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Jesús Prieto de Pedro



Número 7
- septiembre - diciembre 2004

Derechos culturales y desarrollo humano

Jesús Prieto de Pedro (*)


La siguiente intervención es una reflexión que pretende entrar en la problemática conceptual y doctrinal de los derechos culturales. En primer lugar cabe decir que este es un concepto difícil, jurídicamente hablando. Algunas de las manifestaciones de estos derechos culturales, como los derechos colectivos, se han convertido en alguna medida, en el cabo de las tempestades de los derechos humanos. De igual forma, los derechos culturales son una categoría subdesarrollada desde el punto de vista teórico, académico y han sido considerados, por decirlo de alguna manera, el pariente pobre de los derechos humanos. Primero se construyeron los derechos civiles y políticos; luego los económicos y sociales; y finalmente los derechos culturales, últimos en llegar al club de los derechos humanos.

No es de extrañar que autores de reconocida trayectoria como Symonides titulara un trabajo reciente con el título de: «Los derechos culturales, una categoría descuidada de los derechos humanos»; o que el grupo de Friburgh, encargado de elaborar una convención sobre derechos culturales para elevar a la unesco, titulara su trabajo: «Los derechos culturales, una categoría subdesarrollada de los derechos humanos».

Es preciso enmarcar lo anterior en la reflexión y el pensamiento general sobre los derechos humanos. Dicha reflexión, que avanzó mucho en la primera parte del siglo xx, se ha estancado desde entonces haciendo que los juristas nos hayamos alimentado de las rentas de aquellas aportaciones. No han existido avances fundamentales; sin embargo, la actual necesidad de que haya un cambio, empieza a modificar esta situación.

En mi opinión, dicha necesidad se basa en uno de los fenómenos más importantes de los últimos 40 o 50 años: un concepto de sociedad que incluye a aquellos sectores o grupos que tienen la misión de avanzar en las teorías y la evolución del pensamiento; es decir, los intelectuales, teóricos y los especialistas que hemos identificado a la cultura como el gran factor de desarrollo humano. Esto no implica, de ninguna manera, que antes el concepto estuviera ausente, pero sí que la reflexión era menos explícita, más tácita y el tema estaba oculto.

Considero que este cambio es uno de los fenómenos intelectuales más importantes de nuestro tiempo. Ha provocado la explosión que en estos momentos manifiestan las Ciencias Sociales en relación con los estudios culturales, la economía, las ciencias políticas, el derecho a la cultura etc.; y constituye la causa, en el ámbito de los derechos, de que exista una fuerte demanda en la construcción y definición de los derechos culturales.

Dicho esto, es pertinente plantearse la pregunta referente a la definición de los derechos culturales. La palabra «derechos» significa poderes jurídicos garantizados jurisdiccionalmente y por otros mecanismos jurídicos. En este caso, no estamos ante derechos comunes, subjetivos y generales. Por el contrario, hacemos referencia a unos derechos singulares y fundamentales -poderes jurídicos superiores, especialmente protegidos por un sistema de garantías que no disfrutan los derechos sujetivos ordinarios„Ÿ definidos como derechos humanos.

Entre esas garantías encontramos las constitucionales, frente a la reforma de los textos en la interpretación del propio texto constitucional. Algún autor dijo que los derechos fundamentales vencen a las mayorías. Considero que esa es su fortaleza dentro del sistema jurídico, pues hay toda una serie de mecanismos jurisdiccionales „Ÿcomo los juicios de amparo„Ÿ que son procedimientos sumarios, privilegiados y urgentes de protección a estos derechos. Por otro lado, estos también constituyen fines primarios del Estado que deben orientar la actuación de los poderes públicos.

Los derechos culturales están delimitados por el adjetivo «cultural». En este sentido se descubre uno de los focos problemáticos, pues hay dos acepciones de cultura en esta expresión concreta: una que se restringe a los pueblos minoritarios y otra que implica que son derechos que afectan a todos los ciudadanos.

Las primeras normas jurídicas en el ámbito internacional provienen del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, entrado en vigor el año anterior. Es aquí donde por primera vez se acuña en un texto importante esta expresión y se recoge en el sentido amplio y abierto. Sin embargo, el desarrollo inmediato que ha experimentado y en el que se ha visto envuelto ha sido, precisamente, lo que lo ha limitado a los grupos minoritarios que reivindican una situación de debilidad frente al grupo mayoritario.

Este es uno de los grandes errores con los que nos enfrentamos en este momento. Un callejón sin salida por haber aceptado una propuesta que sitúa a los derechos culturales como una reivindicación de las minorías frente a las mayorías; cuando los derechos culturales forman parte del patrimonio de todos los seres humanos.

