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Eduard Nivón





Número 2 - Octubre 2002 - Enero 2003  

Cultura e integración económica. México a siete años del Tratado de Libre Comercio

Eduardo Nivón Bolán(1)


Eduardo Nivón Bolán

Este trabajo tiene el objetivo de presentar una visión de cómo se han reformulado las políticas culturales en México en los años noventa a partir de los cambios económicos y políticos de ese periodo. Se presentará en primer lugar las transformaciones económicas y políticas más relevantes que han ocurrido en el periodo a la luz de dos fenómenos determinantes: la integración económica a los Estados Unidos y el proceso de democratización. Se señalará en la segunda parte las características de la organización de la cultura en México, con especial referencia a la ciudad de México y, por último, se sugerirán algunos elementos sobre lo que pueden ser las políticas culturales bajo el contexto de la globalización.

1. México frente a la globalización.

a. La reestructuración económica.

La integración de la economía mexicana a la estadounidense adquirió una expresión formal con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Éste es en realidad la continuación de un profundo cambio en la estructura económica mexicana iniciado en los primeros años ochenta. Cuando concluyó el gobierno de José López Portillo en 1982, el modelo del “desarrollo estabilizador”, que en términos generales había caracterizado la dinámica económica y social de México a partir de los años cincuenta, se había desmoronado. Con una fuga incontrolable de los capitales, las reservas monetarias agotadas, el peso devaluado y el sueño petrolero hecho pedazos, fue necesario empezar una gran marcha hacia otro escenario económico que no tuviera el petróleo como centro de gravedad y el Estado dejara de ser el impulsor directo del desarrollo. El “ajuste”, como se le llamó en ese momento al proceso de reestructuración económica, implicaba volcarse a la exportación en lugar de hacia el mercado interno, favorecer las manufacturas y no la extracción del petróleo y reducir la participación de los salarios en la economía para impulsar un nuevo proceso de creación de capitales.

La apertura al comercio internacional fue el buque insignia del nuevo proyecto. Un paso decisivo en este sentido fue el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1986. La voluntad de apertura al comercio internacional fue tal, que incluso los aranceles a las importaciones fueron reducidos a niveles inferiores a los exigidos por este acuerdo. En 1980 el 64% de los productos manufactureros mexicanos gozaban de ventajas proteccionistas que aseguraban un mercado interno muy dinámico; diez años después la proporción de productos protegidos había disminuido a 19%. De igual modo, los aranceles a las importaciones fueron rápidamente disminuidos como una medida para estimular la competitividad y la reciprocidad con el extranjero.

La repercusión más notable del proceso de globalización, en el caso de México, ha sido un cierto debilitamiento de las políticas estatales y la transferencia del eje del desarrollo de la región central -dominada por la ciudad de México- hacia el norte del país. Se pueden observar las consecuencias de este proceso en la redistribución regional de la dinámica económica e industrial del país: re-localización de las industrias a lo largo de la frontera; producción de una cada vez más compleja dinámica urbana-regional en ciudades del norte del país como Tijuana-San Diego y ciudad Juárez-El Paso; conexión estrecha de la actividad industrial del noreste del país con el vecino estado de Texas y de la franja agroindustrial del Pacífico con los estados del sur de los Estados Unidos.

Estos procesos afectaron y afectan la dinámica demográfica y social de la zona fronteriza. Las ciudades de la larga frontera mexicana crecieron en la última década a una tasa de 3.3%, muy superior a la tasa de crecimiento nacional, que fue de 1.8% en el mismo periodo. La afluencia de población y el crecimiento explosivo de las ciudades ha producido fenómenos nuevos: procesos comunicacionales propios de la zona de la frontera; desarrollo de agentes sociales desconocidos en el centro del país como lo es una clase obrera femenina y sin tradición sindical; organizaciones no gubernamentales con actividad binacional que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos de los inmigrantes; artistas que ven en la frontera el desarrollo de un multiculturalismo vivo y creador...

Estos procesos han cambiado la fisonomía del desarrollo urbano industrial del país. Podemos hablar de tres grandes tendencias de transformación. La primera ha sido la pérdida del dinamismo industrial. De 1980 a 1996, el Distrito Federal, la parte central de la ciudad de México, disminuyó en más de 9% su participación en el conjunto nacional de su industria manufacturera. Este proceso es resultado del desplazamiento de la dinámica manufacturera hacia el norte del país y de la reestructuración económica general que vive el país desde los años ochenta.

La segunda tendencia del actual desarrollo económico es su reorientación hacia las actividades financieras, comerciales y de servicios. De 1980 a 1996 el peso del sector terciario en el Distrito Federal aumentó de 66 a 77%, siendo los servicios financieros y personales los de mayor crecimiento(2).

