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Reflexiones sobre las perspectivas de ciencia y tecnología para el Valle del Cauca

Carlos Osorio M.

Unidad de Gestión Tecnológica
Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística
Universidad del Valle.
Miembro Red CTS+I, OEI.
Bucaramanga, 10 de diciembre de 2002


1. Introducción

Diversos escritos de investigadores e informes de organismos (Petrella, 1.994; Naciones Unidas, 1999, Winner, 2001), señalan que la ciencia y la tecnología que se ha hecho en los países ricos, parece no haber contribuido suficientemente para contrarrestar el aumento, en más de mil millones de personas pobres en el mundo, o los más de mil millones de personas sin agua potable y adecuado saneamiento, o los millones de personas sin techo, etc. África y América Latina, en la década de los ochenta fueron testigos de la detención e incluso de la involución de los logros alcanzados en el nivel de vida. América Latina y el Caribe, considerada como la región más inequitativa del mundo y que requiere un fuerte desarrollo científico-tecnológico para ayudar a contrarrestar la creciente miseria, reportan un reducido nivel de atención en ciencia y el poco existente se estima que está centrado solo en grupos minoritarios de población, agravando así la inequidad (UNESCO, 2.000).

Aunque sabemos que la ciencia y la tecnología solo juegan un papel en estos aspectos y que se requiere un reajuste más profundo de índole, social, político y económico; también sabemos que si no tienen una orientación más sensible frente a estos problemas, continuarán contribuyendo significativamente a aumentar la desigualdad global.

Tales consideraciones también tienen pertinencia en los sistemas de ciencia y tecnología de los países en desarrollo, que si bien no presentan los mismos resultados de los países ricos, hay que tener en cuenta que ellos han crecido bajo la inspiración de la idea de Gran Ciencia que se proclamó desde mediados de siglo XX. En este sentido, vamos a presentar brevemente algunas reflexiones desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, acerca de las perspectivas de desarrollo científico y tecnológico del Valle del Cauca. Para ello, bien pueden servir de manera introductoria algunos aspectos de contexto de las políticas públicas de ciencia y tecnología en el ámbito nacional e internacional.

1. Restricciones a la Gran Ciencia

Desde la Gran Ciencia, se ha venido construyendo políticas que suponen que los beneficios de la ciencia pasan automáticamente a la sociedad, siendo los beneficios derivados del incremento progresivo del conocimiento básico, del desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras y beneficiosas, y del funcionamiento de una economía de mercado la cual introduce los productos de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Estos presupuestos esencialistas y triunfalistas, y que requieren de una gran autonomía de los científicos respecto de la sociedad, tienen a su haber, muchos ejemplos que parecen cumplir tales presupuestos; pero también otros productos, como por ejemplo, los grandes contaminantes, los desempleos asociados a los cambios tecnológicos, el aumento de la desigualdad (la ciencia, desde esta perspectiva, parece distanciarse del ideal decimonónico de empresa benemérita desinteresada), los accidentes nucleares, y en general la incertidumbre e intensificación del riesgo tecnocientífico (Sarewitz, 2001).

Hace ya mucho tiempo que el motor que impulsa la investigación básica no es el conocimiento como fin en sí mismo, tal vez con excepción de los temas más alejados de toda aplicación práctica, como la astrofísica o la física de altas energías. La mayor parte de los enormes progresos científicos que se realizaron en el siglo veinte tuvieron como motor primario las necesidades de los sistemas militares de las potencias hegemónicas, y ahora, la industria. Esto marca el advenimiento de la "Gran Ciencia", que desde mediados del siglo veinte, ha mostrado a los científicos fuera de su gabinete y la ciencia -aún la más básica- se ha convertido en una preocupación social en gran escala (Buch, 2000).

