículo 73, el Congreso de la Unión puede legislar en materia de industria cinematográfica, de escuelas de bellas artes, de museos, bibliotecas y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación; también sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional.

Además, el Congreso tiene competencia para establecer, organizar y sostener en toda la República, instituciones como las mencionadas.


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Disposiciones sobre gestión cultural gubernamental

Las principales disposiciones sobre administración cultural gubernamental se refieren en la actualidad fundamentalmente, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La estructura administrativa y jurídica con la que comenzó a operar el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, respondía en lo esencial, a una agrupación de dependencias gubernamentales surgidas en momentos diferentes y con atribuciones diversas.

Es por ello que el marco jurídico del Subsector Cultura reviste, aún hoy, una gran complejidad. La acción de los organismos que coordina el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes está regida por un conjunto de nueve leyes, cinco reglamentos, 28 decretos y 21 acuerdos, alrededor de otras 300 disposiciones que contienen referencias sobre el arte o la cultura. A esto se debe añadir que el propio Consejo fue creado por decreto presidencial.

A continuación se enlistan las principales disposiciones jurídicas relacionadas con la cultura y el arte. Existen otras que harían muy extensa esta relación, y algunas que, sin tocar por completo las materias citadas, contienen alguna referencia. Por lo tanto, se pretende mencionar en este informe sólo la regulación con mayor importancia en las materias referidas.


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Artículos, leyes y decretos

Los principales son:

· Artículo 3º Constitucional (educación), promulgado el 5 de mayo de 1917 y reformado el 13 de diciembre de 1934, el 30 de diciembre de 1946, el 9 de junio de 1980, el 21 de enero de 1992 y el 5 de marzo de 1993.

· Decreto de creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del 6 de diciembre de 1988.

· Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 6 de enero de 1945.

· Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, del 6 de mayo de 1972. Reformas: 23 de diciembre de 1974, 31 de diciembre de 1981, 26 de noviembre de 1984, 13 de enero de 1986.

· Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del 3 de febrero de 1939. Reformas: 13 de enero de 1986.

· Ley Orgánica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, del 31 de diciembre de 1946. Reformas: 11 de diciembre de 1950.

· Ley Federal de Derechos de Autor, del 21 de diciembre de 1963. Reformas: 31 de diciembre de 1981, 11 de enero de 1982, y 17 de julio de 1991.

· Ley General de Educación, del 13 de julio de 1993.

· Ley General de Bibliotecas, del 21 de enero de 1988.

· Ley Federal de Radio y Televisión, del 8 de enero de 1960.

· Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, del 31 de diciembre de 1975. Reformas: 15 de enero de 1980, 27 de diciembre de 1983, y 18 de noviembre de 1986.

· Ley Federal de Cinematografía, del 29 de diciembre de 1992. Reformas: 29 de diciembre de 1998.


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Algunos Reglamentos

· Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas (8 de diciembre de 1975. Reformas, 5 de enero de 1993).

· Reglamento para el uso del Teatro del Palacio de Bellas Artes (28 de diciembre de 1944. Reforma, 23 de mayo de 1945).

· Reglamento de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (25 de noviembre de 1958), expedido por el Secretario de Educación Pública.

· Reglamento del Decreto que prohibe la exportación de Documentos originales relacionados con la historia de México, y de los libros que por su rareza sean difícilmente substituibles (13 de julio de 1974).

· Reglamento para el uso y conservación de las áreas, objetos y colecciones del Palacio Nacional (6 de septiembre de 1984 ).


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Legislación sobre instituciones culturales no gubernamentales

En México la legislación sobre instituciones culturales no gubernamentales, prevé la autonomía organizativa, administrativa y operativa de ellas. Existen dos figuras legales bajo las cuales los ciudadanos pueden organizarse con el objeto de atender diferentes causas de utilidad pública para apoyar la cultura: las Asociaciones Civiles (A.C.) y las Instituciones de Asistencia o Beneficencia Privada (IAP).

