OEI | CienciaEIC | Formación | Boletín | Novedades | IberDivulga | Contactar RSS Twitter G + Facebook OEI Canal YouTube
Cargando


Áreas de Cooperación Educación | Ciencia | Cultura

Samaniego, Joseluis (Coordinador)
Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe: una reseña

Compartir en facebook Compartir en Twitter

Presentación

En los últimos años, el problema del cambio climático
ha captado un nivel de atención sin precedentes y ello se tradujo en
una movilización internacional para concertar acciones destinadas a mitigarlo,
en un dinamismo en materia de innovación tecnológica para contar
con las herramientas que permitan paliar sus causas y en una preocupación
creciente por sus posibles consecuencias negativas sobre el desarrollo de los
países. El tema ha pasado incluso a integrar la agenda de prioridades
del Secretario General de las Naciones Unidas junto a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.

La preocupación dominante a nivel mundial está correctamente
enfocada a mitigar el origen del problema: las emisiones de gases de efecto
invernadero. El flujo de estas emisiones hacia la atmósfera y su acumulación
a lo largo de los últimos siglos han terminado por elevar las concentraciones
a un grado que amenaza con llevar la temperatura atmosférica a niveles
peligrosos para todos los sistemas del planeta.

Hasta el momento, el régimen internacional acordado en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el
Protocolo de Kyoto solo regula la emisión de gases de efecto invernadero
de los países desarrollados. Esto hace que se regule parcialmente el
uso de la atmósfera como sumidero de los gases de efecto invernadero
antropogénicos y que se esté lejos de tutelar la seguridad climática.

Recién en 2007 se pudo precisar una dimensión temporal y cuantitativa
para el logro de la seguridad climática que, como señala Bárcena
(2009a), es un bien público global que se debe proteger1. El informe
Stern sobre la economía del cambio climático y el Cuarto Informe
de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) pusieron sobre la mesa dos elementos nuevos que permitieron
hacer dicha precisión (Stern, 2006).

Este concepto, que se amplía en el texto "Institucionalidad y financiamiento
para los bienes públicos globales: el caso del cambio climático"
(Bárcena, 2009a), ha sido recogido en otras ocasiones: Taller regional
del Cono Sur sobre energía sostenible. Cooperación e integración
energética: en busca de un equilibrio sostenible (Bárcena, 2008).
"En torno al cambio climático, consideró de vital importancia
que se alcance lo que definió como "seguridad climática",
esto es, un acuerdo para evitar que la emisión de dióxido de carbono
supere las 550 partículas por millón (actualmente se lanzan a
la atmósfera 440 partículas por millón), porque de no atenderse
ese problema la temperatura del planeta podría ascender hasta 2 y medio
grados centígrados, lo que sería desastroso para la humanidad"
(El Universal, 2008). "Dos bienes públicos globales como la seguridad
climática y la estabilidad financiera están en riesgo, lo que
exige la entrada en funcionamiento de un nuevo orden multilateral con más
peso de los países emergentes" (Bárcena, 2009b).

incertidumbre sobre la responsabilidad humana en el cambio climático
y sobre el potencial de daño de este fenómeno en distintos escenarios.
Por la otra, además de hacer estimaciones sobre los costos globales de
la mitigación del problema, el informe Stern puso en claro que la demora
en la acción hará más cuantiosas las pérdidas de
bienestar o producto global e inclinó la discusión a favor del
establecimiento de tasas de descuento muy bajas en el futuro y la conveniencia
de actuar sin demora.

Asimismo, en este informe se hizo referencia a lo que se ha vuelto el estándar
de seguridad climática para los países industrializados y algunas
economías emergentes con grandes emisiones de gases de efecto invernadero
(Grupo de los Ocho más Cinco). Detener el aumento de la concentración
de estas emisiones en la atmósfera, de modo que a fines de siglo se estabilice
en un rango de entre 500 y 550 partes por millón (ppm), supondría
un incremento global de la temperatura de entre 2,5oC y 3,5oC. Si se rebasa
este nivel, se estaría ante márgenes de cambio para todos los
sistemas, con muy bajas posibilidades de adaptación.
El incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera es de
aproximadamente 2,5 ppm al año y la concentración actual gira
en torno a las 370 ppm. De mantenerse esa tasa de aumento, llevará unos
48 años llegar a las 500 ppm, pero al cabo de ese plazo no terminarán
las emisiones. Por ello, el tiempo para lograr la estabilización de las
concentraciones en niveles seguros se estaría agotando rápidamente.

