Está en:
OEI - Programas -
Iberoamérica: Unidad
Cultural en la Diversidad -
La tesis de que la democracia es el mejor sistema político es uno de esos lugares comunes que mejor no mirarlo de cerca. Si lo hacemos, lo primero que descubrimos es que cada cual entiende por democracia lo que quiere, que la palabra común cubre ideas muy diferentes. Una vez reconocida la circunstancia, la tentación más inmediata, para salvar de algún modo el tópico, es la de comparar las diversas ideas y, por así decir, darle la vuelta: aquilatarlas, quedarse con la mejor y otorgar a esa idea el apreciado rótulo de democracia. Pero la operación, amén de tramposa(1), se revela de poco provecho porque el acuerdo acerca del criterio de comparación (¿la mejor para qué?) no es mucho mayor que el que existe acerca de la idea de democracia. Las diversas ideas de democracia apelan a principios bien diferentes: el bienestar, la libertad, la autorrealización, la estabilidad. En esas condiciones, con distintas ideas y distintos criterios, no cabe ni la comparación. Para comparar, se necesita un baremo común, un criterio “externo”, al modo como podemos comparar el peso o el precio de objetos por demás bien diferentes y reconocer que uno es más ligero o más caro que otro. Si varían la idea y el baremo, la comparación resulta imposible y solo queda valorar cada artefacto o institución según los objetivos específicos para los que está diseñado.
En las páginas que siguen se van a perfilar cuatro ideas distintas de democracia cada una de ellas asociada a distintos niveles de participación ciudadana, con distintas “economías de virtud”(2). Nuestra atención se concentrará en tres de ellas: la liberal elitista, la republicana elitista y la republicana igualitaria (o republicana a secas). La evaluación de cada una se hará a partir de su particular idea de “buen sistema de decisión”(3). La determinación de que se entiende por “ buen sistema de decisión” no es sencilla y traza demarcación: las tradiciones republicanas se refieren a al sistema que asegura “las decisiones más justas” y las liberales, al sistema que apunta a “las decisiones que tienen en cuenta las demandas (los intereses) de los más”. Se verá que, valoradas cada una según su particular criterio, las dos versiones (liberal y republicana) elitistas no quedan bien paradas, que no parecen estar a la altura del propósito que las justifica(4). Frente a esos modelos de democracia, hacia el final, se defenderá, siquiera tentativamente, la democracia republicana igualitaria, relacionada con las ideas de participación y deliberación. También en este caso, el criterio de valoración será la calidad de las decisiones que, de acuerdo con su raíz republicana, se corresponde con las decisiones más justas. La defensa procederá en dos pasos. Primero se mostrará el vínculo conceptual que hay entre deliberación y buena toma de decisiones (más justas). Esta convicción es común a todos los republicanismos, incluido el elitista. El segundo paso intentará mostrar que la (buena) deliberación necesita de la participación. Ello se hará, sobre todo, de un modo negativo, a través de la crítica al republicanismo elitista que nos revelará como la deliberación queda pervertida en ausencia de participación.
En un sentido muy general se puede caracterizar la democracia como un sistema de toma de decisiones sobre la vida colectiva que, en algún grado, depende de la voluntad de los ciudadanos. Ese es el austero denominador común. A partir de ahí empiezan los matices. Con más detalle e interés, las distintas ideas de democracia se pueden ubicar en una matriz de doble entrada. La primera se refiere a cómo son los procesos que llevan a la toma de decisión. Importa el énfasis, la secuencia que se esconde detrás del subrayado: que llevan. En el instante final, en los procesos democráticos hay una votación, más o menos explícita(6). El proceso que desemboca en la votación puede ser un proceso de negociación, en donde las propuestas se sopesan según el poder que las respalda, o bien un proceso de deliberación en donde se miden por su calidad normativa, por la calidad de las razones que las avalan. Mientras en la deliberación los individuos pueden cambiar, a la luz de los mejores argumentos, sus juicios, en la negociación no sucede lo mismo: se vence (se busca un equilibrio), pero no se convence. La anterior distinción se refiere a los procedimientos, no a los asuntos: se puede deliberar sobre intereses y, por ejemplo, concluir que “las demandas de X son justas”, que es justo atender a las necesidades (intereses) de cierto grupo. La otra dimensión se refiere a la relación entre quienes toman las decisiones y aquellos sobre los que las decisiones recaen. Si se trata de los mismos individuos, se habla de democracia participativa (o “directa”); si se trata de individuos distintos, si las decisiones las toman representantes con alguna dependencia –en su elección— del conjunto de los ciudadanos, cabe hablar, en un sentido laxo, de democracia representativa (o democracia de competencia). En rigor, el trazo entre democracia de participación y de representantes depende más del grado de control que los ciudadanos tienen sobre sus representantes que de la existencia como tal de estos mismos. En la democracia participativa los representados tienen mecanismos directos, establecidos y regulares para controlar y penalizar a sus representantes en el caso de no sentirse representados (p. e. mandato imperativo o revocabilidad). En la democracia de representantes los políticos disponen de discrecionalidad en sus decisiones y no pueden ser revocados más que indirectamente (no reelección).
Las anteriores consideraciones permiten distinguir entre cuatro tipos ideales de democracia:
|
Representativa/deliberativa Republicanismo elitista |
Participativa/deliberativa Republicanismo igualitario |
|
Representativa/negociadora Liberalismo (elitista) |
Participativa/negociadora Asambleísmo |
Las distintas ideas de democracia tienen asociadas distintas exigencias de vocación pública, distintas “economías de virtud”, derivadas de que todo proceso de decisión conlleva, para los ciudadanos, unos costos relacionados con la participación en el proceso y unos beneficios relacionados con lo que se decide. Desde esa perspectiva, por ejemplo, resulta poco “beneficiosa” una decisión altamente complicada sobre un problema que ni si quiera me atañe. Más en general, los procesos de toma decisión tienen sus costos (en tiempo, en informarse y discutir) y sus beneficios, privados o públicos. Los costos en deliberar siempre son mayores que los de la simple decisión, pues, en el mejor de los casos, al tiempo empleado en informarse se añade el ocupado en deliberar. Por otra parte, los beneficios públicos siempre son menos interesantes, inciertos y decisivos que los privados en tanto llegan a todos por igual, con independencia de si se ha colaborado (o no) en su obtención, y, por definición, no incluyen los bienes “de posición”, bienes que tienen valor porque no son accesibles a todos (una casa solitaria en la playa, unos estudios especializados).
Así las cosas, las diferentes ideas de democracia resultan desigualmente exigentes. La democracia republicana igualitaria parece requerir grandes dosis de vocación pública, requerir que todos empleen tiempo en el bienestar de todos los demás. Por otra parte, la decisión de uno (o de unos pocos representantes) es siempre más sencilla –requiere menos tiempo- que la de varios (o la de todos). En suma, de menos a más economías de virtud: republicana > asamblearia > republicano elitista > liberal. La justificación de esta ordenación es inmediata. La deliberación y la participación reclaman tiempo de muchos, de todos, en participar, informarse, discutir y corregir juicios, y, además, dada la naturaleza del proceso deliberativo, en donde los propuestas se valoran según criterios de justicia, los resultados atienden a intereses generales, de todos. La asamblearia requiere tiempo en informarse y participar, tiempo de muchos, de todos, aun si se hace para procurar un beneficio privado que no será muy importante, dado que el número de participantes dificulta influir sobre el resultado de un modo decisivo. La republicana elitista tiene bajos costos, en tanto solo deliberan unos pocos, pero también hay bajos incentivos para participar puesto que los beneficios, en virtud de que la deliberación apunta al interés general, se distribuyen entre muchos: de ahí que tenga que haber unos pocos virtuosos (los que deliberan). La liberal, la que más se parece al mercado, no requiere –como se verá—virtud ninguna, ni siquiera la de los representantes: éstos y los votantes se mueven por sus intereses.
La calificación de los distintos tipos de democracia, como todas, es convencional y, por abstracta, no describe ningún escenario histórico particular que, siempre, será una mezcla de todas ellas(7). Con todo no carece de avales empíricos: los “padres fundadores” (Madison en especial) eran, indiscutiblemente, republicanos elitistas y defendían negro sobre blanco la deliberación de los mejores, de los representantes; la primera “teoría económica de la democracia” (Downs, Schumpeter), tan asociada histórica y teóricamente al liberalismo, cuadra impecablemente con los modelos de representación y negociación; el republicanismo clásico se ajusta bastante, al menos en los principios (y entre quienes podían acceder al Agora), al modelo de deliberación y participación; y, en bastantes aspectos, las asambleas de accionistas, operan con principios de participación y negociación. Tan sólo los tres primeros modelos tienen interés político y cuaje histórico. En ellos se concentrarán las reflexiones que siguen(8).
En una versión que ha sobrevivido a sus diversas formulaciones, el liberalismo aparece comprometido con la imagen de unos individuos que, para minimizar las mutuas interferencias, establecen unas reglas de juego, unas instituciones (neutrales) que no pueden ser deudoras de perspectivas normativas: los ciudadanos han de dejar sus ideas acerca de lo que está bien fuera del escenario político, en su ética “privada”. Están aquí, en germen, dos tesis centrales del ideario liberal: a) la neutralidad de las instituciones, según la cual el escenario político no puede aparecer comprometido con ninguna idea de buena vida (ni con su determinación); b) la legitimidad de los acuerdos, según la cual las únicas constricciones lícitas son las que derivan de acuerdos libres (contratos privados) entre individuos. La primera tesis impide exigir a los ciudadanos responsabilidades (obligaciones) cívicas. La segunda impone fronteras a las intromisiones públicas. En una formulación austera las dos tesis se pueden sintetizar en el principio normativo de la maximización de la libertad negativa: la mejor sociedad es la que minimiza las interferencias y demandas públicas, aquella en la que los individuos tienen el mínimo de prohibiciones. Un corolario de ese principio es que el diseño de las instituciones políticas ha de procurar (a) que no se exija la participación para su funcionamiento y (b) que las decisiones públicas no se entrometan en la vida de los ciudadanos.