Las asociaciones civiles pueden obtener la autorización para emitir recibos deducibles de impuestos y tanto la presentación de sus trámites, como el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales se realizan directamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P). Dentro de las obligaciones fiscales, cabe mencionar que una Asociación Civil debe presentar declaraciones anuales informativas ante dicha secretaría. Asimismo, aquellas Asociaciones Civiles que cuentan con la autorización para emitir recibos deducibles, tienen que presentar anualmente un Dictamen fiscal como lo realizan las grandes empresas, es decir, a través de un contador autorizado por la S.H.C.P. que realiza una auditoria sobre sus estados financieros.

Otra forma de constitución amparada por la legislación vigente es la modalidad de instituciones de asistencia o beneficencia privada. Se trata de aquellas asociaciones que, como su nombre lo indica, se establecen con el propósito de realizar obras de beneficencia y de tipo asistencial y se regulan a través de las leyes de asistencia o beneficencia estatales. Cabe mencionar que 18 estados de la República cuentan con este tipo de legislación.

Estas Instituciones están subordinadas a la "Junta de Asistencia Privada", ya sea en el Distrito Federal o en los diferentes Estados, la cual es un organismo desconcentrado integrado por un Presidente y representantes, tanto de dependencias gubernamentales como de particulares, elegidos por las propias instituciones. El Presidente de la Junta es ratificado por el Gobernador en los Estados y por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la Ciudad de México.

La Junta de Asistencia Privada tiene la facultad de vigilar y controlar a las IAP. Son facultades de la Junta aprobar los estatutos de la institución, sus presupuestos anuales, programas de procuración de fondos, los programas de trabajo y sus modificaciones. La Junta también vigila su información contable a través de reportes que se deben entregar mensualmente. Sin embargo, si cuentan con autorización para emitir recibos deducibles, las IAP no están obligadas a dictaminar sus Estados Financieros como las Asociaciones Civiles. En algunas entidades federativas, este tipo de instituciones deben cubrir una cuota a la Junta.

Existe la posibilidad de que las IAP tengan acceso a exenciones, subsidios o descuentos de impuestos estatales en algunos Estados. Así por ejemplo, en el Distrito Federal las IAP cuentan con subsidios de impuestos que se establecen en el código financiero para el Distrito Federal, tales como el pago sobre adquisición de inmuebles y la nómina de los trabajadores.


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Regímenes Legales del Derecho de Autor y Derechos Conexos

Respecto a la legislación en esta materia, la más reciente es la Ley Federal del Derecho de Autor, aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 1996, que sustituye el ordenamiento que en la materia fue expedido en 1956 y que fue reformado en cuatro ocasiones.

Esta nueva ley introduce algunos cambios que la hacen más exhaustiva. Aunque se ratifica el plazo de protección a los derechos de autor, consistentes en la vida del autor y con 75 años post mortem, se introducen regulaciones adicionales referidas a la transmisión y cesión de los mismos.

La nueva ley incluye además los programas de computo (software) y las bases de datos, las señales de satélites codificadas portadoras de programas, así como las características tipográficas y el diseño de libros, como objetos de protección de la ley; reconoce el carácter de autor al director o realizador de una película u otro material audiovisual y derechos morales de intérpretes y ejecutantes.

Otras modificaciones adicionales importantes son la creación del Instituto Nacional de Derecho de Autor, con facultades administrativas para tramitar solicitudes, cobrar tarifas, promover arbitrajes en casos de controversia y aplicar sanciones; el acotamiento de las facultades de las sociedades de gestión colectiva en materias de representación de autores y cobro de regalías; la reclasificación, como infracciones administrativas, de conductas antes tipificadas como delitos; la flexibilización del criterio para establecer el monto de la reparación del daño, que queda a discreción de las autoridades judiciales y el establecimiento de un tope de 15,000 días de salarios mínimos para las sanciones.

Paralelamente, se aprobaron reformas al Código Penal, que tipifican diversos delitos relacionados con los derechos de autor, entre ellos, la fabricación de sistemas para desactivar dispositivos electrónicos de protección de programas de cómputo, así como la fabricación, importación, venta o renta de equipos para descifrar señales de satélite portadoras de programas de televisión sin la autorización de su legítimo distribuidor.