El último factor a considerar es la profundización de la desigualdad interna en la distribución de la riqueza. En 1996 el PIB por habitante en el Distrito Federal era 2.6 veces más alto que el promedio nacional. Si lo comparáramos con el PIB per cápita de los estados pobres del sur del país, como Chiapas o Oaxaca, el habitante promedio del Distrito Federal era cinco veces más rico que el de aquellos estados. El gobierno federal es totalmente consciente de esta situación. En una declaración reciente el nuevo secretario de economía, Luis Ernesto Derbez, señaló: “El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) no ha generado beneficios equitativos a todas las regiones de México, ya que mientras la tasa de crecimiento en el norte, en los últimos 10 años ha sido de 5.9%, en el sur apenas alcanzó 0.4 puntos” (CNI, 24-02-01).

b. El cambio político.

El cambio del eje del desarrollo económico alteró las bases del acuerdo social entre las clases. La transformación política se puede observar en dos aspectos: una nueva configuración de las relaciones de los agentes sociales en la que la autonomía es una característica fundamental y la lucha contra la exclusión generada por las nuevas políticas macroeconómicas.

A partir de los años setenta, los movimientos sociales se caracterizaron por la combinación de sus demandas particulares con la lucha por construir sociedad plenamente democrática. De este modo, aunque el Estado continuó siendo su principal interlocutor, ocurrió un deslizamiento progresivo del diálogo con las instancias públicas hacia la sociedad en su conjunto(3). Nuevos instrumentos de acción política se hicieron necesarios, entre ellos, el que artistas, intelectuales, políticos de oposición y dirigentes sociales pudieran acceder a los medios de comunicación para contribuir a la creación de una opinión pública plural y democrática. La apertura de espacios de prensa en los años setenta, de la radio en la siguiente década y de la televisión en los años noventa es una consecuencia de estos procesos. De esta manera los movimientos sociales compensaron su debilidad estructural apelando directamente a la política, la ideología y la cultura.

Así, los movimientos por la democratización se empataron con la construcción de una sociedad civil autónoma, que sirviera de escenario al debate de las demandas de la población. La maduración de la sociedad civil dio origen a la imagen del ciudadano poseedor de derechos y deberes frente al Estado y la sociedad y que a la vez fuera fuente de la legitimidad del poder público. La “producción” de ciudadanía fue una de las tareas principales de los movimientos sociales a través del fomento de la participación ciudadana, la educación popular, la vigilancia de los límites del poder y el cuestionamiento de los poderes extralegales de las autoridades del país.

Aunque la transformación democrática de México aún no está concluida, es notorio el cambio del sentido actual de los movimientos sociales con respecto a la etapa previa a la democratización. La regresión al sistema autoritario es un riesgo vigente de que todos los actores sociales están conscientes, pero los peligros no dependen exclusivamente de las fuerzas conservadoras. La liberación de los agentes sociales de su dependencia estatal y la ruptura del autoritarismo tradicional ha incrementado la presión de ciudadanos y grupos sociales sobre el Estado. La paradoja del actual estado democrático de la sociedad mexicana es que el nuevo sistema político se ve acosado por parte de los sectores que favorecieron la superación del antiguo régimen. Así, por un lado, poderes fácticos tradicionales como los cacicazgos regionales, las mafias del narcotráfico, algunos sectores de las élites financieras, los líderes de las corporaciones de masas y algunos representantes del conservadurismo radical, atentan contra la estabilidad. Por otro, grupos sociales que con gran convicción impulsaron la transición democrática, exigen ahora la satisfacción de demandas sociales para las que el Estado no tiene capacidad de respuesta y en su desesperación presionan al Estado con prácticas políticas al borde de la ilegalidad. Les apoya además la imposibilidad moral de exigir a los 40 millones de pobres del país que pospongan la lucha por sus demandas en aras de la estabilidad económica. Así, el nuevo régimen político no ha disminuido la confrontación política, sino más bien la ha potenciado, pero ahora sin contar con los elementos de legitimación -como el nacionalismo, el desarrollismo o la modernización- de la etapa del autoritarismo estatal.

2. El desarrollo cultural en los noventa.

En términos generales el desarrollo cultural de México ha estado marcado desde mediados de los años ochenta por un proceso de transformación denominado por Néstor García Canclini (1987) como “privatización neoconservadora”. En el año 1987, año de la formulación de esta caracterización, se quería indicar con esta fórmula una transformación del hacer cultural de los estados en América Latina de acuerdo con la reorganización monetarista de las sociedades latinoamericanas. Hasta entonces el sentido predominante del desarrollo cultural había sido la expansión del Estado en la cultura, el cual estaba asociado a una filosofía de corte nacionalista o desarrollista basado en la sustitución de las importaciones, el crecimiento del mercado interno, la expansión de la educación y de las clases medias y la expansión –bajo control estatal- de las industrias culturales.

En México, los grandes momentos de desarrollo de las infraestructuras culturales correspondieron a los años veinte y los años sesenta. En el primer periodo tuvo lugar la institucionalización de una política cultural nacionalista y dio origen a la construcción de gran cantidad de instalaciones educativas y culturales como la Secretaría de Educación Pública. En los años sesenta, un nuevo empuje impulso al desarrollo de la infraestructura cultural se expresó en la creación del complejo de museos de la zona de Chapultepec (Antropología, Arte Moderno, Historia Natural, etc), el desarrollo de la gran red de teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social y la edificación de la Unidad Cultural de Bosque con el Auditorio Nacional como articulador principal.