Desde ese objetivo, la democracia no se puede mirar con simpatía, al menos en su idea más clásica de autogobierno colectivo que reclama la participación de todos en la vida cívica, en la pública discusión de las propuestas, y que no establece límites a priori a los asuntos que la voluntad popular puede decidir y que pueden alcanzar a la vida “privada” de los ciudadanos. De hecho, la tensión es constitutiva: mientras la democracia, en su sentido más tradicional, tiene que ver con decisiones públicas, participación, deliberación y valores cívicos, el liberalismo, por su parte, afirma la necesidad de proteger los derechos frente a las decisiones colectivas; reivindica la libertad (negativa) a no ser interferido por los otros y la contrapone a una libertad (positiva) que tiene que ver con la participación activa en la vida pública.
Para asimilar la democracia, el liberalismo se ve en la necesidad de rectificar la idea. Busca recuperar el ideal democrático, y en especial, de atender neutralmente al máximo de preferencias, de demandas, pero de tal modo que no se produzcan intromisiones de la “voluntad general” en la vida de cada cual y, tampoco, se requiera la participación ciudadana (participación, por demás, improbable, dados los supuestos antropológicos liberales: el homo oeconomicus, que solo procura por sí mismo). Para ello, empezará por poner limitaciones a la “voluntad del pueblo”. En una doble dirección: a) establecerá fronteras (constitucionales) a los asuntos a decidir, a lo que se puede votar; b) limitará la capacidad de decisión del demos a la elección de unos representantes que serán quienes, finalmente, tomen las decisiones propiamente políticas. Las dos operaciones están plenamente justificadas desde la maximización de la “libertad negativa”. Las constricciones constitucionales protegen de las interferencias públicas, aseguran que las decisiones de todos no se entrometen en la vida de cada uno y lo hacen sin necesidad de que las gentes asuman la defensa de los derechos (justos) de los demás como tarea propia, como parte de su bien(estar). Los derechos, previos e independientes del proceso democrático, establecen cotos vedados a la voluntad de la mayoría. Por su parte, el sistema de representación minimiza la participación en las actividades públicas: los ciudadanos renuncian al pleno autogobierno y dejan la política a los profesionales. De esas dos maneras, la democracia liberal economiza virtud. Por un lado, la garantía de los principios (los derechos) y su defensa no depende del compromiso cívico, de que los ciudadanos estén comprometidos con los derechos y con su defensa. Por otra, la ciudadanía no tiene que asumir los “costos” de la vida política. La política quedará en manos de unos profesionales retribuidos para ello.
La democracia de competencia entre representantes (la representativa negociadora del cuadro) será la cristalización más genuina de ese pacto liberal con la democracia. En ese sistema, los electores escogen a sus representantes y éstos toman decisiones que recaen sobre el conjunto de la ciudadanía. Los ciudadanos se olvidan de la gestión pública, que delegan en sus representantes. Los mecanismos de elección permiten seleccionar a unos políticos que actuarían, de grado o de fuerza, por el bien público. Los sistemas de representación política aparecen como el mejor modo de preservar el ideal democrático con el mínimo de exigencia a los ciudadanos. La democracia de competencia se configura como el sistema de decisiones sobre la vida colectiva que maximiza la libertad negativa. Además, desde el punto de vista empírico, se ajusta perfectamente a un escenario habitado por el homo oeconomicus, individuo únicamente interesado en su propio beneficio, ajeno, para bien o para mal, a toda consideración normativa (y, en rigor, emocional). En ese sentido, la democracia de competencia aparece como el mejor procedimiento para tomar decisiones que preservan la libertad de cada cual dada la escasa vocación pública. Veamos esto con algún detalle.
En la democracia de competencia se dan unos oferentes de unos servicios (los políticos) y unos demandantes (los ciudadanos). Estos últimos eligen a unos representantes que velan por sus intereses y los retribuyen para ello. Los políticos, si no quieren ser sustituidos por otros, se ven en la necesidad de atender a los intereses de los ciudadanos. Las decisiones finales recogen las demandas de los distintos votantes, a través de procesos de negociación entre los representantes, según el peso de cada cual, según la fuerza (votos) que les respaldan. Con alguna mayor exactitud: a) los individuos tienen preferencias dadas, que no se modifican durante el proceso político; b) la actividad política se asume como costosa y es realizada por profesionales, los representantes; c) los (partidos) políticos buscan maximizar sus votos para acceder al poder; d) para maximizar sus votos los partidos han de atender al máximo de preferencias (intereses). En esas condiciones, los políticos, por razones egoístas, se verían obligados a procurar el interés (del) público, de la misma manera que, en competencia, el panadero hace el mejor pan para obtener más clientes, no por amor a sus vecinos. Como en el mercado, las reglas del juego les obligarían a comportarse bien, a satisfacer las demandas ciudadanas. Nadie está interesado en atender los deseos de nadie, pero se ve obligado a hacerlo para su propio bien. Los políticos tratan de resolver los problemas de los ciudadanos pero no porque les preocupen, atienden a los intereses generales pero no asumen los intereses generales: son virtuosos instrumentalmente (que es lo mismo que decir que no lo son). A través de las elecciones de sus representantes, unos ciudadanos no necesariamente virtuosos eligen a unos representantes que tampoco lo son pero que se ven obligados a comportarse “como si” lo fueran.
El mercado político está lejos de ser un mercado perfecto. Para que un mercado funcione correctamente se requieren bastantes cosas. El mercado de empresarios/políticos que ofrecen productos/programas a consumidores/ciudadanos no es una excepción(9). Ante todo es necesario que sea sensible a las demandas de estos últimos. Precisamente porque se trata de un sistema que opera sobre el supuesto de que los individuos procuran exclusivamente por sus intereses, de que no hay razones para presumir a priori disposiciones públicas, el escenario ha de satisfacer ciertas condiciones para que el egoísmo se canalice en la dirección de los intereses generales. Entre otras cosas se requiere: a) que exista una oferta para cada demanda potencial, para los distintos intereses; b) que estén presentes todos los intereses afectados, que cada vez que alguien pueda verse afectado por las decisiones pueda hacer oír su voz; c) que los individuos tengan un buen conocimiento de sus intereses y que el sistema ofrezca una información veraz, que cada uno sepa lo que adquiere. La justificación de la democracia como sistema de toma de decisiones quedará en entredicho si alguno de esos requisitos no se cumplen, si los demandas no tienen una oferta correspondiente, un producto político, si hay individuos que no pueden expresar sus demandas o si no tienen modo de saber que es lo que el mercado ofrece. Se verá a continuación -sin vocación de exhaustividad - que ese es el caso, que los requisitos no se satisfacen. La dificultad deriva de la insensibilidad de la democracia a cierto tipo de información, insensibilidad que no es circunstancial, sino que es consecuencia del propio funcionamiento de sistema.
1. El mercado político no proporciona una oferta para cada demanda. Hay intereses que no encuentran ninguna oferta política(10). Sucede por diversas vías. En primer lugar, porque la limitada competitividad del mercado político veta la aparición de muchas iniciativas. En el mercado político no todos están en condiciones de actuar como empresarios políticos. No es un mercado de acceso libre sino que presenta barreras (costos) de entrada. Para participar como “productor” se necesitan recursos. Solo están en condiciones de mostrar sus productos aquellos que tienen medios suficientes para financiar organizaciones, campañas, disponer de medios de comunicación, etc.,. Ello no implica necesariamente que los intereses de las minorías y de los desprotegidos no encuentren empresarios políticos dispuestos a atenderlos. Sin embargo, el conocimiento disponible de cómo funcionan los procesos cognitivos nos recuerda que hay una fácil transición entre “no experimentar” y “no reconocer”, que quienes no “viven” los problemas, los desatienden. De un modo u otro, los procesos de socialización (el mundo en donde se vive) condicionan la percepción y la consideración de los retos a encarar. También sabemos que tenemos una disposición a considerar nuestras convicciones y pautas como naturales, como inamovibles o indiscutibles. Tales circunstancias tienen importantes implicaciones en la configuración de la oferta, del menú programático y, en consecuencia, en los objetivos a perseguir. Los políticos, casi todos varones y, por lo general, procedentes de clases acomodadas, muestran escasa receptividad frente a los problemas de las mujeres y a los de otros grupos excluidos, a otras sensibilidades(11). Los problemas no aparecerán si quienes tienen los recursos no padecen los problemas y quienes los padecen no tienen recursos para entrar en el mercado político. Los intereses de éstos no podrán ser atendidos. Circunstancia que será más la regla que la excepción: los faltos de recursos son los que acostumbran a tener los problemas (entre otras razones porque no pueden cambiar de escenario a voluntad, trasladarse a otro trabajo o ciudad).
Pero hay algo más, que afecta a las medidas, a las propuestas. Sucede que, aun si no se ignoran los objetivos y los problemas, hay soluciones que “ni se nos ocurren” y que, por tanto, no aparecen en la oferta política. Esta circunstancia tiene que ver con la sensibilidad con la que se aborda la intelección de los problemas. Cuando en invierno mueren decenas de personas en las calles de Nueva York, en la prensa se lee que “han muerto de frío”. Se toma la pobreza como un dato y se destaca “la novedad”, las circunstancias naturales que, por sí mismas, no acaban con la vida de nadie, como lo prueba el que, en ese mismo lugar, muchos otros, con más recursos, sobrevivan sin problemas. En esas descripciones, hay una elección acerca de qué es lo “natural” o lo “normal”, elección que tiene implicaciones prácticas. La acción política consiste en buena medida en establecer qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no. Pero “qué se puede cambiar”, qué se da por supuesto, y qué no, depende de “maneras de mirar” que están asociadas a las propias experiencias. Dadas las motivaciones de los empresarios políticos, no virtuosas, y las condiciones de funcionamiento del mercado político, los recursos que se necesitan para ingresar, es casi seguro que ciertas iniciativas no surgirán.