Esta nueva ley fue producto de un proceso de consultas en el que participaron muy diversos actores (incluyendo productoras de cine, cadenas de radio y televisión, firmas de software, sociedades de autores, agrupaciones de autores e intérpretes, editores y autoridades educativas, entre otros). Todo lo cual ha resultado en un incremento de los operativos contra la copia y venta ilícita de cassettes videos y software y en el volumen de bienes incautados.

Por otra parte, el nuevo marco jurídico en materia de propiedad intelectual, muestra la disposición del gobierno mexicano a asumir las nuevas reglas del comercio exterior internacional y ofrecer garantías a la inversión extranjera.

Por último, el 25 de mayo de 1998, se aprobó la autorización al Centro Mexicano de Protección y Fomento a los Derechos de Autor para que funcione como sociedad de gestión colectiva, integrada por 44 socios, preferentemente editoriales y centros de investigación. Esta nueva sociedad tendrá como objetivo la firma de acuerdos con los grandes usuarios de fotocopias para lograr el pago de derechos autorales sobre la reproducción. El Centro formará parte de la Federación Internacional de Organización de Derechos de Reproducción, la cual agrupa a otras sesenta sociedades de gestión colectiva.


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Régimenes legales específicos

La legislación cultural también incluye normas específicas acerca de algunos rubros de gran importancia como son el patrimonio cultural, el fomento a la creación, la industria editorial, las artesanías, el cine, la radio y la televisión, el mecenazgo, los espectáculos públicos y los promotores culturales.


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Régimen legal del Patrimonio Cultural

La legislación sobre este rubro se encuentra ligada a la creación y el funcionamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, fundado en 1938 por parte de la Secretaría de Educación Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Desde el decreto de creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del 7 de diciembre de 1988, el INAH se encuentra bajo la coordinación de este Consejo.

Imagen tallada en madera de la Virgen
Imagen tallada en madera de la Virgen

En el nuevo marco jurídico, aunque conserva el carácter y las funciones que le confiere la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y su propia Ley Orgánica, se presentó la necesidad de establecer nuevas formas de funcionamiento administrativo.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972, regula y protege el patrimonio cultural de la nación, establece la obligatoriedad para sus propietarios de cuidarlos y conservarlos, así como establece las normas para su restauración, demolición o reconstrucción, regula su comercio y exportación temporal; crea el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas y establece la propiedad de la Nación sobre ellos.

Calendario Azteca, Museo de Antrología e Historia
Calendario Azteca, Museo de Antrología e Historia

En la actualidad, esta legislación está en proceso de revisión, en el entendido de que la reforma a la Ley Federal de 1972 deberá adoptar conceptos universalmente aceptados y contenidos en tratados suscritos por México.

También deberá considerar la repercusión de las reformas al Art. 27 constitucional sobre el patrimonio cultural (al ser factible privatizar parcelas y solares); incluir el concepto de patrimonio arquitectónico en las modificaciones a la ley; desconcentrar la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estableciendo campus regionales para darle un verdadero carácter nacional; incorporar una adición al Articulo 36 de la Ley de Monumentos para que la participación de las Iglesias en lo concerniente a la conservación de los bienes patrimoniales que ocupan, se reduzca a tareas de mantenimiento o de conservación y restauración, a condición de contar con auxilio técnico de los órganos competentes; evitar que el concepto "monumento histórico" atienda sólo a criterios temporales (pues la legislación actual privilegia los bienes arqueológicos en perjuicio de otros bienes culturales) y reformular la ley en cuanto a la relación directa del INAH con los municipios.


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Régimen Legal sobre Fomento y Promoción de la Creación

Actualmente se revisa este régimen legal, siendo las propuestas más relevantes las referidas a la estructuración de la puesta en marcha de una política pública de comunicación que articule tecnología, financiamiento e inversión; así como garantizar el desarrollo integral de los factores de expresión cultural, vincular la Comisión de Comunicación Social con la de Cultura del Congreso para la realización de las modificaciones legislativas y asignar competencias y funciones a las instituciones vinculadas con la promoción y la difusión artísticas.

