Estado y cultura

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Hasta la década de los 50

Si bien puede parecer aventurado establecer rasgos generales de una acción cultural en el Imperio de los Incas, es evidente que una estructura política administrativa, económica y social tan compleja y presente en un inmenso territorio, que involucraba la existencia de muchos pueblos y culturas, tenía que enfrentar algunos retos en el tratamiento de los aspectos de política y organización cultural. El proceso de expansión territorial enfrenta al Tawantinsuyo con muchas culturas y pueblos que poseían diferentes lenguas, costumbres, religión y tradiciones, en ese sentido, la definición de un lenguaje común y de ciertas manifestaciones que contribuían a integrar esos territorios al Incario, fueron elementos originales de una política cultural que si bien no era entendida como tal o como lo que hoy podemos comprender, si cumplía una función objetiva y práctica para los designios del Inca. Sobre esos elementos claramente impuestos, subyacía la aceptación de las particularidades culturales locales en sus múltiples manifestaciones, incluyendo la conservación de las lenguas autóctonas. La configuración de un mosaico cultural en el mismo Cusco, producto de la permanencia de elites e individuos procedentes de todos los ángulos del Imperio, contribuía a consolidar la existencia de una multiculturalidad aceptada por el poder político superior. Los lineamientos que caracterizan la existencia de una cierta educación formalizada, con la presencia de amautas o maestros y lógicamente de estudiantes, también pueden ser considerados dentro de una política que tenía como fin consolidar las tradiciones, costumbres y conocimientos existentes. Si entrar en mayores detalles, los elementos señalados, entre otros, pueden contribuir a una percepción básica de una relación entre el poder político y religioso incaico con los procesos culturales.

Con la conquista, las estructuras andinas sufrieron una violenta y traumática modificación; "el mundo oscureció" ante la imposición de la cultura occidental europea que empezó a extenderse por todos los rincones del Perú. Ese proceso no llegó a asfixiar o liquidar totalmente lo prehispánico, pues debajo de lo occidental subsistieron rasgos culturales profundamente andinos y aún en la síntesis, que necesariamente se produjo, los elementos occidentales convivieron con sus pares andinos. España traslada al Perú su cultura y en síntesis con las culturas locales, configura un nuevo mundo con rasgos y dinámica propia; los defectos o ventajas de la cultura quinientista hispánica se reproducen en el Perú, bajo el signo de intereses políticos, económicos o religiosos.

La difusión del conocimiento permite la organización de escuelas y universidades en el mas breve plazo; la reproducción del sistema educativo español nutre de conocimientos a elites permanentemente receptivas, que conforme avanzaban los siglos de dominación virreinal, evolucionaron y alcanzaron nuevos niveles de información. Como expresión de una dinámica cultural renovada, la temprana impresión de libros fue seguida, mas adelante, por la difusión de publicaciones periódicas, que si bien se enfrentaban a una rigurosa censura contribuyeron a consolidar la razón y el conocimiento. Debajo de ello, las culturas populares permanecían desarrollando manifestaciones que iban desde un sincretismo pragmático a expresiones amplias y abiertas de antiguas tradiciones; la fiesta, la música, la tradición oral, los vestidos, entre muchos otros elementos, reflejaban el sentir y vivir de los diferentes pueblos y estratos sociales del Virreinato. En donde los dogmas religiosos aparecían no había forma de subvertir frontalmente el orden pero, aunque disfrazadas, ciertas persistencias recordaban "el antiguo mundo"; también, ocasionalmente, necesidades políticas determinaban prohibiciones o limitaciones a determinadas manifestaciones culturales. Aún entre lo plenamente occidental, una cultura mestiza y una cultura andina emergían con fuerza asumiendo lo europeo pero también preservando lo propio.

Complejo universo de manifestaciones culturales que en intensa dinámica se transformaba y enriquecía con aportes de todos los sectores de la población del virreinato del Perú.