En los países desarrollados, durante la última década, diversos informes plantean que las políticas de ciencia y la tecnología se encuentran caracterizadas cada vez más, por consideraciones del siguiente orden (Barré, 1997; Ortega, Marzo 8 de 2000):

A este contexto se añaden nuevas consideraciones en el plano epistemológico y sociológico, sobre la forma como se produce el conocimiento científico y tecnológico. Hoy en día, el giro sociologista en la comprensión de la ciencia recupera la noción de ciencias, mejor aún de campos disciplinarios y de prácticas materiales y cognitivas múltiples, bajo reglas epistemológicas, sociales, materiales y retóricas específicas; más que un conjunto unificado y coherente (Pestre, 1994). La reivindicación de las prácticas, los saber-hacer inherentes a las tradiciones técnicas y a las actividades científicas, en los contextos institucionales, de grupo y equipo, y por consiguiente en la historia de las organizaciones y de los procesos de decisión política, señalan que no hay una única manera aceptada de resolver los problemas; una flexibilidad interpretativa se impone. Este giro señala también la importancia de los condicionantes externos y la cuestión de intereses por los actores del conocimiento. Y algo aún más importante, abre la posibilidad de que los públicos no expertos consideren como suya la empresa científica, promoviendo la intervención en las políticas públicas de ciencia y tecnología.

Y por otro lado, se considera que los descubrimientos científicos se realizan cada vez más en contextos en los que se reduce la distancia entre investigación básica e investigación tecnológica. Es lo que se conoce como el modo 2 de la investigación (Gibbons et al, 1997); una forma de investigación que viene modificando las prácticas tradicionales de la investigación por su carácter transdisciplinar, que se corresponde con una estructura en evolución que depende de los contextos de aplicación, en procura de un conocimiento útil, negociado, permeado por la demanda y socialmente distribuido; conocimiento heterogéneo y diverso organizativamente en una variedad de lugares de (universidades y laboratorios industriales, empresas, instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales, hospitales donde se realiza investigación, entre otros).

3. Las Políticas de Ciencia y Tecnología en América Latina

América Latina no es ajena a la intencionalidad política que surgió con la época de la llamada Guerra Fría. Desde los años 50, las políticas públicas de CyT se relacionaron con el temprano impulso a las políticas de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), a partir de una activa intervención del estado para regular el funcionamiento de los mercados, en donde la ciencia y la tecnología eran la base de crecimiento, en un rico suelo fertilizado por el deseo de la modernización y el desarrollo (Dagnino 1999). La preocupación dominante inicialmente fue la necesidad de desarrollar metodologías para la planificación de la política científica y tecnológica, en el marco de la planificación general del desarrollo. Sin embargo, pese a tales esfuerzos, la cruda realidad de la vida económica latinoamericana hizo que el proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones, se nutriera de tecnología transferida en forma incorporada a las grandes inversiones de capital, sin que se prestara suficiente atención a las fases de adaptación a las condiciones de mercado, aprendizaje entre otros aspectos.

La crisis de la década de los ochenta, la “década perdida” en América Latina, produjo una ruptura en la confianza de que existía un camino hacia el desarrollo endógeno y dio lugar, en cambio, a políticas de ajuste, estabilización y apertura de las economías, que fueron consideradas como un paso necesario para intentar la vía alternativa ofrecida por la globalización. La experiencia de América Latina en utilizar la política científica y tecnológica como instrumento de desarrollo, pese a ciertos logros en el plano académico, se caracterizó por la escasa demanda de conocimiento científico y tecnológico por parte del sector productivo, y por la inexistencia o la extrema fragilidad de los vínculos e influencias recíprocas entre el estado, la sociedad y la comunidad científica (Dagnino, 1999).

Según Albornoz (2001), en América Latina el tema de las políticas de CyT ha estado marcado por, al menos, cuatro posturas diferenciadas; las cuales, diríamos nosotros, también han incidido en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología colombiano y por consiguiente en las políticas regionales que se han fomentado. La primera de ellas, se puede identificar como de Política científica tradicional. Esta postura, basada en la oferta de conocimientos, defiende la necesidad de una política cuyo eje sea asignar recursos al fortalecimiento de la investigación básica, siguiendo criterios de calidad. Esta postura predomina en la comunidad científica latinoamericana; y a nuestro juicio, tuvo bastante importancia en el caso colombiano, especialmente durante los primeros años del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Según Albornoz, la debilidad de esta posición es que en la experiencia de los países de América Latina, los conocimientos producidos localmente no llegan a aplicarse en la producción o los servicios; esto también es una crítica reiterada en el caso de Colombia.