Giovanni Troconi, Diseñador Gráfico
Giovanni Troconi, Diseñador Gráfico
Fachada del Museno del VirreinatoFachada del Museno del Virreinato
Fachada del Museno del Virreinato
Biblioteca del Museo del Virreinato
Biblioteca del Museo del Virreinato


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Régimen legal del libro, la lectura y la industria cultural

La legislación actual protege los derechos de los autores y los editores de libros y publicaciones periódicas y regula todo lo relativo a los contratos de edición de las obras literarias.

Otorga a los autores el derecho a realizar adiciones o correcciones a su obra y a aprobar cualquier modificación propuesta por el editor, a la vez que les obliga a responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra y entregarla en los términos y condiciones contratadas.

 Tonalá, sal de barro, Ricardo Salasogía e Historia
Tonalá, sal de barro, Ricardo Salas

Asimismo, la ley confiere derechos al editor sobre las reproducciones o reimpresiones (totales o parciales), la importación y la primera distribución pública del original y de cada ejemplar de sus libros y establece los datos que están obligados a colocar en las obras, siendo además obligatorio que se mencione el nombre o el pseudónimo del autor de dicha obra (o, en su caso hacer constar que la obra es anónima) y el de los traductores, compiladores, adaptadores u autores de otras versiones si ése fuere el caso.


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Régimen legal sobre bibliotecas, museos y archivos

La Ley General de Bibliotecas legisla acerca de la coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales en cuanto al establecimiento, sostenimiento y organización de las bibliotecas públicas en el país; señala las normas básicas para la configuración de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y el funcionamiento de un Sistema Nacional de Bibliotecas, aportando las directrices principales para la concertación entre los sectores público y privado en esta materia.

Esta legislación concede a la Secretaría de Educación Pública las facultades para el diseño, ejecución y evaluación de la política nacional de bibliotecas, así como la dirección normativa y técnica de la Red Nacional de Bibliotecas.

Los gobiernos de los estados, por su parte, tendrán a su cargo las redes estatales de bibliotecas públicas, en los términos de las disposiciones locales y los acuerdos de coordinación.

En cuanto a las leyes específicas sobre Museos y Archivos, hasta el momento no se han establecido, pero se ha llegado a acuerdos a través de los cuales se fijan normas mínimas de seguridad para la protección y resguardo del patrimonio cultural que albergan.

Estos acuerdos establecen que:

· Considerando que la protección y resguardo del patrimonio cultural que albergan los museos es de la más alta prioridad y de interés público y social, se estima conveniente uniformar en todo el país normas mínimas que permitan preservar, en todo lugar y tiempo, dicho patrimonio ante cualquier contingencia o riesgo que lo pueda afectar y/o poner en peligro. Dichas normas mínimas, ya existentes en algunos museos del país, deben servir de base a la estructuración de un sistema idóneo e integrado de seguridad que, atendiendo a las características de los museos y de los bienes culturales que en ellos se encuentran defina responsabilidades específicas en la aplicación y vigilancia de las regulaciones respectivas.

· Dado que la participación de las entidades de la sociedad civil en las tareas de seguridad y protección del patrimonio cultural reviste innegable importancia, se estima conveniente inducirla y promoverla por los medios apropiados.

· Resulta aconsejable encomendar a la Secretaría de Educación Pública, en atención a las atribuciones legales que tiene asignadas, proveer a la exacta observancia de la preceptiva correspondiente.


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Régimen legal sobre fomento a la música, del teatro, de la danza, y otras artes escénicas

La legislación vigente regula los contratos de edición de las obras musicales, fijando derechos y obligaciones tanto para el autor como para el editor de la obra. Entre ellos destaca la cesión por parte del autor del derecho de reproducción al editor y la facultad de realizar los arreglos y adaptaciones necesarios (contando para ello con la expresa autorización del autor o sus causahabientes), mientras que el editor estará obligado a realizar la divulgación de la obra, recibiendo ambos una prestación económica según se pacte.