Hay otro mecanismo que impide la aparición de ofertas diferenciadas, reconocibles. Los partidos, que compiten por mercados de votos, si quieren acceder al poder, han de intentar recoger en sus programas el mayor número de intereses. Ahora bien, en un mundo de intereses conflictivos, la defensa inequívoca de los intereses de unos fácilmente atenta a los intereses de otros. Puede que estos otros sean unos pocos poderosos, pero precisamente por “poderosos” están en condiciones de ejercer su influencia sobre muchos votos, sea porque “sus” problemas arrastran a los muchos de los que ellos dependen, sea porque a través de su presencia (en los medios de comunicación, por ejemplo) están en condiciones de redescribir las propuestas de tal modo que parezcan “problemas de la sociedad”. En esas circunstancias, la mejor estrategia para los empresarios políticos es ofrecer propuestas que no molesten a nadie, esto es, programas vagos, que no dicen nada. Los programas se convierten en cheques en blanco que en nada comprometen y que, por lo mismo, ni siquiera pueden ser objeto de reclamación. De ese modo, se produce el conocido proceso de convergencia de los partidos hacia el centro. Los partidos resultan prácticamente idénticos en la vacuidad de sus propuestas y la selección electoral es antes entre elites que gestionan que entre proyectos de gestión diferentes. Los consumidores no saben “lo que adquieren” porque las ofertas ni siquiera precisan los productos.
2. El sistema no recoge todos los intereses comprometidos en las decisiones. El buen funcionamiento de la democracia liberal exige que todos los afectados por las decisiones puedan votar. Al igual que el mercado ignora toda demanda que no venga respalda por dinero, el escenario político solo es permeable a la información avalada por votos. Al fin y al cabo, las decisiones finales no dependen de razones de justicia (de la deliberación), que, en principio, no ignoran a nadie, aun si no está presente, sino de la negociación de intereses. Si existen individuos que no tienen capacidad de negociación porque no votan, sus intereses no serán tenidos en cuenta. Si, además, esos individuos que no pueden hacer oír su voz, están en condiciones de pagar la factura de las ofertas políticas, el sistema apuntará contra ellos. Los ciudadanos de otros países y las generaciones futuras constituyen un ejemplo paradigmático de tales individuos. La lógica de la competencia impone ignorar sus intereses. Un político que les diga a los ciudadanos que la economía crecerá menos, que existirán menos bienes de consumo, en atención a cuidar el medio ambiente no llegará nunca al gobierno. Si asumimos, con el modelo liberal, que los políticos y los ciudadanos carecen de disposición cívica, la maximización de los votos impone su ley. Un político que pueda prometer crecimiento y mercaderías, esto es, bienes bien precisos, que serán pagados por las generaciones futuras, no podrá dejar de hacerlo si quiere que su producto tenga compradores.
3. El mercado político presenta los rasgos propios de los mercados de información asimétrica responsables de que se produzcan resultados indeseables e ineficiencias. La teoría económica ha mostrado con solidez que los mercados tienen resultados patológicos en escenarios en donde el oferente sabe lo que vende y el comprador no sabe lo que compra(12). Los ejemplos típicos se refieren a la adquisición de servicios técnicos (abogados, médicos, mecánicos). El que adquiere los servicios no tiene ningún modo de controlar sin costos -de otro modo, ¿para qué compraría sus servicios profesionales?- la actividad de aquel que, en principio, tiene a su servicio. Y éste, por su parte, no tiene interés ninguno en realizar una tarea que supone mayores costos y menores beneficios si se realiza con mayor pulcritud, a sabiendas de que su cliente es incompetente -por eso lo contrata- para determinar si cumple o no. Porque, no se olvide, por detrás solo opera el interés, el único combustible que alimenta el sistema. Pues bien, en una situación parecida se encuentran el oferente/político profesional con capacidad discrecional y el votante/consumidor que no sabe lo que adquiere. El parlamentario no recibe instrucciones para la realización de tareas precisas. El mismo decide la naturaleza del producto. Más abajo, al examinar las dificultades de la democracia republicana elitista, se volverá sobre otras implicaciones de esta asimetría.
Es importante destacar el supuesto de fondo sobre el que opera la democracia de competencia liberal: la ausencia de consideraciones normativas(13). La calidad de las preferencias o la justicia de las demandas resulta irrelevante. En circunstancias normales, en virtud de sus reglas de funcionamiento, los intereses de una minoría poco influyente se verán desatendidos mientras que los de un importante grupo de presión jamás serán descuidados. Desde una perspectiva genuinamente liberal no se busca la decisión más justa, que obligaría a comprometerse con ideas (de bien) que violarían la neutralidad estatal. La decisión que importa, la mejor decisión, es la que recoge los intereses de los más. Es muy posible que, en condiciones ideales, se intente corregir una situación en donde hay un 80% de pobres y un 20 % de privilegiados, pero no sucederá lo mismo con otra, en la que hay un 20 % de excluidos y un 80 % de privilegiados y que puede incluso ser más injusta. En el parlamento se reúnen las preferencias diversas, reflejo de los diversos intereses, y se consideran según su respectiva fuerza.
El republicanismo es ante todo una tradición política, esto es, un conjunto de principios y prácticas. A diferencia de lo que sucede con una teoría (o incluso con una tradición filosófica) no hay algo parecido a un conjunto de tesis explícitas que son objeto de discusión o matización sucesiva. Para el republicanismo vale lo que viene a decir J. Waldron para el liberalismo(14): los que nosotros llamamos fundadores no tenían conciencia de estar cultivando una tradición o una doctrina; sencillamente, se enfrentaban a problemas y trataban de resolverlos. Así las cosas, está fuera de lugar administrar certificados de limpieza de sangre. Solo cabe hacer explícita la idea que se maneja y ser consistentes con ella, reconocer ciertas herencias, ciertas coincidencias entre unos cuantos autores y, más temprano que tarde, aclarar estipulativamente a qué nos referimos a sabiendas de que siempre quedarán muchas cosas fuera, pero al menos sabemos de qué hablamos(15).
Aquí voy a asociar, en general, la democracia republicana con la democracia deliberativa(16). Dicho esto, inmediatamente después hay que recordar que en el republicanismo siempre hay algo más que traza frontera entre sus distintas versiones, entre las elitistas y las igualitarias y participativas. Para las elitistas, las elecciones permiten reconocer a los más excelentes que, una vez en el parlamento, abandonan todo sometimiento a la voluntad de sus electores, porque no son mandatarios que se limitan a seguir instrucciones ni tampoco embajadores comprometidos con los intereses (particulares) de sus votantes sino con el bien común. Los representantes, a la luz de los mejores argumentos, cambiando de opinión si es necesario, adoptarían las decisiones más justas. La deliberación sólo sería eficaz, esto es, permitiría tomar las mejores decisiones, si en ella participan los más virtuosos, los mejores. Otras tradiciones republicanas enfatizan ideas como las de participación, igualdad de poder político o autogobierno, ideas que no se llevan bien con los modelos elitistas. En los sistemas de delegación de poder, por definición, el autogobierno desaparece y, también por definición, el representante y el representado no disponen del mismo poder: el primero puede proponer o rechazar leyes; el segundo, sobre las leyes, nada puede decidir(17).
El paralelismo con la democracia liberal empieza y acaba en la tesis de que la democracia asegura las mejores decisiones. En el caso republicano las decisiones que se buscan son las más justas (o, más en general, las más solventes normativamente). La corrección normativa guarda un vínculo conceptual con la deliberación. Las decisiones están basadas en procesos de pública argumentación que permiten reconocer las mejores razones y descalificar las propuestas sustentadas en la fuerza o los intereses. Pero para que eso se produzca, han de darse ciertas condiciones. La deliberación tiene sus reglas, no es asambleísmo gritón y sofista. Por ejemplo, se requiere que entre quienes deliberan no se puedan limitar la libertad. Si tú eres mi empleado y tu futuro depende de mí, es difícil que critiques mis opiniones. También se requiere que quienes deliberen crean en lo que dicen, tengan un trato sincero con sus propias opiniones. Esas condiciones (de virtud) se refieren a los procesos de deliberación y aseguran el triunfo de las mejores razones. Más en detalle se pueden reconocer tres tipos de condiciones que intervienen en los procesos deliberativos: a) condiciones referidas a la comunidad de deliberación: independencia material entre los participantes, mecanismos de ingreso en la comunidad, requisitos de los participantes (racionales, respetuosos, con juicio independiente, etc.); b) condiciones referidas a los procesos de deliberación: posibilidad de réplica, ausencia de argumentos de autoridad, publicidad de las razones, garantía de acceso a la información, etc.; c) condiciones referidas a la aceptabilidad de los resultados de la deliberación, condiciones (epistémicas) que permiten reconocer una opinión como bien fundamentada (consistencia, precisión, compatibilidad con lo conocido, etc.).
En esas condiciones queda asegurado el vínculo entre deliberación y corrección normativa. Ahora bien, hasta ahí no aparece la democracia. La argumentación (fundamentación epistémica) que muestra que las condiciones de buena formación de los juicios se corresponden con las circunstancias de deliberación, no está necesariamente vinculada a la defensa de la participación en la toma de decisiones. A lo sumo, la deliberación aparece comprometida solo con (la condición de) el pluralismo, con la idea de que, aunque no todas las opiniones valen igual, sí que todas ha de poder ser objeto de discusión. Pero eso no excluye que la deliberación la realicen solo unos pocos, los individuos competentes. Después de todo, siempre cabría decir: “es cierto que la deliberación ayuda a tomar las mejores decisiones, pero, ¿y eso qué tiene que ver con la democracia? ¿por qué no dejamos que sean unos cuantos, los mejores, los que deliberen y tomen (las mejores) decisiones? o, incluso más, ¿por qué no dejamos al rey sabio que pondera todas las razones y decide por todos?”. Si se quiere evitar esa “solución” autoritaria y defender algún tipo de participación, hay que afirmar una de las siguientes tesis(18):
a) No hay nada parecido a verdades o falsedades morales (o más modestamente, mejores decisiones normativas);
b) No hay quien las pueda conocer (esas verdades o decisiones) mejor que los demás, no hay indiviudos más excelentes;
c) No hay razones para confiarles el poder a los más excelentes;
d) No existe modo de conocer a los más excelentes.