La situación de América Latina y el Caribe es distinta de la
de los países desarrollados. Mientras que estos últimos son los
que principalmente generan la externalidad global resultante de las emisiones
y también la sufren, la región de América Latina y el Caribe
contribuye poco a generarla pero la sufre de manera desproporcionada. Si se
toman en cuenta las emisiones regionales, América Latina y el Caribe
solo emite más que África, que ocupa el último lugar (aunque
en términos de emisiones per cápita se encuentra por encima de
Asia y África). No obstante, la región figura entre las más
vulnerables, por estar localizada dentro de la franja de huracanes y tener numerosos
Estados insulares y zonas costeras bajas, por depender de los deshielos andinos
para el suministro de agua a los sectores urbano y agrícola y por estar
expuesta a inundaciones e incendios forestales, entre otras particularidades.

Son precisamente esas particularidades geográficas y la situación
de América Latina y el Caribe en la economía global las que obligan
a realizar un análisis específico de los efectos del cambio climático
en la región.

En la región, hasta hace muy poco tiempo, la discusión se centraba
en el impacto ambiental de este fenómeno y solo recientemente se ha concentrado
en los efectos económicos. En este libro de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tiene por objeto contribuir
a cerrar la brecha entre el ámbito ambiental y el económico, se
ofrece un primer análisis de la información más relevante
para la región sobre el tema, disponible a 2008. Asimismo, se destacan
algunos aspectos económicos relacionados con el cambio climático
y sus consecuencias en América Latina y el Caribe, como el vínculo
con el comercio internacional, el contagio negativo de las finanzas públicas
y las futuras restricciones a un desarrollo económico con alto grado
de consumo de carbono. El cambio climático es una barrera para el desarrollo
en términos de los recursos que se perderán o que deberán
reasignarse para adaptarse a sus efectos negativos. Sin embargo, también
representa una oportunidad para buscar un desarrollo de mejor calidad, con más
inversiones en tecnologías que puedan mitigar algunas externalidades
ambientales negativas del proceso de desarrollo.

Es importante atraer la atención de los equipos económicos de
los gobiernos de la región hacia estos temas, pues cuanto mejor preparados
se encuentren, menores serán las presiones imprevistas sobre el gasto
y las pérdidas recaudatorias y mayor la gobernabilidad económica
de los países. En suma, este libro tiene por objeto brindar a los gobiernos
de América Latina y el Caribe algunos elementos de juicio que contribuyan
al análisis de la relación entre cambio climático y desarrollo.

En el texto se plantea la enorme importancia de los mecanismos para distribuir
adecuadamente los costos del cambio climático. Asimismo, se señala
que el entorno internacional en que se desenvolverá la región
sufrirá importantes modificaciones que llaman a la previsión en
el ámbito del comercio y de las futuras inversiones.

Entre la información revisada se incluyó la literatura internacional
más reciente sobre cambio climático que abarca a América
Latina y el Caribe, como los escenarios a 2030 de la Agencia Internacional de
Energía, el cuarto informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y los informes preparados
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En estos documentos se pone énfasis en la adaptación como estrategia
para la región, en las posibles ganancias de la mitigación con
y sin mercados de carbono y en la necesidad de proteger las finanzas públicas
de los desastres físicos o económicos que podrían redundar
en menores ingresos y mayores gastos.

En algunos países de la región (como el Brasil, México
y algunas naciones de Centroamérica y el Caribe) se están realizando
estudios sobre economía y cambio climático que, a medida que se
vayan completando, darán mayor certeza sobre la magnitud nacional y sectorial
de los costos de adaptación y de las potenciales ganancias de la mitigación.
En 2009, posiblemente se pueda contar con información proveniente del
resto de los países de América del Sur y ello permitirá
fortalecer la perspectiva regional.