Teatro Experimental
Teatro Experimental


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Régimen legal sobre promoción artesanal

La Ley de Derechos de Autor protege las obras de producción artesanal o popular, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas y los usos, costumbres y tradiciones de las diferentes culturas y etnias que forman el Estado Mexicano, aún cuando no cuenten con un autor identificable. No obstante, la difusión de estas obras artísticas es libre, siempre que no se deformen, demeriten o perjudiquen la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen y siempre que en su representación o publicación se mencione la comunidad, etnia o región de la que es propia.

Artesanías Tzeltales, Chiapas
Artesanías Tzeltales, Chiapas

Otras leyes específicas que afectan estas manifestaciones se encuentran relacionadas con las normas para el fomento y el comercio de las producciones artesanales, las cuales confieren a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la organización de estas producciones y el patrocinio de exposiciones, ferias y congresos de carácter comercial e industrial; la vigilancia del funcionamiento de las cooperativas de producción artesanal, el establecimiento de normas para el uso del oro y la plata en las artesanías y la negociación de créditos destinados a impulsarlas.

Artesanías Amuzgo, San Pedro Amuzgo, Oaxaca
Artesanías Amuzgo, San Pedro Amuzgo, Oaxaca


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Régimen legal de la cinematografía

La Ley de Derechos de Autor vigente en México protege, entre otras, las obras cinematográficas y audiovisuales, considerando como autores al director realizador; los autores del argumento, adaptación, guión o diálogo; los autores de las composiciones musicales; el fotógrafo, y los autores de las caricaturas y de los dibujos animados. Salvo pacto en contrario, se considera al productor como el titular de los derechos patrimoniales de la obra en su conjunto, es decir, la persona física o moral que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la realización de una obra, o que la patrocinan. El productor, sin perjuicio de los derechos de los autores, puede llevar a cabo todas las acciones necesarias para la explotación de la obra audiovisual.

XIV muestra de cine mexicano en Guadalajara, Cartel cultural, Carlos PalleiroXIV muestra de cine mexicano en Guadalajara, Cartel cultural, Carlos Palleiro
XIV muestra de cine mexicano en Guadalajara, Cartel cultural, Carlos Palleirov

La reglamentación específica que se aplica en este caso es la Ley Federal de Cinematografía, que databa de 1992, reformada en diciembre de 1998 por el Congreso, y puesta en funciones según Decreto Presidencial del 5 de enero de 1999. Tiene como objetivos fomentar y proteger la creación cinematográfica nacional. Esta ley regula y norma tanto las acciones estatales de fomento a la creación como la exhibición y comercialización de las películas (nacionales y extranjeras) en los diferentes medios.


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Régimen legal de la radio y la televisión

Además de las disposiciones relativas a la difusión de obras cinematográficas, en el rubro de radio y televisión, la ley regula los contratos para las transmisiones de obras por estos medios, refrendando para ellas los mismos derechos y obligaciones que se aplican a la edición de obras literarias .

Imagen grafica para el canal once de televisión, Canal Once
Imagen grafica para el canal once de televisión, Canal Once

En cuanto a las propuestas actuales de reforma a la ley, en las mesas consultivas se ha debatido la necesidad de no desarticular el proyecto de leyes separando radio, televisión y cinematografía; de conservar el espacio de transmisión de la producción nacional por lo menos como aparece en el reglamento actual (del 30% ); de establecer como garantía institucional el derecho de cualquier grupo organizado de ciudadanos mexicanos a fundar y operar radiodifusoras con proyectos comunitarios; y de asegurar la existencia de radios comunitarias mediante la exención de impuestos a las empresas radiodifusoras y a sus patrocinadores.


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Régimen legal sobre el mecenazgo y normas fiscales específicas

En rigor, no existe en México un régimen legal para el mecenazgo, aunque sí existen disposiciones legales diversas, específicamente fiscales, que protegen y promueven el funcionamiento de las fundaciones culturales y las asociaciones civiles no lucrativas; así como el pago de impuestos de creadores a través de obra artística.