El freno del crecimiento de la infraestructura cultural en la República Mexicana fue consecuencia de la reducción de los presupuestos estatales para educación y cultura. Aunque el efecto más notable de esta reducción se observó en la caída de los salarios de los trabajadores de estos campos culturales, la pobreza de las instituciones alcanzó niveles de máxima depresión. Fue notable, y lo es hasta la fecha, la ausencia de consumibles básicos en escuelas, bibliotecas y centros de cultura, dejando a los usuarios al cargo de la provisión de los instrumentos mínimos para la operación. La consecuencia más grave de este proceso no es el riesgo de los servicios culturales y educativos se privaticen sino que la población enajene su confianza a favor del sector privado(4).

A la reducción de los presupuestos se sumó la presión por hacer que las instituciones culturales y educativas alcanzaran niveles de eficiencia similares a los de las empresas privadas. Los fondos para el fomento de diversas áreas culturales como artesanías, danza popular mexicana, distribución de libros etc. fueron reducidos al mínimo, con la intención de que se adoptaran nuevos modos de gestión de esas actividades. Incluso importantes instituciones culturales como el Fondo de Cultura Económica o el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia se vieron precisados a incurrir en prácticas empresariales que suplieran la merma en sus presupuestos(5).

El resultado de estas políticas fue doble: en primer lugar el Estado redujo su presencia en el campo de la cultura de manera significativa. Algunas áreas como la cinematográfica o la televisión pública sufrieron amputaciones y recortes presupuestarios de importancia notable. En segundo término, se fomentaron modos de gestión empresariales y la participación de empresas privadas en el campo de la cultura. Esta última transformación es una de las más notables de este periodo. La iniciativa privada comenzó a competir con el Estado en la producción de bienes culturales y, con ello, a ser un actor importante en la organización de las relaciones culturales y políticas entre los diversos grupos que componen la sociedad. Esto, a su vez, puso en tela de juicio la legitimidad del Estado en la producción de la cultura y propició nuevos modelos de desarrollo de la creatividad y de la difusión de la cultura.

Los especialistas han encontrado innumerables consecuencias -positivas y negativas- de estas transformaciones culturales, de las que podríamos señalar el surgimiento de nuevos agentes sociales y la predominancia de la cultura privada a domicilio sobre la cultura consumida en espacios comunitarios.

Es notable la gran variedad de agentes culturales que intervienen en los procesos culturales de México. Las sociedades modernas tienen la característica de que cuentan con múltiples agentes culturales, si bien puede ocurrir que alguno de ellos tenga una presencia más notable que los demás. No es cosa nueva señalar que en los países anglosajones la presencia del Estado en la vida cultural es muy escasa. Normalmente ésta se da de manera indirecta a través de las reglamentaciones o de diversos estímulos fiscales que buscan desarrollar ciertas áreas en detrimento de otras. En el caso de los países de la Europa continental, por el contrario, ha sido más frecuente que el Estado asumiera la conducción de la política cultural con un objetivo de democratizar el disfrute de los bienes culturales.

Los países latinoamericanos abrevan en distintos momentos de las dos tradiciones. El Brasil de los años setenta estaba más próximo a las políticas anglosajonas en materia de cultura, en tanto que México lo estaba a las de la socialdemocracia. Al mirar el desarrollo cultural mexicano de los últimos años observamos un panorama múltiple en el que el Estado mantiene una fuerte presencia en las áreas de patrimonio, alta cultura, culturas populares e infraestructura y el sector privado se ha extendido hacia el campo de la industria cultural y el entretenimiento.

Los museos, por ejemplo, son casi en su totalidad de carácter público. Existen algunos casos de museos gestionados por fundaciones que han tenido un notable éxito y juegan un papel importante en las actividades culturales de la ciudad como el importante Museo Franz Mayer de la ciudad de México, el Museo Amparo de la ciudad de Puebla o la Casa Estudio Diego Rivera, sin embargo son escasos los museos privados con importante número de visitantes. La mayoría de los museos públicos de mayor afluencia son gestionados por instituciones de carácter federal: el Museo Nacional de Antropología, el de Arte Moderno, el Nacional de Historia, el Museo de Sitio del Templo Mayor, el Palacio de las Bellas Artes y San Ildefonso. La complejidad de su actividad, los numerosos convenios nacionales e internacionales que han suscrito y lo elevado de sus presupuestos de gestión hacen difícil que su modo de operación pueda ser sustituido por una administración local o privada.