En los capítulos I y II se hace referencia a los impactos biofísicos
esperados y a sus consecuencias sobre los sistemas productivos y la salud de
la región. Entre los puntos más destacados se encuentran los impactos
negativos generalizados en la franja intertropical, que incluyen los límites
biológicos de resistencia al cambio de temperatura de algunas especies
de gran importancia como el maíz, el derretimiento de las nieves y los
glaciares andinos, el difícil suministro de agua a grandes zonas y la
exposición a las epidemias. En suma, se habla de la gran vulnerabilidad
del sector primario y de los encadenamientos productivos y fiscales que genera.
Solo unas pocas subregiones de alta latitud de América del Sur tendrán
ganancias productivas.

En el capítulo III se trata el crucial problema de la adaptación
al cambio climático, que todavía se caracteriza por ser más
bien espontánea (PNUMA/SEMARNAT, 2006) y reactiva (CMNUCC, 2007) y estar
principalmente enfocada a la atención de los desastres naturales y la
posterior recuperación. La política de adaptación implica
absorber las pérdidas esperables en el sector primario y en los ingresos
públicos y anticipar los gastos que deberá efectuar el sector
público para enfrentar las consecuencias negativas y posiblemente concurrentes
del cambio climático: sequías, inundaciones, epidemias, olas de
calor, pérdidas de infraestructura y otras consecuencias directas. Se
destaca que el problema de América Latina y el Caribe con relación
al cambio climático es fundamentalmente de adaptación, más
que de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

Desarrollar la capacidad de adaptación supone retos como la cuantificación
de los recursos necesarios, la distribución de los costos entre agentes
públicos y privados (productores o consumidores), la localización
y especificidad de las medidas requeridas y la apertura o el conocimiento que
tengan de estos temas las autoridades encargadas de la gestión económica,
social y ambiental de los países.

En este capítulo se plantea que un bajo nivel de adaptación aumenta
el riesgo de que las pérdidas productivas privadas, ya sea por cambios
graduales o eventos extremos, se trasladen a las finanzas públicas a
través de medidas de compensación que supongan un gasto público
(municipal, estatal, nacional o internacional, en el caso de la cooperación
para enfrentar los desastres). A estas pérdidas se sumarían las
ocasionadas por un menor nivel de actividad económica y de recaudación
de ingresos públicos.

La adaptación es una tarea tanto del sector privado como del sector
público. Para el primero implica la creación y el uso de mecanismos
de mitigación del riesgo económico y de previsión para
restringir las futuras emisiones de carbono en algunos países, en ciertos
mercados de exportación y en la inversión nacional. Para el sector
público supone, sobre todo, la protección de los ingresos fiscales
y de las presiones sobre el gasto para mantener los equilibrios fiscales y la
gobernabilidad económica.

Por el contrario, si las acciones de adaptación incluyen la internalización
de los costos adicionales esperados por parte de los particulares, por ejemplo
a través de mecanismos de seguros, estos permanecerán en la órbita
privada. Esta posibilidad no impide que exista una puja distributiva entre productores
y consumidores y que el bajo nivel de adaptación de los productores se
materialice en alzas de precios.

En definitiva, un bajo nivel de adaptación se expresará en un
incremento de las presiones en los distintos niveles de las finanzas públicas
y en la inestabilidad de los mercados. Desde este punto de vista, avanzar en
la adaptación conlleva un esfuerzo de protección de la estructura
de las finanzas públicas y de la estabilidad del sector privado en favor
de la estabilidad macroeconómica.