Por lo general los defensores de la participación democrática en la deliberación descreen de la primera premisa y buscan sostener, por lo menos, alguna de las otras tres. De hecho, si se cree radicalmente en la formulación positiva de esas premisas, si se cree que cada una de ellas es falsa, incluso la deliberación puede llegar a cuestionarse. Después de todo, la argumentación pública se ampara en una mezcla de insuficiencia cognitiva y de desconfianza: se argumenta públicamente porque se concibe la posibilidad de errar o de que algo –una premisa escamoteada, un dato relevante—se descuide, porque no se está seguro de disponer de las mejores razones y de toda la información y, también, para calibrar la solidez de los propios juicios y corregir los sesgos, la disposición psicológica a apostar por las propias ideas más allá de lo que pueda ser razonable. Un ser dotado de todas las virtudes, no tendría tales problemas y no dejaría lugar para la democracia.
La democracia republicana elitista (la representativa deliberativa del cuadro) sostiene que esas premisas son falsas: hay mejores decisiones; hay individuos más excelentes; hay razones para confiarles las decisiones; y hay modo de identificarlos. Las elecciones democráticas constituyen el medio para reconocer a los indiviudos más excelentes. Para los republicanos elitistas (Madison, por ejemplo) los ciudadanos, que no son virtuosos, a través de las elecciones son capaces de seleccionar a los más excelentes entre ellos. Los políticos no son “embajadores” que negocian (Burke), representantes de los intereses de sus representados, sino ciudadanos virtuosos que buscan tomar las decisiones más correctas. Los ciudadanos carecen de virtud pero a través del mecanismo de competencia electoral, con su comportamiento, son capaces de seleccionar virtud: “los que no saben” pueden evaluar la gestión de “los que saben”. Más exactamente la democracia republicana elitista aparece comprometida con los siguientes supuestos:
A ) Epistémico: la deliberación favorece las mejores decisiones. Esta premisa establece un vínculo conceptual entre la deliberación y la determinación de los mejores argumentos que avalan las mejores decisiones. La deliberación puede llevar a equivocaciones, puede conducir a una conclusión incorrecta, pero, incluso para saber eso, para reconocer el error, se necesita deliberar, se necesita la discusión que permite identificar las mejores razones. Hay que llegar a las mejores ideas, pero no hay otro modo de saber que hemos llegado que a través de la (pública) discusión que nos muestra que la idea está bien fundamentada.
B) De la virtud en la argumentación: la deliberación necesita un mínimo de virtud. Si todos los individuos son absolutamente egoístas, nadie invocará el bien público. Porque existe cierto fondo de virtud la deliberación hace posible descalificar argumentos basados en el interés, compromete con la modificación de los juicios a la luz de las razones mejores y garantiza un elemental vínculo de sinceridad con las propias opiniones que hace posible la mutua intelección. Incluso cuando “se finge” el compromiso con los intereses generales y se simula la imparcialidad, se hace desde el horizonte de la virtud. Es lo que se ha dado en llamar la “fuerza civilizatoria de la hipocresía”: si todos los individuos son egoístas, y todos lo saben, la invocación a los intereses generales carece de sentido y, por lo mismo, el comportamiento hipócrita.
C) De la economía de la virtud: hay una “cantidad dada” (un stock) de virtud. El sistema político ha de buscar un modo de recoger (identificar) esa virtud y hacer uso de ella en la toma de decisiones. Desde otra perspectiva esa premisa se puede formular con la tesis de la discontinuidad antropológica de la virtud: existen dos tipos de ciudadanos: los excelentes, comprometidos con el interés público; los demás, poco informados e indiferentes a las actividades públicas.
D) De selección ciega: la competencia electoral permite, a través de la elección de representantes, que los ciudadanos no virtuosos escojan a los políticos virtuosos. La democracia actúa como un selector ciego capaz de identificar una propiedad (la excelencia) aun sin conocerla. En principio, la tarea puede parecer imposible. Parece de sentido común que para saber si A conoce sobre X, hay que conocer sobre X. Pero no lo es. La selección natural es un claro mecanismo de selección sin que exista un selector, sin un agente inteligente capaz de conocer el comportamiento eficiente (rasgo adaptativo) que se selecciona: el ojo es una máquina (casi) perfecta seleccionada para una función (visión) sin que exista un ingeniero que lo haya diseñado o un tribunal que lo haya “escogido”(19).
Las dos primeras premisas están fuera de discusión. Algo se ha dicho sobre el vínculo entre deliberación y mejores decisiones y algo más de dirá al defender la versión republicana igualitaria. La segunda premisa es conocimiento asentado de la pragmática más elemental. La tercera tiene dos formulaciones, una trivial, tautológicamente verdadera, que se limita a afirmar que no todos participamos de los mismos talentos; y otra más fuerte, asociada a un aristocratismo político y según la cual existiría una especie de stock fijo de virtud (asociada a ciertos individuos) que si no se asigna bien se pierde. La virtud, desde esta perspectiva, vendría a ser un recurso escaso y no reproducible, como el petróleo, que una vez agotado desaparece para siempre. Hay que discutir esa tesis y, también, la última, la más fuerte. Basta con que una de ellas no se cumpla para que la deliberación elitista deje de asegurar las buenas decisiones. Se examinarán con algún detenimiento porque su crítica es a la vez un argumento en favor de la democracia republicana igualitaria. Empecemos por la última.
El sistema de selección que acompaña a la democracia republicana elitista no se muestra especialmente atinado para localizar la escasa virtud que necesita para su funcionamiento. La relación entre representantes y representados, en la que los primeros son elegidos por los segundos, participa de una serie de características que hacen imposible el reconocimiento de aquel tipo de comportamientos (elementalmente virtuosos) que hacen posible la (buena) deliberación. Sucede que los sistemas de competencia electoral operan en unas condiciones que se alejan de los dos únicos escenarios en donde es posible la selección de los más excelentes.
El primer escenario es el modelo de tribunal de oposiciones, en el cual, los que eligen, en principio, son al menos tan competentes como los candidatos. Aquí opera el principio según el cual “para evaluar a los gestores se necesita conocer como se realiza la gestión”. Este escenario está descartado por definición (premisa de la discontinuidad antropológica de la virtud) en el caso de los sistemas de representación que precisamente justifican la división del trabajo entre representantes y representados porque “no todos están en condiciones de evaluar la gestión”. Si todos pueden hacerlo, no se entiende para qué se necesitan las elecciones de representantes. Todos serían igualmente virtuosos y estarían en condiciones de gobernar. La división del trabajo no quedaría justificada en razones de eficiencia. ¿Por qué no utilizar, por ejemplo, un sistema rotatorio o de loterías para los cargos políticos que, después de todo es menos perverso (no se requiere el poder económico o el conspiratorio, siempre necesarios en el mercado electoral) y menos desintegrador (no es necesario competir agresivamente con los demás)?. No cabe alegar que lo que sucede es que en las elecciones solo se presentan quienes además de resultar competentes, de saber gobernar, quieren hacerlo. La actividad política es una actividad que, en los modelos de representación, se retribuye porque se asume como costosa.
El otro escenario en el que las elecciones servirían para identificar a los mejores, el modelo de selector ciego, opera bajo el supuesto de que, en ciertas condiciones, “los ignorantes, aun sin pretenderlo, con sus acciones seleccionan a los mejores”. El mercado es el ejemplo clásico. Los consumidores con sus elecciones de consumo (el producto que les gusta) seleccionan al productor eficiente y penalizan al torpe, aun si nada saben sobre las condiciones de producción, sobre como se elabora una paella o se fabrica un automóvil. El problema es que las excepcionales circunstancias que se necesitan para que opere el sistema de “selector ciego” resultan imposibles en los mercados políticos. La idea básica es que los mismos mecanismos de representación política, que se justifican por su capacidad para identificar la virtud, son los responsables de su penalización.
La dificultad no es circunstancial sino resultado necesario de las condiciones de funcionamiento del propio sistema (de competencia) de selección de las elites políticas. Según éstas, el votante no necesita estar interesado en la cosa pública: ignora la gestión y por lo mismo no puede evaluar las políticas. No tiene por qué ser competente: para eso escoge a un político y para eso le retribuye. Por su parte, los representantes, que no son mandatarios que se atienen a las instrucciones de sus representantes, han de estar en condiciones de deliberar, de atender a las mejores razones, y, por tanto, han de poder modificar sus criterios. Esa situación les otorga una enorme discrecionalidad en la elección de los objetivos y en su realización. El político puede escoger entre hacer A o B y, además, puede describir a su gusto la accesibilidad de A y de B.
