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Francisco de Asís Blás
La Formación Profesional y la economía sostenible: avances y riesgos en los proyectos de ley


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Publicado en El País el día 13 de mayo de 2010

Francisco de Asís Blas es profesor de Psicología
Evolutiva de la Universidad Complutense y Coordinador de Comisión Asesora
de Expertos de la OEI

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artículo en EL PAÍS

Los proyectos de Ley de Economía Sostenible (el proyecto de Ley propiamente
dicho y el proyecto de Ley Complementaria a la Ley de Economía Sostenible)
son los principales instrumentos legales para impulsar la Estrategia para una
Economía Sostenible, aprobada por el Gobierno en noviembre de 2009. Como
resulta lógico, la formación en general y la formación
profesional en particular forman parte del paquete de reformas promovidas por
los citados proyectos de Ley. Y la primera impresión que producen las
reformas propuestas es que suponen avances (para el desarrollo efectivo del
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional o SNCFP),
aunque también riesgos.

Por comenzar por los primeros, probablemente la reforma más directamente
vinculada con el desarrollo del SNCFP sea la autorización legal (artículo
1º, apartados 6 y 7, del proyecto de Ley Complementaria) para que los centros
de formación profesional -y ya no sólo los reconocidos como Centros
Integrados- puedan impartir programas formativos asociados a unidades de competencia
del Catálogo de Cualificaciones, con independencia de que dicha formación
haya sido configurada por el Subsistema de FPR (títulos de formación
profesional) o por el Subsistema de Formación para el Empleo (Certificados
de Profesionalidad).

Esta autorización supone un paso de gigante en uno de los objetivos
básicos del SNCFP: favorecer la integración de los subsistemas
de FP para optimizar el rendimiento de los recursos formativos existentes. La
aplicación de esta norma deberá permitir que el enorme potencial
formativo del que disponen los centros de FP de la red educativa pueda ponerse
al servicio de las necesidades formativas de la población activa, que
obviamente no pueden ser atendidas de modo suficiente por el Subsistema de Formación
para el Empleo.

Y esta iniciativa legal ha sido acompañada, para que pueda hacerse efectiva
su implementación, por la necesaria autorización de compatibilidad
para que el profesorado de los centros públicos educativos pueda enfrentarse
a este atractivo reto, cuyos beneficios recaerán simultáneamente
en la población activa y en el propio profesorado.

Asimismo, el proyecto de Ley Complementaria (artículo 1º, apartado
7) arropa esta iniciativa legal incrementando el grado de autonomía en
la organización y gestión de los centros públicos de FP,
a fin de que puedan disponer de suficiente flexibilidad para impartir dichas
ofertas formativas.

Por lo demás, debe señalarse también que es una lástima
que este importante avance se vea algo eclipsado por la pertinaz confusión
del legislador (ya presente en la Ley 5/2002 de Cualificaciones y Formación
Profesional) entre lo que se supone que son los fines del SNCFP y lo que son
solo medios. La formación (tenga formato de Título, tenga
formato de Certificado de Profesionalidad) es únicamente un medio
para adquirir una cualificación (sea ésta una Unidad de Competencia,
sea un agregado de Unidades de Competencia), la cual es lo que constituye el
fin u objetivo que se supone persiguen los trabajadores y que les permite su
promoción profesional y laboral.

Por tanto, la autorización legal para que desde un mismo centro se impartan
ofertas formativas de los dos Subsistemas de Formación Profesional no
debería ser concebida como un instrumento que procura una mayor obtención
de Títulos y/o Certificados de Profesionalidad, sino como un instrumento
que amplía enormemente la oportunidad de que los trabajadores puedan
adquirir Unidades de Competencia (las que su actualización y/o desarrollo
profesional requiere), cursando los correspondientes Módulos formativos
asociados a ellas, aunque dichos Módulos no formen parte de Títulos
o Certificados establecidos.

En definitiva, el módulo formativo asociado a una unidad de competencia
-más que el Título o Certificado- debe ser, pues, la unidad básica
que articule la oferta formativa a la población activa. Porque resulta
mucho más lógico y eficaz que un trabajador, cuya disponibilidad
de tiempo para cursar formación es limitada, concentre su esfuerzo formativo
en adquirir una determinada unidad de competencia que actualice y mejore su
cualificación profesional (esto es, que curse el módulo formativo
asociado a dicha unidad de competencia) a que lo concentre en realizar los módulos
formativos que le permitan obtener un Título o un Certificado.

Por lo que se refiere a los riesgos derivados de las reformas propuestas, es
obligado aludir al riesgo de reimplantar la doble vía en la FPR
del sistema educativo, que la LOGSE consiguió eliminar. En efecto (ver
la Disposición Final 30.3 del proyecto de Ley de Economía Sostenible,
así como el artículo 2º del proyecto de Ley Complementaria),
el articulado de ambos proyectos de Ley hace posible que un/a determinado/a
alumno/a pueda llegar a cursar Formación Profesional de Grado Superior
sin acabar la ESO y sin realizar el Bachillerato.

En efecto, a partir de los 15 años y sin haber completado la ESO, el
proyecto de ley permite acceder a un Programa de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI), superado el cual se podría acceder a un Ciclo de Grado
Medio y, a través de un curso de formación específico y
sin haber cursado el Bachillerato, acceder a un Ciclo de Grado Superior. ¿No
constituye esto la doble vía?

No obstante, debe reconocerse que la doble vía que eliminó la
LOGSE suponía algo más que itinerarios alternativos. Implicaba
también distintos centros formativos, distinto profesorado y distintos
contenidos formativos de materias supuestamente comunes. Y también debe
advertirse que el problema real del alumnado que fracasa en la ESO y podría
desarrollar estudios alternativos a las materias constitutivas de 3º y
4º de la ESO no debe abordarse desde posiciones fundamentalistas
que consideren nocivo cualquier itinerario formativo alternativo. Por ello,
aquí se habla de riesgo, y no de retroceso irreversible.

 

22 de mayo de 2010

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