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XIV Conferencia Iberoamericana de Educación
San José, Costa Rica, 28 y 29 de octubre de 2004

Declaración de San José

Las Ministras y los Ministros de Educación de Iberoamérica
Reunidos en la XIV Conferencia Iberoamericana de Educación

Reconocemos que:

La educación es una herramienta poderosa para impulsar el desarrollo humano sostenible, aumentar la productividad y la competitividad de los países en el mundo moderno.

Las condiciones sociales que vive la región iberoamericana - en especial América Latina - junto con la situación por la que atraviesan los diferentes sistemas educativos indican la necesidad de otorgar a la educación el carácter de política de Estado.

América Latina es la región más desigual del planeta, cuyos índices de pobreza dificultan el acceso a la generación y a los beneficios del crecimiento económico a cerca de 200 millones de personas. Según las estimaciones de la CEPAL, la tasa de pobreza en la región supera el 40% de la población, de la que casi un 50% vive en condiciones de pobreza extrema, lo que agrava las desigualdades y la exclusión social.

Durante las últimas dos décadas, los países de Iberoamérica han emprendido una serie de reformas -así como experiencias innovadoras exitosas- en sus sistemas educativos que pretendieron, simultáneamente, mejorar la competitividad de sus economías a través del aumento en la calidad de sus recursos humanos y fortalecer sus democracias a través de la formación cívica de sus ciudadanos.

Sin embargo, al finalizar la década de los 90, más allá de los esfuerzos y avances sectoriales, nos encontramos con sistemas educativos que no han logrado aún atender las necesidades de formación de toda la población. Según las estadísticas elaboradas por la UNESCO, si bien el promedio de escolaridad de la población es de 6,3 años, el 10% de los niños/as provenientes de hogares con mayores ingresos alcanzan 11,4 años de escolaridad, mientras que el 10% de los niños/as provenientes de hogares más pobres sólo alcanzan 3,1 años. Esta situación está asociada a factores económicos, sociales y culturales de los diversos grupos de población de estos países.

Aun cuando los gobiernos de la región han incrementado los presupuestos destinados al sector educativo, el promedio de inversión en la región es de 4,7% con respecto del PIB, cifra muy por debajo del mínimo del 6% recomendado por el Foro Mundial de Dakar para asegurar una educación de calidad para todos.

La inversión por alumno en los países de la región, en los niveles de enseñanza básica y secundaria, es inferior a la mitad de la que realizan los países desarrollados, siendo precisamente estos niveles los que contribuyen a una mayor rentabilidad tanto desde el punto de vista personal como social.

Y consideramos que:

La construcción de sociedades democráticas, cohesionadas y en crecimiento, se logrará efectivamente si la educación es ubicada como eje de los proyectos de desarrollo, de las políticas públicas y de las iniciativas de integración regional, por ser el fundamento de la convivencia pacífica, tolerante y solidaria.

El cumplimiento de los Objetivos y Metas del Milenio contribuiría a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas de nuestros países, reconociendo el valor de la educación a lo largo de la vida de las personas. Para ello, es necesario el aumento de la inversión social, la focalización del gasto en los más pobres y el esfuerzo de los propios países para avanzar hacia una mejor distribución del ingreso.

La ayuda oficial al desarrollo de los países industrializados ha disminuido en los últimos años y aún está lejos de la meta del 0,7% del PIB, lo que dificulta a los países en desarrollo superar los obstáculos para lograr una educación de calidad para todos, afectada también por las condiciones establecidas por los organismos financieros y de cooperación internacionales. Por otra parte, opuesto a este propósito es la aplicación unilateral de medidas coercitivas contrarias al derecho internacional.

La inversión en educación es prioritaria para conseguir el armónico desarrollo económico y social de los pueblos y puede proporcionar simultáneamente avances en eficiencia y en equidad, en crecimiento económico y en cohesión social, y constituir, al mismo tiempo, un canal idóneo para avanzar hacia la sociedad del conocimiento.

Junto a la escasez de recursos para la educación, las limitaciones que enfrenta la estructura del gasto educativo y el uso ineficiente de los recursos, provoca desigualdades y resultados desfavorables en cuanto a la cobertura, la retención escolar y la calidad educativa que producen un aumento en los costos de la educación.

La demanda de más inversión educativa tendrá mayor legitimidad si está acompañada por la firme voluntad política de cambiar los enfoques, los procedimientos, los mecanismos de asignación y utilización de los recursos en el marco de una administración eficiente de los sistemas educativos.

El adecuado financiamiento de la educación en los países se ve amenazado, en distintos grados, por el crecimiento de la deuda pública que consume una parte considerable de los presupuestos nacionales e impide la asignación de recursos adicionales a los programas sociales.

Por consiguiente:

Proponemos a los gobiernos y a la sociedad en general ampliar el financiamiento de la educación, contemplando la obtención de nuevos recursos y la reorientación de los existentes, teniendo en cuenta la rentabilidad social y económica que se obtendrá en el mediano y largo plazos.

Reafirmamos la necesidad de movilizar recursos adicionales para incrementar una inversión educativa con mayor equidad, en el marco de las transformaciones que demandan los sistemas educativos latinoamericanos. Tales recursos han de ser gestionados de forma eficiente, eficaz y transparente.