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Disposiciones sobre espectáculos públicos

Existen reglamentos que regulan la celebración de espectáculos públicos en las distintas entidades del país, ellos determinan las reglas y los mecanismos para garantizar que con motivo del desarrollo de esos espectáculos no se altere el orden público, ni se ponga en riesgo la integridad de los participantes y asistentes.

Cartekl publicitario Opera
Cartekl publicitario Opera

Las personas físicas o morales que obtengan permisos para desarrollar espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales y recreativos estarán obligadas a disponer lo necesario para que cuando menos el 75% de los participantes sea de mexicanos, excepto en los casos de espectáculos públicos extranjeros que se presenten por un evento o temporada, en cuyo caso se podrá tener participantes extranjeros en los términos de la delegación aplicable; instalar lugares funcionales y debidamente acondicionados, tales como camerinos o vestidores, vigilar que durante la celebración de espectáculo público se mantenga el orden, y se observen otras normas relativas a la difusión y la suspensión de los espectáculos.

En esta reglamentación existe además una disposición sobre Censura y Clasificación que incluye películas cinematográficas, series filmadas, telenovelas y teleteatros grabados. La Dirección General de Cinematografía autorizará las películas cinematográficas, las series filmadas, las telenovelas y los teleteatros grabados de acuerdo con una clasificación que distinga los aptos para niños, adolescentes y adultos en cualquier horario, los aptos para adolescentes y adultos a partir de las 21:00 horas; y los aptos únicamente para adultos a partir de las 22:00 horas.

La ley también fija la prohibición a los concesionarios, permisionarios, locutores, cronistas, comentaristas, artistas, anunciantes, agencias de publicidad, publicistas y demás personas que participen en la preparación o realización de programas y propaganda por radio y televisión lo siguiente:

· Efectuar transmisiones contrarias a la seguridad de estado, a la integridad nacional la paz o el orden públicos;

· Difundir todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto de los héroes o para las creencias religiosas, así como lo que, directa o indirectamente discrimine cualesquiera razas;

· Hacer apología de la violencia del crimen o vicios;

· Realizar transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante palabras, actitudes o imágenes obscenas, frases o escenas de doble sentido, sonidos ofensivos, gestos o actitudes insultantes, así como recursos de baja comicidad;

· Emitir textos y anuncios o propaganda comercial que requiriendo la previa autorización oficial no cuenten con ella;

· Alterar sustancialmente los textos de boletines, informaciones o programas que se proporcionen a las estaciones para su transmisión con carácter oficial;

· Presentar escenas, imágenes o sonidos que induzcan al alcoholismo, tabaquismo, uso de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas, y

· Transmitir informaciones que causen alarma o pánico en el público.


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Régimen legal sobre gestores y promotores culturales

En México no existe un régimen legal específico para gestores o promotores de arte. Las actividades culturales comerciales se rigen por la legislación vigente y se benefician de la política fiscal de exención de impuestos a sus actividades no lucrativas.

Creación Literaria, Cartel cultural, Alejandro Magallanes
Creación Literaria, Cartel cultural, Alejandro Magallanes

Así, por ejemplo, las galerías particulares se dan de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como cualquier empresa comercial, y tienen la responsabilidad de pagar impuestos, como cualquier otro negocio. Las galerías de arte pueden pedir ante la misma Secretaría un permiso para la exportación e importación de obras de arte.

Los gestores y promotores independientes se rigen bajo la ley que corresponde a los Ingresos por Honorarios por la prestación de un Servicio Personal Independiente.


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Otra legislación relacionada con la cultura

Dentro de la legislación vigente se ha considerado provechoso constituir una Subcomisión de Cultura, integrada por las secretarías de Turismo, Educación Pública, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Comunicaciones y Transporte, y Contraloría y Desarrollo Administrativo, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional Indigenista y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos, la Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Su objetivo es, entre otros, el establecimiento de políticas y programas de coordinación y colaboración encaminados al aprovechamiento de los atractivos culturales del país, tales como destinos turísticos, y el establecimiento de las acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura cultural y turística.