Por este motivo, propongo entender los derechos culturales como aquellos derechos que garantizan el desarrollo libre, igualitario y fraterno de los seres humanos en esa capacidad singular que tenemos de poder simbolizar y crear sentidos de vida que podemos comunicar a otros.

Quisiera hacer una pequeña reflexión sobre la evolución de los derechos humanos. Dicha evolución se ha caracterizado por una cadena ininterrumpida de construcción de los derechos fundamentales formulados en las tablas de derechos. Desde las constituciones de principios del siglo xix hasta hoy, las cosas han cambiado mucho y esas tablas se han vuelto mucho más extensas y complejas.

La propuesta clásica aceptada por la mayoría de juristas es la que distingue o separa en tres generaciones los derechos fundamentales e introduce un principio de orden mental en este mundo tan complejo. La primera generación estaría constituida por los derechos fundamentales de libertad; la segunda, por los derechos de igualdad; y la tercera, por los derechos fundamentales de solidaridad. Todos ellos se relacionan con el tema central de la revolución francesa: liberté, égalité et fraternité.

Los derechos fundamentales de libertad se vinculan con autonomía. Libertad significa autonomía porque crea ámbitos de resistencia en los que el poder público no puede entrar. El individuo se ve recubierto de una esfera inmune para ejercer su libertad sin intromisión del poder; por ejemplo la libertad de expresión, de asociación, de conciencia o de culto.

Los derechos de la segunda generación son los derechos económicos. A diferencia de los anteriores, aquí no se trata de que el poder público se mantenga al margen y respete ese círculo de poder que el derecho le otorga al individuo. Ocurre, precisamente, todo lo contrario. El poder debe comprometerse con el desarrollo de la igualdad de los individuos, ofreciendo servicios y prestaciones. Estos son los derechos a la educación, a la salud y a la cultura que se toman cuerpo a través de la prestación de servicios culturales y de la institucionalidad de la cultura. Eleanor Roosevelt, que presidió la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando se estaba elaborando la Declaración Universal, lo expresó brillantemente: «Un hombre necesitado, no es un hombre libre». Este es el problema que trata de atender la citada generación.

En la tercera generación aparecen los derechos de solidaridad. Estos incluyen a todos aquellos que no encajaban en los derechos de libertad ni en los derechos de igualdad. Por un lado, son los derechos que protegen intereses difusos como el medio ambiente, los consumidores, el derecho a la paz; y por otro, los que nos interesan aquí: los derechos de grupo, donde se sitúan los derechos de identidad.

A pesar de que solo la segunda categoría hace referencia explícita a los derechos culturales esta clasificación hace evidente su complejidad, pues en cada una de las categorías encontramos elementos de ellos. Por ejemplo, en la primera incluimos la libertad de la creación cultural, la libertad artística, la libertad científica, la comunicación cultural, la libertad de comunicación de las expresiones creadas en la cultura, etcétera. El llamado derecho de acceso a la cultura es un derecho típico de la segunda generación, porque para acceder a la cultura hacen falta prestaciones relacionadas con los grandes servicios públicos (los museos, archivos y bibliotecas son instrumentos de realización del derecho de prestación de acceso a la cultura). Asimismo, en la tercera generación se presentan, bajo la forma de derecho al patrimonio cultural, el derecho a la conservación de la memoria cultural y los derechos al desarrollo de su identidad de los grupos étnicos y de los grupos culturales diferenciados.

Dicho esto, quisiera hacer algunas propuestas, para invitar a la reflexión y sobre todo, tratar de sentar algunas líneas de trabajo para el futuro.

En primer lugar, es preciso realizar un esfuerzo teórico interdisciplinario. El tema de los derechos culturales es demasiado complejo para que solo los juristas se ocupen de ellos. Debe haber un esfuerzo conjunto de reflexión sobre los derechos culturales para conseguir que esta categoría, teóricamente subdesarrollada de los derechos humanos, adquiera su carta de naturaleza y el status que le corresponde por las expectativas sociales y políticas que tienen nuestras sociedades en relación con este asunto. Los filósofos, los antropólogos, los científicos políticos, los juristas estamos de alguna manera encerrados en nuestras celdas, con discursos un tanto endogámicos. El asunto ¿no es, acaso, lo suficientemente importante, como para que todos hagamos el esfuerzo de encontrarnos y realicemos aportes conjuntos?

