Documento de trabajo
Cumbre de Madrid
UE-ALC: Valores y Posiciones Comunes
 1. Con ocasión de la Segunda
Cumbre celebrada en Madrid el 17 de mayo de 2002, los Jefes de Estado
y de Gobierno de la Unión Europea, de América Latina y del
Caribe reiteramos nuestra voluntad política de consolidar la asociación
estratégica acordada en la Primera
Cumbre celebrada en Río de Janeiro en 1999, y que se basa en
valores y posiciones comunes a ambas regiones. Nuestra relación
tiene su origen en múltiples intereses compartidos y en los lazos
de amistad existentes entre nuestros pueblos. La Cumbre de Madrid nos
ha brindado una ocasión para concretar y consolidar la asociación
estratégica birregional mediante expresiones jurídicas e
institucionales basadas en acuerdos de asociación, acuerdos de
colaboración y otros mecanismos, en un diálogo político
fructífero y en unas sólidas relaciones económicas
y financieras, que se apoyan en una liberalización progresiva,
equitativa y equilibrada del comercio y de la circulación de capitales,
así como en una cooperación dinámica y constructiva
en los ámbitos educativo, científico, tecnológico,
cultural, humano y social con objeto de dar a nuestra relación
birregional una nueva dimensión de cara al siglo XXI y aprovechar
las posibilidades que ofrecen los desafíos a que nos enfrentamos
en un mundo cada vez más globalizado.
2. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, de América
Latina y del Caribe reiteramos nuestro respeto por los derechos humanos.
Estamos decididos a seguir avanzando en la vía de la democracia,
la justicia y la igualdad social, de la modernización, de la liberalización
comercial, de las reformas estructurales y de la distribución equitativa
de los beneficios derivados de la mundialización económica
y de las nuevas tecnologías. También reiteramos nuestra
intención de seguir apoyando el desarrollo sostenible y los avances
realizados en nuestras regiones en materia de integración.
3. Destacamos nuestro respeto por la plena observancia del Derecho internacional
y de los objetivos y principios contenidos en la Carta de las Naciones
Unidas, los principios de no intervención y de autodeterminación,
de respeto de la soberanía, la integridad territorial y la igualdad
entre los Estados, que junto al respeto por los derechos humanos, el fomento
de la democracia y la cooperación para el desarrollo económico
y social constituyen la base de las relaciones entre nuestras regiones.
Ámbito Político
4. Nuestra asociación estratégica birregional se está
reforzando mediante la intensificación y la ampliación de
nuestro diálogo en los foros internacionales, en particular a través
de consultas políticas en los foros y principales conferencias
de las Naciones Unidas.
5. Consideramos importante seguir reforzando la democracia y consolidando
las instituciones democráticas que, entre otras cosas, garantizan
procesos electorales libres, limpios y basados en la participación,
el sufragio universal y el respeto del Estado de Derecho. Apoyamos con
firmeza el principio de que los sistemas judiciales nacionales sean independientes
e imparciales. Creemos que la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo
económico y social son elementos de fundamental importancia para
la paz y la estabilidad.
6. Reiteramos nuestro compromiso en favor de todos los derechos humanos,
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, incluido el derecho al desarrollo, y las libertades fundamentales,
teniendo en cuenta su carácter universal, interdependiente e indivisible,
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los instrumentos
acordados internacionalmente en materia de derechos humanos, así
como con la Declaración de Viena y el Programa de Acción
sobre derechos humanos, de 1993.
7. Nos comprometemos a seguir desarrollando políticas dirigidas
a fomentar el respeto de la dignidad y el bienestar de los emigrantes
y a garantizar la protección de sus derechos y de los de sus familias.
Asimismo, insistimos en la necesidad de proteger los derechos de todos
los miembros de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad:
niños, jóvenes, personas de edad avanzada, personas con
discapacidades, personas desplazadas, población indígena
y minorías étnicas y religiosas. También reiteramos
la necesidad de lograr la igualdad de oportunidades para ambos sexos,
teniendo especialmente en cuenta la Declaración de Beijing y la
Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer, de 1995, así como las nuevas acciones adoptadas en el
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en 2000.
8. Acogemos con satisfacción la adopción de la Declaración
y del Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica, del 31 de agosto
al 8 de septiembre de 2001, afirmamos nuestro compromiso al respecto y
reiteramos el ánimo de una voluntad política y de un compromiso
renovados para combatir el azote del racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, con objeto
de defender los derechos de los individuos y miembros de los grupos que
corren especial riesgo de verse discriminados.
9. Destacamos la importancia y la contribución de la sociedad
civil y la participación de los ciudadanos con vistas a consolidar
la democracia y el desarrollo económico y social, así como
el respeto, el fomento y la protección de los derechos humanos.
Tanto en la UE como en América Latina y el Caribe, las organizaciones
no gubernamentales y otros representantes de la sociedad civil ejercen
cada vez más influencia en el proceso de toma de decisiones. A
este respecto, afirmamos nuestro compromiso de apoyar el interés
y la participación de los representantes de la sociedad civil en
los procesos políticos, económicos y sociales de nuestros
países, en las agrupaciones regionales respectivas y en nuestra
relación birregional.
10. Reconocemos la importancia que tiene mejorar la respuesta de la comunidad
internacional a crisis humanitarias importantes, de manera consecuente
con los objetivos y principios enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas.
11. Estamos convencidos de que la colaboración entre nuestros
Gobiernos es fundamental para combatir la corrupción en todas sus
formas, ya que este grave problema erosiona la legitimidad y el funcionamiento
de las instituciones y representa una amenaza para la democracia, la sociedad,
el Estado de Derecho y el desarrollo. Asimismo, reiteramos que estamos
a favor de que en el futuro se mantengan negociaciones con vistas a celebrar
un convenio general de las Naciones Unidas para combatir la corrupción.