En el campo cinematográfico en cambio, predomina desde hace mucho la gestión privada. Ésta se ha propuesto revertir con cierto éxito la crisis sufrida por la industria en los años ochenta y noventa en que la asistencia del público decayó alarmantemente. Para 1997 el número de entradas vendidas a los cines fue de 23.7 millones, año que se puede marcar como de recuperación después de la crisis de 1994(6). La nueva organización de la distribución cinematográfica se basa en una estrategia territorial que busca hacer accesible los servicios de consumo con los de diversión. Las plazas comerciales son inconcebibles en la actualidad sin un complejo de salas cinematográficas que hagan atractiva la visita los fines de semana, pues hacen posible la asistencia a una proyección y diversos modos de consumo asociados a la excursión cinematográfica.

Los medios de comunicación tuvieron en México, como en Estados Unidos, un origen privado, hecho que no ocurrió en los estados europeos. Con todo, el Estado mexicano se preocupó hasta los años ochenta por participar al menos en el control de los mismos, situación que en los últimos años se ha debilitado; en el periodo abierto con las transformaciones económicas de las dos últimas décadas, el Estado renunció a la gestión de una cadena de televisión pública y estuvo muy próximo a retirar su participación en el canal cultural 22. En materia de radio, fuera de Radio Educación y Radio Universidad, el Estado está ajeno a la actividad radiofónica.

Otras actividades mantienen un rasgo de común participación de agentes públicos y privados. Además de algunos teatros gestionados directamente por el gobierno federal o local, hay otros que funcionan a manera de comodato en el que el gobierno mantiene la propiedad de las salas, pero múltiples agentes sociales disputaron por la gestión de los mismos. Esta actividad merece un estudio más detallado porque nos permite pensar en formas nuevas de gestionar lo público a través de múltiples agentes.

Además de los agentes mencionados, es destacable la participación notable del sector asociativo en la actividad cultural.. Se trata de innumerables iniciativas grupales o individuales realizadas en calles, plazas y salas de las ciudades, las que con bajos presupuestos se abren paso en el mundo de la cultura. Destacan modestos centros culturales gestionados por organizaciones no gubernamentales, escuelas, sindicatos, asociaciones de vecinos, organizaciones de fiestas, grupos de danzantes, etc. En un estudio reciente sobre la infraestructura cultural de la ciudad de México, hemos encontrado que el número de estos organismos es similar al de las Casas de Cultura gestionadas directamente por el gobierno de la ciudad, pero su desarrollo ha sido espontáneo y carente de apoyos institucionales(7). Estas infraestructuras culturales se encuentran dispersas a lo largo de toda la ciudad y merecen una revisión de su actividad para pensar en sistemas de apoyo tanto a su crecimiento como al aumento de la calidad de sus actividades.

Gobierno, empresa y asociaciones no lucrativas se desarrollan en las ciudades generando sinergias cada vez más notables. Es imposible pensar que la empresa cultural tenga posibilidades de desarrollo sin una participación activa del gobierno a través de la disposición de normas, apoyos en infraestructura y subsidios. Las actividades organizadas desde el sector público, a la vez, requieren de servicios especializados materia de múltiples agentes privados. La publicidad o el desarrollo de sistemas de información especializados, por ejemplo, obligan a una intensa relación. El sector asociativo es igualmente relevante. Sin él la cultura estaría localizada sólo en las áreas urbanas de mayor dinamismo económico y se carecería del importante vínculo con las culturas tradicionales.

3. Política cultural para la globalización.

Como hemos visto, la sociedad mexicana se ha transformado profundamente a partir del desarrollo de las políticas neoliberales y de la integración económica con los Estados Unidos. El proceso ha impulsado a la vez la transformación democrática de la sociedad en la que los movimientos sociales han sido un actor privilegiado. En el terreno de la cultura se han desplegado en este mismo tiempo una variedad de iniciativas y agentes sociales, pero el sello distintivo ha sido el retiro del Estado de algunas áreas de la actividad cultural. El conjunto de transformaciones políticas y culturales reseñadas, ha tenido como telón de fondo el creciente desarrollo de la globalización. Este proceso, como señala Daniel Mato en un texto reciente, no es anónimo, sino se sostiene en “actores sociales particulares, en contextos e institucionales específicos” (Mato 2001). La globalización se ha expresado en una variedad de acuerdos comerciales que no tienen a la cultura como objetivo prioritario, pero que la afectan en algunas áreas como las industrias culturales, la propiedad intelectual y los servicios educativos. Este nuevo panorama obliga a una reflexión más profunda sobre lo que significa en la actualidad mexicana producir políticas culturales bajo el contexto de la integración económica.

