Álvaro Marchesi, secretario general de la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI), y Raúl Vallejo, ministro de Educación de Ecuador.
Los estudios realizados sobre la inmigración ponen de relieve que hay
tres factores principales que influyen en los procesos migratorios: las reducidas
posibilidades de educación, la falta de trabajo y el desajuste entre
la formación alcanzada y el trabajo disponible. Ante el convencimiento
de que no hay un futuro mejor en el propio país, las personas se atreven
a buscar nuevas alternativas en los países desarrollados. Tal vez no
encuentren un oficio o profesión en consonancia con su formación,
pero al menos esperan lograr un trabajo que les permita vivir mejor, conseguir
una educación de mayor calidad para sus hijos y disponer de las prestaciones
sociales del país de acogida.
Hemos de valorar la riqueza potencial que supone la inmigración, ya
que favorece el encuentro entre culturas y lenguas, ayuda a conocer y respetar
la diversidad existente y aporta beneficios económicos y sociales a los
países y a sus ciudadanos. Pero no debemos olvidar que también
tiene enormes riesgos: descapitaliza a los países menos desarrollados,
provoca tensiones en las familias y ahonda las diferencias entre los países.
Además, no parece justo que las personas tengan que dejar su país
muy a su pesar porque las puertas del futuro están cerradas.
A pesar de los grandes esfuerzos realizados durante los últimos años,
la situación de la educación en la mayoría de los países
iberoamericanos es grave: el porcentaje de personas analfabetas se sitúa
en torno a los 34 millones de personas, el 40% de los jóvenes y adultos
de la región no ha terminado la Educación Primaria y mientras
los alumnos cuyas familias se sitúan en el 20% de mayores ingresos logran
estudiar más de once años, aquellos que viven en el 20% de las
familias más pobres sólo alcanzan como promedio algo más
de tres años.
Pero aunque los jóvenes actuales tienen un promedio entre tres o cuatro
años más de formación que sus padres, se mantiene un amplio
desajuste entre el nivel educativo y el empleo. Ello es debido a las mayores
competencias laborales exigidas, a la falta de vinculación entre educación
y formación técnico-profesional y a los problemas en la regulación
del mercado de trabajo.
Con el fin de enfrentarnos colectivamente a estos retos urgentes, la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura
está impulsando un enorme proyecto con motivo de los bicentenarios de
las independencias de la mayoría de sus países miembros. Su aspiración
es lograr que la generación de los bicentenarios sea la mejor preparada
de la historia. El proyecto formula metas ambiciosas que deben lograrse en 2021,
año en el que culminan su independencia buena parte de los países.
Su consecución va a exigir un gigantesco esfuerzo y un compromiso sostenido
de todas las sociedades iberoamericanas.
El proyecto no establece sólo unas metas y unos indicadores adaptados
a la situación de cada país. También incluye la creación
de un Fondo para la Cohesión Educativa que ayude a los países
más pobres a lograr las metas establecidas. En la misma dirección
se plantean un conjunto de programas de acción que faciliten el logro
de las principales metas. Entre ellos conviene destacar el destinado al fortalecimiento
de la Formación Profesional, lo que puede contribuir, si está
acompañado de otras iniciativas educativas y laborales, a que los jóvenes
encuentren atractivo formarse y trabajar en su país.
Un ejemplo claro de este compromiso con la educación se manifiesta en
Ecuador. La Constitución de 2008, aprobada por los ecuatorianos mediante
referéndum el 28 de septiembre pasado, está atravesada por la
idea del buen vivir (sumak kawsay, en quichua). El buen vivir es un concepto
ancestral de los pueblos andinos y tiene relación con una vida digna,
en la que el ser humano esté en armonía consigo mismo, con su
comunidad y con la naturaleza, entendida como la Madre Tierra, la Pachamama.
En este marco, la Constitución declara como primer deber del Estado,
la garantía para el efectivo goce de los derechos, "en particular
la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y
el agua para sus habitantes". (Art. 3, nº 1).
Esta Constitución blinda el financiamiento del sector educativo. Así,
la disposición transitoria decimoctava, dice: "El Estado asignará
de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado
para la educación inicial, básica y el bachillerato, con incrementos
anuales de al menos el 0,5% del Producto Interior Bruto hasta alcanzar un mínimo
del 6% del Producto Interior Bruto". Esta transitoria transforma en precepto
constitucional la política octava del Plan Decenal de Educación,
aprobado también mediante referéndum el 26 de noviembre de 2006
y que ha permitido que la participación del sector educativo sea hoy
del 3,5% del PIB, cuando en el 2005 era del 2,11%.
La Constitución del 2008 recoge en sus preceptos las ocho políticas
del Plan Decenal y con ello profundiza la institucionalización de un
proceso destinado a la universalización de la educación básica
y el bachillerato y a la consecución de una educación pública
de calidad y calidez. Con ella se refrendan los programas de eliminación
de barreras para el ingreso y la permanencia: entrega de textos escolares gratuitos
desde primero a décimo, entrega de uniformes a niños y niñas
de primero a séptimo del sector rural, supresión del mal llamado
"aporte voluntario", aumento de la cobertura del programa de alimentación
escolar, etcétera.
Asimismo, en Ecuador se están construyendo las unidades educativas del
milenio, que son instituciones completas (desde educación inicial hasta
bachillerato) que responden a un proyecto arquitectónico novedoso, equipadas
con la más alta tecnología y que desarrollan variados proyectos
educativos. Junto a ellas, desde el 2006 -primer año del Plan- se ha
recuperado la abandonada infraestructura escolar reparando alrededor de 5.900
locales, esto es aproximadamente un tercio del total.
Al mismo tiempo, se han generado 20.000 nuevas partidas docentes, lo que marca
una enorme diferencia con el pasado reciente puesto que desde 1997 hasta el
2005 no se creó ni una sola partida docente. Recientemente, en el año
2006, fueron creadas 1.900 partidas nuevas. Para la adjudicación de las
partidas se construyó el más riguroso sistema de ingreso al magisterio
que haya existido en el país.
Los esfuerzos que hoy realiza el Ecuador para lograr una educación pública
de calidad y calidez harán de ésta un motivo de esperanza para
la gente y sus resultados serán visibles en el mediano y el largo plazo.
Entre tanto, tenemos la obligación ética de aceptar la realidad
de la migración. De hecho, la nueva Constitución, en su artículo
9, indica que los extranjeros en Ecuador "tendrán los mismos derechos
y deberes" que los ecuatorianos. Contra la doble moral del mundo desarrollado
que promueve el libre flujo del capital y las mercancías mientras erige
todo tipo de muros para detener el tránsito de las personas, el Gobierno
ecuatoriano sostiene que no existen seres humanos "ilegales" y que
los transeúntes del mundo deben ser tratados con dignidad.
Este artículo lo firman Álvaro Marchesi, secretario general
de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI), y Raúl Vallejo, ministro de Educación
de Ecuador.
Leer
en el El País 9-10-08
Metas Educativas 2021:
la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios
Documento de debate
9 de octubre de 2008 |