12. Apoyamos los procesos de reconciliación nacional y las iniciativas
emprendidas en ese sentido.
13. Condenamos todos los crímenes contra la humanidad y consideramos
importante que se mejore la cooperación con vistas a identificar,
detener, extraditar y sancionar a los culpables de cometer estos crímenes
atroces. A este respecto, reconocemos la gran importancia que tienen las
normas internacionales relativas a la responsabilidad penal de las personas
que cometen actos de genocidio, crímenes contra la humanidad y
crímenes de guerra, todos ellos graves crímenes que afectan
a la comunidad internacional en su conjunto. Felicitamos a los Estados
signatarios del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por la
labor realizada para hacer posible la entrada en vigor de dicho Estatuto,
y destacamos la importancia de que todos los países se adhieran
al mismo.
14. Convenimos en reforzar las políticas que favorecen la seguridad
pública de las personas, dan clara prioridad a la lucha contra
la actividad delictiva en nuestras sociedades, en particular contra la
distribución, el tráfico y la utilización de armas
y explosivos ilícitos, y tratan de conseguir la eliminación
de todas las formas de delincuencia organizada. Debemos aunar nuestras
fuerzas para luchar contra todas las formas de delincuencia organizada
transnacional y actividades afines, como el tráfico de seres humanos,
particularmente de mujeres y niños, la trata, prostitución
y pornografía infantiles, la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados,
y el tráfico de drogas. Hacemos un llamamiento en favor de la pronta
entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional, así como de sus Protocolos.
15. Reiteramos nuestra condena de la instigación, financiación,
organización, ejecución y, en general, toda forma de participación
en actos terroristas, que constituyen un atentado contra la seguridad
de las personas y representan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
Consideramos que el terrorismo constituye un grave fenómeno delictivo
que, además de poner en peligro el pleno ejercicio de los derechos
humanos, las libertades fundamentales y los valores democráticos,
supone una amenaza para la seguridad del Estado que socava los cimientos
de la sociedad civil y tiene efectos adversos para el desarrollo económico
y social.
16. Estamos decididos a reforzar las medidas individuales y comunes contra
el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas y con los instrumentos pertinentes en
materia de derechos humanos. También estamos decididos a adherirnos
y dar aplicación efectiva a todos los instrumentos internacionales
pertinentes, entre ellos el Convenio Internacional para la represión
de la financiación del terrorismo. Reconocemos que es necesaria
una mayor cooperación para prevenir y eliminar ese flagelo, en
particular mediante la firma y ratificación de los doce convenios
internacionales en materia de terrorismo. No deben escatimarse esfuerzos
para lograr que concluyan con celeridad las negociaciones sobre el proyecto
de un convenio general sobre terrorismo.
17. Reiteramos nuestra plena convicción de que la lucha contra
el terrorismo debe respetar los derechos humanos, las libertades fundamentales
y el Estado de Derecho.
18. Destacamos asimismo la necesidad de luchar contra la financiación
del terrorismo y de fortalecer los instrumentos multilaterales existentes
en materia de desarme, control de armamento y no proliferación,
que pueden contribuir de forma esencial a la lucha contra el terrorismo.
19. Manifestamos nuestra determinación de adoptar todas las medidas
necesarias para garantizar la aplicación de las resoluciones pertinentes
de las Naciones Unidas relativas a la lucha contra el terrorismo internacional,
en particular la Resolución nº 46/60 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, de 17 de febrero de 1995, y la Resolución
1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 28 de septiembre
de 2001.
20. Nos comprometemos a cooperar en la lucha contra el terrorismo biológico,
fortaleciendo la capacidad de nuestros países para prepararse y
responder a las situaciones de emergencia derivadas de actos terroristas
de índole biológica, radiológica y química,
con objeto de proteger la salud de nuestros pueblos.
21. Reconocemos la dimensión mundial del problema de la droga,
que se mantiene gracias a su rentabilidad económica, y acordamos
aunar esfuerzos para desmantelar todos sus elementos, a saber: el control
de la demanda y el abastecimiento, los precursores, el tráfico
de drogas (de todas ellas, incluidas las sintéticas), el blanqueo
de capitales, el tráfico de armas y los delitos conexos.
22. En el marco de nuestra asociación estratégica, nos
comprometemos a hacer frente al problema mundial de la droga conforme
a los principios de una responsabilidad común y compartida basada
en un enfoque mundial, global y equilibrado plenamente acorde con los
objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración
Política del Período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General sobre uso indebido de drogas, celebrado del 8 al 10 de junio de
1998, y del Derecho Internacional. El Mecanismo de Cooperación
y Coordinación en materia de Drogas entre la Unión Europea,
América Latina y Caribe, del cual forman parte los Planes de Acción
de Barbados y de Panamá, debería utilizarse a este propósito.
23. Respaldamos la decisión que se adoptó en la Cuarta
Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Cooperación y Coordinación
en materia de Drogas entre la Unión Europea, América Latina
y Caribe, celebrada en Madrid los días 7 y 8 de marzo de 2002,
en el sentido de llevar a cabo un análisis y una evaluación
de los resultados obtenidos.
24. Convenimos en la necesidad de contar con una política de desarrollo
económico y social para las regiones interesadas, con objeto de
reconstruir las comunidades dedicadas a cultivos ilícitos y de
lograr que, mediante su participación en un desarrollo sostenible
alternativo, dichas comunidades alcancen unas condiciones de vida dignas.
25. Apoyamos el intento por lograr una cooperación eficaz para
evitar la aparición y reaparición de cultivos ilícitos
o su traslado a regiones ecológicamente frágiles o a otras
zonas nunca afectadas con anterioridad.