Pues bien, esa asimetría, que es la que los define como elector y como representante, es a la vez la causa de que el político virtuoso sea expulsado del mercado político. El mecanismo (de información asimétrica), que hemos visto antes operar en el caso de la democracia liberal, también funciona cuando existen políticos virtuosos. Con desigualdad informativa, el ciudadano/consumidor no tiene modo de discriminar entre el político/productor sincero y el embaucador, el que falsea sus quehaceres y méritos para asegurarse el poder. El político deshonesto siempre podrá exagerar las dificultades, escoger como tareas a realizar aquellas que ya están aseguradas, describir la altura de las metas de tal modo que siempre las sobrepase, ofrecer objetivos de fácil realización, tergiversar la descripción de su esfuerzo, exagerar unos problemas y escamotear otros. El ciudadano no tiene modo de distinguir entre el buen político que se esfuerza por conseguir un resultado difícil y el que presenta como complicada tarea a resolver lo que ya tiene por seguro; entre el que, cuando reclama su esfuerzo, exagera problemas falsos y el que señala dificultades reales; entre el que argumenta con datos fiables y el que manipula los presupuestos y las contabilidades. Por supuesto, por lo mismo, de nada le sirven lo que digan los otros políticos: no tiene modo de distinguir entre las críticas veraces y las interesadas. El ciudadano sabe eso y sabe que no puede discriminar entre unos y otros. En esas condiciones, el político honesto que emplea su tiempo en estudiar los problemas e intentar resolverlos, se encuentra en peores condiciones que el que dedica su tiempo a asegurar su reelección, con favores, presencia en los medios de comunicación, acciones populistas. Sistemáticamente el mercado político presenta un sesgo en contra del comportamiento virtuoso. Es la inexorable patología a la que están sometidos los mercados de información asimétrica. Para su razonable funcionamiento ese tipo de mercados necesita de la intervención pública. Pero eso, naturalmente, le está vedado al poder político. Por definición, no hay nada público “externo” a él. En suma: los escenarios políticos de representación, que necesitan para funcionar de la virtud de unos pocos, son incapaces de reconocer la virtud. El principio del selector ciego no funciona en el caso de los mercados políticos.
No son pocos los indicadores de que las consideraciones anteriores son algo más que sutilezas teóricas. La irrelevancia de las deliberaciones en el legislativo, la vaciedad indiferente de los programas, la conversión de los partidos en maquinarias electorales, la ausencia de debates de ideas, la proliferación de populismos y de mercadería política, el absentismo ciudadano, la disputa por la presencia en los medios y por los recursos, en breve, los problemas de la “democracia contemporánea”, muchas veces presentados como circunstanciales, son algo más que anécdotas. Con frecuencia las soluciones, implícitamente, apuntan en la dirección de corregir la discrecionalidad de los políticos y la asimetría informativa en la que esa discrecionalidad se basa, a través de dos vías: a) una mayor especificación del contrato, del programa, de tal modo que se precisen las tareas y los plazos; b) una ciudadanía más informada, esto es, la desaparición de la asimetría informativa. Pero las dos posibilidades no le están concedidas al republicanismo elitista que, recordemos, encuentra su justificación en la deliberación (de unos pocos) y en la economía de la virtud. La especificación del contrato aleja de la deliberación; la desaparición de la asimetría informativa exige disposición cívica de la ciudadanía.
También es discutible la premisa de la economía de la virtud, la tesis de que la virtud es un stock, un bien escaso y no reproducible. Una posible justificación de este supuesto tendría que ver con el (hipotético) aumento del costo (de oportunidad) de la deliberación en las sociedades contemporáneas(20). Mientras la mayor parte de los procesos productivos mejoran su productividad, la toma de decisiones –que tiene el tiempo como input fundamental-- presenta limitaciones objetivas para mejorar la suya: no hay modo de deliberar más eficazmente(21). De modo que cada vez es más lo que los individuos dejan de ingresar al dedicarse a los asuntos públicos, cada vez es mayor el costo de la virtud.
Antes de examinar la tesis de la economía de la virtud, un par de consideraciones que invitan a discutir sus implicaciones pesimistas. La primera se refiere a las “condiciones de producción” de la virtud cuyas peculiares características pueden quedar desatendidas por la caracterización (económica) que aquí se hace: hay razones para pensar que las actividades que convencionalmente se entienden como virtuosas caen del lado de las actividades autorrealizadoras, actividades con unas características de “consumo y producción” un tanto peculiares. Mientras en los procesos de consumo se experimenta una satisfacción inicial que decae con el consumo de unidades ulteriores del bien, en las actividades autorrealizadoras (el aprendizaje de un instrumento musical, el ejercicio de la reflexión compartida, el cultivo de nuevas amistades, el estudio de una nueva disciplina), aun si inicialmente existen “costos”, pasado ese periodo, la satisfacción aumenta con la práctica. Con el tiempo se alimentan nuevas demandas, nuevas posibilidades de ejercicio, nuevos retos. Por lo mismo, cuando no se cultivan, desaparecen (no se conservan como un “stock”). Sucede ejemplarmente con los derechos, que no se reclaman cuando se ignoran y que, al menos algunos de ellos, se olvidan cuando no se ejercen.
La segunda consideración se refiere al alcance de aplicación de la economía de la virtud. En algunas de las miradas liberales de los procesos participativos se asume una estrecha idea de la actividad política que excluye buena parte de las actividades importantes y cotidianas de las gentes y que convierte en vacuamente circular la descalificación que apela a la “falta de virtud pública”. Como progrenitores, trabajadores, vecinos, miembros de diversas comunidades, los individuos continuamente realizan actividades que les importar, que se desarrollan en escenarios públicos y que se traducen en la producción de bienes sociales; actividades en las que reclaman modificaciones, se sienten satisfechos o desilusionados de cómo van las cosas y procuran cambiarlas. Quienes defienden la escasez de virtud no parecen considerar políticos esos quehaceres. La política queda reducida a las actividades de los políticos profesionales en escenarios “públicos”, a aquellas que son retribuidas, precisamente porque no son, por sí mismas, retributivas. Desde luego, va de suyo que, con esa idea de la política, por definición, hay que concluir que no hay virtud cívica, disposición participativa: la escasez se sigue de la idea misma de política como “actividad orientada a la producción de bienes públicos que resulta ingrata y que es retribuida”. De ahí también, que, en esos términos, “naturalmente” se considere importante el costo de oportunidad, lo que se deja de obtener en una actividad alternativa: no se contempla la posibilidad de que el proceso mismo de “producir” política se contabilice como un “beneficio”.
Pero vayamos a la tesis, que, ante una mirada atenta, muestra la debilidad, en diverso grado, de sus dos pies: la escasez y la condición de bien no reproducible. En lo que atañe a la escasez, vale decir que hay la suficiente evidencia empírica para descalificar las antropologías monocordemente egoístas. Compromisos, lealtades, sentimientos de justicia forman parte de las motivaciones básicas --asentadas incluso biológicamente-- de las gentes.(22) Pero, en todo caso, no es el punto más importante. Es suficiente con la posibilidad de la virtud y ésta resulta indiscutible. Después de todo, la crítica a la democracia elitista, en cualquiera de sus versiones, no requiere negar la escasez de virtud. Es más, las iniciativas participativas encuentran buena parte de su justificación en el reconocimiento de que no hay infinita virtud, de que no se puede presumir ni la virtud generalizada (infinitos ciudadanos bastante virtuosos) ni un ciudadano (el rey sabio) con virtud infinita. La institucionalización de formas asociadas tradicionalmente a la participación (de control, de revocabilidad) busca precisamente corregir “las flaquezas de la virtud”, cancelar los procesos perversos de la deliberación de representantes más arriba vistos. La participación puede ayudar a corregir las limitaciones virtuosas de los representantes y, en ese sentido, a mejorar los procesos deliberativos. Porque no hay infinita virtud es por lo que es importante tanto su identificación como su desarrollo, dos retos ante los que fracasaba la democracia republicana elitista, que no la reconocía y la penalizaba.
Y con eso vamos directo al otro punto: al problema de la reproducibilidad de la virtud. La tesis de la economía de la virtud parece asumir que la disposición pública se da en una cierta cantidad y que, por ende, el único problema consiste en hacer un buen uso a través de un sistema institucional adecuado. Desde esa perspectiva no se contempla la posibilidad de que la propia configuración de las instituciones pueda contribuir a alentar la disposición participativa: si las instituciones son sordas nadie se molesta en hablar. Con ello se ignora que el que buena parte de las actividades públicas se juzguen costosas no es independiente de los diseños institucionales. Las instituciones alientan (o contienen) ciertos tipos de conductas más o menos públicas y, también, favorecen (o evitan) la disposición de los ciudadanos a “echar sus cuentas”(23). Por ejemplo, el escenario del mercado alimenta comportamientos de tipo homo oeconomicus, calculadores y egoístas, que, entre las diversas capacidades y disposiciones cognitivas de la mente humana, favorecen las que estructuran los procesos sociales en términos de costos/beneficios, de intercambios y mercadeos.
