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Gobernanza universal. Medidas políticas para la sostenibilidad

Hemos de reconocer que no es posible abordar solo localmente problemas como el cambio climático, el agotamiento de recursos vitales, la pérdida de biodiversidad o la reducción de la pobreza y la marginación, que afectan a todo el planeta. Se precisa urgentemente una coordinación planetaria capaz de impulsar y controlar las necesarias medidas “glocales” –es decir, a la vez locales y globales- en defensa del medio y de las personas, para reducir el impacto de las actividades humanas y hacer posible un futuro sostenible. Se trata de impulsar un nuevo orden mundial, basado en la cooperación y en la solidaridad, con instituciones que sean expresión de nuestra ciudadanía planetaria común, capaces de superar la competitividad destructiva y la imposición de intereses particulares que resulten nocivos para la población actual o para las generaciones futuras.

Vivimos una grave situación de emergencia planetaria que obliga a pensar en un complejo entramado de medidas, tecnocientíficas, educativas y políticas, cada una de las cuales tiene carácter de conditio sine qua non, sin que ninguna de ellas, por sí sola, pueda resultar efectiva, pero cuya ausencia puede anular el efecto de las que sí se apliquen: se ha comprendido, en efecto, que no basta con desarrollar una Ciencia y Tecnología para la Sostenibilidad o una Educación para la Sostenibilidad; son precisas igualmente medidas políticas que garanticen las auditorias ambientales, la protección de la diversidad biológica y cultural, la promoción de tecnologías eco-amigables y sostenibles mediante políticas de I + D y una fiscalidad verde que favorezca el consumo responsable y penalice el hiperconsumo y las actuaciones contaminantes, etc.

Pero tampoco basta con políticas locales o estatales; hemos de reconocer que no es posible abordar solo regionalmente problemas como la Lucha contra la contaminación, Frenar el cambio climático, Poner fin al agotamiento de recursos vitales, proteger la Biodiversidad o lograr la Reducción de la pobreza y la marginación, que afectan a todo el planeta (Duarte, 2006); que se precisa urgentemente una integración planetaria capaz de impulsar y controlar las necesarias medidas “glocales” –es decir, a la vez locales y globales (Novo, 2006a y 2006b)- en defensa del medio y de las personas, para reducir el impacto ecológico de las actividades humanas antes de que se sobrepasen los límites del planeta (Rockström et al., 2009) y el proceso de degradación sea irreversible (Vilches y Gil Pérez, 2003).

Sin embargo, son muchos los que denuncian las consecuencias del actual vertiginoso proceso de globalización, que se está traduciendo en aumento de los desequilibrios. Pero el problema no está en la globalización sino, precisamente, en su ausencia (Giddens, 2000; Estefanía, 2002): ¿Cómo se puede denominar globalizador un proceso que aumenta los desequilibrios? No pueden ser considerados mundialistas quienes buscan intereses particulares, en general a corto plazo, aplicando políticas que perjudican a la mayoría de la población, ahora y en el futuro. Este proceso tiene muy poco de global en aspectos que son esenciales para la supervivencia de la vida en nuestro planeta.

La expresión “globalidad responsable”, que fue el lema del Foro Económico Mundial de 1999, suponía el reconocimiento, por parte de los líderes de la economía mundial, de la ausencia de control o la irresponsabilidad con que se estaba desarrollando el proceso de “globalización”. Por ello, frente a este foro predominantemente económico, surgió el Foro Social Mundial en Porto Alegre, a favor de una mundialización real que defiende la existencia de instituciones democráticas también a nivel planetario, capaces de gestionar los bienes públicos globales, patrimonio común de la humanidad, y de evitar su destrucción por quienes solo velan por sus intereses a corto plazo.