26. Destacamos la importancia de que se fortalezcan de forma multilateral
los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes y políticos
para prevenir la proliferación de las armas de destrucción
masiva y de sus medios de distribución. Nos comprometemos también
a reforzar, en este ámbito, los instrumentos en materia de desarme.
Seguiremos cooperando para erradicar totalmente las armas químicas
y biológicas. Subrayamos la importancia de incrementar el cumplimiento
y el fomento de la universalidad de la Convención relativa a las
armas químicas y de la Convención relativa a las armas biológicas
y toxínicas, así como de otras normas internacionales contra
el uso de armas químicas, biológicas y toxínicas.
Ponemos de relieve nuestra convicción de que la mejor forma de
potenciar esta última Convención es adoptar un instrumento
jurídicamente vinculante para supervisar la prohibición
del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas biológicas
y toxínicas y su destrucción. Seguimos apoyando el objetivo
de lograr un régimen que fomente la confianza de conformidad con
la Convención relativa a las armas químicas y de acuerdo
con el mandato del grupo ad hoc creado con arreglo a dicha Convención.
27. Seguiremos trabajando para impulsar el proceso de desarme nuclear
conducente a la total eliminación de las armas nucleares, y el
de desarme general y total bajo estricta y efectiva supervisión
internacional. El Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares (TNP) es una piedra angular del régimen internacional
de no proliferación y del intento por lograr el desarme nuclear.
El Tratado de Tlatelolco también constituye un instrumento regional
esencial que contribuye a los objetivos de la no proliferación
y el desarme. Los Estados partes reiteramos nuestra determinación
de lograr la efectiva aplicación del documento final adoptado por
consenso en la Conferencia de examen del TNP, celebrada en 2000, y de
las decisiones y resoluciones adoptadas en la Conferencia de examen y
prórroga de 1995, así como de trabajar en pro de la aplicación
de dichos textos durante el proceso conducente a la Conferencia de examen
del TNP que se celebrará en 2005.
28. Destacamos la importancia del Tratado de Prohibición Completa
de los Ensayos Nucleares (CTBT) como instrumento relevante de la no proliferación
nuclear y como importante paso hacia el desarme nuclear. Apoyamos el empeño
tendente a una pronta entrada en vigor del Tratado, tal como quedó
reiterado en la segunda Conferencia sobre medidas para facilitar la entrada
en vigor del CTBT, celebrada en Nueva York del 11 al 13 de noviembre de
2001. Pedimos que firmen o ratifiquen el CTBT quienes todavía no
lo han hecho, en particular los Estados cuya ratificación es necesaria
para la entrada en vigor del mismo, y nos pronunciamos a favor de una
moratoria sobre dichos ensayos hasta que entre en vigor el Tratado.
29. Consideramos que la labor de hacer frente a la proliferación
de misiles balísticos debe llevarse a cabo con arreglo a un enfoque
mundial y multilateral. En este contexto, tomamos nota de la reunión
internacional para debatir el proyecto de código de conducta internacional
celebrada en París los días 7 y 8 de febrero de 2002 y acogeremos
favorablemente nuevos cambios de impresiones sobre este importante tema.
Acogemos también con satisfacción los trabajos del grupo
de las Naciones Unidas integrado por expertos gubernamentales en materia
de misiles, así como otras iniciativas en este ámbito.
30. Trabajaremos conjuntamente para promover la adhesión universal
a la Convención relativa a ciertas armas convencionales (CCW) y
a sus Protocolos. Manifestamos nuestra satisfacción por el resultado
de la segunda Conferencia de examen de dicho instrumento, celebrada en
Ginebra en diciembre de 2001, en la que se declaró que las disposiciones
de la Convención se aplican a cualquier tipo de conflicto armado.
Acogemos favorablemente la decisión de crear un grupo de expertos
gubernamentales para tratar con carácter urgente la cuestión
de los residuos explosivos de guerra y para seguir analizando el problema
de las minas no antipersonal.
31. Los Estados partes acogemos con satisfacción el éxito
de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción
(Convención de Ottawa), así como las reuniones segunda y
tercera de los Estados partes de la Convención celebradas respectivamente
en Ginebra en septiembre de 2000 y en Managua en septiembre de 2001. Seguiremos
cooperando para erradicar los padecimientos provocados por las minas antipersonal
y para prestar apoyo a los programas de rehabilitación. Los Estados
partes subrayamos la importancia de adherirse a la Convención y
de ratificarla, y pedimos a todos los Estados que aúnen esfuerzos
para lograr la total eliminación de las minas antipersonal. Condenamos
también el uso de las minas antipersonal por todos los agentes
que no son Estados.
32. Nos comprometemos a prevenir, combatir y erradicar el tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras a escala nacional, regional
e internacional, mediante medidas que garanticen la cooperación
y la asistencia internacionales. Por consiguiente, propugnamos que se
aplique cuanto antes el Plan de Acción aprobado por la Conferencia
internacional de las Naciones Unidas sobre el comercio ilícito
de armas en todos sus aspectos, celebrada en Nueva York en julio de 2001.
33. Manifestamos nuestra profunda preocupación por los efectos
que tienen los conflictos armados en la población civil y en el
desarrollo de la sociedad en muchos lugares del mundo y subrayamos la
importancia de fortalecer la capacidad de la comunidad internacional,
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios
del Derecho Internacional, para la prevención de conflictos, el
arreglo pacífico de controversias, el mantenimiento de la paz y
la consolidación de la paz después de los conflictos, así
como para la ayuda humanitaria a los sectores vulnerables de la población.
Estamos decididos a reforzar nuestra cooperación en estos ámbitos,
teniendo en cuenta las actividades de los principales órganos y
organismos de las Naciones Unidas.