Con el siglo XVIII, el siglo de las Luces o de la Razón, nuevos conocimientos y actitudes se van definiendo y penetrando en la población, haciendo posible un discurso ilustrado que si bien solo toca a las elites, penetra en los otros estratos sociales a través de múltiples mecanismos. En ese contexto, el proceso de independencia va madurando y la aparición de un Perú independiente señalará nuevos derroteros en la vida cultural del país.

Con la Independencia se pueden encontrar los primeros hitos concretos de una relación entre el Estado y la cultura; el primero puede ser el Decreto de fundación de la Biblioteca Nacional por el Libertador Gral. José de San Martín (28 de agosto de 1821) y el segundo, el análisis de las primeras bases para la constitución política del Perú (1822), que recogen una preocupación por la educación y la cultura, que aunque todavía mantiene rezagos virreinales, especialmente en el tratamiento a la población autóctona, ya percibe la necesidad de una mayor educación y cultura para todos los habitantes del país. Un estudio de las sucesivas constituciones va evidenciando una preocupación permanente por el tema de la cultura y la educación pero que en la práctica se presenta alejada de las reales manifestaciones de la vida cultural de la época. Esa distorsión, que nace de un sincero y adecuado compromiso con los ideales de cultura y educación de su época por parte de los legisladores, contrasta con la realidad y define una distancia entre la teoría y la praxis, que es alimentada cada vez mas por la ineficacia de las pocas acciones tomadas y por la falta de un conocimiento de la compleja realidad cultural del Perú. Es quizás el manejo del llamado "problema indígena" lo que pone en evidencia las distorsiones profundas en la buena voluntad de un Estado que sigue actuando dentro de objetivos de imposición del modelo occidental y cristiano. Sin embargo, ello no impide que se visualice la necesidad de conservar el patrimonio cultural nacional y de crear algunas instituciones, que a la luz de la experiencia de otros países, podían contribuir a la definición de una particular cultura nacional; expediciones científicas, fundación de Museos, ateneos culturales y literarios, aparición de orquestas y en términos generales, la consolidación de una relativa política educacional, van perfilando los rasgos generales de la política del Estado en esos sectores.

Fácilmente se advierte que la percepción de gobernantes y legisladores es muy clara en el campo de la educación pero no lo era tanto en el campo de la cultura, pues ninguno de los gobiernos del siglo XIX planteó una propuesta concreta en lo que a política cultural se refiere; lo poco que surgió fue coyuntural, inorgánico y aislado, por lo que sus efectos en el plano cultural nacional fueron mínimos; por otra parte, la misma multiculturalidad del país, encasillada bajo el nombre de "problema del indio" impedía acciones claras en el terreno cultural.

Con el inicio del siglo XX se producen cambios en la relación entre Estado y Cultura. En términos de patrimonio cultural la protección de todo lo prehispánico es definida claramente a través de una serie de disposiciones (1911 - 1912); anteriormente se habían dado acciones en el campo de la promoción y el cultivo de la historia nacional, con la creación del Instituto Histórico del Perú (1903) y la Colección de Autores Peruanos (1906). Por esos años también se protegió y promovió la música y las artes, con la creación de la Academia Nacional de Música y la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Fueron los primeros veinte años del siglo XX tiempos de efervescencia y preocupación cultural pero que mas que plasmarse en algunos dispositivos pioneros, reflejó un estado de ánimo en las elites sociales y políticas; incluso la percepción de lo indígena va alcanzando nuevas características frente a los analistas culturales y políticos y frente a la percepción general de la población no andina. La dinámica y espontánea actividad cultural se va desarrollando en todos los contextos, inclusive ciudades del interior del país van mostrando una preocupación que va mas allá de las decisiones y disposiciones del Estado o de los gustos o sensibilidades de las elites; a todo ello contribuye el proceso social que vive el Perú en esos momentos.

