Los ataques perpetrados por motivos políticos o ideológicos contra
profesores, alumnos y centros docentes está aumentando en el mundo, según
el estudio de la UNESCO titulado Education under Attack 2010 [La educación,
víctima de la violencia armada – 2010], publicado, de momento, en
lengua inglesa.
Estos actos violentos son a menudo obra de grupos armados de insurrectos, pero
también son perpetrados en ocasiones por tropas de los ejércitos
regulares.
Education under Attack 2010 [La educación, víctima de la violencia
armada – 2010] es el segundo estudio de la serie dedicada a este tema.
El primero se publicó en 2007.
El estudio va acompañado por un informe elaborado por varios expertos
en educación, seguridad y derecho internacional. En este documento, titulado
Proteger la educación contra los ataques: un balance, se examinan a fondo
las lecciones sacadas de las acciones preventivas y las respuestas posibles,
en particular desde el punto de vista del derecho internacional y de la experiencia
de los programas aplicados sobre el terreno. Este informe recoge en particular
las recomendaciones formuladas en un coloquio sobre el tema que tuvo lugar en
París en 2009.
La publicación de ambos informes ha sido posible gracias a la generosa
ayuda financiera aportada por Su Alteza la Sheikha Mozah Bint Nasser Al-Missned
de Qatar, Enviada Especial de la UNESCO para la educación básica
y la educación superior. La labor que ha llevado a cabo en estos últimos
años ha permitido atraer la atención de los dirigentes internacionales
y del público en general sobre los ataques perpetrados contra el sector
de la educación.
Al mismo tiempo que presentan un balance de la situación actual, los
dos informes hacen un llamamiento a reaccionar contra un fenómeno que
parece estar cobrando proporciones cada vez más alarmantes, como lo muestran
los ataques cada vez más frecuentes perpetrados en los últimos
años contra civiles y personal de organizaciones humanitarias.
Hace tres años, este fenómeno no era muy conocido. Hoy, sin embargo,
Education under Attack 2010 [La educación, víctima de la violencia
armada – 2010] llega a la conclusión de que los organismos de las
Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y la opinión pública
internacional están cobrando paulatinamente conciencia del carácter
recurrente que tienen estos ataques contra el sector de la educación.
Es obvio que no constituyen fenómenos excepcionales o aislados. El estudio
pone de relieve que las destrucciones de escuelas y los asesinatos de profesores
y alumnos no son obra exclusiva de los partidarios de los talibanes en Afganistán
o en Pakistán, que perpetran estos actos de violencia para impedir la
educación de las niñas y las jóvenes.
El problema, según muestra la edición de 2010 del estudio, es
mucho más vasto. Entre enero de 2007 y julio de 2009, se perpetraron
actos de violencia contra el sector de la educación en 32 países
por lo menos. A menudo, los grupos insurrectos toman como blanco a las instituciones
docentes con el ánimo de atacar al Estado y, a la inversa, algunos Estados
y organizaciones paramilitares tratan de silenciar a oponentes, reales o supuestos,
ejerciendo violencia contra los universitarios en particular.
El estudio aborda también el problema de los niños soldados que,
según se estima, alcanzan la cifra de 250.000 en todo el mundo. Los secuestros
de niños en contextos de conflictos armados suelen tener por objeto su
enrolamiento forzoso en fuerzas combatientes, y los raptos de niñas se
perpetran con objeto de reducirlas a la esclavitud. El informe estima especialmente
preocupante el hecho de que en varios países se siga recurriendo al asesinato
y la utilización de tácticas siniestras contra profesores –sobre
todo cuando son sindicalistas– y alumnos.
La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, ha manifestado que esas agresiones
son sumamente preocupantes por tres motivos principales: “en primer lugar
constituyen una amenaza contra el derecho a la vida; en segundo lugar, atentan
contra el derecho a la educación, que abre acceso a otros derechos y
libertades; y por último ponen en peligro la consecución del objetivo
del movimiento en pro de la Educación para Todos”. Este movimiento
tiene por objeto cumplir el compromiso contraído por la comunidad internacional
con la empresa de lograr que, de aquí a 2015, todos los niños,
jóvenes y adultos reciban una educación de calidad.
El estudio examina también por qué motivos suelen permanecer
ignorados con tanta frecuencia los ataques perpetrados contra los sistemas educativos.
A este respecto, hace referencia al papel que podría desempeñar
el Tribunal Penal Internacional para que se tomen más en cuenta las responsabilidades
en este ámbito y se ponga un término a la impunidad de los autores
de esos ataques.
En sus recomendaciones, el autor del estudio, el británico Brendan O’Malley,
subraya cuán útil sería crear un observatorio mundial dedicado
a vigilar el fenómeno de la violencia ejercida contra la educación.
En efecto, las Naciones Unidas carecen de datos e informaciones fiables sobre
esa violencia para poderse hacer una idea exacta de sus proporciones. O’Malley
hace también hincapié en que se deben realizar trabajos de investigación
más profundos para poder analizar y comprender mejor los motivos, medios
e impactos de los ataques contra la educación.
Brendan O’Malley admite que no se sabe con certeza por qué motivos
los grupos armados consideran legítimo atacar a los centros docentes
y sus ocupantes. Asimismo, dice que hasta la fecha no se ha analizado por qué
son tan numerosos los Estados que persiguen a los universitarios en sus propias
universidades. Por último, señala que no existen prácticamente
estudios sobre las consecuencias concretas de los ataques perpetrados repetidamente
contra los sistemas educativos.
Aunque se dispone de datos exiguos sobre la eficacia de las medidas de protección
o la oportunidad de negociar con los grupos armados, el autor del estudio presenta
una serie de soluciones posibles: apostar guardias armados en los centros docentes
y los itinerarios que los alumnos siguen para acudir a ellos; incitar a las
poblaciones a adoptar medidas de autodefensa; trasladar las aulas de clase a
edificios menos visibles u organizar redes de enseñanza a distancia;
y actuar con premura para reconstruir o rehabilitar, respectivamente, los edificios
e instalaciones destruidos o deteriorados durante los ataques, proporcionando
también el material de equipamiento necesario.
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19 de febrero de 2010 |