La segunda postura es la Política sistémica de innovación, cuyo eje es el estímulo a la conducta innovadora de las empresas. En sus versiones más modernas, se aplica el enfoque de “sistemas de innovación”; tal y como lo conocimos en Colombia con la Política Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Colciencias, Junio 20 de 1995). La innovación, desde esta perspectiva, es vista como un proceso de interacciones múltiples que requiere la existencia de un tejido social innovador como sustento. La debilidad de esta posición es que en el sector productivo latinoamericano los sistemas de innovación son más un postulado teórico que una realidad. Una de las críticas que le hizo la UNCTAD (1997), al Sistema Nacional de Innovación de Colombia, señalaba que éste tenía muy buen diseño, pero con una débiles relaciones entre el sistema formal de ciencia y tecnología y el sector de la producción, y de este modo una inadecuada demanda por tecnología y servicios tecnológicos de parte del sector empresarial; según este informe, en las condiciones colombianas se imponía una doble estrategia, por un lado, formar los recursos científico-tecnológicos, y por otro, establecer interacciones constructivas entre los componentes del sistema, para lo cual, reiteraba la importancia sobre el uso de las cadenas productivas, como los ejes del Sistema Nacional de innovación; algo que evidentemente se ha venido incorporando, pero que quizá falta por desarrollar aún más. Esta postura sistémica de innovación, cuenta además con el hecho de que la comunidad científica de las universidades suele rechazar el aspecto “economicista” de esta política, al demandar ésta una fuerte relación de las universidades con la industria (Arocena y Sutz, 2001).

Una tercera, es la Política para la sociedad de la información. Esta postura, en auge en ciertos países, no es propiamente una política científica y tecnológica, asegura Albornoz, pero en la práctica la reemplaza; consiste en darle un gran peso a la potencialidad de Internet y en la supuesta disponibilidad universal de los conocimientos. La debilidad de esta posición radica en que confunde los procesos de creación con los de transmisión de conocimientos. La renuncia a producir conocimientos localmente afecta la capacidad de apropiarse de los que son generados fuera de la región. Esta postura pierde también de vista que la solución de muchos de los problemas locales reclama conocimientos producidos localmente.

Finalmente, tendríamos la Política de fortalecimiento de capacidades en ciencia y tecnología; trata de rescatar, por una parte, las políticas de ciencia y tecnología propias de etapas anteriores, centradas en la producción local de conocimiento, pero procura, por otra parte, adaptarlas en función del nuevo contexto. Postula la necesidad de implementar políticas que no sólo tengan en cuenta la I+D, sino también las distintas etapas o modalidades del proceso social del conocimiento: la capacitación científica y técnica, la adquisición de conocimientos, su difusión y su aplicación en actividades productivas u orientadas al desarrollo social. La dificultad de esta postura radica en que los procesos de transformación que propone son graduales, lo que puede contraponerse a la idea de que el acceso a la sociedad del conocimiento es algo inmediato, gracias a la Internet. A nuestro juicio, la actual política colombiana de la ciencia y la tecnología, incorpora gran parte de estos presupuestos, bajo el énfasis de que el tema del fortalecimiento del sistema descansa en una estrategia de articulación; con el problema estructural de contar con una debilidad en el crecimiento sostenido de los recursos, una de cuyas causas es la poca voluntad política de los gobiernos de turno, lo que no ha hecho viable una política de Estado, tanto nacional como regionalmente, pese al reconocimiento de la importancia de la investigación (Gutiérrez, 2001).

3.1. El caso del Valle del Cauca

Con el proceso de regionalización iniciado a comienzos de la década pasada, se logró perfilar el más importante ejercicio de prospectiva regional, pero también de política científica y tecnológica, que se haya hecho para los departamentos de Valle, Chocó, Nariño y Cauca; nos referimos al Plan Regional de Ciencia y Tecnología (1997), con el apoyo especial de la Universidad del Valle. En él apareció como novedoso la definición de programas regionales, a partir de la prioridad de atender una demanda de ciencia y tecnología en algunos sectores de la economía que son importantes desde el punto de vista de la generación de empleo, como sucedió con los productores de papa y leche en Nariño. Las demandas de ciencia y tecnología, se identificaron como: de gestión ante el sistema nacional de ciencia y tecnología o ante el sistema nacional de innovación, demanda de tecnología incorporada en las personas, demanda de tecnología desincorporada y de incorporada en equipos, así como requerimientos específicos de investigación científica.