Muchas de las propuestas en favor de la participación arrancan de la convicción de que la virtud se puede reproducir y cultivar y que no es independiente de los diseños institucionales. El desarrollo de la virtud aumenta con su práctica y la configuración de los escenarios políticos tiene mucho que ver en ello. La participación tiene importantes consecuencias para la economía de la virtud, mejora las circunstancias de la deliberación, al favorecer sus condiciones cognitivas y propiciar la identificación, el cultivo y la correcta asignación de virtud:
1. La participación economiza las necesidades de virtud (de omnisciencia) al corregir importantes sesgos cognitivos frecuentes en los escenarios políticos y con ello mejora las condiciones de la deliberación. La deliberación, para ser buena, requiere de todos los datos y parte de esos datos son filtrados por sesgos cognitivos derivados de las experiencias vitales. La participación corrige los sesgos de información en la medida en que amplia el inventario de respuestas a los problemas, entre otras razones porque otorga voz a quienes los experimentan y acumulan buena parte del conocimiento que solo la práctica proporciona. También amortigua el sesgo práctico en tanto ayuda a ponderar los problemas. Como más arriba se apuntó, es conocimiento consolidado de la psicología social que ignoramos las experiencias a las que no estamos sometidos de modo continuo. Cuando los movimientos feministas insisten en que buena parte de la agenda política ha “estado escrita por hombres” están destacando algo más que una trivialidad. Incluso algo más que denunciar que los intereses de las mujeres no se han tenido en cuenta. No basta con saber que existe un problema, para calibrarlo en su exacta medida. Un jurado compuesto de blancos vecinos de Park Avenue no dispone de toda la información necesaria para entender la conducta de una madre hispana del Bronx. La sabiduría práctica no es solo cuestión de disponer de la buena información, es también sensibilidad para sopesarla. Por otra parte, también se corrige el sesgo de la indiferencia. Cuando se trata de instituciones políticas, orientadas por definición a la realización de acciones públicas, los escenarios políticos tienen que hacer algo más que penalizar al free-rider, tienen que alentar y ser permeables a las vocaciones públicas. En tanto que acciones, esto es, que intentos de introducir modificaciones, y en tanto que públicas, esto es, que afectan a todos, en su realización resulta importante el compromiso (la participación y las iniciativas) de los ciudadanos. Para asegurar la estabilidad y la eficacia, ese compromiso tiene que, de un modo u otro, ser sentido. La fuerza vinculante de un compromiso procede básicamente del reconocimiento de que se funda en razones (o emociones) de justicia y ese reconocimiento es más fácil de obtener cuando los ciudadanos han tenido que ver directamente en las decisiones, y lo saben. Finalmente, la aparición del sesgo del interés se complica cuando se impide que actúen los naturales mecanismos que, como sabemos desde Michels, llevan a los políticos más honestos a confundir su causa con sus intereses: el político que no tiene que dar cuentas necesita un enorme esfuerzo psíquico si quiere evitar el “endiosamiento”. En ese sentido, en la medida que la participación dificulta la aparición de los sesgos cognitivos, las versiones igualitarias del republicanismo disminuyen las necesidades de virtud de los representantes y se muestran más realistas acerca de la distribución de virtud que las versiones elitistas. Porque no existe el filosofo sabio y bondadoso es por lo que la participación corrige las flaquezas.
2. La participación favorece la identificación de virtud al disminuir la asimetría informativa. Con frecuencia, los defensores de las versiones elitistas de la democracia critican la ingenuidad de los defensores de la participación recordando el absentismo político de la ciudadanía, su escasa vocación pública. Con ese material humano, vienen a decir, poca fe se puede tener en la participación. El dato no es falso, pero hay cierta paradoja en su evaluación: resulta absurdo establecer unos diseños institucionales que funcionan sobre el modelo del ciudadano-consumidor (pasivo y desinformado) y después lamentar que los ciudadanos no parezcan dispuestos a participar. Nadie se preocupa en hacer oír su voz en una reunión de sordos. Lamentar su indiferencia es lamentar su racionalidad. Si las instituciones están pensadas para funcionar sin virtud, carece de sentido emplear virtud en ellas. La deliberación en el republicanismo elitista requería una notable virtud en unos pocos, virtud que, sin embargo, era incapaz de detectar, precisamente por la asimetría informativa sobre la que se fundaba. Los políticos tenían que ser excepcionalmente virtuosos y eso, por lo demás, no les servía de nada porque no podían transmitir su virtud. Por el contrario, la participación disminuye la asimetría informativa, proporciona mayores criterios de evaluación y permite detectar y por tanto alentar la virtud de unos representantes que saben que sus (buenos) comportamientos pueden ser reconocidos. Si, por ejemplo, el representante sabe que su desatención ante la iniciativa de sus electores será conocida por otros (y aquí la teledemocracia puede ser de provecho, cf. Supra nota XX) tendrá razones para atender y dar explicaciones. (24).
3. La participación incrementa la producción de virtud(25). El aumento de las posibilidades abiertas de participar alienta el crecimiento de las disposiciones públicas que la democracia necesita para funcionar. La virtud, aun si es un bien escaso, no es un bien no reproducible: aumenta con la posibilidad de su ejercicio. Como antes se dijo, al igual que sucede con las actividades autorrealizadoras y con ciertos derechos, que solo se reclaman cuando se sabe que existen, cuando se disfrutan y ejercen (de ahí el “conformismo” con su situación de las mujeres de la India, que no demandan lo que ignoran), los procesos de participación se retroalimentan. Si puedo hacer oír mi voz, tengo razones para hablar. Si hablo y me siento atendido, tengo razones para seguir participando. No hay que olvidar que los problemas de acción colectiva surgen, casi siempre, cuando los individuos creen que importa poco que cooperen o no, que su participación de nada sirve, en la obtención de la empresa común. Cuando se compara el indiscutible costo de la cooperación con la irrelevancia de la propia acción desde el punto de vista público, la voluntad cooperativa se desalienta. Por el contrario, cuando uno percibe que entre su elección de A (antes que B) y lo que puede llegar a suceder hay una relación causal no remota, empieza a pensar en qué hacer, a tomarse en serio la importancia de su acción para el éxito o el fracaso de la empresa. Además, también por esta vía se economiza virtud: la impresión de que “uno no cuenta” o de que “mi acción es irrelevante” no solo no resuelve problemas, sino que amplía la lista. No solo se trata de que, por no participar, no se realicen las tareas (públicas) que requieren colaboración, es que la falta de disposición genera problemas nuevos. Si creo que mi acción “no importa”, no participaré; si no participo, se complica la obtención del objetivo perseguido o, en todo caso, no me sentiré comprometido con lo que se decida; en uno u otro caso, el único modo de asegurar que “colaboro” (o que “no entorpezo”) es a través de una acción (pública) que asuma los costos de vigilarme, lo que reinicia los problemas. Los sistemas de vigilancia (o los complicados sistemas de incentivos) se hacen más necesarios cuando hay menos compromiso con las decisiones. No es independiente de la falta de control de la ciudadanía la necesidad de institucionalizar un auditor, un vigilante profesional que, a su vez, necesita ser vigilado, pues, claro, el vigilante puede sentirse tentado de pactar con el vigilado para “no molestarse”. Y lo mismo vale para el vigilante del vigilante. El resultado es la proliferación de los escenarios de información asimétrica, los que estaban en el origen del problema. Las decisiones en las que se participa y que se asumen, por previsibles procesos de corresponsabilidad, necesitan menos tutelas exteriores que penalicen a quienes no están por la labor. Como se dijo, la participación otorga fuerza vinculante a las decisiones. El vínculo entre “tomar parte en los procesos decisión” y “sentirse comprometido con la decisión” es inmediato. Y el compromiso es una condición del éxito de la realización de las decisiones. Las decisiones políticas recaen sobre comunidades. Si estas descreen de ellas, las sienten ajenas o creen que es cosa de ciertos profesionales, no se sentirán interesadas y, como consecuencia, las acciones políticas se frustran, lo que alienta el desaliento, la creencia en la ineficacia de la política. Es otra razón por la que la virtud presenta economías de escala.
Las líneas anteriores nos han dejado en las puertas de la democracia participativa y deliberativa, la democracia republicana de raíz igualitaria. No es el propósito de estas notas abordar su defensa, o tan solo indirectamente, a través de la crítica de las versiones elitistas de la democracia, la liberal, comprometida con el equilibrio de intereses y con la maximización de la libertad negativa, y la republicana, interesada en las decisiones más justas y en la minimización del consumo de virtud, rasgo este último que la aproxima a la perspectiva liberal. Como se acaba de ver, aun en sus propios términos, las dos muestran serias dificultades incluso para alcanzar los objetivos que las justifican, como sistemas colectivos de decisión, cada una a su manera. La crítica de esas ideas, y en especial, los argumentos en contra de la “economía de la virtud” del republicanismo elitista, que mostraban la importancia de la participación para la buena deliberación, en pasiva, eran argumentos en favor del republicanismo igualitario. En todo caso, que no sea la presente la ocasión de extenderse en la defensa de esa idea de democracia, no impide, al menos, mencionar los dos planos en los que esa defensa debería tener lugar, los mismos que inspiraban las preguntas que abrían estas páginas (¿qué democracia? ¿Para qué?), esto es: la fundamentación y el diseño institucional.
La justificación de la democracia republicana que aquí se ha avanzado tiene que ver con las decisiones más justas (o de mejor calidad normativa). Ello no excluye que se puedan abordar otro tipo de justificaciones(26). Cabría, por ejemplo, afirmar que la participación mejora las posibilidades de (auto)realización de los ciudadanos, que asegura el despliegue de unos talentos sociales propiamente humanos; también se podría apelar al autogobierno y a la igualdad de poder que, por definición, quedan seriamente limitados en toda forma de democracia electiva: en el acto de elección el ciudadano delega en otro la gestión de su escenario público y con ello de buena parte de su vida; el ciudadano siempre tiene menos capacidad de decisión que un político que a su condición de votante añade la posibilidad de votar sobre propuestas de leyes, de realizar propuestas y que toma decisiones en un parlamento en donde su voto tiene mayor repercusión (uno entre cientos) que el de su representado (uno entre millones).
La justificación que apela a la calidad de las decisiones, la ensayada aquí, se soporta en dos premisas. La primera (premisa epistémica) establece una relación conceptual entre la deliberación y la calidad de las decisiones(27). La segunda, (premisa democrática) asegura que la calidad de la deliberación está relacionada con los procesos participativos. Las dos premisas presentan una naturaleza distinta. La segunda premisa es empírica, apela a condiciones causales. Se ampara en una serie de relaciones que nos permiten afirmar que, como se ha intentado mostrar, a través de una serie de mecanismos (recogida de información, corrección de sesgos, disminución de la discrecionalidad de los representantes), la participación propicia la identificación y la buena asignación de virtud y, con ello, mejora la calidad de la deliberación. Por el contrario, la primera premisa establece una relación puramente conceptual: una correcta evaluación de las acciones a tomar requiere atender a las mejores razones y estás se calibran en un proceso de argumentación pública que permite corregir los juicios. La crítica a esta premisa ni siquiera se sabe muy bien en qué podría consistir: habría que proporcionar argumentos en contra de la argumentación. Conjuntamente, las dos premisas proporcionan una justificación consecuencial de la democracia republicana igualitaria: la participación se justifica porque aumenta la calidad de la deliberación y, con ello, “maximiza” las buenas decisiones.
