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¿Seremos capaces de darnos una política del acceso al libro que incida sobre la superación de esta creciente desigualdad?

Emilia Ferreiro

Durante los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2004 se llevó a cabo, en Cartagena de Indias, Colombia, la Reunión para la Formulación de una Agenda de Políticas Públicas de Lectura, convocada por el CERLALC y la OEI en el marco del Plan Iberoamericano de Lectura –ILÍMITA–, Programa de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.
En la reunión participaron 18 expertos iberoamericanos que trabajan en distintos campos de la lectura, con el propósito de elaborar una Agenda de Políticas Públicas de Lectura, la cual fue presentada a los representantes de los gobiernos de los 21 países de la región en el Encuentro Iberoamericano de Responsables de Planes Nacionales de Lectura, realizado los días 15, 16 y 17 de septiembre, en la misma ciudad.
La Agenda es el resultado de un proceso de elaboración que se inició en un foro virtual, con la participación de los expertos reunidos en Cartagena, y cuyos resultados sirvieron como uno de los documentos de base para la reflexión conjunta y presencial que se hizo durante la reunión. La elaboración de la Agenda fue el resultado del consenso al que llegaron los expertos a lo largo del intenso proceso de discusión que se dio durante los días que duró la Reunión. El documento de la Agenda se inicia haciendo explícitos los presupuestos que sirvieron de marco conceptual para la Reunión, seguidos de las diez grandes prioridades para el desarrollo de la lectura y la escritura en la región. Estas prioridades se traducen posteriormente en una serie de propuestas operativas que orientan sobre la responsabilidad y la gestión, los beneficiarios, los objetivos y las acciones recomendadas, dirigidos a lograr que las prioridades encuentren su realización en la práctica.

