XVI Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno

Montevideo, Uruguay, 3, 4 y 5 de noviembre de 2006

Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana

En ocasión de la XVI Cumbre Iberoamericana, realizada en Montevideo, Uruguay, los días 4 y 5 de noviembre de 2006, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 22 Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones aprobamos el presente documento sobre migraciones y desarrollo, tema central de esta Cumbre.

Las migraciones han impregnado la historia de Iberoamérica; marcan nuestro presente y constituirán un factor fundamental en nuestro futuro. Nuestros pueblos se han enriquecido con el aporte cultural, científico, académico, económico, político y social de los migrantes. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad continuar garantizando el impacto positivo de las migraciones en nuestros países, a la luz de lo dispuesto en el presente Compromiso.

A este respecto, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana coincidimos en lo siguiente:

1. Es urgente continuar y profundizar el análisis global de la migración iniciado en el Diálogo de Alto Nivel que tuvo lugar en Naciones Unidas el 14 y 15 de setiembre pasado, desde una perspectiva integral y coherente, que considere tanto sus causas como sus efectos y que, basado en el respeto a los derechos humanos y en la realización del desarrollo, favorezca la búsqueda de mecanismos para su tratamiento integral.

2. Destacamos la realización en Madrid (España) los días 18 y 19 de julio de 2006, del Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el cual representó una instancia de análisis sobre las diversas materias vinculadas con la migración y constituyó un valioso aporte a la Comunidad Iberoamericana.

3. Las migraciones constituyen una realidad y un desafío de creciente complejidad, que requiere ser abordado por los Estados con un enfoque multidisciplinario, en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo. Los países de origen, tránsito y destino, deben asumir la responsabilidad que les corresponde en materia migratoria.
Las buenas prácticas sobre migración deben difundirse y consolidarse en el establecimiento de acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales, lo que contribuirá al ordenamiento y a la dinámica de los flujos migratorios, debiendo al mismo tiempo garantizar el respeto de los derechos humanos y la diversidad cultural de los migrantes y sus familias, y el estricto apego al principio de no discriminación o selectividad por motivo de origen étnico, género, edad, religión o nacionalidad, en el marco del ordenamiento legal vigente de cada país.

4. Es imperativo situar la persona del migrante en el centro de los programas o proyectos migratorios, garantizando que las políticas migratorias respeten plenamente los derechos humanos de los migrantes, en el marco del ordenamiento jurídico de cada Estado, independientemente de su condición migratoria, y cualquiera que sea su nacionalidad, origen étnico, género o edad. En este espíritu, debemos fomentar también la más amplia participación de los migrantes en las sociedades de acogida.

5. Es necesario abordar, en la Agenda Iberoamericana, el tema de la migración desde una perspectiva integral, por cuanto la migración es una realidad transversal que guarda estrecha relación con la falta de desarrollo, la afectación de los derechos humanos, la pobreza, los desastres naturales, la inestabilidad política, la búsqueda de mejores condiciones de vida, la inequidad en la distribución de la riqueza y la falta de oportunidades para el desarrollo humano, que son causas que la provocan. La generación de condiciones socioeconómicas inclusivas que permitan superar las condiciones de pobreza en que viven sectores importantes de la población contribuiría a evitar flujos migratorios no controlados. Es vital que los países en desarrollo y las agencias financieras internacionales y de cooperación contemplen iniciativas para la promoción de proyectos de desarrollo con especial atención para las comunidades más vulnerables y excluidas.

6. Las acciones que realicemos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por la vía de la cooperación, para promover el desarrollo de nuestros países, incidirán positivamente y contribuirán a que la migración sea una decisión y no una necesidad.

7. Subrayamos la importancia del fortalecimiento del multilateralismo y rechazamos toda acción unilateral o coercitiva de efecto internacional que atente contra el clima de diálogo y contra las normas de respeto mutuo en materia migratoria, sin perjuicio de la potestad de los Estados de establecer controles migratorios y de autorizar el ingreso de personas extranjeras y su permanencia bajo ciertas condiciones.