Los objetivos políticos del Plan se orientaron a incrementar la eficacia de las estructuras productivas de los sectores que se identificaron como estratégicos, la promoción de la ciencia y la tecnología como factor de competitividad, y la participación de los agentes de cambio en el desarrollo de la ciencia y tecnología; todo ello en la perspectiva de que contribuyera a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región pacífico, mediante el uso de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, dicha iniciativa, que se afectó en parte por el cambio en la Política Regional de COLCIENCIAS, con el desestímulo a las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología; no logró tener el despegue que se esperaba, al menos para el Valle del Cauca.

Actualmente, el proceso de promoción y planeación de la ciencia y la tecnología en el ámbito regional se concentra en tres escenarios, la Agenda de Ciencia y Tecnología al 2010 del departamento del Valle, El Plan Maestro de Desarrollo del Departamento (Comité Departamental de Ciencia y Tecnología, 2002), y la promoción del Sistema Regional de Innovación. No voy a explicar en que consisten tales iniciativas, voy a hacer algunas reflexiones desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, acerca de tales perspectivas de desarrollo científico y tecnológico para el Valle del Cauca.

Primera Cuestión: Requerimos una ciencia y una tecnología que incorpore la variable de riesgo tecno-científico, es decir, que incorpore los posibles problemas asociados a la vulnerabilidad de la naturaleza, por efectos de las consecuencias del desarrollo tecnológico o de alguna práctica tecnológica peligrosa, con especial énfasis en el tema ambiental. El pacífico colombiano concentra una importante condición de soporte a la sostenibilidad del país; piénsese por ejemplo en las graves consecuencias que se pueden generar por la deforestación del bosque tropical y la reforestación con especies foráneas, o la implantación de cultivos ilícitos con sus actores representativos. Los riesgos vuelven más vulnerables a las personas de menores recursos, y en este sentido, la población pobre del pacífico colombiano, que es la inmensa mayoría, puede sufrir desproporcionadamente los impactos negativos de los problemas ambientales de la región.

Segunda cuestión: Necesitamos que el sistema de ciencia y tecnología de la región haga suyos, no solo los aspectos de la innovación relacionados con el mercado, como es el caso de las áreas con potencial exportador que ya sean identificado; también los problemas sociales que no son necesariamente objeto de mercado. Es decir, de lo que se trata es no confundir el mercado con la demanda. Para ello se requiere de dos condiciones, la primera, una mayor difusión de todos los requerimientos de necesidades básicas para todas las comunidades; y en segundo lugar una política más explícita por parte del Sistema Nacional para que esto sea así, obviamente con incentivos para ello, aunque somos conscientes de que COLCIENCIAS ha venido insistiendo en el tema. Algunos aspectos a tener en cuenta en este tipo de demanda, deberían incorporar los temas relacionados con la seguridad alimentaria de los más desfavorecidos -tal como se sugiere en la cadena agroindustrial de las actuales iniciativas regionales de ciencia y tecnología, el Valle del Cauca es hoy en día una región importadora de alimentos-; otro aspecto sería, continuar con el tema del agua, la salud y el saneamiento básico como servicios públicos, -algo de lo cual la Universidad del Valle tiene experiencias muy ensayadas-; profundizar en el mejoramiento de las técnicas de agricultura del pequeño campesino de las zonas de ladera y del pacífico, así como los sistemas de irrigación y el uso del suelo, -el tema del suelo constituye, después del agua, el segundo gran problema ambiental del departamento-; la incorporación de sistemas de energía renovables y alternativos -el Valle del Cauca tiene déficit en la producción de energía, gran parte de ella la compra a otras regiones, frente a lo cual, algunas experiencias de pequeñas centrales eléctricas, como la producción de energía a partir del bagazo de la caña de azúcar, podrían ser una alternativa a explorar, entre otras-; una política de hábitat para los asentamientos humanos -que de cuenta, por ejemplo, de la inmensa migración que recibe el departamento por efectos de la violencia-; el mejoramiento de los sistemas de transporte, sistemas de transporte alternativos, sistemas integrados de transporte, -aprovechando la topografía y el inmenso corredor conectado entre ciudades intermedias-; el desarrollo y aplicación más amplios de los usos de las tecnologías de información y comunicación en el trabajo y en la educación, para todas las personas -aprovechando, por ejemplo, iniciativas como el parque del software, no hay que olvidar que un informe de las Naciones Unidas señalaba que el Internet, presentado por sus proponentes como la democracia para el futuro, tan solo el 20 por ciento más rico sobre la tierra dispone del 93 por ciento del uso total-; entre otros aspectos.