Por otra parte, la Ley Aduanera también establece normas jurídicas que influyen en el desarrollo de la cultura. En este sentido, la ley dispone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico está obligada a brindar las facilidades necesarias para evitar posibles daños a las obras médiante el régimen de deposito fiscal que existe en el caso de exposiciones internacionales, solicitando un tránsito interno desde el puerto de entrada hasta el lugar donde se llevará a cabo el evento. Lo anterior permite que las obras artísticas que se importen sean revisadas hasta su destino final.

En cuanto a las exportaciones temporales, la ley autoriza la salida del territorio nacional hasta por seis meses de enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación, siempre que se utilicen en la industria cinematográfica y su exportación se efectúe por residentes en el país, y hasta por un año, los que se destinen a exposiciones, convenciones, congresos internacionales o eventos culturales o deportivos.


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Tratados y convenios multilaterales en materia cultural ratificados por el país

La política exterior mexicana en materia de cultura se lleva a cabo con la concurrencia de la Secretaría de Educación Pública, a través de su Dirección de Relaciones Internacionales; la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio del Instituto de Cooperación Internacional y de la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural; y, marcadamente, vía el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y su Coordinación de Asuntos Internacionales.

En este ámbito, los objetivos de la política estatal son: fortalecer los vínculos con los organismos internacionales y con las naciones con las que el país tiene relaciones diplomáticas; promover e incrementar las actividades de cooperación e intercambio científico, educativo, cultural, técnico y artístico con otros países y organizaciones internacionales; el cumplimiento de los compromisos que se deriven de los convenios de carácter internacional; promover y fomentar el intercambio de investigadores, profesionales y alumnos, así como organizar y desarrollar programas de becas y apoyos recíprocos relacionados con el extranjero; propiciar y organizar la participación de México en congresos, reuniones, asambleas y eventos internacionales de carácter científico, educativo y cultural, técnico y artístico; la creación de institutos culturales en ciudades estratégicas para la promoción de la presencia cultural de México en el exterior (con especial énfasis en aquellos lugares donde las comunidades mexicano-norteamericanas son importantes); y fomentar programas de becas para apoyar el financiamiento de la formación de creadores, especialistas y académicos.

México es miembro de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO y de la Convención de Nairobi sobre los Derechos de Autor.

En este contexto, cabe destacar también la presencia constante de México en foros multilaterales, entre ellos el Encuentro de Ministros de Cultura y Responsables de las Políticas Culturales de América Latina y el Caribe; la Comisión Mexicana de Cooperación con Centroamérica; el Grupo de Alto Nivel de Cultura; El Grupo de los Tres (G3), conformado por México, Colombia y Venezuela; las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno; La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); y el Comité Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultural (CIECC) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

México guarda también una relación de cooperación educativa y cultural con organismos regionales, como la Organización de Estados Iberoamericanos.

El fortalecimiento de la cooperación multilateral, una mayor participación ha ampliado los beneficios para México en áreas como apoyo a la creación y formación de recursos humanos; la recuperación, restauración y conservación del patrimonio histórico; el fomento y la cooperación artesanal; la cooperación cinematográfica; y la participación en festivales y eventos internacionales.

México promueve y apoya la integración, como principal objetivo en los foros de política cultural del área de Latinoamérica y el Caribe ya que su política exterior asume que las culturas latinoamericanas deben intensificar sus flujos de intercambio para conocerse mejor y elevar el nivel el nivel de sus pueblos.

México mantiene vigentes 61 convenios bilaterales de intercambio cultural. En este marco, desarrolla 47 programas bilaterales de cooperación cultural, los cuales incluyen las áreas de cooperación en materia cultural para educación artística y recursos humanos; actividades artísticas y culturales; radio, cine, televisión y medios audiovisuales; así como proyectos especiales.

Cabe destacar la continuada labor de promoción cultural que han desempeñado los 27 institutos y centros culturales de México en el exterior, particularmente en ciudades de los Estados Unidos como Washington y San Antonio; y de Europa, como Madrid y París.


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