En el capítulo IV se aborda el tema de la adaptación de la región
a las consecuencias indirectas, producto de las respuestas del mundo desarrollado
a sus propias medidas de mitigación. Los países desarrollados
están tratando de reducir la producción de emisiones y bajar la
huella de carbono y, al mismo tiempo, proteger a los sectores productivos de
la competencia internacional. Las emisiones incorporadas en las exportaciones
de América Latina y el Caribe, ya sea por la producción o por
el transporte, se pueden ver confrontadas por restricciones en los mercados
de destino. Por otra parte, junto con las restricciones al comercio internacional,
se puede dar una fuga de industrias con gran cantidad de emisiones hacia los
países de la región, haciendo más difícil la transformación
productiva hacia sectores más limpios. Asimismo, se recoge la distinción
entre importadores y exportadores netos de carbono en el comercio internacional.

En general, la región es captadora de tecnologías, por lo que
también se deberán suprimir las barreras para la difusión
de aquellas que minimizan la huella de carbono y promover la eliminación
de restricciones a su comercio internacional en el corto plazo. De modo complementario,
la evaluación de las nuevas inversiones deberá incluir el costo
de las emisiones y otras cargas ambientales desde un enfoque del ciclo de vida
y buscar acuerdos regionales que promuevan la difusión de mejores prácticas
y normas para proteger simultáneamente el medio ambiente y la competitividad.

En el capítulo V se hace referencia a la proyección del futuro
energético de América Latina y el Caribe y se observa que, desde
el punto de vista de las emisiones por consumo de combustibles fósiles,
es poco alentador. Entre 1973 y 2005, la participación de América
Latina en el consumo final de energía primaria aumentó del 3,7%
al 5,0% del total mundial y la industria y el transporte triplicaron el consumo
final de energía. A su vez, el transporte es responsable de la mayor
parte del aumento del consumo de petróleo entre 1971 y 2005. En cierta
medida, a esto se debe que exista un estancamiento en la mejora de la intensidad
energética, que en la actualidad se encuentra prácticamente en
los mismos niveles de 1980.

América Latina y el Caribe seguirá siendo un importante consumidor
de combustibles fósiles, por lo menos en la primera mitad del siglo XXI.
El aumento de los precios del petróleo tiende a traducirse en el consumo
de combustibles con mayor contenido de carbón, cuya oferta es más
estable, y la región no tiene una clara trayectoria de mejora espontánea
ni en materia de consumo energético ni en lo referente a las emisiones.
Cambiar a una trayectoria más limpia requiere de incentivos internacionales
más potentes y, en el plano interno, exige realizar el potencial económico
de una mayor eficiencia energética, pues la región presenta grandes
oportunidades de progreso en este campo.

En la actualidad, los principales incentivos son mejorar la calidad ambiental
local, economizar el uso de combustibles y reducir la inversión necesaria
para aumentar la oferta energética. Los últimos avances más
destacados en materia eólica, térmica, marina y solar se han producido
fuera de América Latina y el Caribe y, como en otros casos, la región
será captadora de tecnologías. Según la Agencia Internacional
de Energía, la inversión en eficiencia energética produciría
notables ganancias económicas en todos los países, excepto en
México.

En el capítulo VI se trata el tema de la mitigación de emisiones
de gases de efecto invernadero y sus oportunidades, se analizan las principales
fuentes de emisiones y se resumen las políticas y herramientas de mitigación
que se están aplicando en algunos países de América Latina
y el Caribe. En este apartado se aprecia un aumento de las emisiones per cápita
en casi todos los países y se confirman como principales sectores emisores
la agricultura, el cambio en el uso del suelo y el consumo energético,
con alrededor del 30% cada uno. Las emisiones sumadas de desechos y procesos
industriales son inferiores al 10%.
Las emisiones de gases de efecto invernadero de América Latina y el Caribe,
incluidas las provenientes del cambio en el uso del suelo, fueron equivalentes
al 11,78% del total mundial en 2000. Mantenerse dentro del espacio atmosférico
que la región tendrá a largo plazo en el esfuerzo global implica
un aumento de la inversión en tecnologías más limpias.
Una parte de este esfuerzo se facilita mediante el mecanismo para un desarrollo
limpio y la otra se financia con ganancias derivadas de la eficiencia energética.
América Latina y el Caribe debe aprovechar el margen de holgura temporal
actual para iniciar la reconversión.