Hasta los años noventa, el presupuesto básico de la política cultural descansaba en la capacidad soberana de los estados para definir en su territorio la política cultural(8). En estas condiciones, la cuestión básica de la organización de la cultura en el actual contexto de la globalización es la continuidad del Estado como principal articulador de la representación cultural de los diferentes agentes sociales. En palabras más precisas nos podemos preguntar ¿Estaban los múltiples grupos, etnias y regiones suficientemente representados en la política de la política cultural? ¿Ante las diferentes presiones de la globalización tienen cabida las particularidades locales y en general los distintos modos de pertenecer a la nación? Muchos países latinoamericanos a lo largo del siglo veinte se propusieron articular la cultura tradicional con la modernidad abriendo espacios específicos para la expresión de las culturas populares. Se pretendió con eso alentar un espíritu de “equidad cultural” apoyando la difusión de bienes y mensajes culturales y hacer participar a diferentes sectores en su creación y apropiación. Pero también hubo oposición y rechazo a fomentar el arte popular como una expresión equiparable al arte de elite. Las posiciones que defendían unas u otras políticas se denominaban hasta la década pasada "estatismo", "populismo", "nacionalismo", "democratización cultural" y "democracia participativa". Esas fórmulas expresaban discrepantes políticas culturales, pero, por lo general, coincidían en plantear el debate dentro de horizontes nacionales y en reconocer el papel clave desempeñado por el Estado.

La globalización ha asestado un fuerte golpe a la soberanía cultural de los estados, pues gran parte de la producción cultural se realiza de manera industrializada apoyada en redes transnacionales de comunicación, lo que le permite superar con facilidad las barreras del tiempo y del espacio. De este modo se ha debilitado la capacidad de los estados de conducir la política cultural. Observamos comunidades internacionales de espectadores que reducen la importancia de las diferencias nacionales. Las culturas juveniles, por ejemplo, guían sus prácticas culturales de acuerdo a modelos extraterritoriales que no siempre son sensibles a las tradiciones y a las diferencias étnicas. Los gustos musicales, el cine norteamericano, las técnicas del arte graffiti, la moda, el deporte, la literatura y muchas otras manifestaciones culturales han traspuesto barreras políticas, religiosas o nacionales. Si aún no ha aparecido un ciudadano universal, ya que los derechos culturales cuentan con un anclaje nacional, vemos en cambio el desarrollo de un consumidor universal capaz de descifrar mensajes publicitarios e incluso de reclamar satisfacciones contractuales más allá de las jurisdicciones nacionales.

La crisis de las políticas culturales en México se expresa en la contradicción de dos tendencias: la plena democratización de la política cultural de acuerdo a formas de descentralización y participación ciudadana y la injerencia silenciosa de factores externos apoyados en el proceso de globalización. Un ejemplo de esta tensión puede ser comprendido en las políticas de educación superior a partir de la firma del TLC.

a. Globalización y educación superior.

En un estudio previo sobre las consecuencias del TLC en educación (Safa y Nivón 1993), tuvimos oportunidad de señalar dos riesgos que pesaban sobre la educación superior en México. El primero se derivaba de las asimetrías y debilidades del sistema de educación superior tanto internas como con relación al sistema estadounidense o del Canadá. El segundo consistía en que bajo el rubro “servicios” del TLC se colaran intereses ajenos al desarrollo de la educación superior en México.

Diez años después estos temores se manifiestan claramente. Se pueden considerar cuatro modalidades de intercambio educativo-comercial (Hirtt, 2000). La primera y más importante es el consumo directo en el extranjero, mismo que la Organización Mundial de Comercio considera un “bien de exportación”. El monto actual de este comercio asciende en el mundo a 27 mil millones de dólares de los que los Estados Unidos administra la cuarta parte (idem). México participa de este mercado muy activamente: durante el segundo lustro de los años noventa mantuvo, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un promedio de 3616 becarios en el extranjero, para los cuales dedicó en 1998, último dato disponible, el 21.3% de su presupuesto total(9).

Otra modalidad con varios años de desarrollarse en México, es “la presencia comercial” de instituciones extranjeras localizadas en el territorio nacional. Los colegios para las comunidades extranjeras de gran movilidad fueron las primeras expresiones de esta experiencia. El Liceo Francés, el Colegio Alemán, El Colegio Americano otorgaban a sus alumnos la acreditación mexicana y el bachillerado de algún país extranjero. A nivel Universitario esta experiencia la inició la Universidad de las Américas con el mismo sistema de acreditación simultánea.

La tercera experiencia, de gran crecimiento en la actualidad, es el suministro de servicios a través de discos compactos, Internet y educación a distancia. Existen varios ejemplos en este sentido, que se combinan con la acreditación compartida de los grados entre instituciones mexicanas y extranjeras, por ejemplo, un posgrado en filosofía otorgado entre la Universidad Autónoma Metropolitana de México y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. La clave de esta modalidad es la flexibilización de las normativas nacionales para aceptar la acreditación obtenida de este modo. La última modalidad consiste en la presencia física de profesorado extranjero, para el que comúnmente se solicita la supresión de los obstáculos de migración y trabajo.

