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Propuestas para mejorar la educación de adultos y jóvenes en Chile


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Millones de chilenos no han completado los 12 años de escolaridad. A continuación ofrecemos las propuestas emanadas de la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación.
En el marco de la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación realizada en diversos países del mundo y en Chile durante el mes de abril de 2009, numerosas organizaciones sociales, organismos no gubernamentales, establecimientos educacionales, organizaciones gremiales, universidades, organismos estatales y ciudadanos y ciudadanas en general, han efectuado un pronunciamiento que interpela y exige a las autoridades políticas del país, a la adopción de políticas públicas que garanticen a todos los jóvenes y adultos de Chile, el pleno ejercicio del derecho a una educación de calidad, en base a principios de equidad y derechos humanos.

Los actores de la sociedad civil involucrados en esta campaña, llaman a asumir como una preocupación prioritaria de las políticas públicas en el ámbito de la educación, el urgente mejoramiento de las políticas educativas dirigidas a jóvenes y adultos.

La elocuente cifra de 4.200.000 chilenos y chilenas entre 15 y 64 años de edad que no tienen 12 años de escolaridad como lo establece la constitución política del país, es un argumento central para fundamentar esta priorización. En esta perspectiva, las organizaciones que formulan este llamado recogen los testimonios, experiencias y propuestas que a lo largo de la realización de la campaña fueron entregados por jóvenes, adultos y adultos mayores de diversas regiones del país.

Estas propuestas surgen desde una voz ciudadana heterogénea pero convergente. En el derecho a la educación se ponen en juego posibilidades de realización, de integración, de desarrollo humano integral, de alcanzar un progreso que no sólo se limita al acceso a bienes o al ascenso social, sino como oportunidad de realización personal, ciudadana, profesional y vocacional. En una sociedad competitiva, tecnificada y mercantilizada, en que el ascenso y el surgimiento social dependen fundamentalmente del esfuerzo personal y donde el estado no provee todas las condiciones necesarias exigidas por el derecho a la educación, este desafío se constituye en una demanda urgente.

Muchos de los testimonios compartidos representan historias verdaderamente heroicas de familias, padres y madres que sacrifican bienes, calidad de vida y bienestar por la educación de sus hijos e hijas. La inequidad y la desintegración social constituyen un problema ético profundo: muchos chilenos y chilenas a pesar de sus heroicos esfuerzos, deben interrumpir sus estudios solamente por su condición social. Por esto, es fundamental que el país disponga de una plataforma mínima de becas o subsidios que aseguren una educación de buena calidad para todos y todas.

La educación es un derecho humano fundamental a través del cual se pone en juego la riqueza humana de una sociedad heterogénea, plural y democrática. Los dos únicos premios Nóbel de nuestro país, Pablo Neruda y Gabriela Mistral estudiantes de la escuela pública, gracias a sus talentos y perseverancia, y a costa de privaciones, negaciones y discriminaciones, nos enseñan que el talento y la genialidad son atributos transversales en toda sociedad. En Neruda y Mistral, la plena realización de sus capacidades fue posible gracias a los procesos educativos promovidos por el estado, a pesar de las limitaciones históricas acaecidas.

En la capacidad de abordar acertadamente la crisis de la educación, nuestro país se juega su presente y su futuro. En este sentido, es de suma importancia proponer y defender la gratuidad de la educación en una sociedad que ya nos acostumbró a pensar que no es posible ninguna acción social en que no se involucre el principio económico. Esta especie de dogma ya asumido en nuestro inconsciente colectivo, hace complejo, difícil y casi inviable la promoción de propuestas de principios de gratuidad. Pues bien, no se debe olvidar que desde una perspectiva histórica muchos de los líderes sociales, políticos, artísticos se formaron sin la mochila de tener que financiar sus estudios porque estaban subsidiados.

Por esta razón, exigimos el derecho a una educación no sujeta a leyes de mercado, que asegure una calidad básica y que responda al actual contexto complejo y desafiante del mundo globalizado. Por el derecho a una educación con una perspectiva latinoamericana que recoja experiencias notables de educación social, comunitaria e intercultural de países hermanos.