Ámbito Económico
34. El contexto internacional se caracteriza por una mundialización
e interdependencia que van en rápido aumento. Nuestra asociación
estratégica debe servir de ejemplo de una intensa cooperación
política, económica y social que dará lugar a medidas
prontas, eficaces y claramente diferenciadas para hacer frente a los desafíos
y posibilidades que ofrece el siglo XXI, así como respecto de nuevos
temas que surgen en el orden de prioridades internacional.
35. Si bien la mundialización económica puede brindar posibilidades
de crecimiento y desarrollo, también es cierto que presenta dificultades,
sobre todo para los países en desarrollo. Estamos de acuerdo en
que es necesario lograr un reparto más equitativo de sus beneficios,
luchar contra la pobreza y la exclusión social y concentrar la
acción en el progreso económico y social, la calidad del
empleo, la educación y la vivienda, así como en unos servicios
de salud integrados, sobre todo para los sectores más necesitados
de la población. Con este fin, deberían proseguirse los
esfuerzos encaminados, entre otras cosas, a incrementar el acceso a los
mercados y a las nuevas tecnologías, impulsando también
la cooperación internacional al desarrollo conforme al objetivo
del desarrollo sostenible.
36. Entendemos, no obstante, que para superar las dificultades económicas
que se atraviesan actualmente a escala internacional, caracterizadas por
un descenso generalizado del crecimiento económico mundial y por
una disminución del crecimiento comercial y de las inversiones,
hemos de aunar esfuerzos bajo el liderazgo de las economías industrializadas,
que desempeñarán un papel fundamental a la hora de fomentar
la renovación del crecimiento económico mundial y de facilitar
la plena participación de los países en desarrollo en los
sistemas comerciales y financieros.
37. Reconocemos que, en las relaciones económicas y comerciales
internacionales, sigue habiendo desigualdades además de diferencias
de desarrollo. Para resolver esas desigualdades es preciso mejorar las
normas, el funcionamiento y las posibilidades reales de acceso al mercado
que ofrecen el sistema comercial multilateral y el sistema financiero
internacional. Reconocemos, concretamente, que algunos países en
desarrollo tienen limitaciones que obstaculizan su integración
en el sistema económico y comercial internacional, y subrayamos
la necesidad de que se preste asistencia técnica relacionada con
el comercio y se adopten otras medidas de desarrollo de la capacidad para
contribuir a una mejor integración.
38. La mundialización de la economía exige una mayor cooperación
internacional, en particular en materia financiera y fiscal. Una actividad
empresarial internacional sólida y productiva no puede sino beneficiarse
del Estado de Derecho y de unas condiciones de tratamiento en pie de igualdad.
Lucharemos contra toda clase de blanqueo de capitales, evasión
fiscal y otros delitos económicos mediante la cooperación
internacional y la legislación nacional.
39. En el ámbito financiero, reconocemos, por una parte, la necesidad
de utilizar mejor la capacidad actual de las instituciones que forman
parte del sistema de Bretton Woods y, por otra, la necesidad de mejorar
el proceso de toma de decisiones y el funcionamiento de dichas instituciones
y de sus políticas, con objeto de que puedan responder mejor a
los nuevos desafíos del sistema económico internacional,
que ha experimentado importantes cambios en los últimos años.
Reconocemos, en este sentido, la necesidad de incrementar la participación
y la cooperación activa en la toma de decisiones y en el establecimiento
de las normas que afectan a las cuestiones económicas de interés
para toda la comunidad internacional, como forma de llevar a la práctica
el concepto de gobernanza mundial. Pondremos nuestro empeño en
fortalecer el sistema financiero internacional y nuestros respectivos
sistemas financieros para hacer frente a posibles crisis futuras que constituyan
una amenaza para la estabilidad nacional, regional o internacional, así
como para lograr un pleno aprovechamiento de la integración de
los mercados de capital y para reducir los riesgos que presenta la volatilidad
de los mismos.
40. Conscientes de que la deuda externa es un obstáculo considerable
para el desarrollo social y económico de muchos países,
propugnamos, a este respecto, que se utilicen plenamente todos los mecanismos
existentes, con objeto de lograr soluciones eficaces, equitativas y duraderas
y de superar así este reto.
41. Deberían estudiarse y llevarse a la práctica condiciones
y medidas de financiación favorables con objeto de otorgar un trato
equitativo y adecuado en los foros pertinentes y competentes a los países
pobres muy endeudados (PPME) tomando nota de que algunos países
en desarrollo son también acreedores. En este sentido, acogemos
con satisfacción los acuerdos alcanzados por el Grupo de los Siete
en Génova, en 2001, en el sentido de adoptar medidas para aliviar
la deuda externa de los PPME que reúnan las condiciones para ello
y de prestar apoyo a la lucha de los países contra la pobreza y
la extrema pobreza, en particular mediante una mayor cooperación
no reembolsable, así como mediante la financiación de más
proyectos en ámbitos de esencial importancia.
42. Reiteramos nuestra convicción de que una integración
regional abierta desempeña un papel importante en la promoción
del crecimiento, la liberalización del comercio, el desarrollo
económico y social, la estabilidad democrática y una integración
más equitativa en el proceso de mundialización económica.
Por tanto, estamos decididos a respaldar los procesos de integración
regional en curso en nuestras dos regiones.
43. Nos congratulamos de la aplicación del Acuerdo de Asociación
entre México y la UE y de la conclusión de las negociaciones
de un Acuerdo de Asociación con Chile. Recomendamos la conclusión
puntual de las negociaciones de los Acuerdos de Asociación con
Mercosur. Acogemos con satisfacción las nuevas iniciativas de la
UE de negociar Acuerdos políticos y de cooperación con los
países de América Central y los países andinos, así
como la decisión de reforzar la cooperación en materia de
comercio, inversiones y relaciones económicas. El logro de los
objetivos de dichos acuerdos y el refuerzo de la cooperación deberían
establecer las condiciones con arreglo a las cuales, construyendo sobre
los resultados del Programa de Trabajo de Doha que nos hemos comprometido
a concluir a más tardar a final de 2004, pudieran negociarse Acuerdos
de Asociación viables y mutuamente beneficiosos, entre la UE y
América Central y entre la UE y la Comunidad Andina respectivamente,
que incluyan áreas de libre comercio.