Tercera cuestión: promover la incorporación de la sociedad civil a la agenda de la ciencia y la tecnología de la región, creando mecanismos institucionales que lo faciliten; para ello hay que tener en cuenta tres aspectos: quienes deben participar (de tal forma que sea representativa dicha participación), cómo pueden participar (diseñar mecanismos claros y accesibles, con asesoría a tales intervenciones), y cómo hacer efectiva dicha participación (de tal forma que sus intereses se plasmen en los procesos actualmente en juego y que puedan vincularse de manera efectiva desde el comienzo de tales procesos) . En este sentido, las Universidades públicas y privadas, bajo una perspectiva subregional, pueden jugar un papel estratégico, ya que son las instancias que cuentan con toda la infraestructura para un trabajo interdisciplinario, requerido para este asunto. Por otro lado, se necesita de la integración de las mujeres y grupos sociales desfavorecidos en los sistemas de investigación; la actitud ante otras formas de conocimiento no asimiladas por la ciencia occidental; los cambios en la educación científica que incorporen la variable “participación democrática” en la ciencia y una promoción decidida por este aspecto en los modelos de comunicación de la ciencia.

Cuarta cuestión: incorporar la discusión de los temas valorativos a los procesos de investigación. Con ello nos referimos no solo a los valores morales. Se requiere también plantearse el tema, desde los valores epistémicos a la tecnociencia (verosimilitud, adecuación empírica, precisión, rigor, intersubjetividad, publicidad, coherencia, repetibilidad de observaciones,...); el tema de los valores típicos de la técnica y la tecnología (innovación, funcionalidad, eficiencia, eficacia, utilidad, aplicabilidad, fiabilidad, ...); el tema de los valores económicos (optimización de recursos, buena gestión de empresa científica, beneficio, rentabilidad, reducción de costes, competitividad,...); junto con los valores ecológicos, los valores humanos, políticos y sociales y éticos (Echeverría, 2000). Contrastando la carga valorativa de los procesos de desarrollo científico y tecnológico, podríamos abordar el tema del compromiso humano, no solo con la investigación en sí misma también con la naturaleza y los sistemas tecnológicos (entendidos como sistemas sociales) de una manera responsable. Esto es, inquietarse por los escenarios basados en la ciencia y la tecnología, compatibles con asuntos como el trabajo (algo de lo que ya se ha iniciado un diálogo en el sistema regional de innovación del Departamento), las formas satisfactorias de familia y la vida comunitaria (algo que se ha venido impulsando desde Planeta Valle y la Universidad del Valle, entre otras), el orden social para sentirse seguro y confiado, la estrechez de las desigualdades sociales y la inclusión de los menos favorecidos (con base en: Winner, 2001).

Sexta y última cuestión: el tema de la sociedad del conocimiento, pero con matices propios, es decir, abordando preguntas del siguiente orden: ¿De qué sociedad del conocimiento estamos hablando? ¿Cómo construir una idea que valore críticamente esta expresión, de tal forma que pueda ser recogida en el quehacer de la región y especialmente por las Universidades? ¿Es posible pensar en temas de investigación respecto de las necesidades sociales, como también de requerimientos empresariales, frente a esta relación entre Universidad y sociedad del conocimiento?

Algunas ideas, con especial incidencia en las universidades de la región, nos atrevemos a proponer. Una primera, se refiere al tipo de conocimiento que se reivindica prioritariamente en la sociedad del conocimiento. Se trata, la mayoría de las veces, del conocimiento que se considera científico y por lo tanto denota a alguien que profesionalmente está comprometido con la búsqueda de tal conocimiento. En el ámbito empresarial, el uso de la expresión "gestión del conocimiento" incluye otras formas de conocimiento, hace referencia a lo que se conoce como conocimiento tácito, presente en los trabajadores, el cual, la mayoría de las veces, esta orientado a formas del saber-hacer propias del conocimiento tecnológico. La empresa actual está enfrentada a desarrollar su actividad en una economía basada en el conocimiento, donde son los valores de carácter inmaterial lo más valioso de sus recursos: el conocimiento, el talento y la experiencia colectivos (Koulopoulos, 2000). El hecho de que la sociedad del conocimiento privilegie el conocimiento científico, en sentido amplio, plantea que la Universidad requiere constituirse en el espacio de mayor demanda para una sociedad del conocimiento. Decimos que la universidad “requiere”, ya que no es suficiente con el hecho de que exista una masa crítica, para que la sociedad demande sus servicios. Hay que convencer a la sociedad de que esto es así.