Aunque formalmente el TLC no contenía acuerdos de contenido cultural o educativo, es claro que un proceso de integración de esta naturaleza iba a imponer acuerdos en prácticamente todas las áreas de la vida social(10). A partir de 1994, se comenzó a plantear la necesidad de formalizar un acuerdo semejante al acuerdo comercial pero relativo a los campos de la cultura, la educación, y la integración académica. Sin embargo han sido universidades privadas las que han avanzado más en esa materia y es aquí en donde se corren los riesgos más notables. Voy a señalar algunos ejemplos:

  • La Pacific Western University, con sede en Hawai, es una universidad especializada en educación no presencial o a distancia. Actualmente tiene oficinas en Argentina, México, Malasia y otros países. En México dos “concesionarios” ofrecen el servicio a través de internet. En realidad la Pacific Western University no imparte cursos, ni siquiera con programas de estudio, sino fabrica uno ad hoc para a cada alumno de acuerdo a su experiencia profesional. La calidad académica de la esta universidad es dudosa. En la información que ella misma proporciona a través de la red dice:
    “Pacific Western University is incorporated in the state of Hawaii and confers Bachelor's Master's and Doctoral degrees on students who have met the graduation requirements of the University. The university is not accredited by a recognized accrediting agency or association recognized by the united states commissioner of education.”(11)
  • Este mismo camino lo están siguiendo otras universidades. La Atlantic International University ofrece diplomas de grado y posgrado certificadas por el estado de Florida a través de la revalidación de la experiencia académica y profesional(12).
  • Una versión diferente es el caso de la Sylvan International Universities(13), consorcio fundado en 1999 y que ha comprado la Universidad del Valle de México, una universidad privada de más de 40 años de existencia y en la actualidad tiene 14 campus y 25 mil alumnos. También se ha hecho con Universidad de las Américas de Chile, Les Roches Hotel Managament School de Swuitzerland y la Universidad Europea de Madrid. En total suman 50 mil alumnos y el conjunto constituye la Red Global de Universidades, la cual trata de ofrecer una educación reconocible de denominan Sello Sylvan: “This combines relevant, quality content and the application of state-of-the-art technology to offer students a rich and rewarding learning experience. The approach includes an emphasis on: English-Language Proficiency, Information Technology and Internationally Recognized Curricula”(14).

Aunque este ultimo ejemplo no puede ser sospechoso de fraude académico, si muestra la tendencia mundial a ver la educación como un servicio con características estandarizadas que poco a poco dejan de responder a las condiciones sociales locales.

El sistema de educación superior público está resintiendo la presión generada por este nuevo modelo educativo. Por una parte, al acreditar habilidades profesionales, programas como éstos ofrecen el atractivo de vender una calificación académica amparada por un diploma de una institución de los Estados Unidos, sin necesidad de traslados ni de obligar al estudiante a llevar un programa presencial. Adicionalmente, profesores de alto nivel al servicio de la educación pública, pero con salarios insuficientes, pueden emigrar hacia estos sistemas mejor remunerados y aparentemente más prestigiosos.

El problema no se resuelve oponiéndose a la implantación de estos sistemas. De hecho, tanto el Tratado de Libre Comercio que vincula a México con Canadá y los Estados Unidos en el aspecto comercial, como el GATT(15), contienen la disposición de eliminar los obstáculos al libre desempeño de las empresas educativas externas en territorio nacional. El resultado está siendo una mayor influencia canadiense y principalmente norteamericana pues las empresas de los países socios reciben trato de co-nacionales. En el terreno de la prestación de servicios educativos las empresas de estos países aspiran a que se eliminen los impedimentos legales a la libre acción privada sobre todo en educación superior. En los hechos los convenios de servicios pueden llegar a la eliminación de cualquier obstáculo hasta llegar a la uniformidad global en materia educativa. No es imposible en el corto plazo que se constituya un sector educativo supranacional, conformado por profesores especialistas y por alumnos vinculados al sector trasnacional que carezcan de referentes de identidad propios en materia de educación y servicio social(16).

Aunque muchos sectores interesados en el desarrollo de un sistema nacional comprometido con las necesidades del país opinan que las autoridades mexicanas deben oponerse al desarrollo de estas experiencias, poco se logrará con esta postura. Más bien ha sucedido que los organismos responsables de la política de educación superior han tendido a imitar estas prácticas bajo el lineamiento de una mayor vinculación con la industria y el mercado laboral, acercándonos en los hechos al modelo americano.

Las políticas del Banco Mundial son otro instrumento de definición extranacional de las políticas educativas. Los últimos lineamientos en esta materia ponen énfasis excesivo en el desarrollo de tecnología educativa más que en la capacitación del personal docente. La apuesta es que la educación a distancia, basada en la televisión y las nuevas tecnologías, será la clave para la superación de los déficits en esta materia. Un ejemplo interesante es el sistema de Tele-secundarias en México el cual tiene una matrícula de 1.07 millones, equivalente al 20% de la matrícula total del nivel secundaria en el país (educación de 7º a 9º grado). El sistema tiene una tasa de crecimiento más alta que el sistema tradicional. En la década de los noventa la matricula nacional a nivel secundaria creció 25.6%, mientras la de las tele-secundarias lo hizo 73%. En la actualidad cuenta con 14,704 planteles y 46156 profesores. Lo más interesante de ese sistema es sostenerse en tecnología satelital, por lo que su influencia alcanza al área centroamericana, donde cuenta con 500 planteles afiliados en las áreas rurales con un total de 23,400 alumnos(17).