44. Observamos también que, en el marco del Acuerdo de Cotonú,
los países del Caribe junto con los demás Estados miembros
del Grupo de países de África, Caribe y el Pacífico
iniciarán oficialmente negociaciones de acuerdos de asociación
económica en septiembre de 2002.
45. Estamos a favor de un sistema comercial multilateral transparente,
abierto y no discriminatorio, en el que la progresiva apertura de los
mercados y la supresión de las barreras comerciales, basadas en
normas multilaterales transparentes y más sólidas, permita
a todos beneficiarse de las ventajas comparativas de sus respectivas economías,
impulsar una integración competitiva en el comercio mundial y reducir
las posibilidades de proteccionismo. En este sentido, destacamos la importancia
de la OMC como foro fundamental para la promoción de la liberalización
comercial y el establecimiento de las normas y disciplinas básicas
para la necesaria regulación del sistema de comercio internacional.
Acogemos con satisfacción la decisión de la Cuarta Reunión
Ministerial de la OMC de poner en marcha nuevas negociaciones en el marco
del Programa de trabajo de Doha. Estas negociaciones deberían aportar
beneficios a todos los miembros de la OMC aumentando el volumen del comercio
internacional y el crecimiento económico. La nueva ronda de negociaciones
debería contribuir a la integración de los países
en vías de desarrollo en la economía mundial, incluso mediante
disposiciones especiales y de tratamiento diferencial, que tengan plenamente
en cuenta las prioridades y preocupaciones de nuestros ciudadanos y fomenten
el desarrollo sostenible.
46. Destacamos la necesidad de la asistencia técnica bilateral
y multilateral y las medidas de consolidación de las capacidades
para ayudar a los países en desarrollo y en particular a los menos
desarrollados a llevar a cabo, y concluir, las negociaciones, así
como a aplicar sus resultados. Destacamos asimismo la importancia de abordar
de manera satisfactoria las preocupaciones de los países en desarrollo
para la aplicación de los compromisos de la Ronda Uruguay. Destacamos
el programa de trabajo sobre las pequeñas economías acordado
en Doha y, acogiendo con satisfacción el reciente lanzamiento de
dicho programa, hacemos un llamamiento para su rápida y completa
aplicación. Las negociaciones deberían garantizar también
que los países en desarrollo tengan asegurada una participación
en el crecimiento del comercio mundial proporcional a las necesidades
de su desarrollo económico. Confirmamos nuestra intención
de colaborar estrechamente para obtener, dentro del plazo acordado de
tres años, un resultado equilibrado y ambicioso de las negociaciones
sobre todas las cuestiones, que tenga en cuenta las preocupaciones de
todos los miembros de la OMC.
47. Reiteramos nuestro firme rechazo de todas las medidas de carácter
unilateral y efecto extraterritorial, que son contrarias al Derecho internacional
y a las normas generalmente aceptadas de comercio internacional. Estamos
de acuerdo en que este tipo de prácticas plantea una amenaza grave
para el multilateralismo.
48. En el contexto de la mundialización económica y del
progreso de la sociedad de la información, es preciso fomentar
el comercio de los servicios. En esta materia, las nuevas formas de cooperación
son factores importantes para unas relaciones económicas más
estrechas entre ambas regiones y fomentarían un desarrollo, liberalización
y estabilización libres y ordenados.
49. Nos comprometemos a promover los derechos de propiedad intelectual
con arreglo a los acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual
en los que somos parte.
50. Reiteramos nuestra convicción de que la promoción de
las inversiones directas constituye un objetivo fundamental de las relaciones
entre nuestras dos regiones y, por tanto, acordamos estimular el desarrollo
de iniciativas destinadas a aumentar el flujo internacional de las inversiones
entre nuestras dos regiones. Consideramos que los flujos financieros y
las inversiones productivas deberían centrarse especialmente en
proyectos destinados a fomentar el desarrollo sostenible y la integración
de las infraestructuras regionales en América Latina y el Caribe,
así como a estimular los flujos comerciales UE-ALC. Para lograr
este objetivo, ambas regiones necesitan cooperar estrechamente con el
Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el Banco de Desarrollo del Caribe (CARIBANK), la Corporación
Andina de Fomento (CAF), el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) y otros bancos regionales. Promoveremos un clima
favorable para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas,
y desempeñaremos un papel significativo en la mejora de las condiciones
sociales y de la cooperación entre ambas regiones, a fin de estimular
la creación de posibles empresas conjuntas.
51. Reconocemos la importancia de fomentar un turismo nacional e internacional
sostenible, con inclusión del turismo ecológico, como instrumento
eficaz de desarrollo económico y cultural, tanto a nivel local,
como regional e internacional.
52. Consideramos prioritario ampliar y desarrollar el diálogo
y la cooperación en materia de energía entre nuestras regiones
y países, para lograr que la seguridad en materia energética
propicie un desarrollo económico y social sostenible y mutuamente
beneficioso.
53. Destacamos la importancia de los mercados de la energía y
la reforma reglamentaria del sector de la energía, mejorando la
eficacia energética, promoviendo las inversiones, respaldando el
desarrollo y la transferencia de tecnologías en materia de energía
y estimulando un uso sostenible de todos los recursos energéticos.