Con el gobierno del Presidente Augusto B. Leguia se consolidan los pasos iniciales que se habían dado en torno a los dos grandes temas culturales, el tratamiento a los indígenas y la protección del patrimonio cultural; así, en la Constitución promulgada en enero de 1920 se reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas y se enfatiza la necesidad de proteger a la raza indígena y asimilarla dentro del conjunto de la vida nacional; en términos de conservación de patrimonio se define la primera Ley general sobre Patrimonio Cultural (junio de 1929) en donde ya se precisa que la propiedad del Estado sobre los objetos y monumentos arqueológicos, es inalienable e imprescriptible; también se toman medidas concretas al restaurarse diversos templos coloniales y al crearse los Museos Bolivariano y de Arqueología Peruana. Con la caída de Leguía y la definición de la Constitución de 1923 se dan nuevos pasos en la definición de una política indigenista y se precisa la obligación del Estado en proteger el patrimonio cultural; entre otras cosas se establece el Registro de Especies Arqueológicas (1930) y se da la Ley que funda la Orquesta Sinfónica Nacional (1938). Son tiempos en donde el debate ideológico se acentúa, así como también el centralismo; por otra parte, las actividades culturales siguen en expansión alimentadas por la reflexión teórica y las nuevas necesidades de consumo de ciertos sectores de la sociedad.

El gobierno de Manuel Prado (1939 -1945) promueve cambios importantes en la relación Estado y Cultura, ya que en 1941 se promulga la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, en donde se define la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural, sector encargado de promover las actividades artísticas y culturales en el país.

A ese organismo se incorporan los museos y bibliotecas así como la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica Nacional; incorpora también nuevas tareas en relación con la radiodifusión y cine educativos y los Patronatos Escolares; establece también contactos con el Patronato Nacional de Arqueología y el Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos Históricos. Es pues, el primer intento de englobar en un solo organismo diferentes aspectos y funciones de la vida cultural del país. Dentro de ese marco, en 1942 se crean los Premios Nacionales de Fomento a la Cultura con el objetivo de estimular la producción cultural; los gobiernos que suceden al de Prado mantienen y también amplían las funciones de dicho organismo de cultura creándose nuevas instituciones como la Escuela Nacional de Arte Escénico (1945), el Conservatorio Nacional de Música (1946), la Compañía Nacional de Teatro y otras instituciones afines. Así mismo, se va regulando cada vez mejor la protección del patrimonio cultural, tanto en los aspectos de legislación como en las tareas de conservación y restauración.

Después de la década de los 50

A pesar de los avances importantes que se logran antes de 1950, se sigue presentando un distanciamiento entre ese primer esfuerzo de política cultural estatal y la realidad nacional; en un contexto en donde ya al inicio de la década del 50 se va produciendo una migración importante a las ciudades de la costa y en donde van emergiendo en dinámica y apresurada síntesis, nuevas manifestaciones culturales producto de esos desplazamientos, la realidad desborda los intentos de definir una política cultural; además, en ese periodo se va advirtiendo los inicios de una especie de mono culturalismo que va privilegiar a la cultura occidental y específicamente a formas clásicas del arte. Así pues, queda todavía alejada de la percepción estatal los aspectos relativos a la cultura de masas y a la propia multiculturalidad del país.