8. Reconocemos la importancia de la contribución del trabajo de los migrantes al crecimiento de las economías de los países de acogida y de origen y destacamos su aporte social e intercultural. Las políticas de cooperación al desarrollo contribuyen a generar condiciones adecuadas que no obliguen a la migración, de modo que la misma sea una decisión y no una necesidad, habida cuenta de que los potenciales migrantes constituyen un capital humano indispensable para la prosperidad de los países de origen.

9. Las normas nacionales y los acuerdos internacionales en materia de migraciones, en consonancia con criterios de gobernabilidad de las mismas y de una práctica organizada y responsable que contemple el respeto a la soberanía de los Estados, a los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas y al Derecho Internacional, deben ser tomados como marco de referencia para la administración de los flujos migratorios.

10. Los Estados, al ejercer su derecho de regular el ingreso y la permanencia de personas en su territorio, deben respetar las normas del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los refugiados, desde sus respectivos ámbitos jurídicos de aplicación.

11. El establecimiento de políticas y prácticas de seguridad por parte de los Estados no deberá estigmatizar a los migrantes.

12. Las remesas no deben ser catalogadas como ayuda oficial al desarrollo, puesto que son flujos financieros privados, de solidaridad familiar, y responden al derecho de todo ser humano de asistir de modo individual al sustento y bienestar de otras personas. Este derecho debe ser reconocido y salvaguardado, al igual que el derecho de los destinatarios a recibirlas. Los Estados deben abstenerse de promulgar disposiciones legislativas o adoptar medidas administrativas coercitivas, que puedan obrar en detrimento de este derecho. Debemos facilitar el envío de remesas, reduciendo su costo y garantizando el acceso a los servicios bancarios. Procuraremos incentivar oportunidades que motiven el mejor aprovechamiento de esos flujos en actividades productivas y de inversión que favorezcan a las familias y comunidades de origen de los migrantes.

13. Fomentaremos la realización del derecho de toda persona a que se establezca un orden social e internacional en el que todos sus derechos humanos se hagan plenamente efectivos, conforme los términos concebidos en el artículo 28 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos.

14. Además de la cooperación bilateral en materia migratoria, es necesario implementar el marco multilateral en donde se plasmen los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en las normas del derecho internacional aplicables, en particular aquéllas relativas a los derechos humanos, así como las contenidas en la declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

15. La entrada y permanencia de los trabajadores extranjeros de acuerdo con las vías establecidas en las respectivas legislaciones constituye la mejor garantía para el respeto de los derechos humanos y laborales de los migrantes y para su plena integración social, y contribuye asimismo a aumentar el carácter globalmente positivo de la migración. La migración indocumentada y la existencia de mercados laborales informales, generan condiciones favorables a la explotación de los migrantes. El tráfico ilícito de migrantes debe ser combatido.

16. El racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación contra los migrantes y sus familiares, son incompatibles con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Por ello debemos crear condiciones que favorezcan una mayor armonía, tolerancia y respeto entre los migrantes y el resto de la sociedad del país en que se encuentran, a fin de eliminar tales manifestaciones contra aquéllos.

17. Migrar no es un delito, por lo que los Estados no desarrollarán políticas orientadas a criminalizar al migrante. Ante la gravedad del tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas, del tráfico de menores y otras formas de delitos transnacionales conexos, la comunidad internacional tiene la obligación de asumir un mayor compromiso en la prevención, penalización, y combate de éstos, actuando de modo firme contra toda forma de estímulo a los mismos y asegurando la plena aplicación, por los Estados parte, de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, y del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. Merecen una especial atención las víctimas de estos delitos y en especial de la trata de personas, las cuales no deberán ser consideradas sujetos activos de conducta penal y para cuya efectiva atención y recuperación, especialmente cuando se trate de infantes y adolescentes, es urgente establecer mecanismos de coordinación que incluyan el intercambio de información entre las instancias competentes.