54. Continuaremos impulsando los objetivos de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aplaudimos la
reciente aprobación del Acuerdo de Bonn sobre la "Ejecución
del Plan de Acción de Buenos Aires", así como los Acuerdos
de Marrakech sobre el Protocolo de Kioto. Esperamos que contribuirán
a reducir y atenuar las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud
de los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en
consonancia con las capacidades respectivas de los países. Acogemos
con satisfacción la decisión de la UE de ratificar el Protocolo
de Kioto a más tardar el 1 de junio de 2002 y estamos decididos
a trabajar juntos para lograr la ratificación y entrada en vigor
del Protocolo lo antes posible.
55. Creemos que es crucial reforzar nuestra cooperación y nuestra
actuación en caso de desastres naturales, aumentar la eficacia
de la asistencia y reducir la vulnerabilidad de los países de América
Latina y el Caribe ante estos fenómenos, que perjudican gravemente
a los esfuerzos nacionales y regionales de desarrollo. Por otra parte,
en las iniciativas en esta materia, deberían considerarse los vínculos
entre la ayuda rápida de emergencia, y la rehabilitación
y reconstrucción, a la vez que se observan los criterios de desarrollo
sostenible a largo plazo.
56. Fomentaremos la cooperación científica y tecnológica
para fortalecer las capacidades nacionales, abordar conjuntamente los
desafíos mundiales, estimular la inversión y propiciar las
asociaciones de empresas en que se produzca una transferencia de tecnologías
y conocimientos especializados, contribuyendo así a promover el
desarrollo sostenible, especialmente mediante el plan de acción
y el acuerdo de cooperación aprobados por los Ministros de Ciencia
y Tecnología en su reunión de marzo de 2002 en Brasilia.
57. Subrayamos la importancia del desarrollo y la creación de
una infraestructura eficaz, con especial énfasis en el transporte,
el desarrollo de las tecnologías de la información, la modernización
de las telecomunicaciones y de los procedimientos administrativos, la
liberalización del comercio y la intensificación de la integración
económica y de la cooperación. Destacamos asimismo la importancia
de promover una cooperación efectiva en materia de transferencia
de tecnologías avanzadas con los países de América
Latina y el Caribe, con el objetivo de desarrollar las tecnologías
de la información y la modernización del sistema de telecomunicaciones
y de los procedimientos administrativos, y teniendo en cuenta los requisitos
del desarrollo del comercio, el fortalecimiento de la cooperación
y la integración económica. Creemos que las tecnologías
de la información y la comunicación tienen un importante
papel que desempeñar en el fomento de la buena gobernanza y el
desarrollo económico. En consonancia con las conclusiones de la
Conferencia Internacional sobre Administración Electrónica
para el Desarrollo, celebrada en Palermo los días 10 y 11 de abril
de 2002, nos comprometemos a la modernización de nuestros procedimientos
administrativos públicos para conseguir que la prestación
de servicios a los ciudadanos y a las empresas sean más transparentes
y eficaces.
58. Valoramos los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey,
México, del 18 al 22 de marzo de 2002, que representa un paso estimulante
en los esfuerzos por abordar las cuestiones sistémicas de la economía
internacional, y en particular en la movilización de los recursos
financieros necesarios para cumplir los objetivos de la Declaración
del Milenio y otros objetivos de desarrollo acordados internacionalmente.
Manifestamos nuestra determinación de cooperar para una rápida
y plena aplicación de sus resultados. En este contexto, saludamos
el compromiso de la UE de alcanzar colectivamente el 0,39% AOD/PIB para
2006, contribuyendo así a invertir la tendencia actual de disminución
del flujo mundial de ayuda al desarrollo, como una etapa para conseguir
el objetivo del 0,7 % AOD/PIB. Esperamos que se consolide la tendencia
a asignar más recursos a la ayuda al desarrollo.
59. Nuestra asociación en materia de cooperación para el
desarrollo ofrece una importante oportunidad para poner en práctica
nuestros valores e ideales comunes y lograr un reparto más equitativo
de los beneficios derivados de la mundialización económica.
60. Nuestra asociación en materia de cooperación para el
desarrollo tiene la finalidad de promover el desarrollo sostenible en
sus múltiples dimensiones -particularmente sociales, económicas
y medioambientales- mediante programas y acciones concertados entre los
que se incluyen muchos de los aspectos y áreas de cooperación
destacados en el presente documento. Compartimos los intereses de mejora
de la integración nacional y regional y de mayor eficacia en los
programas de cooperación al desarrollo UE-ALC. La cooperación
al desarrollo ofrece una importante oportunidad para poner en práctica
nuestros valores e ideales comunes y difundir en mayor grado los beneficios
derivados de la globalización contrarrestando sus efectos negativos.
61. Sólo podrá alcanzarse un desarrollo sostenible si se
toman en consideración todos sus pilares: el desarrollo económico,
la protección del medio ambiente y el desarrollo social. Para promover
el desarrollo sostenible, consideramos prioritario superar la pobreza,
el hambre, la marginación y la exclusión social, y modificar
los modelos de producción y consumo que contribuyen a la disminución
de la capa de ozono y al aumento del efecto invernadero, fomentar la conservación
de la diversidad biológica y del ecosistema mundial y utilizar
de forma sostenible los recursos naturales, en particular el agua y los
recursos energéticos renovables. Es necesario prevenir e invertir
la degradación del medio ambiente, especialmente la que se deriva
de una concentración industrial excesiva y de modelos de consumo
no sostenibles, impedir la contaminación de océanos y mares
y el agotamiento de sus recursos biológicos, la utilización
no sostenible de los recursos forestales y la erosión de los suelos,
que amenazan al clima mundial, ajustándose a los principios de
responsabilidad compartida, pero diferenciada.
