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OEI - Cumbres y Conferencias
Iberoamericanas - XIV Cumbre - XIV CIE
XIV
Conferencia Iberoamericana de Educación
San José, Costa Rica, 28 y 29 de octubre de 2004
Declaración de San José
Las Ministras y los Ministros de Educación de Iberoamérica
Reunidos en la XIV Conferencia Iberoamericana de Educación
Reconocemos que:
La educación es una herramienta poderosa para impulsar el desarrollo
humano sostenible, aumentar la productividad y la competitividad de los
países en el mundo moderno.
Las condiciones sociales que vive la región iberoamericana - en
especial América Latina - junto con la situación por la
que atraviesan los diferentes sistemas educativos indican la necesidad
de otorgar a la educación el carácter de política
de Estado.
América Latina es la región más desigual del planeta,
cuyos índices de pobreza dificultan el acceso a la generación
y a los beneficios del crecimiento económico a cerca de 200 millones
de personas. Según las estimaciones de la CEPAL, la tasa de pobreza
en la región supera el 40% de la población, de la que casi
un 50% vive en condiciones de pobreza extrema, lo que agrava las desigualdades
y la exclusión social.
Durante las últimas dos décadas, los países de Iberoamérica
han emprendido una serie de reformas -así como experiencias innovadoras
exitosas- en sus sistemas educativos que pretendieron, simultáneamente,
mejorar la competitividad de sus economías a través del
aumento en la calidad de sus recursos humanos y fortalecer sus democracias
a través de la formación cívica de sus ciudadanos.
Sin embargo, al finalizar la década de los 90, más allá
de los esfuerzos y avances sectoriales, nos encontramos con sistemas educativos
que no han logrado aún atender las necesidades de formación
de toda la población. Según las estadísticas elaboradas
por la UNESCO, si bien el promedio de escolaridad de la población
es de 6,3 años, el 10% de los niños/as provenientes de hogares
con mayores ingresos alcanzan 11,4 años de escolaridad, mientras
que el 10% de los niños/as provenientes de hogares más pobres
sólo alcanzan 3,1 años. Esta situación está
asociada a factores económicos, sociales y culturales de los diversos
grupos de población de estos países.
Aun cuando los gobiernos de la región han incrementado los presupuestos
destinados al sector educativo, el promedio de inversión en la
región es de 4,7% con respecto del PIB, cifra muy por debajo del
mínimo del 6% recomendado por el Foro Mundial de Dakar para asegurar
una educación de calidad para todos.
La inversión por alumno en los países de la región,
en los niveles de enseñanza básica y secundaria, es inferior
a la mitad de la que realizan los países desarrollados, siendo
precisamente estos niveles los que contribuyen a una mayor rentabilidad
tanto desde el punto de vista personal como social.
Y consideramos que:
La construcción de sociedades democráticas, cohesionadas
y en crecimiento, se logrará efectivamente si la educación
es ubicada como eje de los proyectos de desarrollo, de las políticas
públicas y de las iniciativas de integración regional, por
ser el fundamento de la convivencia pacífica, tolerante y solidaria.
El cumplimiento de los Objetivos y Metas del Milenio contribuiría
a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas
de nuestros países, reconociendo el valor de la educación
a lo largo de la vida de las personas. Para ello, es necesario el aumento
de la inversión social, la focalización del gasto en los
más pobres y el esfuerzo de los propios países para avanzar
hacia una mejor distribución del ingreso.
La ayuda oficial al desarrollo de los países industrializados
ha disminuido en los últimos años y aún está
lejos de la meta del 0,7% del PIB, lo que dificulta a los países
en desarrollo superar los obstáculos para lograr una educación
de calidad para todos, afectada también por las condiciones establecidas
por los organismos financieros y de cooperación internacionales.
Por otra parte, opuesto a este propósito es la aplicación
unilateral de medidas coercitivas contrarias al derecho internacional.
La inversión en educación es prioritaria para conseguir
el armónico desarrollo económico y social de los pueblos
y puede proporcionar simultáneamente avances en eficiencia y en
equidad, en crecimiento económico y en cohesión social,
y constituir, al mismo tiempo, un canal idóneo para avanzar hacia
la sociedad del conocimiento.
Junto a la escasez de recursos para la educación, las limitaciones
que enfrenta la estructura del gasto educativo y el uso ineficiente de
los recursos, provoca desigualdades y resultados desfavorables en cuanto
a la cobertura, la retención escolar y la calidad educativa que
producen un aumento en los costos de la educación.
La demanda de más inversión educativa tendrá mayor
legitimidad si está acompañada por la firme voluntad política
de cambiar los enfoques, los procedimientos, los mecanismos de asignación
y utilización de los recursos en el marco de una administración
eficiente de los sistemas educativos.
El adecuado financiamiento de la educación en los países
se ve amenazado, en distintos grados, por el crecimiento de la deuda pública
que consume una parte considerable de los presupuestos nacionales e impide
la asignación de recursos adicionales a los programas sociales.
Por consiguiente:
Proponemos a los gobiernos y a la sociedad en general ampliar el financiamiento
de la educación, contemplando la obtención de nuevos recursos
y la reorientación de los existentes, teniendo en cuenta la rentabilidad
social y económica que se obtendrá en el mediano y largo
plazos.
Reafirmamos la necesidad de movilizar recursos adicionales para incrementar
una inversión educativa con mayor equidad, en el marco de las transformaciones
que demandan los sistemas educativos latinoamericanos. Tales recursos
han de ser gestionados de forma eficiente, eficaz y transparente.