La revolución militar que trae abajo el segundo gobierno de Manuel Prado (1962), dedica un espacio a las decisiones concernientes a la cultura al crear la llamada Comisión Nacional de Cultura, con el fin de consolidar la cultura nacional en sus múltiples manifestaciones; pero lo importante es que como ente ejecutivo de esa Comisión se crea la Casa de la Cultura del Perú que implica un intento de modernizar y estructurar eficientemente los diferentes ámbitos del sector cultura; fue así que todas las entidades culturales estatales pasan a depender de la Casa de la Cultura. Conciliando con las preocupaciones esbozadas en su reglamentación, la presencia en la Dirección de la Casa de la Cultura, de un eminente escritor como José María Arguedas, generó una nueva orientación que buscó potenciar todas las manifestaciones culturales y en especial aquellas ligadas a las clases populares. No descuidó la tarea de defensa del patrimonio cultural ni la proyección de las diversas actividades culturales como el folclore, la música clásica, el teatro, entre otras, a los diversos contextos sociales no solo limeños sino del país en general. Mas adelante, la Ley de Fomento de la Cultura (1965), precisó los objetivos generales del Estado en el campo cultural así como también reconoció las múltiples manifestaciones culturales presentes en el territorio peruano, dentro de un respeto a la creación individual y colectiva; de esa manera en esa Ley se realizó el primer esfuerzo concreto por parte del Estado en definir una política cultural para el país. Otros campos se fueron abriendo a la reglamentación y la reflexión: el refuerzo de los derechos de autor, los beneficios tributarios que genera el apoyo a la cultura, las exoneraciones tributarias a medios de difusión cultural o los dispositivos que promueven el perfeccionamiento académico y profesional de las personas ligadas al quehacer cultural. Este primer ensayo de relativo aliento y con intelectuales reconocidos en la conducción y toma de decisiones, se cierra cuando en 1971 se crea el Instituto Nacional de Cultura.

La revolución militar del Gral. Juan Velasco Alvarado, dentro de la corriente reformista y radical que lo lleva a remover los cimientos de un Perú influido por ciertos grupos tradicionales, toca inexorablemente el campo de la cultura. Dentro del plan de desarrollo gestado al interior del gobierno, las exigencias de lograr una sociedad mas justa y libre de toda discriminación, lleva a la promulgación de la Ley Orgánica del Sector Educación (mayo de 1971), en donde se crea el Instituto Nacional de Cultura, que será definido en su organización y funciones por un Decreto Ley en el siguiente año. El Instituto Nacional de Cultura nació como un organismo público descentralizado del sector educación, con el fin de proponer y ejecutar la política cultural del Estado y proteger y conservar el patrimonio cultural de la Nación, buscaba también difundir la cultura en todos los contextos sociales y favorecer la creatividad de la población. La Dirección Nacional era el cargo mas alto dentro del organigrama, la cual era apoyada por órganos asesores de apoyo y de consulta; varias direcciones técnicas abordaban los ámbitos mas importantes del quehacer cultural, así como numerosos órganos de ejecución se integraban a la estructura orgánica del I.N.C.; otro rubro importante era su presencia en todo el territorio nacional a través de filiales en las diferentes capitales de departamento.

Con el I.N.C. se fueron definiendo apoyos sustanciales al quehacer artístico, literario y científico del país; entre premios y becas se pretendía estimular la creación cultural aunque con las limitaciones que imponía la situación económica del país. Producto también de esa etapa inicial fue el documento titulado Bases de la Política Cultural de la Revolución Peruana, que recogía los fundamentos teóricos que animaban la política cultural de ese gobierno. Muchas actividades, publicaciones y eventos se realizaron durante la etapa del gobierno militar.

En 1980 retorna la democracia bajo una nueva Constitución en donde el tema de la cultura se dispersa en numerosos títulos y capítulos, que responden a una auténtica preocupación de los legisladores pero sin un fundamento sólido e integrador, lo cual genera diversas críticas, muchas de ellas acertadas. Esa falta de coherencia no impide que los elementos contenidos en ella no hayan propiciado acciones concretas a favor de la cultura. Así, durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, se intentó replantear la organización y funciones del I.N.C., así como también se limitaron algunos de los alcances ya logrados como el reconocimiento del multiculturalismo y la planificación cultural. En la práctica, diferentes dispositivos iban separando del I.N.C. organismos como la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, la Escuela Nacional de Música y la Escuela Nacional de Bellas Artes. Sigue presente el Consejo Nacional de Cultura como ente que formula y coordina la política cultural del país y del cual el I.N.C. es ejecutor. Por otra parte, la Ley Orgánica de Municipalidades (1984) asigna a las Municipalidades responsabilidades en el campo de la cultura, lo cual propicia la creación de organismos al interior de los gobiernos locales que desarrollan y promueven actividades culturales. Otro aspecto importante en esa etapa es la promulgación de la Ley de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación (1985), que generó intenso debate, pues algunos consideraban que no propiciaba una verdadera protección del patrimonio cultural, sin embargo constituye una base importante para tal efecto. En medio de discusiones sobre la pertinencia o no de la intervención del Estado en áreas tan delicadas como la creatividad, en la realidad de su alejamiento de las funciones que debería tener en el campo de la difusión y promoción cultural, así como su desentendimiento de la realidad multicultural del país, se produjo una progresiva pérdida de presencia del Instituto Nacional de Cultura.