Como señala Sachs (2005, pp. 493-494): “El movimiento antiglobalización debería movilizar su vasto compromiso y fuerza moral en un movimiento pro globalización en defensa de una globalización que abordara las necesidades de los más pobres de entre los pobres, del medio ambiente global y de la extensión de la democracia (...) una globalización de las democracias, la acción multilateral, la ciencia y la tecnología, y un sistema económico global concebido para satisfacer las necesidades humanas”.

Empieza a comprenderse, pues, la urgente necesidad de una integración política planetaria, plenamente democrática, capaz de impulsar y controlar las necesarias medidas en defensa del medio y de las personas, de la Biodiversidad y de la Diversidad cultural o étnica, que constituyen patrimonios de la humanidad, es decir, “bienes públicos globales”, antes de que el proceso de degradación sea irreversible. Se trata de impulsar un nuevo orden mundial, basado en la cooperación y en la solidaridad, con instituciones que sean expresión de nuestra ciudadanía planetaria común, capaces de evitar la imposición de intereses particulares que resulten nocivos para la población actual o para las generaciones futuras (Renner, 1993 y 1999; Folch, 1998; Giddens, 2000). Como señaló Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, "Cuando hay voluntad política, es posible modificar el equilibrio reinante y propender a una paz más segura y un mayor bienestar económico, así como a la justicia social y la sustentabilidad del medio ambiente. Pero ningún país puede lograr por sí mismo esos bienes públicos mundiales y tampoco lo puede el mercado mundial. Por consiguiente, nuestras acciones deben centrarse ahora en el término ausente en la ecuación: los bienes públicos mundiales". Es necesario, pues, profundizar la democracia, extendiéndola a escala mundial, y conformar una democracia cosmopolita, con unas Naciones Unidas democratizadas y reforzadas –sin vetos y con mayor poder decisivo para órganos como el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, etc.- y apoyada en una efectiva sociedad civil capaz de detectar los problemas, proponer alternativas y contribuir a su realización.

Un ejemplo de la fecundidad de la colaboración entre instituciones oficiales y sociedad civil lo tenemos en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) que reúne a los Gobiernos de 182 países miembros en asociación con instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) como Greenpeace o Green Cross International (fundada en 1993 por Mikhail Gorbachev) y el sector privado: el FMAM (o GEF por las siglas en inglés Global Environment Facility) es hoy la mayor fuente de financiación para proyectos destinados a mejorar el medio ambiente mundial.

Cabe señalar, sin embargo, que se está reclamando la existencia de una auténtica Organización Mundial del Medio Ambiente dependiente de Naciones Unidas, porque actualmente, la gestión de los recursos naturales a escala global no está regulada por ninguna autoridad capaz de asegurar la sostenibilidad de su explotación. Con otras palabras, se precisa una autoridad fuerte, legítima y creíble en materia ambiental, “Una nueva arquitectura mundial para la gobernanza de la sostenibilidad” (Ivanova, 2012).

Otra necesidad prioritaria es el fomento de la paz, evitando los conflictos bélicos, las carreras armamentistas y sus terribles consecuencias. La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo ofreció en Nuestro Futuro Común (CMMAD, 1988) numerosos ejemplos de cómo incluso pequeñas reducciones en los gastos militares podrían contribuir decisivamente a erradicar la pobreza extrema, con sus secuelas de enfermedad, hambre, analfabetismo… (Ver Reducción de la Pobreza).

Cabe referirse aquí a la modificación que se está produciendo en el concepto de seguridad. Desde una perspectiva clásica se define la seguridad como la defensa militar de los intereses de los Estados y de su territorio. En cambio, el reciente concepto de Seguridad Humana va más allá de esta definición y toma en consideración el conjunto de problemas que afectan a los individuos en general y, sobretodo, a las poblaciones más desprotegidas y vulnerables. La Seguridad Humana contempla así problemas socioambientales estrechamente vinculados, que son fruto, en buena medida, de un crecimiento económico depredador e insolidario al servicio de intereses particulares y que amenaza con el colapso de la especie humana: cambio climático, degradación del medio, pérdida de biodiversidad y de diversidad cultural, pandemias, desempleo, hambre, desequilibrios sociales, conflictos étnicos y religiosos, narcotráfico, violencia urbana, inequidad, subdesarrollo, refugiados, desplazados, terrorismo internacional, represión política y, en definitiva, toda violación de derechos humanos.

