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Vivimos, no cabe duda, en una
sociedad multicultural. Así ha sido durante
largos siglos pero es ahora, en las últimas
décadas, cuando se ha tomado conciencia
de esta realidad histórica, tal vez por
las crecientes migraciones, o por la presencia
activa de las minorías culturales habitualmente
olvidadas en sus países, o quizás,
ojalá sea así, porque un mayor sentido
de la justicia se extiende entre los pueblos.
¿Qué hacer ante las exigencias
de igualdad y de integración educativa
y social que demandan las minorías culturales
de cada país y los colectivos inmigrantes?
Hay dos objetivos que deberían orientar
la acción educativa en todos los casos:
proporcionarles las mismas oportunidades de aprendizaje
que al resto del alumnado y valorar su cultura
y su lengua originaria.
No es sencillo garantizar ambos objetivos dado
el tradicional abandono de las minorías
culturales y la insuficiente consideración
de los alumnos inmigrantes y de sus familias en
los países receptores. Garantizar una educación
de calidad a todos los alumnos de un país,
cualquiera que sea su origen cultural o su lengua,
exige que todos ellos dispongan de condiciones
similares en relación con sus escuelas,
con la capacitación de sus maestros, con
los programas de estudio ofrecidos, con el tiempo
escolar, con los materiales curriculares, con
el apoyo a las familias, con su salud y con su
alimentación. Pero al mismo tiempo es preciso
reconocer y valorar el papel de su cultura y de
su lengua originaria, lo que se debe traducir
en una sensibilidad especial para que los alumnos
no pierdan su lengua ni se desvinculen de sus
raíces. En el ámbito de la atención
educativa a los alumnos inmigrantes, es preciso
combinar una escolarización integradora
y de calidad con la atención diferencial
a sus características personales, culturales
y comunicativas. Este es el gran reto al que debe
enfrentarse la educación.
Como señala Kymlicka (1996) con acierto
al debatir sobre la ciudadanía muticultural,
hemos interiorizado una narrativa cultural determinada
a través principalmente de la lengua, pero
a través también de las tradiciones,
los ritos, los símbolos y la historia de
nuestra cultura. Por ello, el mantenimiento de
la cultura originaria y de la lengua materna es
un derecho de los ciudadanos ya que les amplía
las posibilidades de conseguir una vida satisfactoria,
por lo que los poderes públicos deberían
garantizar el ejercicio de ese derecho.
Esta ciudadanía multicultural debe vivirse
y aprenderse principalmente en el funcionamiento
de la escuela, en las relaciones entre los propios
alumnos y entre los alumnos y sus profesores,
en el currículo escolar, en las formas
de participación y de reconocimiento de
todos y de cada uno de los alumnos. Pero también
ha de servir de ayuda en este propósito
la existencia de una materia escolar sobre la
educación para la ciudadanía y los
derechos humanos. En ella debe favorecerse que
los alumnos se enfrenten a los dilemas éticos
que surgen en las sociedades multiculturales y
reflexionen sobre el significado de las normas
y valores de cada cultura. Este proceso debe contribuir
a que los alumnos acepten el pluralismo existente
en la sociedad, pero también a que sean
capaces de hacer explícitas las razones
por las que cada uno de ellos defiende sus propios
valores. El reconocimiento y el respeto del pluralismo
cultural deben armonizarse con el reconocimiento
de la propia identidad cultural. La educación
para la ciudadanía debe de animar a los
estudiantes a una actitud crítica permanente,
que ha de tener como único límite
el respeto de la democracia, de los derechos humanos
y el necesario cumplimiento de la ley. Desde esta
perspectiva, no cabe duda de que la educación
para una ciudadanía multicultural supone
un enorme reto para los profesores pero es una
estrategia poderosa para mejorar la convivencia
y el respeto mutuo en nuestras sociedades.
Julio de 2007
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