Otro efecto de la globalización en materia educativa es la gran influencia de las redes informáticas en la docencia y la investigación. En la actualidad es posible consultar los programas detallados de cualquier asignatura de educación superior a través de la red. Esta facilidad puede ser un apoyo importante para el docente y el alumno pero tiene el riesgo de su unilateralidad. Al dominar la información en la red, el sistema docente americano impone modelos que pueden derivar en una homogeneidad no deseable y en falta de interactividad entre todos los interesados en el modelo educativo. De este modo, la aparente democratización académica significa en los hechos capacidad de dominio para quien produce y maneja la información.

Una influencia última de la globalización en el desarrollo de la educación superior es la extensión del paradigma consistente en apreciar en ella sólo un factor de capital y no un instrumento de igualación social. Si la importancia de la educación superior es obsequiar a quienes la reciben un valor que van a realizar a futuro, entonces la educación se convierte en un servicio que básicamente debe ser financiado por los interesados en recibirla. Esta doctrina está influyendo las políticas públicas en materia de educación superior al tender a despojar a la educación universitaria de su sentido democrático para dejarla como un simple instrumento de compraventa(18).

b. Nuevos retos de las políticas culturales

Es innegable que las posibilidades de abstraernos de las influencias de la globalización en éste como en otros campos de la vida social supondrían volver a comunidades autárquicas y aisladas. La historia de la globalización pudo eventualmente haberse pensado, de acuerdo con Gurvitch, como un proceso de “integración, en un macrocosmo, de agrupaciones particulares o microcosmo de formas de sociabilidad en equilibrio móvil, equilibrio en el que las fuerzas centrípetas, predominan sobre las fuerzas centrífugas”(19), sin embargo, luego de la caída del socialismo y con la victoria de uno de los bloques que enfrentaron al mundo, la globalización debe ser considerada como el desarrollo de un proceso de dominación basado en la imposición de políticas económicas de libre mercado y en la extensión de modelos culturales de masas emitidos desde pocos núcleos internacionales.

La globalización económica es entonces un modelo que frena el proceso de construcción de una ciudadanía universal reduciendo el papel de los habitantes del planeta a meros consumidores. Su gran riesgo es que al debilitarse lo público, los grandes organismos trasnacionales han asumido actitudes paraestatales. Son ellos los que dictan, por ejemplo, normas ecológicas o criterios de calidad que traspasan los límites de los estados tradicionales(20).

Las políticas culturales de México se ven enfrentadas a la urgencia de reivindicar la esfera pública sobre los intereses privados. La tarea es constantemente entorpecida. El sector de cine, por ejemplo, se rige bajo la Ley Federal de Cinematografía, reformada en enero de 1999. Aunque el reglamento con el que se aplicará de la ley ya está aprobado por las cámaras, a la fecha sigue sin expedirse por parte de la Presidencia de la República. En la prensa trascendieron los puntos que por falta de acuerdo impiden la aprobación del ordenamiento legal: el doblaje, el 10% de tiempo de pantalla para el cine mexicano, la garantía de estreno (artículo 19), así como el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine. La diputada que coordinó los trabajos de elaboración de la ley consideró en que esta situación era debida al gran obstáculo que constituyen las poderosas distribuidoras y productoras estadounidenses (como Twentieth Century Fox, Buena Vista Columbia Tri Star Films y United International Pictures) que recientemente lograron ampararse contra la aplicación del artículo 8º de la Ley de Cinematografía y ahora pueden doblar al español, sin restricciones, cualquier cinta en lengua extranjera. Mientras no se expida el reglamento no habrá la capacidad jurídica suficiente para hacer cumplir la ley.

Tal vez el reto más imponente que enfrentan en la actualidad las políticas culturales en época de integración multinacional sea el de mantener su aliento democrático en medio de un clima de grosero consumismo. La reivindicación de lo público supone a la vez el apoyo a la construcción de la ciudadanía activa y participativa. Los acuerdos comerciales han privilegiado al consumidor sobre el ciudadano. Es el momento de hacer de los procesos de globalización apoyos a la reivindicación de los principios de igualdad y reconocimiento que supone democracia moderna.

Referencias:

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Notas:

(1) Eduardo Nivón Bolán México
Profesor en el departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana de la ciudad de México. Ha participado en diversos cursos y diplomados sobre gestión cultural. Actualmente es coordinador de una especialización en gestión cultural ofrecida conjuntamente por la OEI, el Centro Nacional de las Artes y la UAM.

(2) De 1988 a 1996 los rubros “servicios financieros, seguros e inmuebles” y “servicios comunales, sociales y personales” tuvieron un crecimiento medio anual de 5.6% y 4.3% respectivamente (FEESCM,. 42)

(3) El ejemplo más notable es el zapatismo que nació con una declaración de guerra contra el ejército mexicano y con la exigencia de la renuncia del presidente de la república y tránsito poco a poco a hacia una relación muy fluida con la llamada sociedad civil –no sin contradicciones- para generar un cambio de sentido en la relación de ésta con las poblaciones indígenas.