Este concepto de seguridad humana está desde principios de los años 90 en el centro del debate, no solo académico sino en el seno de instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y distintos países que buscan promoverla en su política exterior y a través de organizaciones creadas para este fin, como la Red de Seguridad Humana (Human Security Network) o la Comisión de Seguridad Humana (The Commission on Human Security), creada en 2001 por iniciativa del gobierno de Japón, en asociación con las Naciones Unidas, en respuesta al llamamiento del Secretario General de la ONU en la Cumbre del Milenio 2000 por un mundo “sin miseria y sin miedo” en el que se fomente una auténtica paz como Derecho Humano fundamental (ver Derechos Humanos y Sostenibilidad).

Y ese fomento de la paz – que ha de estar fundado, como señala el Programa Cultura de Paz de la UNESCO, “en los valores universales del respeto a la vida, la libertad, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres”- requiere también instancias jurídicas supranacionales, en un marco democrático mundial, para hacer frente eficazmente al unilateralismo, al terrorismo mundial, al tráfico de personas, armas, drogas, capitales... para lograr la seguridad de todos (Mayor Zaragoza, 2000; Worldwatch Institute, 2005). Y requiere cuerpos internacionales de intervención rápida, dependientes de la ONU, como los “cascos azules”, creados para restablecer y mantener el estado de paz en zonas de conflicto, los “cascos verdes”, destinados a la protección y rehabilitación ambiental y otro de “cascos rojos” de protección civil internacional, existentes ya como fundación, pero cuya transformación en cuerpo de Naciones Unidas se reclama con creciente insistencia, para organizar y coordinar los socorros a la población afectada por cualquier tipo de desastre (ver Lucha contra la contaminación).

Se necesita, pues, incrementar la cooperación y el desarrollo, introduciendo cambios profundos en las relaciones internacionales que se vienen reclamando desde hace décadas, para superar los unilateralismos y que acuerdos como el Protocolo de Kioto, la contribución del 0.7% del PIB como cooperación al desarrollo, la condonación de la deuda externa (que se traduce en flujos dinerarios netos desde los países en desarrollo a los desarrollados), los procesos de desarme, o el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, sean vinculantes para todos. Una vez más se pueden percibir las estrechas vinculaciones entre las posibles soluciones: combatir la pobreza favorecería la seguridad de todos, reduciendo los conflictos, que, a su vez, liberaría recursos para favorecer el desarrollo, para transferir a los países en desarrollo tecnologías eco-amigables que mejoren el medio ambiente, que incrementen la eficiencia energética, el tratamiento de enfermedades, etc.

En ese sentido, podemos referirnos, en particular, al logro que suponen acuerdos como el Protocolo de Montreal, firmado el 16 de septiembre de 1987 (ver Lucha contra la contaminación y Frenar el cambio climático), relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Se lograba así, gracias al trabajo de científicos como Crutzen, Rowland y Molina y al apoyo del movimiento ecologista, que contribuyó a dar realce social a sus investigaciones, un acuerdo universal y vinculante para resolver un gravísimo problema. Un ejemplo de cómo la convergencia de la fundamentación científica y de la acción ciudadana llegan a hacer posibles logros necesarios pero que parecían inalcanzables.