Por el derecho a una educación que asuma las contradicciones de nuestra historia, que no promueva una única lectura e interpretación; que genere espacios de discusión frente a cómo asumimos el pasado. Por el derecho a una educación que promueva la convergencia de espacios de educación comunitaria formal y no formal, en que los diversos actores confronten sus visiones, sus vivencias y proyecten sus anhelos y sueños. Por el derecho a una educación que asuma el fenómeno medioambiental como una de las claves del cambio planetario, cuyos efectos ya se viven con insospechadas consecuencias en nuestro modo de vida. Por el derecho a educarnos en valores tan fundamentales como el respeto y el cuidado del medioambiente, la convivencia entre diferentes, el uso adecuado del progreso tecnológico como medio de humanización y no de alienación. Demandamos el derecho a que cada habitante de Chile pueda educarse en las diferentes etapas de su vida, como un derecho permanente en el tiempo. Por el derecho a una educación abierta a constituirse en espacio de escucha y atención de todos sus ciudadanos y ciudadanas, que se muestre contraria y que supere toda forma de discriminación. Una educación que promueva y amplifique la voz del pueblo que no necesita de voceros sino de espacios cívicos para desarrollar sus propuestas y decidir su destino local, comunal y nacional.

En definitiva, por el derecho a ejercer una educación protagónica, activa y resolutiva, que posibilite la formación de ciudadanos y ciudadanas como sujetos históricos y de cambio. Basados en estos principios y fundamentos, los actores sociales, institucionales y ciudadanos participantes de la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación en Chile, proponemos:

1. Formular una agenda técnico política que permita discutir y acordar políticas educativas dirigidas a garantizar a jóvenes y adultos el pleno ejercicio del derecho a una educación de calidad, en base a los principios de equidad y derechos humanos y justificadas desde el concepto de Aprendizaje Permanente, con el objetivo de lograr la flexibilización de las políticas educativas de acuerdo a las necesidades y realidades de la población que presenta escolaridad incompleta.

2. Comprometer un esfuerzo sistemático por generar un diálogo deliberativo y con perspectiva de incidencia, con actores sociales e institucionales de la Sociedad Civil que en base a sus experiencias y enfoques, aportan insumos principales para el diseño de propuestas de políticas educativas en esta materia.

3. Relevar como fundamento principal de estas políticas, la ineludible responsabilidad del Estado por abordar la problemática de la vulnerabilidad y la exclusión social, desde un esfuerzo integral e intersectorial. Una baja escolaridad es la antesala del desempleo o empleo precario, limitando severamente la integración laboral. La exclusión y la pobreza aparecen, entonces, como condiciones sociales que se van profundizando en la vida de las personas, debilitando las dinámicas de cohesión social del país. El logro de una plena reinserción educativa de calidad es un factor altamente significativo en la superación de la vulnerabilidad, exclusión social y pobreza, y un elemento potenciador de la cohesión social.

4. Comprometer voluntad política para el diseño de políticas educativas que consideren los siguientes componentes:
- Recursos económicos, técnicos, normativos e institucionales que permitan superar el grave déficit de cobertura que actualmente presentan los programas de educación de adultos, en sus diferentes modalidades.
- Ampliar el universo de actores institucionales que ejecutan los programas educativos para jóvenes y adultos, para incorporar la participación de entidades de la sociedad civil que desde sus trayectorias institucionales, muestran capacidad de respuesta y calidad técnica y pedagógica para abordar las necesidades educativas de la población desescolarizada de sectores en mayor vulnerabilidad social, de zonas rurales y urbanas.
- Sustituir los actuales mecanismos de concursabilidad de proyectos como criterio de asignación de recursos para generar programas de reinserción educativa dirigida a jóvenes desertores escolares, por constituir un dispositivo precario, altamente insuficiente y que limita severamente las trayectorias educativas de la población que se integra a esos programas. Se requiere una política educativa para la deserción escolar de carácter inclusivo, abierta a respuestas comunitarias, al diseño de estrategias de intervención socio educativas integrales, con status normativo suficientemente sólido para garantizar a esta población, un ejercicio pleno del derecho a la educación.

5. Prestar especial atención a personas socialmente excluidas, discriminadas, en situación de pobreza o vulnerabilidad social, que se encuentren con su escolaridad incompleta, de manera de focalizar esfuerzos técnicos, políticos y económicos de primer orden para brindar una respuesta de calidad a las necesidades educativas de esa población.

6. Asegurar que se haga efectiva la política pública hacia la educación de adultos recientemente iniciada, y sea fortalecida con mayores recursos humanos y financieros, relevando el compromiso que deben asumir los sostenedores municipales con el aporte del Estado. En definitiva, garantizar mejores condiciones para el desarrollo escolar y psico social de jóvenes y adultos.

7. Alentar la participación activa de las organizaciones de la Sociedad Civil para contribuir al desarrollo de estos procesos.

