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Propuestas para mejorar la educación de adultos y jóvenes en Chile


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Millones de chilenos no han completado los 12 años de escolaridad.
A continuación ofrecemos las propuestas emanadas de la Semana de Acción
Mundial por el Derecho a la Educación.
En el marco de la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación
realizada en diversos países del mundo y en Chile durante el mes de abril
de 2009, numerosas organizaciones sociales, organismos no gubernamentales, establecimientos
educacionales, organizaciones gremiales, universidades, organismos estatales
y ciudadanos y ciudadanas en general, han efectuado un pronunciamiento que interpela
y exige a las autoridades políticas del país, a la adopción
de políticas públicas que garanticen a todos los jóvenes
y adultos de Chile, el pleno ejercicio del derecho a una educación de
calidad, en base a principios de equidad y derechos humanos.

Los actores de la sociedad civil involucrados en esta campaña, llaman
a asumir como una preocupación prioritaria de las políticas públicas
en el ámbito de la educación, el urgente mejoramiento de las políticas
educativas dirigidas a jóvenes y adultos.

La elocuente cifra de 4.200.000 chilenos y chilenas entre 15 y 64 años
de edad que no tienen 12 años de escolaridad como lo establece la constitución
política del país, es un argumento central para fundamentar esta
priorización. En esta perspectiva, las organizaciones que formulan este
llamado recogen los testimonios, experiencias y propuestas que a lo largo de
la realización de la campaña fueron entregados por jóvenes,
adultos y adultos mayores de diversas regiones del país.

Estas propuestas surgen desde una voz ciudadana heterogénea pero convergente.
En el derecho a la educación se ponen en juego posibilidades de realización,
de integración, de desarrollo humano integral, de alcanzar un progreso
que no sólo se limita al acceso a bienes o al ascenso social, sino como
oportunidad de realización personal, ciudadana, profesional y vocacional.
En una sociedad competitiva, tecnificada y mercantilizada, en que el ascenso
y el surgimiento social dependen fundamentalmente del esfuerzo personal y donde
el estado no provee todas las condiciones necesarias exigidas por el derecho
a la educación, este desafío se constituye en una demanda urgente.

Muchos de los testimonios compartidos representan historias verdaderamente
heroicas de familias, padres y madres que sacrifican bienes, calidad de vida
y bienestar por la educación de sus hijos e hijas. La inequidad y la
desintegración social constituyen un problema ético profundo:
muchos chilenos y chilenas a pesar de sus heroicos esfuerzos, deben interrumpir
sus estudios solamente por su condición social. Por esto, es fundamental
que el país disponga de una plataforma mínima de becas o subsidios
que aseguren una educación de buena calidad para todos y todas.

La educación es un derecho humano fundamental a través del cual
se pone en juego la riqueza humana de una sociedad heterogénea, plural
y democrática. Los dos únicos premios Nóbel de nuestro
país, Pablo Neruda y Gabriela Mistral estudiantes de la escuela pública,
gracias a sus talentos y perseverancia, y a costa de privaciones, negaciones
y discriminaciones, nos enseñan que el talento y la genialidad son atributos
transversales en toda sociedad. En Neruda y Mistral, la plena realización
de sus capacidades fue posible gracias a los procesos educativos promovidos
por el estado, a pesar de las limitaciones históricas acaecidas.

En la capacidad de abordar acertadamente la crisis de la educación,
nuestro país se juega su presente y su futuro. En este sentido, es de
suma importancia proponer y defender la gratuidad de la educación en
una sociedad que ya nos acostumbró a pensar que no es posible ninguna
acción social en que no se involucre el principio económico. Esta
especie de dogma ya asumido en nuestro inconsciente colectivo, hace complejo,
difícil y casi inviable la promoción de propuestas de principios
de gratuidad. Pues bien, no se debe olvidar que desde una perspectiva histórica
muchos de los líderes sociales, políticos, artísticos se
formaron sin la mochila de tener que financiar sus estudios porque estaban subsidiados.

Por esta razón, exigimos el derecho a una educación no sujeta
a leyes de mercado, que asegure una calidad básica y que responda al
actual contexto complejo y desafiante del mundo globalizado. Por el derecho
a una educación con una perspectiva latinoamericana que recoja experiencias
notables de educación social, comunitaria e intercultural de países
hermanos.