18. Frente al aumento progresivo de la participación de la mujer en las migraciones internacionales, necesitamos adoptar políticas de equidad de género que contemplen el impacto diferenciado que tiene la migración en las mujeres y la necesidad de atender las causas estructurales que las llevan a migrar.

19. La protección de los derechos de las personas menores de edad debe formar parte activa de los grandes debates sobre migraciones, así como de las políticas que sean llevadas adelante por los países iberoamericanos. Es necesario incrementar esfuerzos para asegurar a los niños, niñas y adolescentes migrantes, el acceso a la educación y a la salud en igualdad de condiciones con los menores de la sociedad de acogida, independientemente de su condición migratoria, y evitar la migración no documentada de menores no acompañados, así como procurar su retorno al país de origen cuando aquélla se haya producido.

20. En la formulación de las políticas migratorias tendremos en cuenta la especificidad, vulnerabilidad y complejidad que caracteriza la migración de indígenas, en atención a sus particularidades. En estos casos, deberemos aplicar, complementariamente, la normativa internacional que establece y protege sus derechos colectivos específicos, como el Convenio 169 de la OIT, para aquellos países que son parte, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ameritarán igualmente una atención especial los afro – descendientes y demás grupos en situación de vulnerabilidad.

21. Todo migrante debe gozar, conforme al ordenamiento jurídico de cada Estado, de la observancia plena de las leyes laborales que le son aplicables, incluyendo los principios y derechos laborales contenidos en la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo.

22. La migración calificada constituye una realidad cada vez más difundida que muchas veces implica, para los países en desarrollo, una transferencia de recursos humanos con un alto costo económico y social. Es fundamental generar condiciones, incluyendo acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales, para que el aporte de estos recursos humanos calificados pueda vincularse a los procesos de desarrollo de los países de origen, especialmente a través del desarrollo científico y tecnológico, así como mediante la creación y el funcionamiento de redes que vinculen el trabajo científico y técnico entre los países de destino y los países de los cuales provienen los migrantes calificados, y de programas de cooperación que les permitan realizar sus tareas, incluso parcialmente, en sus países de origen.

23. La aplicación de programas de trabajadores temporales documentados coadyuva a elevar las potencialidades de los trabajadores migrantes, beneficiando a los países de destino y contribuyendo al desarrollo de los países de origen. En ese marco, es positivo el diseño y la ejecución de programas de capacitación en el país de destino, compatibles con las necesidades del país de origen de los trabajadores migrantes, en la medida en que permite potenciar el capital humano acumulado por los mismos.

24. Tomamos nota de las Declaraciones aprobadas por las reuniones ministeriales realizadas a lo largo del año, especialmente aquéllas de Salud, de Infancia y Adolescencia, de Vivienda y Desarrollo Urbano, de Turismo y de Juventud, en las que se establecen y conciertan políticas sectoriales para los migrantes, así como de las Conclusiones del Foro Parlamentario Iberoamericano, dedicado específicamente a analizar los procesos migratorios iberoamericanos, y del II Encuentro Cívico Iberoamericano, que remarca la importancia de respetar los derechos de los migrantes.

25. En virtud de lo anteriormente expuesto, los Jefes de Estado y Gobierno de los países miembros de la Comunidad Iberoamericana nos comprometemos a:

a) Mantener el respeto de las normativas nacionales de todos los Estados y los tratados internacionales en los procesos migratorios.
b) Generar, de acuerdo con la situación particular de cada país y su ordenamiento legal, condiciones sociales y económicas para hacer posible el retorno voluntario de los migrantes a sus comunidades de origen, y su incorporación a los procesos nacionales de desarrollo.
c) Con objeto de facilitar la efectiva inserción social de los migrantes, incorporar la temática de las migraciones internacionales en campañas nacionales de información y educación, de modo de dar a conocer los derechos y la vulnerabilidad de los migrantes, así como la contribución positiva de éstos a sus sociedades de acogida. Encomendar a la Secretaría General Iberoamericana la identificación de mecanismos de cooperación, para contribuir con los esfuerzos de los Estados en el desarrollo de campañas de información especial sobre los derechos humanos de los migrantes.
d) Promover que la formación de administradores, autoridades policiales y migratorias, educadores y otros funcionarios, incluya programas para prevenir y combatir prácticas discriminatorias, xenófobas, racistas y otras formas conexas de intolerancia contra los migrantes. Asimismo, realizar campañas de sensibilización sobre los riesgos de migrar de manera indocumentada.
e) Considerar medidas para facilitar la reunificación familiar de los migrantes, a fin de lograr una mayor integración de éstos en la sociedad receptora y evitar la exclusión, la marginación y el aislamiento cultural.
f) Establecer mecanismos de vinculación con los nacionales emigrados, para preservar su identidad cultural, facilitar sus contactos con los países de origen, fortalecer las redes de tipo transnacional y las asociaciones de migrantes, y potenciar la relación de estas personas con sus países de origen. Hacer esfuerzos en el sentido de reforzar las redes de los servicios consulares para asistir eficientemente los intereses de los connacionales en el exterior.
g) Promover el fortalecimiento de los derechos humanos como un componente central de las políticas y prácticas migratorias de los países de origen, de tránsito y de destino, asegurando la protección de los derechos humanos de los migrantes en el marco del ordenamiento jurídico de cada Estado, independientemente de su condición migratoria, y cualquiera que sea su nacionalidad, origen étnico, género o edad.
h) Fortalecer la normativa internacional de protección de los migrantes solicitando a los Estados considerar la suscripción, ratificación o adhesión a la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional, y los Protocolos que la complementan: el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Asimismo, efectuar las adecuaciones normativas correspondientes en los ordenamientos internos de los Estados parte.
i) Continuar dialogando sobre la forma de fortalecer los estándares para la protección de todos los trabajadores migrantes y sus familias, teniendo en cuenta los instrumentos internacionales sobre la materia, entre otros la Convención Internacional para la protección de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias.
j) Impulsar decididamente la prevención y el combate de la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes, mediante una articulación bilateral y multilateral de acciones de cooperación entre los países iberoamericanos. Entre estas acciones debe incluirse la constitución de una red de cooperación para las víctimas del delito de trata, así como del tráfico ilícito de personas menores migrantes que contemple, entre otros aspectos, la recuperación de las víctimas. Debe incluirse igualmente el fortalecimiento de los mecanismos de difusión, sensibilización y capacitación de la población en general y, en particular, de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
k) Adoptar las medidas necesarias para la pronta y adecuada puesta en vigor del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social y fomentar acuerdos en esta materia, con el objetivo de que los migrantes puedan gozar, en sus países de origen, de los beneficios generados con su trabajo en los países receptores.
l) Prestar debida atención a las peculiaridades de la migración femenina, fomentando y garantizando el pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres migrantes, en el marco del ordenamiento jurídico de cada Estado en todas las esferas e independientemente de su condición migratoria, así como la eliminación de todas las formas de discriminación y de violencia en su contra.
m) Proveer a las migrantes condiciones laborales justas y mayores oportunidades de educación, y adoptar medidas que permitan mejorar sus condiciones de vida y el acceso igualitario a recursos y servicios. Asimismo, generar acciones para atender las necesidades de las mujeres que permanecen al frente de sus familias en los países de origen.
n) Redoblar los esfuerzos para asegurar a los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, independientemente de su condición migratoria, la protección de sus vidas, el acceso a la educación y la salud, el derecho al nombre y a una nacionalidad. Diseñar programas de cooperación para un pleno cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores, la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención para la Reducción de los casos de Apatridia, para aquellos Estados que son parte de estos instrumentos.
