OEI

Organización
de Estados
Iberoamericanos


Para la Educación,
la Ciencia
y la Cultura

VI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE EDUCACIÓN

"GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GOBERNABILIDAD DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS".

DECLARACIÓN DE CONCEPCIÓN

(Concepción, Chile 24 y 25 de septiembre de 1996).

Los Ministros y Ministras de Educación de los Países Iberoamericanos, convocados por el Ministerio de Educación de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, nos hemos reunido en Concepción, Chile, los días 24 y 25 de septiembre de 1996, en el marco de la VI Conferencia Iberoamericana de Educación, con el fin de examinar las formas concretas en que la educación puede contribuir a consolidar la democracia y asegurar su gobernabilidad.

Nuestra propuesta es un aporte a la reflexión de nuestros Jefes de Estado y de Gobierno sobre La Gobernabilidad para una Democracia Eficiente y Participativa, y también, una exhortación a todos los sectores del ámbito político, social y educativo para que promuevan acciones destinadas a la integración de valores democráticos en el quehacer educativo.

La democracia, como forma de gobierno generalizada en la región, es la única adecuada para asegurar una convivencia pacífica y el pleno respeto a los derechos esenciales de las personas.

La consolidación de la democracia se está produciendo en nuestros países en un momento de transformaciones profundas en la economía, la sociedad, la cultura y la política, derivadas de un proceso de globalización que compromete al mundo entero.

La gobernabilidad presenta un triple desafío: la promoción y consolidación de un desarrollo socioeconómico equitativo, sostenido y sustentable; la profundización y ampliación de los procesos de integración regional y la inserción de nuestros países en un mundo de rápidas transformaciones tecnológicas y productivas.

Para asegurar la gobernabilidad democrática es esencial la recuperación de la política como dimensión constitutiva del ser humano en sociedad, como actividad noble y necesaria; en este sentido, el servicio público y la función pública deben recuperar prestigio, nobleza, respeto y cuidado, para que proyecten sobre la sociedad una imagen positiva y necesaria para el aprecio por la vida pública y por la política.

En este contexto consideramos que la educación debe contribuir de una manera esencial a la gobernabilidad democrática como factor de desarrollo, como agente de socialización de valores, como impulsora del ascenso y la promoción social de las familias y personas, y finalmente, como medio esencial de cohesión e integración socio-cultural.

La Educación para la Democracia: un compromiso de todos.

La educación debe contribuir al desarrollo preparando personas adecuadamente cualificadas, y formando ciudadanos arraigados en la cultura cívica democrática.

La educación para la democracia exige, por una parte, profesores y profesoras que no sólo transmitan sino que practiquen junto con los alumnos, los valores democráticos; por otra, que las familias participen en la formación para una ciudadanía democrática.

Es esencial el papel de los medios de comunicación social en el fortalecimiento de una cultura cívica que asegure la gobernabilidad democrática.

Es imprescindible la formulación de políticas de Estado que permitan concertar con los medios de comunicación estrategias de educación para la ciudadanía.

La educación democrática exige educar para fortalecer las instituciones, evitar la corrupción y otras conductas antisociales, como la evasión fiscal, que debilitan la democracia.

Hacer efectivo el ejercicio del derecho a una educación básica de calidad para todos es una condición para la gobernabilidad democrática. Por lo tanto, resolver los problemas de cobertura y de calidad de ese nivel constituye la más alta prioridad.

Es una necesidad que la educación media amplíe substancialmente su cobertura y mejore su calidad. Es urgente que se arbitren los medios que permitan el acceso a la educación superior de las personas con capacidad y mérito para ello, con independencia de su origen socio-económico.

Deben reforzarse las políticas de educación compensatoria dirigidas a los grupos más vulnerables de la sociedad de tal manera que la educación contribuya efectivamente a la superación de la pobreza.

La atención a las personas adultas es indispensable para contribuir a que hombres y mujeres desarrollen sólidos valores democráticos.

Asimismo es necesario dar los pasos para lograr el objetivo de una educación permanente.