Por el derecho a una educación que asuma las contradicciones de nuestra
historia, que no promueva una única lectura e interpretación;
que genere espacios de discusión frente a cómo asumimos el pasado.
Por el derecho a una educación que promueva la convergencia de espacios
de educación comunitaria formal y no formal, en que los diversos actores
confronten sus visiones, sus vivencias y proyecten sus anhelos y sueños.
Por el derecho a una educación que asuma el fenómeno medioambiental
como una de las claves del cambio planetario, cuyos efectos ya se viven con
insospechadas consecuencias en nuestro modo de vida. Por el derecho a educarnos
en valores tan fundamentales como el respeto y el cuidado del medioambiente,
la convivencia entre diferentes, el uso adecuado del progreso tecnológico
como medio de humanización y no de alienación. Demandamos el derecho
a que cada habitante de Chile pueda educarse en las diferentes etapas de su
vida, como un derecho permanente en el tiempo. Por el derecho a una educación
abierta a constituirse en espacio de escucha y atención de todos sus
ciudadanos y ciudadanas, que se muestre contraria y que supere toda forma de
discriminación. Una educación que promueva y amplifique la voz
del pueblo que no necesita de voceros sino de espacios cívicos para desarrollar
sus propuestas y decidir su destino local, comunal y nacional.

En definitiva, por el derecho a ejercer una educación protagónica,
activa y resolutiva, que posibilite la formación de ciudadanos y ciudadanas
como sujetos históricos y de cambio. Basados en estos principios y fundamentos,
los actores sociales, institucionales y ciudadanos participantes de la Semana
de Acción Mundial por el Derecho a la Educación en Chile, proponemos:

1. Formular una agenda técnico política que permita discutir
y acordar políticas educativas dirigidas a garantizar a jóvenes
y adultos el pleno ejercicio del derecho a una educación de calidad,
en base a los principios de equidad y derechos humanos y justificadas desde
el concepto de Aprendizaje Permanente, con el objetivo de lograr la flexibilización
de las políticas educativas de acuerdo a las necesidades y realidades
de la población que presenta escolaridad incompleta.

2. Comprometer un esfuerzo sistemático por generar un diálogo
deliberativo y con perspectiva de incidencia, con actores sociales e institucionales
de la Sociedad Civil que en base a sus experiencias y enfoques, aportan insumos
principales para el diseño de propuestas de políticas educativas
en esta materia.

3. Relevar como fundamento principal de estas políticas, la ineludible
responsabilidad del Estado por abordar la problemática de la vulnerabilidad
y la exclusión social, desde un esfuerzo integral e intersectorial. Una
baja escolaridad es la antesala del desempleo o empleo precario, limitando severamente
la integración laboral. La exclusión y la pobreza aparecen, entonces,
como condiciones sociales que se van profundizando en la vida de las personas,
debilitando las dinámicas de cohesión social del país.
El logro de una plena reinserción educativa de calidad es un factor altamente
significativo en la superación de la vulnerabilidad, exclusión
social y pobreza, y un elemento potenciador de la cohesión social.

4. Comprometer voluntad política para el diseño de políticas
educativas que consideren los siguientes componentes:
- Recursos económicos, técnicos, normativos e institucionales
que permitan superar el grave déficit de cobertura que actualmente presentan
los programas de educación de adultos, en sus diferentes modalidades.
- Ampliar el universo de actores institucionales que ejecutan los programas
educativos para jóvenes y adultos, para incorporar la participación
de entidades de la sociedad civil que desde sus trayectorias institucionales,
muestran capacidad de respuesta y calidad técnica y pedagógica
para abordar las necesidades educativas de la población desescolarizada
de sectores en mayor vulnerabilidad social, de zonas rurales y urbanas.
- Sustituir los actuales mecanismos de concursabilidad de proyectos como criterio
de asignación de recursos para generar programas de reinserción
educativa dirigida a jóvenes desertores escolares, por constituir un
dispositivo precario, altamente insuficiente y que limita severamente las trayectorias
educativas de la población que se integra a esos programas. Se requiere
una política educativa para la deserción escolar de carácter
inclusivo, abierta a respuestas comunitarias, al diseño de estrategias
de intervención socio educativas integrales, con status normativo suficientemente
sólido para garantizar a esta población, un ejercicio pleno del
derecho a la educación.

5. Prestar especial atención a personas socialmente excluidas, discriminadas,
en situación de pobreza o vulnerabilidad social, que se encuentren con
su escolaridad incompleta, de manera de focalizar esfuerzos técnicos,
políticos y económicos de primer orden para brindar una respuesta
de calidad a las necesidades educativas de esa población.

6. Asegurar que se haga efectiva la política pública hacia la
educación de adultos recientemente iniciada, y sea fortalecida con mayores
recursos humanos y financieros, relevando el compromiso que deben asumir los
sostenedores municipales con el aporte del Estado. En definitiva, garantizar
mejores condiciones para el desarrollo escolar y psico social de jóvenes
y adultos.

7. Alentar la participación activa de las organizaciones de la Sociedad
Civil para contribuir al desarrollo de estos procesos.