Un segundo aspecto tiene que ver con el hecho de que la sociedad del conocimiento, exige que el capital social apele al conocimiento encarnado en el experto, para lo cual las credenciales son necesarias, aunque no suficientes, para conseguir un trabajo, son principios de autorización y sobre todo, en la sociedad del conocimiento, se han vuelto marcadores indirectos de exclusión. Han empezado a reemplazar las viejas nociones de clase. Frente a esto, el reto de las universidades y especialmente de la universidad pública, sería asegurar el acceso equitativo a las personas con menos oportunidades económicas, para que puedan cumplir así con sus necesidades de formación y por consiguiente de obtención de credenciales, requisito necesario en una sociedad del conocimiento. Y en particular favorezca la inserción de la mujer en la formación universitaria, y en carreras de ciencias e ingenierías.

Por otra parte, el conocimiento como bien público, acarrea otra dificultad a tener en cuenta, si queremos que la región pueda abordar el tema de la sociedad del conocimiento. En su acepción original, un bien público es aquel que, una vez producido, puede ser consumido por más de una persona al mismo tiempo. Sin embargo, que un bien como el conocimiento, sea, (o pueda ser) de libre acceso no significa que beneficie o esté en condiciones de beneficiar a todo el mundo, es decir, que todos puedan acceder a él. El mantenimiento de bienes (realmente públicos) exige un esfuerzo considerable para asegurar que todo el mundo tenga un acceso potencial a esos bienes (López Cerezo, 2000); de ahí que una política regional de ciencia y tecnología, pueda contribuir a acceder a los bienes públicos que resulten de la investigación. Surge entonces un reto para la Universidad, cual es el de comprometer sus agendas de investigación en la generación de conocimiento con rentabilidad social y que llegue a los necesitados de este conocimiento.

Pero la sociedad del conocimiento trae también consigo la preocupación por la búsqueda y recuperación del conocimiento. Para algunos autores, los gestores del conocimiento usan metáforas tomadas del sector primario de la economía; así, el conocimiento <se captura>, se <extrae> y se <cultiva> (Fuller, 2001); por ejemplo, la gerencia de conocimiento se puede definir como un proceso sistemático de identificación, captura, evaluación, síntesis, organización, distribución, aplicación y actualización del capital de conocimiento de la organización; aportando a los profesionales de la compañía los conocimientos necesarios para desarrollar eficazmente su labor. (Steib, 2000). En este caso, como en muchos, el conocimiento no <se fabrica> (una metáfora del sector secundario familiar en los análisis marxistas y constructivistas) y, sólo cuando es necesario <se distribuye> como un servicio (una metáfora del sector terciario que se ha popularizado con Bell y muchos de los primeros teóricos de la sociedad del conocimiento). Dicha estructura le da relevancia al conocimiento, pero especialmente al que pueda ser tomado en forma de subcontratación, o alquiler, más que a la producción misma. La gestión del conocimiento se constituye como una estrategia frente a la innovación, que es un proceso costoso y arriesgado para asegurar grandes beneficios, frente a los que las empresas prefieren seguir nichos conquistados. Y en este punto también la Universidad puede afrontar otro reto. Cual es el de constituirse en una estructura de interfase en la gestión del conocimiento, colocando su capacidad detectora de fuentes de información que favorezcan la competitividad de las empresas; o más loable aún, en una estructura que, al tener la infraestructura de laboratorios y de personal preparado pueda, bajo alianzas con las empresas, ayudar a disminuir los costos de la innovación y estimular dicho proceso, como de hecho hay casos para mostrar en la región.

En síntesis, lo que queremos proponer, es que la estrategia universidad-empresa le otorgue beneficios a la sociedad y no solo al sistema de ciencia-tecnología-empresa, pues es la sociedad en un sentido amplio, incluyendo en ella al sector empresarial, quien puede y debe beneficiarse del esfuerzo público en ciencia y tecnología (López Cerezo, 2000).

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