La otra tarea se refiere a la traducción institucional(28). Desde un punto de vista general, el único que permiten estas consideraciones finales, lo que importa es reconocer la existencia de diversas motivaciones en los ciudadanos y sugerir la posibilidad de configurar las instituciones de tal modo que rescaten las disposiciones cívicas y se muestren cautelosas frente a las menos públicas. Las diversas formas de la democracia de competencia funcionan bajo una pauta de desconfianza generalizada en las posibilidades de virtud que castiga el “mal comportamiento” pero no concede posibilidades al “bueno”. El supuesto de fondo es la ausencia de vocación pública de la ciudadanía. Frente a la “pauta de la desconfianza”, cabe la posibilidad de conformar instituciones que también contemplen la posibilidad del comportamiento virtuoso; instituciones que, por supuesto, puedan funcionar con baja disposición pública, pero que también sean capaces de reconocer y alentar la virtud. Más exactamente, han de satisfacer dos requisitos:
a) principio de realismo de la virtud: las instituciones han de diseñarse asumiendo que los individuos no procuran el interés público por sí mismo. Como no hay razones para fiarse, hay que crear escenarios en donde cualquier que se salga de la pauta sea inmediatamente localizado y penalizado. Este principio inspira a los sistemas --mejor a ciertas interpretaciones-- de la separación vigilante (distinta de la separación funcional) de poderes, a los múltiples sistemas de vigilancia, control y penalización de las administraciones y, por supuesto, a ( la lógica de la desconfianza sobre la que se asienta) el mercado político: nadie se fía de nadie y todos tienen incentivos para denunciar a todos. El realismo de la virtud solo se muestra permeable a la información relacionada con “comportamientos negativos”. Se presume que los individuos carecen de toda disposición pública, que entienden la participación pública como un costo, que, si pueden, actúan pro domo sua. Las democracias de competencia son un claro ejemplo de diseños institucionales basados exclusivamente en realismo de la virtud.
b) Principio de posibilidad de la virtud: las instituciones han de diseñarse de tal modo que sean sensibles a las disposiciones cívicas de los individuos. En este caso, los escenarios se han de construir asumiendo la posibilidad –y el cultivo-- de la responsabilidad activa (de la autonomía, del buen juicio) de los actores(29). Acaso el mejor modo de presentar la responsabilidad activa es por contraposición a las diversas formas de responsabilidad pasiva --la propia de los funcionarios auditados—que acompañan al realismo de la virtud. En un sistema de realismo de la virtud, un individuo, aun si percibe o anticipa la posibilidad de un problema, solo se preocupa de su responsabilidad en el mismo. Si no existe, no tiene ninguna razón para advertirnos, antes al contrario, puede que no le resulte conveniente hacerlo: si se evita el desastre, nunca se sabrá si realmente tenía razón, y acaso se piense que no busca más que rentabilizar su parcela; si no se evita, se le puede acusar de agravar (o de desencadenar) las cosas. Por otra parte, en ese marco importan poco las consecuencias mediatas de los actos, basta con cumplir la reglas, aun si llevan al desastre. En tercer lugar, se procura que la autonomía de los agentes sea mínima, que las instrucciones se sigan sin atender a consideraciones, réplicas o deliberaciones. Tampoco se contempla la posibilidad de sopesar la norma adecuada, ponderarla, evaluar la gravedad de su transgresión: se trata de seguir la norma, sin lugar al juicio práctico que, por ejemplo, puede obligar a “superar el margen de velocidad” autorizado para llevar a un moribundo a un hospital. En un sistema de realismo de la virtud, no cabe la justificación o explicación de las decisiones distinta de la apelación a la necesidad de seguir la regla o de evitar la penalización. Por contra, el principio de posibilidad de la virtud invita a diseñar las instituciones de tal modo que resulten sensibles a la responsabilidad, la autonomía, el juicio práctico y la justificación razonada de las decisiones.
El reto consiste es explorar un diseño de las instituciones políticas basado en ambos principios, que sea permeable a los comportamientos virtuosos pero que no necesite permanentemente para su funcionamiento de unas conductas supererogatorias, moralmente sobreexigentes. En esas condiciones, las economías de la virtud de la democracia mejorarán y con ellas la calidad de las decisiones. Podremos empezar a experimentar porque, de verdad, es buena la democracia(30).
(1) En el camino, por supuesto, habremos perdido algo: la afirmación “la democracia es el mejor de los sistemas” habrá pasado de ser una tesis empírica, cuya veracidad, mal que bien, se puede determinar, a una estipulación, a una definición que establece que la democracia equivale (es) a “el mejor de los sistemas” ; operación que convierte la tesis en una tautología.
(2) El uso que aquí se hará de “virtud” se refiere (y limita) a “disposición a participar en actividades públicas”, en un sentido parecido al de R. Dagger, Civic Virtues, Oxford: Oxford U.P, 1997. Buena parte del problema que nos ocupa, sobre “economía de la virtud” (cívica), está apuntado en G. Brennan, A. Hamlin, “Economizing on Virtue”, Constitutional Political Economy, 6, 1995; G. Brennan, A. Hamlin, Democratic Devices and Desires, Cambridge: Cambridge U.P, 2000”. Desde luego no hace justicia a la noción ni a la matizada literatura sobre la ética de la virtud. Excelentes antologías del panorama actual en: E. Paul, F. Miller, J. Paul, (edts) Human Flourishing, Cambridge: Cambridge U.P, 1999; E. Paul, F. Miller, J. Paul, (edts), Virtue and Vice, Cambridge: Cambridge U.P., 1998; J. Champan, W. Galston, (edts.), Virtue, Nomos XXXIV, N. York: N. York U.P., 1992; D. Statman,. (edt.) Virtue Ethics, Washington: Georgetown U.P, 1997. Dos notables sistematizaciones recientes: G. Harris, An Agent-Centered Morality, Los Angeles: University of California Press, 1999; R. Hursthouse, On Virtue Ethics, Oxford: Oxford U.P, 1999. De tantos que son los matices, no ha de extrañar que una de sus principales teóricas acabe por recomendar el abandono de la noción de ética de la virtud, por polisémica: M. Nussbaum, “Virtue Ethics: A Misleading Category”, The Journal of Ethics, 3, 1999.
(3) Aquí se considera que el buen sistema de decisión es el que permite las buenas decisiones.
(4) Terminado ya este artículo tengo ocasión de leer el excelente trabajo de F. Laporta, “Los problemas de la democracia deliberativa”, Claves de razón práctica, 109, 2001 en el que contesta a una crítica anterior (R. Gargarella, F. Ovejero, Claves de razón práctica, 105) a un texto suyo (Claves de razón práctica, 99). Quisiera que este texto responda a algunas de sus críticas, porque lo que resulta indiscutible es que en su texto están las preguntas a contestar.
(5) En este epígrafe, y en algún otro más abajo, se recuperan algunos pasos de dos trabajos en curso de publicación: “Modelos de democracia y economías de la virtud”, en un volumen recopilado por J. Rubio Carracedo y “Addenda et corrigenda: democracia republicana y justificación epistémica” en una compilación realizada por A. Hernández.
(6) J. Elster habla de tres sistemas de decisión equiparables: deliberación, negociación y votación J. Elster (edt.), Deliberative Democracy, Cambridge: Cambridge U.P. 1998. En mi opinión, la votación no se sitúa en el mismo nivel, está siempre en la democracia (aun si implícita) y en el último momento. De ahí el matiz temporal del texto, ese “que llevan”. Siempre cabe distinguir entre las reglas de decisión (mayoría, unanimidad, etc.) y el mecanismo que lleva a decidir (deliberación, negociación). Aun si hay un fuerte vínculo entre unanimidad y negociación, de una parte, y entre mayoría y deliberación, de otra, no se trata de vinculaciones necesarias.
(7) . Un examen más detenido de la economía de la virtud debería manejarse en tres dimensiones: votantes con preferencias egoístas o públicas; representantes egoístas o virtuosos en su trato con sus votantes; representantes deliberadores o negociadores entre ellos. Un total de ocho escenarios diferentes de democracia de representantes (o de competencia). Cf. F. Ovejero, “Mercado y democracia” a aparecer en un volumen editado por A. Arteta, E. García Guitián y R. Máiz.
(8) El asambleísmo, en el plano teórico, se correspondería con los modelos de la teoría de la elección social., teoría que ha mostrado hasta la fatiga los problemas de la agregación de preferencias en una voluntad general mínimamente consistente. También cabría incluir en el asambleísmo propuestas como la de Ross Perot de sustituir el parlamento por permanentes consultas cibernéticas a los ciudadanos.
(9) Lo que no quiere decir que las condiciones de buen funcionamiento del mercado económico equivalgan a las condiciones de buen funcionamiento del mercado político. En realidad, el “mercado” político se parece muy poco a un mercado económico excepto en que ambos “ consiguen” el buen resultado social a partir de la competencia entre agentes que carecen de motivación social. En un mercado político “perfecto”, los votos se podrían comprar, vender y acumular. Los ciudadanos no estarían “atados” al voto, no serían votantes, ciudadanos, sino que tendrían (un derecho de propiedad a) votos. La igualdad inicial, en el mejor de los casos, quedaría garantizada si cada uno tien su propio voto. Después, según sus preferencias, podrían intercambian libremente: los que no tienen interés en votar venderían su voto a quienes si tienen.
(10) Esto también se da en el mercado económico, por otra vía: si no tienes dinero, nadie estará interesado en atender tus necesidades, por más importantes que sean.