Presupuestos

La lectura y la escritura son una condición para que todas las personas puedan alcanzar un nivel básico de educación y continuar su proceso de aprendizaje durante toda la vida; una vía para asegurar la libre circulación y apropiación social del conocimiento, una herramienta intelectual indispensable en la construcción de la propia identidad, la capacidad reflexiva, el juicio crítico y el desarrollo de las competencias laborales que les permitan desempeñarse profesionalmente y ejercer un trabajo digno.
La capacidad para utilizar el lenguaje escrito en diferentes contextos y situaciones es, además, una condición necesaria para que las personas puedan hacer valer sus derechos y participar activamente en la sociedad mediante el ejercicio de una ciudadanía responsable.
Éstas fueron las razones que tuvieron los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la XIII Cumbre Iberoamericana (Santa Cruz de la Sierra, 2003) para reconocer, en el texto de su declaración, la importancia que tiene la lectura como un instrumento real para la inclusión social y un factor básico para el desarrollo social, cultural y económico de nuestros países. Sin embargo, para que se conviertan en un instrumento real de inclusión, es necesario que la lectura y la escritura se asuman como un asunto que concierne a toda la sociedad, y como un tema que debe entrar a formar parte de las agendas de política pública. Abandonarlas a la libre iniciativa de los particulares, o a los intereses del mercado, significaría que continuaran siendo el privilegio de algunos.
Pensar la lectura y la escritura como un asunto de política pública implica reconocer que éstas no tienen un valor neutral, sino que están ligadas a procesos sociales que las convierten en una poderosa herramienta para la democratización y la participación social.
Con todo, resulta imperativo superar la idea según la cual el problema consiste en formular la “política correcta” y luego convocar a los distintos actores sociales, cuyo papel consistiría únicamente en poner en marcha su ejecución. Esta concepción limitada de las políticas públicas ha llevado a diseñar políticas en abstracto, como si se tratara solamente de un ejercicio intelectual, y a olvidar que la determinación acerca de la relevancia y el interés público de un problema, y su consecuente inclusión en el campo de las políticas, es el resultado de un proceso complejo en el que entran en competencia diversas representaciones e intereses.
En este sentido, es necesario adoptar una perspectiva mucho más amplia de la política pública que dé cuenta del carácter dinámico y conflictivo del proceso mediante el cual se configura una acción pública frente a una situación social que se pretende transformar. En una perspectiva de este tipo, el proceso debe estar orientado hacia la creación de condiciones que garanticen la participación, la confrontación y la negociación de las representaciones e intereses de los actores implicados en todas las etapas de gestión de la política, más que en la imposición de la “política correcta” por parte de algunos de los actores implicados. Este fue precisamente el espíritu que inspiró la reunión de Cartagena.
La formulación de una política pública contempla dos dimensiones fundamentales: por un lado, una representación o imagen social de la realidad sobre la cual se desea intervenir y unos principios que fundamentan la acción; por otro, un conjunto de medios y procesos organizativos, financieros, administrativos, jurídicos y humanos que son los que hacen que una política no se quede solamente en el plano intelectual, sino que tome forma en procesos sociales concretos. Estas dos dimensiones también deben estar presentes en la formulación de una política de lectura y escritura.
Leer y escribir son una práctica cultural que, como tal, está atravesada por procesos históricos y sociales que la hacen necesariamente cambiante y diversa; una práctica que se encuentra en un proceso de mutación como consecuencia de los cambios en el sistema de valores y en las nuevas dinámicas sociales asociadas con la globalización, así como las transformaciones que se están dando en la esfera simbólica por la acción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Desde una perspectiva de política pública, la lectura y la escritura deben considerarse, además, no sólo como un problema pedagógico, o una práctica individual sino, ante todo, como una práctica profundamente socializada.
Como tantas otras prácticas culturales, el acto de leer y escribir está atravesado por motivaciones y representaciones sociales; no escapa a los determinantes económicos, tecnológicos o institucionales; y se traduce en un amplio repertorio de prácticas y modalidades diversas. Una política pública de lectura y escritura que pretenda servir como instrumento de inclusión social no puede adoptar una concepción unívoca y excluyente de la lectura y la escritura. Por el contrario, debe estar abierta a reconocer que no existe una forma privilegiada de leer y de escribir común a todos; lo que existe más bien es un universo muy disímil de actores sociales que ponen en práctica distintas formas de leer y escribir —lecturas y escrituras— con valoraciones, finalidades y expectativas muy diferentes.
Si bien es verdad que una política pública de lectura y escritura no podría concebirse sin un liderazgo decidido de parte del Estado, también es cierto que ni su formulación ni su gestión pueden ser una responsabilidad estatal exclusivamente. Si entendemos lo público como el punto de encuentro de los intereses colectivos, las políticas públicas deben entenderse como toda forma de acción organizada que persigue objetivos de interés común, más que como el conjunto de las acciones estatales. Las políticas de lectura deben reconocer el papel clave que han tenido, y deben seguir teniendo, las instituciones, las fundaciones, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de una cultura escrita en la región.
Una lección que se desprende de los intentos que se han hecho para incluir la lectura en las agendas de política pública y del análisis de algunas experiencias representativas —especialmente los planes nacionales de lectura— es la importancia que tiene la gestión, como un elemento crítico para que las políticas no se queden en el plano discursivo o normativo únicamente, sino que su formulación vaya acompañada de procesos y mecanismos concretos que permitan acortar la brecha que existe entre lo deseable y lo posible.
La construcción de la Agenda se concibió como un ejercicio eminentemente participativo y democrático, al que se invitó a un grupo plural de actores comprometidos con el desarrollo de la cultura escrita en diferentes países de Iberoamérica para que discutieran abiertamente sus diferentes expectativas, intereses y puntos de vista, y pudieran llegar a unos acuerdos básicos sobre lo que debería incluir una Agenda de Políticas Públicas de Lectura para Iberoamérica. La finalidad principal de cualquier agenda de política pública consiste en establecer una geografía de lo posible, un mapa que permita precisar y ubicar las medidas concretas consideradas viables, prioritarias, que respondan a expectativas, refuercen prácticas y desarrollen potencialidades. Por esa razón, la propuesta de Agenda de Políticas Públicas de Lectura, a la vez que plantea un conjunto de prioridades para orientar las acciones de los gobiernos y de la sociedad civil, al mismo tiempo, intenta hacer explícitas las condiciones, las rutas de acción, los procesos y los mecanismos institucionales que permitan convertir estas prioridades en realidades.