En síntesis, se requieren urgentes cambios para superar el grave déficit de cobertura y de calidad. Los programas no pueden depender del interés de los sostenedores para su aplicación ni estar sujetos a las incertidumbres de los mecanismos de concursabilidad. Tampoco pueden regirse por lógicas de homogenización. Los enfoques y los dispositivos de gestión deben responder a las necesidades de las personas para garantizar su derecho a la educación. El Estado de Chile debe responder al requerimiento de diversificar las políticas educativas para actuar en coherencia con la visión de la Educación como un Derecho Humano Básico y Para Toda La Vida, tal como lo establece el Foro Mundial Dakar 2000.

La propuesta desarrollada en estas páginas fue elaborada por las siguientes organizaciones que integran el Foro Nacional de Educación de Calidad para Todos - Chile:

Asociación Chilena de Municipalidades. Asociación Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU). Caleta Sur. Centro de Iniciativas para el Desarrollo. Colectivo Paulo Freire. Colegio de Profesores de Chile. Programa Chilecalifica. Junta de Vecinos Nº 35 Barrio Bellavista. Programa Adopta un Hermano. Red PROPONE – Chile. Gendarmería de Chile.

La necesidad de enfrentar, en el país, la problemática de los más de 4.000.000 de jóvenes y adultos que no han terminado su escolaridad, fue avalada por distintas instituciones estatales y privadas, empresas y organizaciones sin fines de lucro, grupos de ciudadanas y ciudadanos que, durante los meses de marzo y abril, generaron distintas acciones para recoger la opinión de niños, niñas, jóvenes y adultos sobre este tema.

Colaboraron en esta tarea:

Liceo de Hombres de San Bernardo. Colegio Superior del Maipo de San Bernardo. Club del Adulto Mayor El Quisco Norte. Junta de Vecinos El Quisco Norte. Editorial Universitaria. Colegio Swedenborg de Macul. CEIA Rocket Collage de Macul. CEIA El Prado de Santiago. CEIA Teresa Moya de Puente Alto. Colegio de Adultos Santa Vicenta María de Santiago. Liceo Polivalente de Adultos Alberto. Galleguillos de Pudahuel. Departamento de Educación para el Consumo del SERNAC. CEIA de San Ramón. CEIA Altazol de Santiago Centro. CEIA Georgina Salas Dinamarca de Cerro Navia. Liceo de Adultos Luis Gómez Catalán de Estación Central. Instituciones de la Provincia de Talagante. CEIA Jorge Alessandri R. de Recoleta. Liceos: “Ramón Barros Luco”, “Domingo Matte Pérez”. “Vicente Pérez Rosales”, “Benjamín Dávila Larrain”, de la Corporación de Capacitación y Empleo Sofoca. Universidad del Mar. Universidad Alberto Hurtado. Universidad de Santiago de Chile. Biblioteca Municipal de La Pintana. Biblioteca Pública N° 29 de Paine. Casa de La Cultura de La Granja. Centro de Tratamiento para personas con consumo problemático de drogas (Caleta Sur). Centro de Reclusión Preventiva Tiempo Joven (Achnu). Vecinos del Barrio San Vicente (Centro Iniciativas para el Desarrollo). Junta de Vecinos N° 35 Barrio Bellavista. Gendarmería Medio Cerrado. Gendarmería Medio Abierto. Escuela de Gendarmería. Biblioteca de Santiago. Programa Bibliometro. Museo Vicuña Mackenna. ONG Vínculos de Puerto Montt. Chilecalifica Región Valparaíso; Educación de Adultos y Chilecalifica Bio Bio. Chilecalifica, Región Araucanía; Educación de Adultos-Dirección Provincial de Educación San Felipe y Los Andes. CEIA Dr. Osvaldo Rojas de Los Andes. CEIA Juan Francisco González de San Felipe. Campaña de Alfabetización Contigo Aprendo (Mineduc). Instituto Libertador de Los Andes. CEIA "Rubén Campos López de Laja. Foro Regional de Educación de Calidad del Maule. Universidad de Talca.
Educación de Adultos Región del Maule. Educación de Adultos Región de los Lagos. Portal educarchile. Corporación Educación Uno.

Gracias a estas acciones, 8.269 personas, hasta la fecha, han manifestado su adhesión a esta causa.

* Baja el documento: Propuestas para fortalecer las politicas educativas dirigidas a jovenes y adultos en Chile

¿Se está dando una oferta de calidad en la educación para adultos en Chile? Participa en el Foro de la Educación

26 de abril de 2009

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