62. Esperamos con interés que el PrepCom IV, que se celebrará
en Bali el mes de mayo, sea constructivo y ultime los preparativos para
una Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar
en Johannesburgo el próximo septiembre 2002 y que deberá
verse coronada por el éxito.
63. Estamos convencidos de que la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible ofrecerá una oportunidad única para evaluar la
aplicación de la Agenda 21 y renovar los compromisos políticos
adoptados a nivel local, nacional, regional e internacional con vistas
a promover el desarrollo sostenible en todo el mundo.
64. Estamos determinados a alcanzar el objetivo del Plan de Acción
de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996. En este contexto,
acogemos favorablemente la idea de una "Coalición internacional
contra el hambre" que se debatirá en la "Cumbre Mundial
sobre la Alimentación, cinco años después",
que tendrá lugar en Roma del 10 al 13 de junio de 2002.
Ámbito Cultural, Educativo, Científico, Tecnológico,
Social y Humano
65. Reiteramos nuestro compromiso en favor de una sólida cooperación
entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en el
ámbito educativo, sanitario, cultural y humano, basada en valores
compartidos y en el reconocimiento de la importancia de la educación
y del progreso científico y tecnológico para consolidar
las bases de nuestra mentalidad común.
66. Nos comprometemos a desarrollar nuestras relaciones basándonos
en los principios de igualdad y de respeto de la pluralidad y diversidad,
sin distinción de raza, religión o sexo, principios que
constituyen la manera ideal de lograr una sociedad abierta, tolerante
e integradora, donde el derecho del individuo a la libertad y al respeto
mutuo esté arraigado gracias a un acceso equitativo a la capacidad
productiva, a la salud, a la educación y a la protección
civil.
67. Nos comprometeremos a dedicar más recursos al desarrollo de
programas sociales, dedicando especial atención a la educación,
la salud, la alimentación, la vivienda, la integración social
y el empleo, así como a la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la cultura, a fin de mejorar las condiciones
de desarrollo humano. En este sentido, recordamos los principios y las
medidas adoptadas en el marco de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,
celebrada en 1995 en Copenhague, y las nuevas orientaciones para el futuro
convenidas durante el período extraordinario de sesiones de las
Asamblea General de las Naciones Unidas de Ginebra, que tuvo lugar en
2000. En este contexto, es necesario aplicar políticas y reformar
el sistema fiscal a fin de encontrar la manera de fomentar el desarrollo
económico y la justicia social.
68. Subrayamos la importancia de que nuestros países alcancen
un nivel de empleo suficiente, bien remunerado y productivo. Para ello,
la educación y la formación profesional del trabajador son
algo fundamental.
69. Expresamos nuestra honda preocupación por las graves consecuencias
sociales y económicas que se derivan del VIH/SIDA y de otras pandemias
que afectan en especial a los países en desarrollo. Reafirmamos
el derecho del ser humano a gozar de un nivel adecuado de atención
sanitaria. Reconocemos la necesidad de fomentar un mayor acceso a las
medicinas en coherencia con la Declaración sobre el Acuerdo ADPIC
y la salud pública adoptada en la Conferencia de la OMC celebrada
en Doha. También reconocemos la necesidad de una estrategia global
de prevención y tratamiento, mediante la cooperación entre
Estados, organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector
privado en la lucha contra estas epidemias. A este respecto, acogemos
con satisfacción los progresos realizados en este ámbito
por la Comisión de Derechos Humanos, la Organización Mundial
de la Salud, la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización
Mundial del Comercio y el período extraordinario de la Asamblea
General de las Naciones Unidas dedicado al VIH/SIDA.
70. Consideramos que la investigación científica y el desarrollo
técnico son elementos fundamentales en nuestras relaciones y constituyen
un requisito indispensable para que los diferentes países puedan
integrarse con éxito en un mundo marcado por la mundialización,
lo cual requiere a su vez aprovechar los avances del conocimiento científico,
dominarlos y adaptarlos a una tecnología en constante desarrollo.
Somos partidarios de que se aplique el plan de acción adoptado
por los Ministros de Ciencia y Tecnología en su reunión
del pasado mes marzo. Reconocemos las posibilidades que ofrecen las tecnologías
de la información y la comunicación para el desarrollo de
la democracia y el progreso económico y social. Estamos de acuerdo
en que es conveniente compartir los conocimientos, la tecnología
y la información, aprovechando las ventajas que ofrece la conectividad
de la infraestructura, y alentamos a todos los pueblos a que se beneficien
de dichas ventajas. Ponemos de relieve que la plena utilización
de las tecnologías y de las redes digitales para el desarrollo
y el progreso social, además de plantear un desafío técnico,
plantea sobre todo un desafío político, institucional, social
y cultural que requiere una visión y un propósito que dilaten
el espacio para la cooperación entre nuestros países y el
sector público y privado, con el apoyo de las instituciones financieras
y de otras entidades internacionales.
71. Compartimos la opinión de que debe intensificarse la cooperación
en el ámbito educativo, poniendo especial énfasis en la
educación básica, la formación profesional y la cooperación
entre las instituciones de enseñanza superior, incluidas las universidades,
los centros de investigación y desarrollo tecnológico y
la educación de distancia, teniendo en cuenta las necesidades específicas
de nuestras sociedades. En este contexto, recordamos los programas de
cooperación ya existentes, que pueden considerarse un éxito,
y apoyamos la puesta en práctica de las acciones decididas en la
reunión de Ministros de Enseñanza Superior celebrada en
París el 3 de noviembre de 2000.
72. Convenimos en que el acceso universal a la educación y a la
formación profesional son factores decisivos para impulsar el desarrollo
económico y social, reducir la pobreza y crear empleo bien remunerado,
garantizando una educación básica completa para todas personas
en edad escolar y el derecho de los pueblos a mantener su identidad cultural
y lingüística; hacemos hincapié en el derecho a la
educación en sí mismo, basado en la responsabilidad nacional,
propia de cada país, de proporcionar una educación adecuada
a todos sus ciudadanos y fomentar el aprendizaje permanente.