o) Tomar debidamente en consideración, en la formulación de políticas migratorias, las condiciones de vulnerabilidad y de desventaja que afectan a los indígenas y afro-descendientes.
p) Fortalecer el diálogo interregional para el tratamiento del tema migratorio, con un enfoque integral y comprensivo, que conduzca a una cooperación efectiva en esta materia, particularmente en áreas estratégicas, como la vinculación entre la migración y el desarrollo, la gestión ordenada de los flujos migratorios, la armonización de políticas y procedimientos, la promoción y protección de los derechos humanos, y la prevención y el combate a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, para velar por la integridad y seguridad de las víctimas de tales organizaciones criminales. A estos efectos se reconocen los importantes avances logrados, entre otras instancias, por la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM), la Conferencia Regional sobre Migración (CRM, o Proceso Puebla) y el Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR.
q)  Con el objeto de dar efectivo cumplimiento a las directrices contenidas en la Declaración de Salamanca y en este Compromiso, establecer y convocar, para el año 2008, un Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, que constituirá un espacio de intercambio de buenas prácticas y coordinación para articular consensos y acciones compartidas por las naciones iberoamericanas en esas materias. Se recoge al respecto el ofrecimiento de Ecuador para que la ciudad de Cuenca sea sede de la próxima reunión de este Foro.
Con esa finalidad, encomendar a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) que realice un estudio sobre migración y desarrollo, con los aportes que puedan brindar la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Foro especializado Migratorio del MERCOSUR, la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM) y la Conferencia Regional sobre Migración (CRM, o Proceso Puebla) u otros, y en consulta con los Estados miembros efectúe las propuestas tendientes al establecimiento de dicho Foro.
r)  Recibir con interés la propuesta del Secretario General de las Naciones Unidas, de establecer un Foro Global sobre Migración y Desarrollo con carácter informal, voluntario y consultivo, abierto a la participación de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, que considere la participación de todos los actores involucrados, para promover el debate del tema migratorio con un enfoque integral y comprensivo, impulsar la cooperación y el intercambio de mejores prácticas en materia de migración, y favorecer una mayor coordinación en el tratamiento de esta temática.
s)  Promover la firma de acuerdos bilaterales o regionales en el ámbito iberoamericano que, con criterios de gobernabilidad, coadyuven a lograr una gestión ordenada de los flujos migratorios, a fin de asegurar la integración social del migrante en el país de destino.
t)  Incluir de manera prioritaria en la agenda iberoamericana el tema de la migración y el desarrollo, destacando que la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades, así como las brechas de ingresos y las diferentes condiciones de vida entre las regiones, son causas fundamentales de las migraciones. Propender, asimismo, a que los aspectos migratorios sean incorporados a otras agendas internacionales referidas a movimientos de población, tales como: comercio internacional, desarrollo humano, medio ambiente, usos de tecnologías, y cooperación internacional para el desarrollo.
u) Instruir a la SEGIB que coordine, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) un estudio sobre el impacto social y económico que tiene la inserción de los migrantes en los países de destino.
v) Dar prioridad a las diversas formas de migración laboral temporal, en el marco de convenios y proyectos concretos entre países, que coadyuven a elevar las potencialidades de los trabajadores migrantes, beneficien el país de destino y contribuyan al desarrollo del país de origen.
w) Estudiar las mejores formas para crear condiciones encaminadas a favorecer el retorno -incluido el retorno temporal-de los migrantes calificados a sus países de origen, estimular el intercambio de conocimientos tecnológicos y científicos de dichos migrantes con sus países, así como promover medidas que faciliten la reinserción de los mismos cuando decidan retornar al país de origen.
x) Fomentar las medidas necesarias para facilitar la transferencia de remesas de los migrantes y seguir reduciendo sus costos. Solicitar a la SEGIB que en el estudio sobre migración y desarrollo incluya planteamientos sobre costos operativos de envíos de remesas, a fin de presentar sugerencias tendientes a procurar la disminución de los costos de las mismas.
Instar a las entidades pertinentes a garantizar la transparencia del proceso de transferencia, a fin de que se reduzcan los llamados “costos ocultos”.

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