Recomendamos reforzar el diálogo entre los sectores financieros,
políticos y educativos en atención a la prioridad que merece
la educación en la inversión pública de los países.
Reiteramos la necesidad de asignar recursos adecuados a la educación
para la inclusión productiva y social de las personas pertenecientes
a grupos vulnerables, tales como indígenas o migrantes y, al mismo
tiempo, erradicar el trabajo infantil.
Reafirmamos que la inversión eficiente en educación determinará
las posibilidades de afrontar con éxito el desempleo que obstaculiza
el crecimiento y desarrollo de nuestros países y genera exclusión
social de amplios sectores de población.
Acordamos continuar el desarrollo de mecanismos adecuados que permitan
la conversión de un porcentaje de los servicios de la deuda por
inversión en los sistemas educativos de nuestros países,
a partir de las conclusiones de la XIII Conferencia Iberoamericana de
Educación. Para alcanzar los objetivos mencionados es necesario
que se destine un porcentaje del monto liberado por las acciones de conversión
de deuda a los programas de educación.
Proponemos que dichos recursos constituyan fondos adicionales al presupuesto
en educación y que se inviertan según las necesidades concretas
de nuestros países y cuya aplicación esté vinculada
a planes y programas específicos que favorezcan la construcción
de sistemas educativos inclusivos, privilegiando la atención a
la primera infancia, la población analfabeta o con bajos niveles
de escolarización, a las personas con discapacidad, así
como a la universalización de la educación básica
y el fortalecimiento de la enseñanza secundaria.
Ratificamos el compromiso de garantizar un manejo transparente de estos
fondos como condición para lograr una mayor y mejor asignación
de recursos y una eficiente administración, promoviendo el control
social mediante el establecimiento de mecanismos efectivos de seguimiento
y de rendición de cuentas con base en las metas propuestas y los
resultados obtenidos.
Somos conscientes de que, junto a los mecanismos de conversión
de deuda que se puedan determinar, es preciso explorar otros instrumentos
que faciliten la inversión adecuada para lograr la educación
de calidad para todos. En ese sentido, convocamos a que sean igualmente
considerados métodos alternativos de contabilización de
gastos en educación, en la evaluación de metas y agregados
macroeconómicos, con el objetivo de permitir ampliar las inversiones
del sector educativo.
Reconocemos la fundamental importancia de que la inversión en
educación superior se oriente a la articulación de los procesos
formativos de las universidades, así como a la formación
docente y técnica, junto al desarrollo de investigación
científica y tecnológica, de acuerdo a las necesidades del
sector productivo y de desarrollo nacional.
Invitamos a todos los agentes implicados a hacer efectivas acciones de
cooperación coherentes y coordinadas en una lógica de asociación
para el desarrollo orientada hacia la construcción de un futuro
mejor para todos.
Reconocemos que la educación es una responsabilidad de todos,
por lo cual es conveniente continuar los esfuerzos por lograr alianzas
entre el Estado, el magisterio y la sociedad civil para consolidar las
políticas de Estado que permitan mejorar la calidad de la educación.
Reiteramos la prioridad de establecer mecanismos de facilitación
e intercambio de información sobre educación, que permitan
compartir experiencias y buenas prácticas y beneficiarse mutuamente
de ellas. Instamos a la cooperación internacional a que preste
su apoyo a estas iniciativas utilizando diversos medios, entre ellos los
electrónicos e Internet.
Reconocemos que dentro del concepto "educación para progresar"
se encuentra implícita la educación ambiental, la cual tiene
como finalidad impulsar en nuestros países un modelo de desarrollo
económico en alianza con la naturaleza que incluya a los sectores
menos favorecidos de nuestra sociedad, ya que no puede haber progreso
sin armonizar nuestra relación con el medio natural y el entorno
social.
Encomendamos a la OEI colaborar como facilitadora ante los países
y los organismos cooperantes con la finalidad de asegurar el intercambio
de deuda por educación, de modo tal que podamos construir soluciones
efectivas para el futuro de la región, utilizando los mecanismos
más apropiados.
Solicitamos al Gobierno español y a la OEI la realización
de un encuentro en 2005 entre nuestros gobiernos y los tenedores de deuda
con el objetivo de analizar conjuntamente propuestas posibles para la
conversión de parte de la deuda por inversiones en educación.
Reiteramos nuestros compromisos con las actividades el año 2005,
declarado el Año Iberoamericano de la Lectura -la cual es reconocida
como un instrumento fundamental para el mejoramiento de la calidad de
la educación- así como con las acciones previstas en el
Plan Iberoamericano de la Lectura -ILIMITA.
Agradecemos a los organismos internacionales de cooperación el
apoyo que vienen prestando para el desarrollo de nuestros sistemas educativos,
así como su participación sostenida en las Conferencias
Iberoamericanas de Educación.
Agradecemos al Gobierno de Costa Rica -y en concreto a su Ministro de
Educación- por el amplio proceso de elaboración técnica
y consulta realizado, y por la excelente organización y conducción
de la XIV Conferencia Iberoamericana de Educación; igualmente al
Instituto de Biodiversidad de Costa Rica por la valiosa experiencia que
compartió con nosotros. Felicitamos a la OEI por el impulso y acompañamiento
brindado, que permitirá concretar en acciones específicas
los mandatos derivados de esta Declaración.
Acogemos con satisfacción la decisión de nuestros Jefes
de Estado y de Gobierno por haber elegido "Educar para Progresar"
como tema central de la XIV Cumbre Iberoamericana.
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