Otro ejemplo relevante lo constituye el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), que entró en vigor en mayo de 2004, y al que se han adherido ya casi un centenar de países. Un tratado que, además de tener entre sus metas reducir y llegar a eliminar totalmente doce de los COP más tóxicos, prepara el camino para un futuro libre de COP. Este es un ejemplo en el que una vez más podemos ver la vinculación de las medidas ya que el Convenio de Estocolmo supone un impulso de los avances tecnocientíficos en el campo de la sostenibilidad que exige su cumplimiento. Del mismo modo estamos asistiendo a una cada vez mayor conciencia global en torno a las medidas necesarias para salir al paso del cambio climático, viéndose la necesidad y urgencia de un acuerdo vinculante, justo y ambicioso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que podría y debería alcanzarse ya, sin más dilaciones, y que exige la existencia, como se ha propuesto en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (Bolivia, 2010), de un Tribunal de Justicia Climática o Tribunal Internacional para el Medio Ambiente de Naciones Unidas, para hacer cumplir legalmente los compromisos.

También ha sido importante la firma del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, conocida también como Convenio de Aarhuspor haber sido firmado en Aarhus (Dinamarca) en 1998. Dicho convenio reconoce, en su primer artículo, “los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental” a fin de “contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar”.

Y podemos referirnos a otras iniciativas de la sociedad civil como el movimiento de acción ciudadana ATTAC (Asociación para la Tasación de las Transacciones y la Ayuda a los Ciudadanos), uno de cuyos objetivos es poner fin a los “paraísos fiscales” e impulsar la fiscalización de las transacciones financieras especulativas mediante una pequeña tasa impositiva, del orden del 0.5%, sobre las transacciones de divisas, conocida como Tasa Tobin, por ser una propuesta lanzada inicialmente por el Premio Nobel de Economía norteamericano James Tobin. Con ella se limitaría, en buena medida, la globalización caótica del riesgo financiero, al tiempo que se generarían recursos importantes a nivel mundial, que podrían destinarse a programas de desarrollo económico sostenible para reducir las desigualdades sociales, la deuda externa y combatir la pobreza.

Más recientemente, a principios de 2010, con motivo de la grave crisis económica mundial, Intermón-Oxfam y otras instituciones lanzaron una imaginativa propuesta inspirada en la tasa Tobin: The Robin Hood Tax, consistente en un pequeño impuesto aplicado a las transacciones que realizan las entidades financieras entre sí. “La imposición de una tasa a las transacciones entre entidades financieras permitiría a los gobiernos disponer de fondos para hacer frente a la crisis sin gravar los presupuestos nacionales, ni pedir un esfuerzo extra a los ciudadanos en forma de impuestos”, argumentó Jaime Atienza, responsable de relaciones institucionales de Intermón Oxfam. La adopción de una tasa como esta a escala planetaria ha sido defendida por economistas de reconocido prestigio, como Joseph Stiglitz o Jeffrey Sachs. Se estima que con una mínima tasa sobre esas transacciones financieras podrían generarse fondos suficientes para paliar los efectos de la crisis económica y combatir el cambio climático, contribuyendo al mismo tiempo a reducir las transacciones especulativas.

Una integración política a escala mundial plenamente democrática constituye, pues, un requisito esencial para hacer frente a la degradación, tanto física como social, de la vida en nuestro planeta y contribuir a la necesaria [r]evolución por un futuro sostenible (ver  Sostenibilidad). En ello insiste el International Ethical, Scientific and Political Collegium, también conocido como Collegium Internationale, un grupo de alto nivel del que forman parte personalidades como Egdar Morín, Mary Robinson, Amartya Sen, Stéphane Hessel, Michael Rocard, Joseph Stiglitz, Jürgen Habermas, Manuel Castells, Antonio Gutterres, Claudio Magris, Anna Lindh, John Le Carré, Anna Eleanor Roosevelt y un largo etc. El Collegium fue creado en 2002 con el doble objetivo de favorecer el surgimiento de una ciudadanía y una democracia mundiales capaces de dar legitimidad a las indispensables regulaciones ecológicas, sanitarias, sociales y económicas para revertir el actual proceso de degradación y proporcionar cualidad ética al proyecto de integración planetaria.

