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Vacas locas en Asturias

José A. López Cerezo

Asistimos estos días a una auténtica psicosis en España con el llamado "mal de las vacas locas" - la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Esta enfermedad bovina, detectada hace catorce años en el Reino Unido, es una infección del sistema nervioso central producida por priones, un tipo muy resistente de proteína que puede afectar al ser humano por el consumo de res contaminada. La variante humana de la EEB es la conocida como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob - una enfermedad mortal que destroza el cerebro. Más de 90 personas han muerto por esta enfermedad en Europa durante estos años. Asturias ha sido por el momento la comunidad española más afectada, aunque, hasta ahora y por lo que sabemos, las únicas físicamente afectadas son las vacas.

El origen de este problema es la alimentación de reses con piensos de origen animal: vacas comiendo vacas. El reciente escándalo de los "pollos belgas" en mayo de 1999, aunque de distinta naturaleza al problema de las vacas (se detectaron dioxinas en los pollos), tenía por origen la misma práctica de utilizar despojos cárnicos y grasas animales en la fabricación de piensos para alimentar animales. No puede extrañarnos la consiguiente indignación ciudadana por los oscuros manejos de la industria alimentaria, subvirtiendo la cadena alimenticia natural en la búsqueda de más y más beneficios.

El mal de las vacas locas no es desde luego un hecho aislado. Los casos del Tireless, el uranio empobrecido, la telefonía celular o el amianto en la industria son riesgos que han compartido estos días la atención de los medio de comunicación. Otros casos, como la energía nuclear, los residuos tóxicos, las grandes obras públicas, numerosos aditivos alimentarios o los alimentos transgénicos constituyen riesgos más tradicionales en los medios y en la movilización de los colectivos sociales. Son en cierto sentido el precio de la modernización, manifestaciones de lo que el sociólogo alemán Ulrick Beck ha llamado "la sociedad del riesgo". Según este autor, nos encaminamos hacia una nueva modernidad en la que el eje que estructura nuestra sociedad no es ya tanto la distribución de bienes como la distribución de males, la distribución de riesgos.

En efecto, una característica central del mundo desarrollado es la gran cantidad de riesgos creados por el desarrollo científico-tecnológico; riesgos que, irónicamente, son en gran parte desvelados por la propia ciencia. No se trata únicamente de que en nuestros días tengamos que afrontar más o mayores riesgos que en el pasado; lo que está en juego es una peligrosidad cualitativamente distinta. Vivir en la sociedad del riesgo es tener que hacer frente a la posibilidad, mayor cada día, de que se produzcan daños catastróficos para buena parte de la humanidad. Son amenazas que, a diferencia de los peligros del pasado, no están ya sujetas a barreras nacionales, de clase social o generacionales. Por ejemplo, las catástrofes nucleares, el efecto invernadero, los derramamientos de petróleo, la lluvia ácida o los priones no respetan fronteras entre países, entre ricos y pobres o entre padres e hijos. Pero además, la sociedad del riesgo consiste también en la creciente presencia de decisiones arriesgadas dentro de la conducta individual. Vivimos en una sociedad crecientemente tecnificada, en la esfera económica, institucional e incluso en la vida diaria. Los ámbitos de acción, antes regulados por una tradición vinculante, ahora constituyen problemas de decisión y asunción de responsabilidad: en el consumo de medicamentos, el uso de sistemas de transporte, el diseño de dietas o la compra de carne en el supermercado.

El riesgo es además hoy utilizado como banderín de enganche para la movilización social - algo perfectamente legítimo en una sociedad democrática. Muchos de los daños que en el pasado se atribuían a la naturaleza, al destino o a voluntades sobrenaturales, y eran vistos así como peligros inevitables, hoy son habitualmente imputados a acciones y decisiones humanas, y, por tanto, se les otorga la forma de riesgos. Decir de algo que es un riesgo, como es un riesgo contraer la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, no sólo es hablar de daños potenciales para la salud sino también imputar responsabilidad a algún agente social por acción o por omisión de la acción. A su vez, considerar que un riesgo es inaceptable no es estimar que su ocurrencia es demasiado probable (una dimensión principal del llamado "riesgo objetivo"), aunque esto sea tenido en cuenta, sino sobre todo considerar que la exposición es involuntaria, que sus potenciales consecuencias son inasumibles, que está injustamente distribuido, que no es adecuadamente compensado, etc. No es entonces una sorpresa que la problemática del riesgo, con episodios como el de las vacas locas, sea hoy materia habitual de polémica pública.