Lo que distingue a la región es la gran contribución a las emisiones
por pérdidas en la cubierta forestal por la expansión de la frontera
agropecuaria. Son pocos los casos en que las medidas de adaptación y
mitigación coinciden y la conservación de bosques es uno de ellos2.

Sin embargo, el Protocolo de Kyoto tiene incentivos muy débiles para
la conservación de los bosques y el mejor manejo del suelo. Actualmente,
la forestación y reforestación a pequeña escala son elegibles,
pero la conservación aún no lo es. En la reunión celebrada
en diciembre de 2007 en Bali se acordó incluir la conservación
de bosques en el siguiente paquete de acuerdos (Reducción de Emisiones
por Degradación y Deforestación de Bosques (REDD)).

Lentamente, la región va quedando rezagada en número de proyectos
y reducciones en el mecanismo para un desarrollo limpio con respecto a Asia
y en la actualidad este mecanismo representa un estímulo marginal para
favorecer un mejor uso de la energía y de los suelos. Solo mediante una
revisión del mercado de carbono y sus mecanismos será posible
contar con los incentivos positivos necesarios para el cambio. Las ciudades,
por ejemplo, son importantes fuentes de emisiones, pero no participan como tales
en los mercados de carbono.

En este capítulo se hace un repaso de los proyectos registrados ante
el mecanismo para un desarrollo limpio como parte de la oferta de mitigación
y se observa que hay pocos en el área de sustitución de combustibles
y oferta-demanda de eficiencia energética, mientras que predominan los
proyectos del sector agrícola (metano de residuos agroindustriales),
energías renovables (biomasa) y rellenos sanitarios.

El mecanismo para un desarrollo limpio contribuye a mejorar entre un 0,5% y
un 3,5% la tasa interna de retorno de los proyectos. Sin embargo, este incentivo
no ha alcanzado a movilizar suficientes inversiones como para contribuir a transformaciones
estructurales significativas en el sector energético de la mayoría
de los países de la región. Desde 2004 hasta la fecha, el mecanismo
para un desarrollo limpio ha contribuido con aproximadamente 7.000 millones
de dólares y movilizó alrededor de 18.000 millones de dólares
de inversión a nivel global.

En el capítulo VII se analiza el contexto internacional y se observa
que, si bien la región se mantuvo al margen de los compromisos de reducción
durante el primer período de cumplimiento del Protocolo de Kyoto (2008-2012),
es posible que la situación cambie en el futuro.

Otro ejemplo sería el pago por servicios ambientales para la conservación
de las porciones altas de las cuencas hidrográficas, que reducen la vulnerabilidad
a los desastres hidrometeorológicos (adaptación) y permiten mitigar
las emisiones por deforestación y degradación. Adaptación
y mitigación también coinciden en el adecuado manejo de residuos
sólidos y aguas servidas en caso de inundación. internacional
apunta hacia el Brasil y México como países de desarrollo medio
que deberían asumir algún tipo de compromiso. Es previsible que
la situación internacional evolucione hasta que se acuerden criterios
a fin de que los países asuman compromisos cuantitativos para: a) limitar
las emisiones en función de una combinación de indicadores, como
el ingreso per cápita y el nivel de emisiones; b) incluir a sectores
altamente emisores ubicados indistintamente en países en desarrollo o
desarrollados (como las industrias del cemento, del acero, automotriz y papelera);
c) introducir restricciones en el comercio internacional en función de
los gases de efecto invernadero incorporados en la producción o el transporte
de mercancías, y d) aplicar impuestos nacionales o internacionales al
contenido de carbono de los combustibles fósiles, sin excluir a los del
transporte internacional.

Estas cuatro posibilidades implicarán cambios en las estrategias de
desarrollo nacional o sectorial de los países de la región. Ya
sea por el nivel de crecimiento del PIB combinado con emisiones (Chile o Trinidad
y Tabago), por una especialización exportadora de las industrias ambientalmente
sensibles con uso intensivo de energía (América del Sur) o por
estar a gran distancia de los centros consumidores (Cono Sur), algunos países
y varios sectores de la región deberán enfrentar un futuro restringido
en materia de carbono. A los incentivos puramente nacionales para el cambio
se sumarán nuevos requerimientos para el desarrollo de los países
de América Latina y el Caribe.