Dicha integración, plasmada en legislaciones adecuadas, como una legislación ambiental orientada a hacer efectivo el derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable, así como el deber de conservarlo, con un cuidadoso seguimiento de los indicadores ambientales (evolución de las zonas boscosas, emisiones de CO2…) y sociales (objetivos de desarrollo del milenio, ODM), tanto a nivel local como planetario, por parte de las instituciones pertinentes, reforzaría el funcionamiento de la democracia y contribuiría a un desarrollo sostenible de los pueblos que no habría de limitarse, como suele plantearse, a la protección del medio físico y a cuestiones económicas, sino que incluiría, de forma destacada, el desarrollo cultural y el respeto a la diversidad.

Ahora bien, ¿cómo avanzar en esta línea?, ¿cómo compaginar integración y autonomía democrática?, ¿cómo superar los nacionalismos excluyentes, los unilateralismos prepotentes y las formas de poder no democráticas? Como proponen diversos autores, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como todos sus desarrollos posteriores, pueden y deben constituir el germen de una futura Constitución de la Humanidad, las bases de una Constitución Mundial con pleno reconocimiento de todos los países y habitantes del planeta.

Para avanzar en esa dirección se precisa crear un clima social de atención al conjunto de problemas interconectados a los que la humanidad ha de hacer frente e impulsar a su resolución necesaria y posible. A ello intentan contribuir bastantes de los denominados Días Mundiales o Internacionales, aprobados por la ONU a través de resoluciones de la Asamblea General o por organismos autónomos como la UNESCO. Tenemos así, entre otros, Día Mundial del Planeta Tierra (22 de abril), Día Mundial de la Diversidad Biológica (22 de mayo), Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), Día Mundial de la Población (11 de julio), Día Internacional de la Solidaridad (31 de agosto), Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono (16 de septiembre), Día Internacional por la Paz (21 de septiembre), Día Mundial para la erradicación de la pobreza (17 de octubre), Día Internacional contra el cambio climático (también denominado día 350) (24 de octubre), y Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre). Su celebración debe potenciarse tanto desde la educación reglada en todos sus niveles, como de la no formal (prensa, radio, TV…) para contribuir a la creación de una conciencia de ciudadanía mundial.

Particular importancia ha de tener el 10 de diciembre, en que se celebra el Día Universal de los Derechos Humanos, porque estos subsumen, en sus tres generaciones, todas las causas con las que los seres humanos intentamos hacer frente a los problemas que dificultan una existencia satisfactoria para el conjunto de la especie en una perspectiva sostenible.

El Día de los Derechos Humanos merece, pues, una atención muy especial para quienes nos hemos implicado en la construcción de un futuro sostenible y aspiramos a una Gobernanza Universal eficaz. Por ese motivo deberíamos aprovechar la fecha del 10 de diciembre para reivindicar una Fiesta de la Humanidad por la Universalización de los Derechos Humanos. Una fiesta real, no un mero "día oficial", que ya existe. Cabe justificar esta reivindicación recordando que las tradiciones religiosas y los acontecimientos políticos -como la independencia de un país o la aprobación de una constitución- han determinado festividades para grupos humanos específicos, pero que no existe ninguna fiesta mundial que sea expresión de la unidad de la especie humana. Necesitamos una Fiesta de la Humanidad, una fiesta que apueste por la universalización de todos los Derechos Humanos, sin discriminaciones de ningún tipo, como idea clave para orientar el presente y futuro de la humanidad. Una fiesta que exprese la voluntad de un futuro sostenible, promoviendo la riqueza que representa tanto la diversidad biológica como la cultural y favoreciendo su disfrute.