En síntesis, se requieren urgentes cambios para superar el grave déficit
de cobertura y de calidad. Los programas no pueden depender del interés
de los sostenedores para su aplicación ni estar sujetos a las incertidumbres
de los mecanismos de concursabilidad. Tampoco pueden regirse por lógicas
de homogenización. Los enfoques y los dispositivos de gestión
deben responder a las necesidades de las personas para garantizar su derecho
a la educación. El Estado de Chile debe responder al requerimiento de
diversificar las políticas educativas para actuar en coherencia con la
visión de la Educación como un Derecho Humano Básico y
Para Toda La Vida, tal como lo establece el Foro Mundial Dakar 2000.

La propuesta desarrollada en estas páginas fue elaborada por las siguientes
organizaciones que integran el Foro Nacional de Educación de Calidad
para Todos - Chile:

Asociación Chilena de Municipalidades. Asociación Chilena pro
Naciones Unidas (ACHNU). Caleta Sur. Centro de Iniciativas para el Desarrollo.
Colectivo Paulo Freire. Colegio de Profesores de Chile. Programa Chilecalifica.
Junta de Vecinos Nº 35 Barrio Bellavista. Programa Adopta un Hermano. Red
PROPONE – Chile. Gendarmería de Chile.

La necesidad de enfrentar, en el país, la problemática de los
más de 4.000.000 de jóvenes y adultos que no han terminado su
escolaridad, fue avalada por distintas instituciones estatales y privadas, empresas
y organizaciones sin fines de lucro, grupos de ciudadanas y ciudadanos que,
durante los meses de marzo y abril, generaron distintas acciones para recoger
la opinión de niños, niñas, jóvenes y adultos sobre
este tema.

Colaboraron en esta tarea:

Liceo de Hombres de San Bernardo. Colegio Superior del Maipo de San Bernardo.
Club del Adulto Mayor El Quisco Norte. Junta de Vecinos El Quisco Norte. Editorial
Universitaria. Colegio Swedenborg de Macul. CEIA Rocket Collage de Macul. CEIA
El Prado de Santiago. CEIA Teresa Moya de Puente Alto. Colegio de Adultos Santa
Vicenta María de Santiago. Liceo Polivalente de Adultos Alberto. Galleguillos
de Pudahuel. Departamento de Educación para el Consumo del SERNAC. CEIA
de San Ramón. CEIA Altazol de Santiago Centro. CEIA Georgina Salas Dinamarca
de Cerro Navia. Liceo de Adultos Luis Gómez Catalán de Estación
Central. Instituciones de la Provincia de Talagante. CEIA Jorge Alessandri R.
de Recoleta. Liceos: “Ramón Barros Luco”, “Domingo Matte
Pérez”. “Vicente Pérez Rosales”, “Benjamín
Dávila Larrain”, de la Corporación de Capacitación
y Empleo Sofoca. Universidad del Mar. Universidad Alberto Hurtado. Universidad
de Santiago de Chile. Biblioteca Municipal de La Pintana. Biblioteca Pública
N° 29 de Paine. Casa de La Cultura de La Granja. Centro de Tratamiento para
personas con consumo problemático de drogas (Caleta Sur). Centro de Reclusión
Preventiva Tiempo Joven (Achnu). Vecinos del Barrio San Vicente (Centro Iniciativas
para el Desarrollo). Junta de Vecinos N° 35 Barrio Bellavista. Gendarmería
Medio Cerrado. Gendarmería Medio Abierto. Escuela de Gendarmería.
Biblioteca de Santiago. Programa Bibliometro. Museo Vicuña Mackenna.
ONG Vínculos de Puerto Montt. Chilecalifica Región Valparaíso;
Educación de Adultos y Chilecalifica Bio Bio. Chilecalifica, Región
Araucanía; Educación de Adultos-Dirección Provincial de
Educación San Felipe y Los Andes. CEIA Dr. Osvaldo Rojas de Los Andes.
CEIA Juan Francisco González de San Felipe. Campaña de Alfabetización
Contigo Aprendo (Mineduc). Instituto Libertador de Los Andes. CEIA "Rubén
Campos López de Laja. Foro Regional de Educación de Calidad del
Maule. Universidad de Talca.
Educación de Adultos Región del Maule. Educación de Adultos
Región de los Lagos. Portal educarchile. Corporación Educación
Uno.

Gracias a estas acciones, 8.269 personas, hasta la fecha, han manifestado su
adhesión a esta causa.

* Baja el documento: Propuestas
para fortalecer las politicas educativas dirigidas a jovenes y adultos en Chil
e

¿Se
está dando una oferta de calidad en la educación para adultos
en Chile? Participa en el Foro de la Educación

26 de abril de 2009

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