Con el gobierno de Alan García Pérez (1985-1990) se generaron ciertos vientos de cambio en las tradicionales relaciones entre Estado y Cultura; uno de los aspectos mas importantes fue la acción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que publicó mas de 3000 libros que recogían el producto de investigaciones científicas y de la creatividad artística de muchos peruanos, además se concedieron miles de becas de post grado en las universidades del país. Decisiones personales del Presidente, como la de crear el Museo de la Nación en el antiguo Ministerio de Pesquería, fueron ejemplo de un particular interés por el campo de la cultura; a dicho museo se pretendió trasladar toda la riqueza arqueológica depositada en el antiguo Museo Nacional de Arqueología de Pueblo Libre, lo cual felizmente no se realizó debido a que la infraestructura asignada no reunía las condiciones para albergar un museo de tal magnitud. En ese gobierno se promovió también la realización de gigantescos eventos culturales y la realización de congresos y eventos académicos de diferente naturaleza; por otra parte, se acentuaron los mecanismos de protección al patrimonio cultural, que ya no solo implicaban el antiguo saqueo de la riqueza arqueológica sino también presentaba nuevas formas como la invasión por parte de asentamientos humanos de los diversos sitios arqueológicos, con lo que se generaban problemas que trascendían el ámbito cultural y penetraban en los contextos económicos y sociales. También es de resaltar que en esa etapa se alcanzó la declaración de "Patrimonio Cultural de la Humanidad" para varios monumentos y sitios arqueológicos y naturales.

Sucedió a García Pérez, el largo periodo de gobierno de Alberto Fujimori, en donde se evidenció mas que un interés genuino e intenso por el quehacer cultural, un proceso de afinamiento del aparato burocrático relacionado con cultura, básicamente representado por el I.N.C. En ese sentido, las tres primeras Direcciones Nacionales buscaron reorientar los pocos recursos que les asignaba el Estado tratando de racionalizarlos y de incrementar los ingresos propios para así compensar las limitaciones económicas tradicionales del sector. Poco se pudo hacer para estimular y propiciar un mejor reconocimiento económico en la importante tarea de cientos de servidores del I.N.C. y tampoco se pudo satisfacer necesidades en materiales, equipos, técnicos y científicos; sin embargo, el organismo siguió funcionando. Coincide con el periodo la recuperación de la imagen arqueológica peruana con importantes hallazgos e investigaciones como las del Señor de Sipán, la dama de Ampato o la Ciudadela de Caral, todo ello concitó la atención mundial y obligó al Estado peruano a poner mas atención en ese campo; por otra parte, el plan político de incremento del turismo, necesariamente pasaba por una concertación de esfuerzos con el sector cultural, cosa que si bien no se realizó en términos reales si produjo resultados espontáneos. Como siempre la escasez de recursos económicos limitó el accionar de un Estado que no tenía una política cultural definida ni tampoco le interesaba tenerla, todo quedó librado a los esfuerzos individuales de las autoridades de los organismos estatales y al apoyo del sector privado, que en los últimos años fue incrementándose notablemente.