Por ello, conviene estar preparado y evitar cruzar umbrales de emisión
que pongan en movimiento futuras restricciones al carbono.

Los fondos internacionales para la adaptación todavía son escasos
y la mayor parte del esfuerzo se financia con recursos nacionales en el corto
plazo. La mitigación ofrece pocos incentivos que resultan demasiado puntuales
en el actual orden de cosas. El esfuerzo internacional concertado, que hoy es
incierto, puede traer consigo mayores recursos para la adaptación. En
el caso de la mitigación, este esfuerzo podría provenir de una
reforma profunda de los mercados de carbono que incentive la adopción
de políticas públicas para un desarrollo con menos emisiones.

Es importante prever que la lucha por alcanzar la seguridad climática
reclamará el esfuerzo de más países en desarrollo. Las
futuras reglas para acceder a la atmósfera global y a su servicio ambiental
como sumidero serán clave para juzgar el tipo de desarrollo actual en
términos de intensidad respecto del carbono.

Las negociaciones en los próximos períodos de cumplimiento del
Protocolo de Kyoto y los instrumentos que de allí surjan serán
cruciales para mitigar el impacto económico de la adaptación,
modificar los mercados de carbono y hacerlos más significativos como
incentivos para la mitigación, lograr reconocimiento económico
al servicio ambiental de la conservación de bosques y asegurar un espacio
ambiental adecuado al desarrollo de las economías de la región,
acompañado de medidas de eficiencia energética y de reducción
del consumo de combustibles fósiles que brinden la comodidad necesaria
en ese espacio ambiental3.
El reto económico que representa el cambio climático es un llamado
de atención a los encargados de tomar las decisiones en el sector económico
de los países de América Latina y el Caribe, incluidos los responsables
de la infraestructura. Se trata de un reto a largo plazo al que se suman las
incertidumbres financieras y las fluctuaciones de los precios internacionales
de los alimentos y la energía, cuyos ciclos son más cortos. Las
decisiones que hoy se adopten serán de enorme trascendencia en la trayectoria
de las emisiones y en las responsabilidades que deban asumir en el futuro los
gobiernos y las sociedades.

América Latina y el Caribe participa hoy con cerca del 12% de las emisiones
globales (3,1 gigatoneladas). Es difícil imaginar un escenario futuro
donde esa participación sea mucho mayor, tomando en cuenta los aumentos
de los gigantes asiáticos y del mundo desarrollado. Adecuar el desarrollo
económico a este espacio ambiental será un reto de enorme importancia.

Para finalizar, me gustaría agradecer la coordinación de este
documento a Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo
Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, los aportes sobre los impactos
en el sector primario realizados por la División de Desarrollo Productivo
y Empresarial, a cargo de Martine Dirven, y la colaboración de la División
de Recursos Naturales e Infraestructura, dirigida por Fernando Sánchez
Albavera, en las consideraciones relativas a la energía.

Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL)

El documento Cambio climático y desarrollo en América Latina
y el Caribe: una reseña, fue coordinado por Joseluis Samaniego, Director
de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la
CEPAL. Se agradecen las valiosas contribuciones de Fernando Sánchez Albavera,
ex Director de la División de Recursos Naturales e Infraestructura, Adrián
Rodríguez, oficial de asuntos económicos de la División
de Desarrollo Productivo y Empresarial, Jean Acquatella, oficial de asuntos
económicos de la División de Recursos Naturales e Infraestructura,
Marianne Schaper, oficial de asuntos económicos de la División
de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, Hugo Guzmán, Coordinador
de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva, los consultores Eduardo Sanhueza
y Karina Martínez y los lectores Ruidolf Buitelaar, oficial de la División
de Planificación de Programas y Operaciones, y Osvaldo Kacef, Director
de la División de Desarrollo Económico.