En este sentido se plantea ahora el problema de las vacas locas en España y los países europeos de nuestro entorno. No se trata de un problema meramente científico y técnico, que pueda ser resuelto únicamente mediante el concurso de la ciencia, con un mejor conocimiento de la enfermedad y sus vías de transmisión, con mejores pruebas de detección o medicamentos, etc. Ni siquiera es un problema administrativo que sólo precise de nuevas disposiciones legales y una regulación del mercado más adecuada. Sin duda requiere todas estas cosas. Pero este tipo de acciones poco van a reducir el riesgo objetivo de contraer la enfermedad, actualmente ya bastante bajo. El problema es básicamente un problema político; es un problema de atribución de responsabilidad y recelo frente a la administración pública y el mercado. La polémica pública no es acerca del valor probabilístico de que un daño de cierta magnitud tenga lugar sino acerca de la inaceptabilidad de ese daño, por pequeño que pueda resultar ser, dado que es involuntario, potencialmente catastrófico y resultante de prácticas vinculadas al beneficio económico privado. De aquí la naturaleza política del problema, y de aquí las protestas por la falta de medidas preventivas tempranas, por el titubeo en el manejo político del asunto, por la inadecuada compensación de ganaderos, etc.

Necesitamos sin duda más ciencia para afrontar seriamente el problema. Pero la ciencia, aun imprescindible, no tiene la solución, pues la base del problema no es tanto la falta de conocimiento como la falta de confianza. A pesar de ello, en declaraciones públicas de personalidades relevantes seguimos encontrando el viejo y conocido mito tecnocrático: la creencia de que si se regula, y esa regulación está basada en la mejor ciencia disponible, entonces el problema se resuelve. Pues no, el problema no se resuelve porque la gente no siempre cumple las regulaciones (a veces porque son de imposible cumplimiento), porque la ciencia tiene que limitarse con frecuencia a ofrecer un conocimiento incompleto e incierto, y porque, para empezar, el problema original era un problema político, donde están involucrados valores e intereses, y no meramente científico o técnico.

Reconocer el carácter político del problema no es sólo una cuestión de nombres, de usar unos términos en lugar de otros, es también el primer paso para extender al mismo los estilos democráticos de toma de decisiones que deberían ser la norma en la administración pública para generar confianza y evitar el conflicto social. Si se percibe que la salud debe ser protegida ante posibles daños, no es sólo porque un cálculo técnico haya señalado una probabilidad inaceptable de fatalidad frente a hipotéticos beneficios, sino especialmente porque se considera que determinados agentes sociales han sobrepasado sus límites de intervención en la búsqueda de un beneficio propio. De hecho, nuestra exposición a muchos de los riesgos del mundo actual es una exposición deliberadamente provocada, o que no ha sido conscientemente prevenida, por algún agente social con el fin de obtener algún beneficio. Por eso precisamente son vividos como riesgos y no son concebidos como peligros inevitables. Y también por eso, por ser involuntarios, por la falta de compensación y por su potencial catastrófico, tenemos todo el derecho a rechazar esos riesgos y a pedir responsabilidades, pese a que fumemos, conduzcamos motocicletas o compremos antibióticos sin receta.

En Asturias se han detectado ya dos casos confirmados de reses afectadas por EEB, aunque sólo parece cuestión de tiempo que aparezcan otros; el consumo de carne de vacuno ha caído en picado y las pérdidas económicas siguen creciendo alarmantemente. El problema es grave. Es posiblemente cierto que, como se dice para tranquilizar a la población, el riesgo objetivo de contraer la enfermedad por consumir productos cárnicos es un riesgo mínimo. Sin embargo, son aún muchas las incertidumbres científicas que nos impiden saber objetivamente cuál es la magnitud de ese "riesgo objetivo". Y, además, los riesgos objetivos mínimos también causan daño, y éste en particular mata. Tranquilizar a la población es recuperar la confianza de los ciudadanos. No sólo requiere medidas y estilos políticos como la transparencia y la precaución, además de seguir avanzando en el conocimiento de la enfermedad, requiere también activar vías de participación que recaben las sensibilidades y opiniones de los afectados. Para ello, es necesario antes entender que no se trata de un mero problema técnico de riesgo objetivo; es un problema originado por la representación personal de la amenaza, y por la razonable negativa de muchas personas de asumir un riesgo impuesto y potencialmente mortal, sea cual sea su probabilidad.

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