Esta insistencia en la gobernanza universal no supone olvidar que el funcionamiento ha de ser también plenamente democrático a nivel local: “La democracia local es fundamental para el desarrollo sostenible, especialmente en las ciudades (…) Las tensiones que origina el desarrollo sostenible de las ciudades pueden gestionarse mejor cuando las instituciones locales, especialmente las autoridades gubernamentales, son transparentes, participativas y responsables” (Foti, 2012). Podemos destacar en ese sentido la experiencia de Porto Alegre, una ciudad que aparece hoy como un modelo de gestión local, con un equipo de gobierno que ha logrado, con su espléndida idea de "presupuestos participativos", hacer intervenir directamente a los ciudadanos y ciudadanas en la elaboración de los presupuestos de la ciudad y, por tanto, en la elección de prioridades. Esta intervención ciudadana se ve hoy favorecida por Internet y, en general, las TIC, que permiten una difusión global y una conectividad constante que debe ser aprovechada críticamente (Hayden, 2008; Sachs, 2008; Lind, 2012).

Debemos insistir en que no hay nada de utópico en estas propuestas de actuación: hoy lo utópico es pensar que podemos seguir guiándonos por intereses particulares sin que, en un plazo no muy largo, todos paguemos las consecuencias. Quizás ese comporta­miento fuera válido, al margen de cualquier consideración ética, cuando el mundo contaba con tan pocos seres humanos que resultaba inmenso, prácticamente sin límites. Pero hoy eso solo puede conducir a una masiva autodestrucción, a la ya anunciada sexta extinción (Lewin, 1997; Broswimmer, 2005) y al colapso de la especie humana (Diamond, 2006). Dicho con otras palabras: un egoísmo inteligente, al margen de cualquier consideración ética, nos obliga a políticas solidarias, a la universalización y ampliación de los Derechos Humanos y, en definitiva, a promover la gobernanza universal.

El concepto de gobernanza no es familiar para muchos de nosotros, pero el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia lo incluye, en sus últimas ediciones, definiéndolo como “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Sería preferible, pensamos, una definición más simple y menos condicionada por expresiones como “Estado” (¿acaso solo se puede hablar de gobernanza en un ámbito estatal?) o “mercado de la economía”. Bastaría, en nuestra opinión, referirse a la gobernanza como manera de gobernar que se propone como objetivo contribuir al logro de un futuro sostenible (o “duradero”). Lo esencial, sin embargo, más allá de estos matices, es que este nuevo concepto supone el reconocimiento de la necesidad de asociar la idea de desarrollo sostenible a medidas políticas, a medidas de gobierno y, en particular, de gobernanza universal, entendida como “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un futuro sostenible”. Un paso decisivo en esa dirección puede darse con la definición, aprobación vinculante y evaluación continuada de unos Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal como se ha propuesto en la Cumbre de la Tierra, Rio + 20 que tuvo lugar en Rio de Janeiro en junio 2012, respondiendo a la necesidad de indicadores precisos, medibles y evaluables que permitan constatar en qué medida el deterioro ambiental se revierte, la pobreza se erradica, las desigualdades sociales disminuyen y el bienestar social crece, es decir, que permitan evaluar los avances hacia la sostenibilidad.

Referencias en este tema “Gobernanza universal. Medidas políticas para la sostenibilidad”