La Gobernabilidad de los sistemas educativos

Un sistema educativo es legítimo si engendra confianza en sus propias instituciones. Para ello es preciso que exista un consenso básico entre todos los actores sociales y políticos sobre diversos aspectos: en primer lugar sobre los contenidos de la educación, es decir, sobre qué enseñar, lo que implica acordar y profundizar un currículo básico de alcance nacional; en segundo lugar, a quién enseñar, lo cual obliga hacer realidad el derecho a la educación que se deriva de los principios de igualdad y equidad; en tercer lugar cómo enseñar, promoviendo una pedagogía que considera la participación de alumnos, padres y profesores, como un aspecto central del sistema educativo; en cuarto lugar, cómo gastar, lo que implica no sólo disponer de más recursos, sino también administrarlos mejor, introduciendo la rendición de cuentas en la política del gasto y la responsabilidad por los resultados.

Corresponde al Estado, como garante de una educación equitativa y de calidad, no sólo la creación de los cauces jurídicos de participación, sino también la elaboración de políticas de fomento y de estímulo de la misma, especialmente las que se relacionan con la constitución de consejos escolares y la formación para la participación.

Propuestas de Acción

Las consideraciones anteriores hacen recomendable poner en práctica las siguientes acciones en orden al desarrollo de una educación para la democracia y la gobernabilidad de los sistemas educativos:

La educación para la democracia

Incorporar en el proyecto educativo objetivos y contenidos que desarrollen la cultura democrática en todos los niveles educativos para la formación de personas éticas, con conductas solidarias y de probidad.

Fortalecer y ampliar la enseñanza de la historia orientando su enfoque hacia el conocimiento, la comprensión y unión de los pueblos, para que contribuya a la cultura política de la sociedad, la interculturalidad y la propia identidad.

Favorecer la participación de estudiantes, familias y docentes en la tarea de concebir y poner en práctica programas educativos orientados a formar ciudadanos democráticos.

Promover la participación activa de los medios de comunicación en el fortalecimiento de una cultura cívica, que asegure la cooperación con el sistema educativo en una estrategia de educación para la ciudadanía.

La gobernabilidad de los sistemas educativos

- A fin de asegurar la legitimidad de los sistemas educativos:

Insistir en la definición de la educación como política de Estado y en la necesidad de generar y poner en práctica mecanismos de concertación que aseguren la participación de los distintos actores sociales en la determinación de las políticas educativas de mediano y largo plazo.

- A fin de garantizar la eficiencia de los sistemas educativos para responder a las demandas sociales:

Continuar con los esfuerzos de descentralización y desconcentración administrativa, para facilitar la gestión educativa en sus diferentes niveles.

Modernizar las estructuras y procedimientos de las administraciones educativas para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la gestión, así como la responsabilidad por sus resultados .

Mejorar las políticas de formación y perfeccionamiento del profesorado.

Diseñar y poner en práctica una política dirigida a la profesionalización de los docentes, orientándola a lograr un profesorado informado y consciente de su papel de sujeto activo en las reformas educativas.

Crear sistemas nacionales de evaluación no sólo de los alumnos, del profesorado y de los centros docentes, sino también de las organizaciones administrativas, de los programas y de las políticas.

Mejorar los sistemas nacionales de información, con el fin de que se apoyen no sólo en los datos estadísticos, sino también en los resultados de la investigación educativa, para conocer adecuadamente la situación de los sistemas educativos.

- A fin de promover la participación social en la educación:

Otorgar a las instituciones educativas una mayor autonomía administrativa, económica y pedagógica para lograr una mejor adecuación de sus proyectos a su propio contexto.

Crear estructuras que faciliten la participación de estudiantes, familias y docentes en la gestión de las instituciones educativas, delimitando claramente sus funciones.

Estimular procesos y canales de información y difusión permanente de todos los aspectos de interés para los actores y sectores de la sociedad civil involucrados en los procesos educativos.

Para lograr los propósitos anteriormente enumerados es indispensable alcanzar un acuerdo social que permita proveer los recursos financieros que se requieren. Si esto no ocurre habrá contradicción entre el discurso y la realidad, produciéndose frustración y pérdida de credibilidad.

Programas Iberoamericanos de Cooperación

Documento de consulta presentado a la VI Conferencia Iberoamericana de Educación y que fue utilizado como base para la elaboración de la «Declaración de Concepción»*: Educación, gobernabilidad democrática y gobernabilidad de los sistemas educativos

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