Recomendamos reforzar el diálogo entre los sectores financieros, políticos y educativos en atención a la prioridad que merece la educación en la inversión pública de los países.

Reiteramos la necesidad de asignar recursos adecuados a la educación para la inclusión productiva y social de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, tales como indígenas o migrantes y, al mismo tiempo, erradicar el trabajo infantil.

Reafirmamos que la inversión eficiente en educación determinará las posibilidades de afrontar con éxito el desempleo que obstaculiza el crecimiento y desarrollo de nuestros países y genera exclusión social de amplios sectores de población.

Acordamos continuar el desarrollo de mecanismos adecuados que permitan la conversión de un porcentaje de los servicios de la deuda por inversión en los sistemas educativos de nuestros países, a partir de las conclusiones de la XIII Conferencia Iberoamericana de Educación. Para alcanzar los objetivos mencionados es necesario que se destine un porcentaje del monto liberado por las acciones de conversión de deuda a los programas de educación.

Proponemos que dichos recursos constituyan fondos adicionales al presupuesto en educación y que se inviertan según las necesidades concretas de nuestros países y cuya aplicación esté vinculada a planes y programas específicos que favorezcan la construcción de sistemas educativos inclusivos, privilegiando la atención a la primera infancia, la población analfabeta o con bajos niveles de escolarización, a las personas con discapacidad, así como a la universalización de la educación básica y el fortalecimiento de la enseñanza secundaria.

Ratificamos el compromiso de garantizar un manejo transparente de estos fondos como condición para lograr una mayor y mejor asignación de recursos y una eficiente administración, promoviendo el control social mediante el establecimiento de mecanismos efectivos de seguimiento y de rendición de cuentas con base en las metas propuestas y los resultados obtenidos.

Somos conscientes de que, junto a los mecanismos de conversión de deuda que se puedan determinar, es preciso explorar otros instrumentos que faciliten la inversión adecuada para lograr la educación de calidad para todos. En ese sentido, convocamos a que sean igualmente considerados métodos alternativos de contabilización de gastos en educación, en la evaluación de metas y agregados macroeconómicos, con el objetivo de permitir ampliar las inversiones del sector educativo.

Reconocemos la fundamental importancia de que la inversión en educación superior se oriente a la articulación de los procesos formativos de las universidades, así como a la formación docente y técnica, junto al desarrollo de investigación científica y tecnológica, de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de desarrollo nacional.

Invitamos a todos los agentes implicados a hacer efectivas acciones de cooperación coherentes y coordinadas en una lógica de asociación para el desarrollo orientada hacia la construcción de un futuro mejor para todos.

Reconocemos que la educación es una responsabilidad de todos, por lo cual es conveniente continuar los esfuerzos por lograr alianzas entre el Estado, el magisterio y la sociedad civil para consolidar las políticas de Estado que permitan mejorar la calidad de la educación.

Reiteramos la prioridad de establecer mecanismos de facilitación e intercambio de información sobre educación, que permitan compartir experiencias y buenas prácticas y beneficiarse mutuamente de ellas. Instamos a la cooperación internacional a que preste su apoyo a estas iniciativas utilizando diversos medios, entre ellos los electrónicos e Internet.

Reconocemos que dentro del concepto "educación para progresar" se encuentra implícita la educación ambiental, la cual tiene como finalidad impulsar en nuestros países un modelo de desarrollo económico en alianza con la naturaleza que incluya a los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad, ya que no puede haber progreso sin armonizar nuestra relación con el medio natural y el entorno social.

Encomendamos a la OEI colaborar como facilitadora ante los países y los organismos cooperantes con la finalidad de asegurar el intercambio de deuda por educación, de modo tal que podamos construir soluciones efectivas para el futuro de la región, utilizando los mecanismos más apropiados.

Solicitamos al Gobierno español y a la OEI la realización de un encuentro en 2005 entre nuestros gobiernos y los tenedores de deuda con el objetivo de analizar conjuntamente propuestas posibles para la conversión de parte de la deuda por inversiones en educación.

Reiteramos nuestros compromisos con las actividades el año 2005, declarado el Año Iberoamericano de la Lectura -la cual es reconocida como un instrumento fundamental para el mejoramiento de la calidad de la educación- así como con las acciones previstas en el Plan Iberoamericano de la Lectura -ILIMITA.

Agradecemos a los organismos internacionales de cooperación el apoyo que vienen prestando para el desarrollo de nuestros sistemas educativos, así como su participación sostenida en las Conferencias Iberoamericanas de Educación.

Agradecemos al Gobierno de Costa Rica -y en concreto a su Ministro de Educación- por el amplio proceso de elaboración técnica y consulta realizado, y por la excelente organización y conducción de la XIV Conferencia Iberoamericana de Educación; igualmente al Instituto de Biodiversidad de Costa Rica por la valiosa experiencia que compartió con nosotros. Felicitamos a la OEI por el impulso y acompañamiento brindado, que permitirá concretar en acciones específicas los mandatos derivados de esta Declaración.

Acogemos con satisfacción la decisión de nuestros Jefes de Estado y de Gobierno por haber elegido "Educar para Progresar" como tema central de la XIV Cumbre Iberoamericana.

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