Este documento contó con financiamiento de la Sociedad Alemana de Cooperación
Técnica (GTZ).

Índice

Prólogo
9

I. El cambio climático en la región
17

II. Los efectos del cambio climático a nivel sectorial . 35

III. Adaptación al cambio climático 63

IV. Adaptación a las respuestas internacionales: competitividad y comercio
internacional . 79

V. La región en el panorama energético global . 91

VI. Emisiones de gases de efecto invernadero y medidas de mitigación
. 109

VII. La región en el marco internacional del cambio climático
. 133

Bibliografía .
141

Acceder
a documento

14 de marzo de 2009

 

Filtrar noticias

  - Todas las noticias
- Ciencia
- Universidad
- Sala de Lectura Ciencia y Universidad
- Sostenibilidad
- Instituto Iberoamericano de la Enseñanza de las Ciencias y la Matemática – IBERCIENCIA
- Sala de Lectura - IBERCIENCIA

Suscripción gratuita a las Novedades de Ciencia y Universidad de la OEI

  - Acceso al formulario

Convocatorias Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI

CONACYT habilita la cuarta convocatoria de la Cátedra CTS en modalidad virtual: Educar para participar. Educación CTS

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT y la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), invitan a presentar postulaciones para participar de la 4ta. edición de la Cátedra: "Ciencia, Tecnología, Sociedad’ (CTS), la cual será en modalidad virtual u abierta a nacionales de todos los países iberoamericanos.

2º Día GeoGebra de Cabo Verde

Hace justo un año se creaba el Institituto GeoGebra de CaboVerde en la Universidad de Cabo Verde. Para conmemorarlo la universidad ha programado para el próximo 30 de julio la celebración del segundo Día GeoGebra de Cabo Verde que se realizará en la sede que tiene la universidad en la Isla de San Vicente - Concelho de Santa Catarina de Santiago.

X Escuela de Educación Matemática Miguel de Guzmán 2018: “La resolución de problemas como parte esencial del quehacer matemático”

Desde 2005, la Real Sociedad Matemática Española (RSME) y la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) promueven anualmente la Escuela Miguel de Guzmán de Educación Matemática. La organización recae en la Comisión de Educación de la RSME y una de las sociedades federadas a la FESPM.
En esta ocasión se va a celebrar en La Laguna, Tenerife entre los días 11 y 13 de julio.

Seminario sobre Modelización Matemática

Se realizará del 1 al 3 de junio de 2018, en el Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca. Con una duración de 16 horas, y un máximo de 20 participantes.
Organizado por la Federación Española de Sociedades de Educación Matemática (FESPM) y la Associação de Professores de Matemática (APM) de Portugal. Este encuento que además cuenta con el apoyo de División Educativa CASIO, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología. Universidad de Salamanca es un resultado de la Cátedra Ibérica CTS+I

II Jornadas de Ingeniería y Sociedad – JISO 2018 – Temática de las Jornadas: “Tecnologías para el desarrollo inclusivo sustentable”

En la Argentina existe la Universidad denominada Universidad Tecnológica Nacional, donde trabajamos el grupo que fue a hacer la presentación en Oviedo, que tiene por objetivo principal la formación de Ingenieros. Esta Universidad cuenta con más de 30 sedes (Nosotros las denominamos regionales) por todo el país. En todas las Regionales se dicta una materia, que es la que pertenecemos nosotros, denominada Ingeniería y Sociedad. Desde hace unos 6 años, se comenzaron a realizar estas Jornadas (La impulsora de las mismas fue la Regional Buenos Aires), para comenzar a analizar, debatir, reflexionar sobre la enseñanza de la Ingeniería desde nuestra Asignatura.

Más convocatorias: 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ... | 215



Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad

Revista CTS
     
     


Escuela de Ciencia

     
     


Apropiación Social de la Ciencia

     
     


Otras Actividades Programáticas

     
     
     
subir   subir
© Organización de Estados Iberoamericanos 2011. Actualizado el 16-Dic-2012 Desarrollo y mantenimiento: asenmac