Como segunda medida, resulta imprescindible superar el actual atasco conceptual en el que nos hemos metido, al considerar a los derechos culturales como derechos especiales de los excluidos y las minorías. Estos deben ser vistos como derechos de todos los grupos y seres humanos, independientemente del diferente grado de realización que unos y otros hayan logrado. De no dar este paso conceptual, es imposible que podamos hablar de los derechos culturales como derechos universales y considerarlos como un subsistema de los derechos fundamentales (dentro de los que se encuentran los derechos políticos, económicos sociales y culturales).

En tercer lugar, vale la pena resaltar como línea de reflexión la doble dimensión o el géminis que representan los derechos culturales en el Zodíaco de los derechos fundamentales. Hay una clara doble dimensión, individual y colectiva, puesto que el individuo no es un átomo aislado de otros. De ser así, se marchitaría o desnaturalizaría. Por el contrario, su yo se construye a partir de la interacción con otros seres iguales. La sociabilidad es un presupuesto de la existencia humana; como decía el poeta Antonio Machado «un corazón solitario no es un corazón».

Esta sociabilidad se desenvuelve en el seno de un abanico de opciones desde el punto de vista de los grupos. Por un lado, están los grupos esporádicos: aquellos que se pueden formar en un partido de fútbol o en el teatro; luego están los grupos estables secundarios, representados por las asociaciones, los partidos políticos, lo vecinos; y por último, se encuentran los grupos estables estructurales, legados del pasado, como la nación, el municipio o la comunidad étnica y cultural.

Estas realidades se tienen que afrontar con tratamientos diferenciados dentro de los derechos culturales. Es preciso comprender que los derechos colectivos no equivalen a la suma de los derechos individuales del grupo, tal como sostiene el liberalismo, sino que implican mucho más. Estos grupos son portadores de universos simbólicos del conjunto de sus miembros, y generan la identidad como repertorio de sentido compartido.

Estos valores colectivos se constituyen en bienes jurídicos que han de ser protegidos. Las garantías de protección de los derechos colectivos responden a garantías diferentes que, en unos casos, convierten la protección de los derechos colectivos en una parcela de la propia urbanización del Estado. Este proceso se realiza a través del sistema de autonomía personal „Ÿpoco usado„Ÿ o bien, el de autonomía territorial „Ÿel sistema más común„Ÿ que da lugar a las distintas formas de estados (federales, regionales o atípicos) que tienen ámbitos de autonomía territorial reconocidos en su seno, donde se ejercen poderes de auto gobierno en régimen de autonomía en determinados grupos de población, significados precisamente por esa diferencia cultural.

Por otro lado, también está la garantía institucional. En este sentido, es ilustrativo citar el caso de la lengua. Cuando un grupo humano tiene una lengua propia en el seno de una población más amplia, hay una dimensión individual de ese derecho que les da opción a los individuos a elegir su modo de expresarse, su lenguaje. Asimismo, la libertad colectiva en lo que refiere al uso de esa lengua no equivale a la suma de las libertades individuales de todos ciudadanos. Si no existe una acción del poder público que institucionalice a la lengua del grupo como oficial, no será posible de realizar el derecho colectivo.

Por último, es preciso continuar en la articulación de esta dimensión individual y colectiva. Hay que empezar por desdramatizar los derechos colectivos desde una concepción no esencialista. Las constituciones de América Latina constituyen un buen ejemplo. En los últimos años han dado un avance extraordinario en la consagración de los derechos culturales para el desarrollo creativo. Actualmente, representan el vivero o semillero más importante de derechos culturales que existe en el constitucionalismo mundial. Pero este es un tema que no se resalta; por el contrario, se tiende a pensar que en América Latina la situación es negativa.

Nota: Transcripción no revisada por el autor.


Jesús Prieto de Pedro(*)

Doctor en Derecho. Director del Instituto para la Comunicación Cultural de la Universidad Carlos III/Universidad Nacional de Educación a Distancia (uned), España. Ha sido titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales (Convenio Andrés Bello-UNED-Universidad Carlos III, Madrid). Profesor, vicerector y decano de la Facultad de Derecho de la UNED: recibió el premio extraordinario de doctorado y premio del Centro de Estudios Constitucionales de España. Participó en numerosos congresos, seminarios y conferencias nacionales e internacionales sobre derecho y legislación cultural. Director del I Congreso Iberoamericano de Derecho de la Cultura (Madrid, 1999) y del Seminario Iberoamericano Derechos Culturales y Propiedad Intelectual (Madrid, 2001). Consultor de la administración cultural española y europea en proyectos de legislación y administración cultural. Autor de estudios y publicaciones sobre temas de derecho público y aspectos del derecho de la cultura. Pertenece a consejos directivos de diversas instituciones vinculadas a defensa del patrimonio cultural y es miembro de comités de redacción y consejos editoriales de varias publicaciones.