BROSWIMMER, F. J. (2005). Ecocidio. Breve historia de la extinción en masa de las especies. Pamplona: Laetoli.
COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO (1988). Nuestro Futuro Común. Madrid: Alianza.
DIAMOND, J. (2006). Colapso. Barcelona: Debate
DUARTE, C. (Coord.) (2006). Cambio Global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra. Madrid:CSIC.
ESTEFANÍA, J. (2002). Hij@, ¿qué es la globalización? Madrid: Aguilar.
FOLCH, R. (1998). Ambiente, emoción y ética. Barcelona: Ed. Ariel.
FOTI, J. (2012). Lograr un buen gobierno local. En Worldwatch Institute La situación del mundo 2012. Hacia una prosperidad sostenible. Barcelona: Icaria. (Capítulo 17).
GIDDENS, D. (2000). Un mundo desbocado. Madrid: Taurus.
HAYDEN, T. (2008). 2008 El estado del planeta. National Geographic España. Madrid: RBA
IVANOVA, M. (2012). Una nueva arquitectura mundial para la gobernanza de la sostenibilidad. En Worldwatch Institute La situación del mundo 2012. Hacia una prosperidad sostenible. Barcelona: Icaria. (Capítulo 8).
LEWIN, R. (1997). La sexta extinción. Barcelona: Tusquets Editores.
LIND, D. (2012). Tecnologías de la información y la comunicación para crear ciudades habitables, equitativas y sostenibles. En Worldwatch Institute La situación del mundo 2012. Hacia una prosperidad sostenible. Barcelona: Icaria. (Capítulo 5).
MAYOR ZARAGOZA, F. (2000). Un mundo nuevo. Barcelona: UNESCO. Círculo de Lectores.
NOVO, M. (2006a). El desarrollo sostenible. Su dimensión ambiental y educativa. Madrid: UNESCO-Pearson. Capítulo 3.
NOVO, M. (2006b). El desarrollo local en la sociedad global: Hacia un modelo “glocal” sistémico y sostenible. En MURGA MENOYO, M. A. (Coordinadora). Desarrollo local y Agenda 21. Madrid: UNESCO-Pearson.
RENNER, M. (1993). Prepararse para la paz. En Brown, L. R. La situación del mundo 1993. Barcelona: Ed. Apóstrofe.
RENNER, M. (1999). El fin de los conflictos violentos. En Brown, L. R., Flavin, C. y French, H. La situación del mundo. 1998. Barcelona: Ed. Icaria.
ROCKSTRÖM et al. (2009). A safe operating space for humanity. Nature 461, 472-475 (24 September 2009)
SACHS, J. (2005). The End of Poverty. New York: Penguin Press. (Versión en castellano: El fin de la pobreza. Cómo conseguirlo en nuestro tiempo. Barcelona: Debate).
SACHS, J. (2008). Economía para un planeta abarrotado. Barcelona: Debate.
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (2012). GEO-5, Global Environment Outlook. Environment for the future we want, Malta: UNEP.
VILCHES, A. y GIL, D. (2003). Construyamos un futuro sostenible. Diálogos de supervivencia. Madrid: Cambridge University Press. Capítulo 14.
WORLDWATCH INSTITUTE (2005). State of the World 2005: Redefining Global Security. New York: W.W. Norton.

Cita recomendada
VILCHES, A., GIL PÉREZ, D., TOSCANO, J.C. y MACÍAS, O. (2014). «Gobernanza universal. Medidas políticas para la sostenibilidad» [artículo en línea]. OEI. ISBN 978-84-7666-213-7. [Fecha de consulta: dd/mm/aa].
<http://www.oei.es/decada/accion.php?accion=18>

Algunos enlaces de interés en este tema “Gobernanza universal. Medidas políticas para la sostenibilidad

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
Alianza Europea de Ciudades por el Clima
Alliance for Global Sustainability AGS
Amigos de la Tierra
Campana contra el Cambio Climático de la Comisión Europea
Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15) Copenhague 2009
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Fondo PNUD-España para el logro de los ODM (Objetivos del Milenio)
Foro Social Mundial
Fundación Cascos Rojos
Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI)
Instituto de Gobernabilidad y Control de Corrupción del Banco Mundial
Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña (IIG)
La Reforma de Naciones Unidas, UN
Naciones Unidas, Paz y Seguridad
Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente
Políticas Contra el Cambio Climático de la Unión Europea
Programa contra el Cambio Climático de Naciones Unidas
Programa Medioambiental de Naciones Unidas (UNEP)
Protocolo de Kioto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Quinta Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles (2007)
Red Española de Ciudades por el Clima
Revista Iberoamericana de Educación, Educación y Gobernabilidad Democrática
Secretaría del Ozono de Naciones Unidas
UNEP, Informe GEO-5
UNESCO/OREALC, Cultura de Paz

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