(4) Una encuesta reciente reportó que sólo 36% de los entrevistados consideraban que la calidad de la educación pública era buena en tanto que el 76% calificaban de igual modo la educación privada (Reforma, 22-1001)

(5) Un ejemplo de la adopción de nuevas prácticas en la gestión es la cesión en forma de “comodatos” de varios teatros públicos a empresas privadas que se menciona más adelante.

(6) Sin embargo la recuperación de la taquilla no ha significado necesariamente un aumento significativo de la audiencia. Según la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma, en 1990 se captaron 197 millones de espectadores y, en 1999, 130 millones.

(7) En el estudio se encontraron 71 casas de cultura dependientes del gobierno de la ciudad y 89 que eran resultado de iniciativas sociales muy diferentes (Néstor García Canclini, Eduardo Nivón y Ana Rosas Mantecón, Desarrollo cultural de la ciudad de México. Memoria técnica, en preparación de su publicación, 2000).

(8) Entendidas como la capacidad de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales dentro de cada nación y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social (García Canclini, 1987)

(9) El gasto total en becas fue de 1033 millones de pesos equivalente al 47% del presupuesto total de la institución. El número total de becarios apoyados ese año fue de 17121 (INEGI, Anuario estadístico de Estados Unidos Mexicanos 1999).

(10) En cuanto al sector cultural, la negociación del TLC tuvo características diferentes que otras áreas económicas. Por lo común las cámaras industriales o las agrupaciones de las diferentes ramas productivas tuvieron capacidad de interlocución directa con el Estado e intentaron llevar adelante sus puntos de vista en la negociación. La “cultura”, en cambio, al ser ubicua y multidimensional, no podía ser atendida como un sector, ni la gana tal vez había de hacerlo. Es por esto que el debate sobre las consecuencias culturales del Tratado se efectuó directamente en los medios, de manera poco centralizada y con muy distintos actores sociales como protagonistas. De manera específica hubo una mesa general sobre propiedad intelectual y muy probablemente las industrias culturales y los consorcios de la comunicación participaron en las discusiones que tenían que ver con las telecomunicaciones, pero el punto de vista oficial fue que la cultura no era un tema del Tratado.

(11) http://www.open.universities.com/pwu/pwu_home.htm. El subrayado es mío.

(12) http://educaaiu.cjb.net

(13) Este sistema es el creado de las escuelas de inglés Wall Street, que se encuentra diseminado en más de 20 países.

(14) http//www.sylvan.net

(15) “En 1994 se decidió que la liberalización de los intercambios internacionales, que hasta esa fecha sólo afectaba a las mercancías, se aplicaría también a los servicios. Firmado en abril de ese año, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) incluía ya a la enseñanza entre los sectores por liberalizar. Para quedar al margen de la aplicación de este acuerdo, el sistema de educación de un país debía ser totalmente financiado y administrado por el Estado, cosa que ya no sucede en ninguna parte”. Hirtt, op.cit.

(16) Los acuerdos comerciales de servicios se han constituido en un complemento indispensable de los acuerdos comerciales. En febrero de 2001 México y la Unión Europea signaron un acuerdo de comercio de servicios que según el jefe comercial de la UE pondrá al bloque en pie de igualdad con Estados Unidos y Canadá en el mercado mexicano. Según el comisionado de comercio de la UE, la importancia de este convenio es que ”Los servicios son el mejor producto de exportación de la UE, y con la decisión de hoy, éstos pueden crecer significativamente”. La noticia de la AP, emitida desde Bruselas, señalaba: “Con el acuerdo entrará en vigencia un pacto negociado el año pasado, por el cual los exportadores mexicanos serán menos dependientes de los mercados norteamericanos, a la vez que las empresas europeas tendrán ventajas similares en México a las que disfrutan Estados Unidos y Canadá bajo el Tratado Norteamericano de Libre Comercio” (Agencia AP, 27-02-01).

(17) La información la he tomado de González Franco, 2001

(18) La matrícula del sector educativo privado pasó de absorber 9.8 % de la matrícula en 1990 a 12.4 en 2000. La inversión privada fue en el año 2000 fue el 16% del gasto total que ambos sector, público y privado, realizan en ese terreno (“Crece educación privada” Reforma, 07-11-01)

(19) En Mattelart 2000: 433.

(20) Es significativo que una de las áreas de actividad más circunscrita por las barreras nacionales como es el derecho, esté produciendo en la actualidad bufetes internacionales de abogados. Se trata de una consecuencia más de la globalización: dado que la resolución de controversias se atiende de acuerdo a los criterios que rigen en los países industrializados, principalmente los Estados Unidos, se está desplegado en todo el mundo el dominio del derecho anglosajón o el derecho del Estado de Nueva York. En la actualidad los 30 despachos más importantes de Londres y 100 de los 250 bufetes mayores americanos, tienen socios u oficinas en otros países (Beaverstock et al 1999).