73. Convenimos en que la misión de la enseñanza superior
es contribuir al desarrollo sostenible y a la mejora de la sociedad desde
una perspectiva global; formar y preparar licenciados cualificados capaces
de atender a todos los aspectos de la actividad humana; fomentar, gestionar
y difundir los conocimientos obtenidos en la investigación; interpretar,
preservar y promover la cultura en su contexto pluralista y de diversidad
cultural; ofrecer posibilidades de aprendizaje permanente; contribuir
al desarrollo y a la mejora de la educación en todos sus niveles;
proteger y promover a la sociedad civil, educando a los jóvenes
de acuerdo con los valores de la ciudadanía democrática
y capaces de ofrecer perspectivas críticas e independientes en
todos los debates en torno a las opciones estratégicas tendentes
a reforzar las perspectivas humanistas.
74. Convenimos en que los intercambios interregionales entre los protagonistas
en el ámbito educativo y cultural de ambas regiones son uno de
los medios más eficaces y efectivos para fomentar la comprensión
mutua, la educación artística, el aprendizaje y la producción
cultural. Establecer estrechos contactos entre los artistas y las organizaciones
en todos los sectores culturales estimula el respeto por la diversidad
cultural y lingüística y garantizan al mismo tiempo la dignidad
humana y el desarrollo social.
75. Estamos decididos a seguir fomentando la cooperación y los
intercambios entre las industrias culturales, incluido el sector audiovisual,
a fin de preservar nuestra diversidad cultural.
76. Convenimos en que la recuperación, la preservación
y un mejor conocimiento de nuestros vastos acervos culturales, y de nuestra
diversidad como eslabón fundamental de integración birregional,
permitirían el establecimiento de unas relaciones más estrechas
y duraderas entre nuestros pueblos y favorecerían la creatividad
cultural como fundamento de la paz y la tolerancia. Consideramos que,
tanto en nuestras regiones como en los foros multilaterales, deberían
estimularse las acciones tendentes a promover, respetar y difundir la
diversidad y el pluralismo culturales en el mundo, teniendo en cuenta,
entre otras cosas, la Declaración sobre la Diversidad Cultural
adoptada en la 31ª sesión de la Conferencia General de la
UNESCO en noviembre de 2001.
77. Reconocemos la importancia de los conocimientos tradicionales, que
constituyen un activo cultural y económico estrechamente vinculado
a las comunidades indígenas, y, por consiguiente, los derechos
de estas comunidades relativos a tales conocimientos deben ser reconocidos
y recibir la debida protección internacional.
78. Somos conscientes de que el mundo está inmerso en un proceso
de cambio que ha modificado profundamente las relaciones entre las personas,
la organización y la productividad de las empresas y el desarrollo
económico, social y cultural de los diversos países. Asimismo,
convenimos en que la causa de tales cambios radica en gran medida en el
importante progreso tecnológico alcanzado recientemente, especialmente
en el ámbito de las tecnologías de la información
y de la comunicación. Todos estos procesos de transformación
han dado lugar a la llamada "sociedad de la información".
79. Observamos que, en el marco de este proceso, existe una tendencia
a la baja en la importancia relativa de los factores productivos clásicos,
como los recursos naturales y la mano de obra barata, y que surgen nuevas
formas de competitividad y un nuevo tejido social y económico -la
sociedad de la información- en los que la generación, el
tratamiento y la distribución de conocimientos e información
representan la principal fuente de productividad, de bienestar y de poder.
80. Reconocemos que la "fractura digital" es una nueva dimensión
de las divisiones económicas y sociales que limita el acceso universal
al conocimiento y la información en nuestras propias lenguas. La
reducción de dicha fractura será objeto de una atención
especial en el marco de la cooperación birregional y multilateral.
81. Con objeto de aprovechar plenamente las posibilidades de la sociedad
de la información, compartimos la opinión de que los Estados
deben estudiar la elaboración de estrategias nacionales en relación
con la transmisión electrónica a partir de un proceso de
consultas que involucre a todas las partes interesadas. Dichas estrategias
deberán incluir el establecimiento de marcos normativos y políticos
de habilitación y promoción de la competencia e incentivar
la utilización de normas abiertas e internacionales, para abrir
la vía de una armonización regional y contribuir a ámbitos
clave de desarrollo como la administración, la enseñanza,
los servicios de salud y el comercio por medios electrónicos. Los
Estados deben estudiar asimismo la conveniencia de emprender medidas destinadas
a promover la protección de la dignidad humana y del carácter
personal de la información, garantizando la adecuada seguridad
de la red en el ámbito del ciberespacio y prohibiendo el uso de
Internet con fines ilícitos.
82. En este contexto, acogemos favorablemente la declaración de
la reunión ministerial sobre la sociedad
de la información, celebrada el pasado mes de abril en Sevilla,
y manifestamos nuestra satisfacción por la puesta en marcha del
programa @lis como aplicación concreta de la Cumbre de Río,
con vistas a fortalecer nuestra relación en este ámbito
estratégico. Fomentaremos la acción común de nuestros
países en la Cumbre
Mundial sobre la sociedad de la información que se celebrará
en el año 2003.
83. Estos valores y posiciones comunes, así como los que figuran
en la declaración
política y el plan de acción de Río de Janeiro,
deberán guiar el diálogo y la cooperación que mantenemos
actualmente en los foros interregionales. Al mismo tiempo, contribuirán
a intensificar y ampliar satisfactoriamente nuestra asociación
estratégica.
Madrid, 17 de mayo de 2002.
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