(11) Una reciente investigación recogida en los periódicos mostraba que la “composición” lingüística del Parlament de Cataluña (procedencia exclusivamente catalana) tenía poco que ver con la diversidad (castellano y catalán) de la sociedad catalana. No es temerario conjeturar que esa singular composición tiene sus consecuencias en la configuración de la agenda política.
(12) Sobre su alcance (muestra que “buena parte del la economía tradicional está asentada en arenas movedizas”) e implicaciones (por ejemplo: “la separación estándar entre eficiencia y equidad resulta insostenible con información impoerfecta”, esto es, casi siempre): J. Stiglitz, “Te Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics”, The Quarterly Journal of Economics, noviembre, 115, 4, 2000.
(13) Por eso, cuando se quiere atender a consideraciones éticas, hay que violar algún principio liberal. Así, quienes quieren tener en cuenta a las futuras generaciones, y asumen que las preferencias ciudadanas son las que se dan en el mercado político, ajenas a consideraciones de justicia o bien público, se ven obligados a violar la neutralidad liberal. Por ejemplo, Ph. Van Parijs, para evitar que el progresivo peso electoral de los ancianos tenga consecuencias perversas, cuestiona el sistema de “un hombre, un voto” y sugiere diversos propuestas que otorgan más peso a los más jóvenes (p.e. las madres solteras podrían tener más votos, o ponderar según la esperanza de vida), “The disfranchisement of the elderly and other attempts to secure intergenerational justice” (manuscrito). La justicia se ha de asegurar desde fuera de –y frente a—la democracia.
(14) J. Waldron, Liberal Rights, Cambridge U.P.: Cambridge, 1993, p. 36.
(15) El republicanismo unas veces se carga con tintas comunitarias y otras con tintas liberales (ver la polémica entre P. Pettit (Republicanismo, Barcelona, Paidós, 1998) y M. Sandel (Democracy’s Discontent, Cambridge: Harvard U.P.1996) en A. Allen, M. Regan (Allen, A.; Regan, M. (edt.) Debating democracy Discontent, Oxford: Oxford U.P.1998; unas veces aparece igualitario y otras aristocrático D. Carrithers, (“Not So Virtuous Republicans”, Journal of the History of Ideas, 52, 21, l991); unas veces insiste en la participación (A. Fraser, The Spirit of the Laws, Toronto: University of Toronto Press, 1990) y otras en la división de poderes y la constitución (C. Sunstein, "Beyond the republican revival", The Yale Law Review, 97); unas se satura de acentos patrióticos (M. Viroli, For Love to the Country, Oxford: Oxford U.P. 1995) y otras descree de las patrias y los derechos de los pueblos (J. Habermas, La inclusión del otro, Barcelona: Paidós, 1999). Hay profundas discrepancias en asuntos tan centrales como el papel de la deliberación, de la representación, de la división de poderes, la idea de libertad, las necesidades de virtud o el grado de comunidad. A lo que se añade una genealogía disputada entre quienes miran a Grecia (Rahe) quienes miran a América (G. Wood, The Creation of American Republic 1776-1787, Chapel Hill: University of North Carolina Press.1969), a las repúblicas italianas (J. Pocock, The Machiavellian Moment, Princeton: Princeton U.P. 1975), a Francia (C. Nicolet, L’idée republicaine en France(1789-1924), París: Gallimard, 1982; P Rosanvaillon, Le peuple introvable. Histoire de la représentation démocratique en France, París: Gallimard, 1998; La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France, París: Gallimard, 2000), y aun al cristianismo (A. Black, “Christianity and Republicanism”, American Political Science Review, 91, 3. 1997; para una crítica de esa conexión: A. Doménech, “Cristianismo y libertad republicana”, La balsa de la Medusa, 51, 1999). Para algún intento de seguir el itinerario del concepto:D. Rodgers, “Republicanism: The Career of a Concept” (The Journal of American History, Junio 1992) y el monumental y tortuoso P Rahe, Republics Ancient and Modern, III vols. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994.
(16) Y en la medida que, como se verá, la deliberación resulta imposible sin algún grado de virtud, también cabría asociarla a la virtud. Y, por lo mismo, con la autorrealización, en la medida que la virtud tiene que ver con el ejercicio, con el despliegue, de lo más excelente que hay en los ciudadanos
(17) La desigualdad de (la posibilidad de ejercer) poder hace más probable la intervención arbitraria del político. Si coincidimos en que el republicanismo está comprometido con la idea de libertad como no dominación (P. Pettit, op. cit) , esto es, con la protección frente a la posibilidad del poder arbitrario, estamos obligados a conceder a la democracia republicana igualitaria mayores credenciales republicanas que a la elitista.
(18) J. Ferejhon, “Must preferences be respected in democracy?”, en D. Copp, J. Hampton, J. Roemer (edt.), The Idea of Democracy, Cambridge: Cambridge U.P., 1993.
(19) Para la explotación hasta la exageración de esa interpretación (como algorítmo genético) de la selección natural: D. Dennet, Darwin’s Dangerous Idea, N. York: Simon, Schuster, 1995.
(20) En esto, por cierto, la actividad pública guarda no pocas semejanzas con el cultivo de la amistad: también ésta tiene el tiempo como “input” fundamental y, por ende, no puede mejorar fácilmente su productividad; pero, claro, ese tiempo de “producción” es también tiempo de “consumo” y disfrute. Se trata de los llamados bienes relacionales, C. Uhlander, “Relational Goods and Participation”, Public Choice, sept. 1986.
(21) Esto no es plenamente verdad. Por ejemplo, las nuevas tecnologías de la información pueden abaratar enormemente la deliberación y la participación: información sin costos y para todos, diálogo (horizontal y vertical) sin importar distancias, acceso a diversas comunidades. F. Ovejero, “Nueva sociedad y viejas ideas, ¿por qué no?”, intervención en el seminario organizado por la Fundación Botín y dirigido por F. Jarauta “Nueva Economía y Nueva Sociedad” (en curso de publicación);. Asimismso, cf. A. Wilhelm, Democracy in the Digital Age, Routledge, Londres, 2000.
(22) Dicho esto, inmediatamente hay que añadir que si resulta fácil refutar la conjetura de que los hombres son unos egoístas puros, no es menos sencillo --seguramente lo es más-- mostrar que tampoco son unos altruistas. Si la experimentación se orientase a mostrar que las gentes, con frecuencia, van a la suya, los resultados no serían difíciles de obtener. Para una crítica detallada del monismo antropológico liberal, en F. Ovejero, Sombras liberales, cap. I. (en curso de publicación).
(23) F. Ovejero, “Del mercado al instinto (o de los intereses a las pasiones)”, Isegoría, 18, 1998.
(24) Aún si aquí se sigue hablando de “representantes”, la intensificación de los mecanismos participativos supone inevitablemente una modificación de las funciones de los representantes, una variación del concepto. Como se dijo más arriba, la participación no es una propiedad que solo tome dos valores (sí o no) sino que admite grados asociados a formas de control sobre “los representantes”.
(25) Para ideas al respecto: J. Mansbridge, “Does participation make better citizens?”, Civnet, 1,3, 1997.
(26) Hay una poderosa razón a favor de la presente justificación: lo propio de la democracia es la toma de decisiones colectivas. La autorrealización y la igualdad de poder tiene un vínculo menos exclusivo con la democracia; o de otro modo, tienen un alcance mucho más amplio, hay muchos modos de autorrealizarse y muchos escenarios en donde la igualdad de poder puede exigirse, amen de que caben diversas acepciones (al menos, ocho) de la idea de igualdad de poder. Por lo demás, para autorrealizarse es condición que se realice algo (y bien); lo que hace siempre indirectas las justificaciones desde la autorrealización, subordinadas a otro objetivo: la realización de algo. También se ha intentado una justificación republicana que relaciona la participación en la deliberación como una forma de promover contestability frente al gobierno, de cuestionar sus razones, y, de ese modo, evitar los peligros de la tiranía de la mayoria o de la élite y, por ende, evitar las intromisiones arbitrarias: P. Pettit, “Deliberative democracy and the Doctrinal Paradox” (manuscrito). Desde luego, poco queda ahí de la calidad de las decisiones.
(27) Hay un aspecto que no se menciona aquí y que también se refiere a la calidad de las decisiones que arrancan con preferencias deliberadas: la capacidad para evitar los problemas de la agregación de preferencias en una voluntad general consistente: cf. J. Dryzek, Ch. List, “Social Choice and Deliberative Democracy: a Reconciliation” (manuscrito); F. Ovejero, “Mercado y democracia”, art. cit.
(28) Los juicios que siguen se manejan en un notable grado de abstracción. Con todo, no faltan las experiencias. Entre ellas, muy destacadamente, la de Porto Alegre, sobre la que gravitaron buen parte de las intervenciones de la conferencia celebrada en Madison, en enero del 2000, Deepening Democracy: Experiments in Empowered Deliberative Democracy, January, 2000. Cf., entre otros, A Fung, E. Wright, "HYPERLINK "deliberative.html"Experiments in Deliberative Democracy" (manuscrito); asimismo, cf: I.McLean, C. List, J. Fishkin, R. Liskin, “Can Delibeation Induce Greater Preference Struturation? Evidence from Deliberative Opinion Polls”, (manuscrito, 2000).
(29) Para exploraciones provechosas: M. Bovens, The Quest for Responsibility, Cambridge: Cambridge U.P., 1998; R. Goddin (edt.), The Theory of Institutional Design, Cambridge: Cambridge U.P. 1996. Con más detalle, estos argumentos se han expuesto en F. Ovejero, Sombras liberales, op. Cit. Cap. 3.
(30) Estas notas se han beneficiado de los precisos comentarios de Ernest Weikert .
Formulario de suscripción gratuita
a las Novedades del Programa
| Iberoamérica: unidad cultural en la diversidad |
Buscador | Mapa del sitio | Contactar
| Página
inicial OEI |