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Gudyna, Eduardo
La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador

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Revista de estudios sociales, RES. No 32

La nueva Constitución de Ecuador presenta por primera vez en América
Latina un giro hacia el biocentrismo. Se introducen los conceptos de derechos
de la Naturaleza y derecho a su restauración. Se genera una nueva articulación
con los saberes tradicionales, al referirse tanto a la Naturaleza como a Pachamama,
y además ofrece un contexto para las políticas y la gestión
ambiental basado en la buena vida (sumak kawsay) y en nuevas estrategias de
desarrollo. Se describen y analizan estos aspectos desde la perspectiva de la
ecología política y la ética ambiental, se revisan los
impactos del concepto de valor intrínseco y se presenta una serie de
desafíos futuros en el terreno de la política y la gestión.
El giro biocéntrico plantea una alternativa a la modernidad abriendo
las puertas a nuevas formas de valoración ambiental y articulación
con los saberes indígenas

PALABRAS CLAVE

Derechos de la Naturaleza, valor intrínseco, biocentrismo, ecología
política, ética ambiental, Ecuador.

ABSTRACT

Ecuador´s new Constitution is the frst in Latin America to have a biocentric
perspective. It introduces the concept of Nature´s rights together with
the right to ecological restoration. It promotes a new articulation with traditional
knowledge by referring to both Nature and Pachamama. And it provides a framework
to base environmental policies and management on an Andean perspective of the
good life (sumak kawsay) and new kinds of development strategies. This paper
describes and analyzes these new features from the perspective of political
ecology and environmental ethics. It examines the impact of the concept of intrinsic
value and offers a series of future challenges in feld of politics and management.
The biocentric turn represents an alternative to modernity, making it possible
to value Nature, and articulate it with indigenous knowledge, in new ways.

KEY WORDS

Nature´s Rights, Intrinsic Value, Biocentrism, Political Ecology, Environmental
Ethics, Ecuador.

RESUMO

A nova Constituição do Equador apresenta pela primeira vez na
América Latina uma virada para o biocentrismo. A constituição
incorpora os conceitos de direitos da Natureza e direito à restauração.
Cria-se uma nova articulação com os conhecimentos tradi-cionais,
verifcada no uso tanto da palavra Natureza quanto de Pachamama, e além
do mais oferece um contexto para as políticas e a gestão ambiental
baseado na boa vida (sumak kawsay) e em novas estratégias de desenvolvimento.
O trabalho descreve e analisa esses aspectos desde a perspectiva da ecologia
política e a ética ambiental, revisando os impactos do conceito
de valor intrínseco e apresenta um conjunto de desafos futuros no campo
da política e a gestão. O rumo biocêntrico propõe
uma alternativa à modernidade abrindo espaços para novas formas
de valoração ambiental e articulação com os saberes
indígenas.

PALABRAS CHAVE

Direitos da Natureza, valor intrínseco, biocentrismo, ecologia política,
ética ambiental, Equador.

Uno de los cambios más notables que ha tenido lugar en América
Latina ha sido la llegada de gobiernos que se definen como progresistas, socialdemócratas
o de izquierda. Éste es un conjunto diverso que incluye a las nuevas
administraciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay,
Uruguay y Venezuela. En varios de estos países ha cobrado creciente importancia
la temática ambiental, sea por hechos como los sucesivos conflictos sociales
alrededor de la gestión de los recursos naturales o por intentos de innovar
en política ambiental.

La forma en que estos países incorporan (o no) las cuestiones ambientales
es motivo de controversia. Si bien es común sostener que las corrientes
de izquierda alentaron la temática ambiental, especialmente desde la
oposición, y también se reconoce que muchas organizaciones ambientalistas
apoyaban expresiones políticas de izquierda, es evidente que existen
tensiones y conflictos.

Entre los nuevos gobiernos de izquierda, el debate ambiental ha sido muy intenso
en Ecuador. La reciente aprobación de una nueva Constitución ofrece
cambios muy importantes desde el punto de vista de la ecología política,
generando un giro sustantivo hacia posturas biocéntricas en América
Latina. En efecto, la nueva Constitución presenta el concepto de derechos
propios de la Naturaleza, utiliza tanto el término Naturaleza como la
palabra Pachamama, y da un paso todavía más novedoso al plantear
la restauración ecológica como otro derecho específico.
En este artículo se describen estas posturas; enseguida se las analiza
desde la ecología política y la ética ambiental (pero no
desde el derecho ambiental comparado); se consideran sus implicancias para la
gestión ambiental y para el desarrollo sostenible y se las compara con
la situación en otros países.

ECUADOR , ENTRE LOS NUEVOS GOBIERNOS PROGRESISTAS

La nueva administración presidida por Rafael Correa integra los llamados
gobiernos de izquierda o progresistas. Esos términos se aplican a un
conjunto en el que las distinciones más usuales, sobre todo entre los
analistas periodísticos, reconocen dos izquierdas: una seria y la otra
populista, o una moderada o socialdemócrata, frente a otra radical. Pero
ésos son análisis simplistas yla situación es mucho más
compleja. Desde una perspectiva politológica clásica, ejemplificada
en Lanzaro (2007), Ecuador ha sido incluido entre los gobiernos del nuevo populismo,
junto a Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, diferenciándolo
de los regímenes que provienen de viejos partidos nacional-populares
(el caso del peronismo, con Néstor Kirchner y Cristina Fernández
de Kirchner, en Argentina) y de los gobiernos de tipo socialdemócrata
(como Lula da Silva en Brasil; Tabaré Vázquez en Uruguay y Michelle
Bachelet en Chile). Se pueden afinar más estas distinciones atendiendo
a los contextos nacionales y puntos de partida decada una de estas experiencias.1

En el contexto del presente análisis, es preciso identificar entre aquellos
gobiernos a los que iniciaron, o intentan, una refundación institucional
nacional que entienden como imprescindible para su proyecto político.
Esto explica la necesidad de reformas constitucionales, y es el caso de Ecuador,
junto a Bolivia y Venezuela. Entretanto, otros gobiernos progresistas, como
los de Brasil o Uruguay, no plantean reformas constitucionales –Argentina
podría ser un caso intermedio, donde existió un reclamo ciudadano
por reformas sustanciales, pero que no se concretaron–.

En Ecuador, la reforma constitucional ecuatoriana fue una de las promesas de
cambio presentadas por Rafael Correa. Éste ganó la elección
nacional en segunda vuelta, a fines de 2006, con un fuerte discurso crítico
en contra de todo el sistema político y con un apoyo diversificado, incluidos
varias organizaciones ambientalistas y movimientos sociales. Además,
logró la victoria bajo la inusual condición de no presentar candidatos
al poder legislativo. Por lo tanto, fue un presidente sin base legislativa,
sin partidos políticos de sustento, apoyado por una coalición
muy heterogénea.2 En cambio, por ejemplo, Evo Morales llega al poder
sostenido por una base política mejor organizada y más experimentado,
con Movimiento Al Socialismo (MAS). A lo largo de los primeros meses de gobierno,
Correa generó hechos políticos que le permitieron tomar el control
del poder legislativo y lanzar una Asamblea Constituyente. El 30 de septiembre
de 2007 se eligieron constituyentes y la Asamblea se instaló el 20 de
noviembre de ese año. A diferencia de las reformas constitucionales venezolana
y boliviana, en Ecuador se disolvió el poder legislativo y la Asamblea
Constituyente pasó a cumplir dos funciones, las legislativas y las constituyentes.

Los trabajos finalizaron con la aprobación por mayoría de un
texto en julio de 2008, y éste fue apoyado por el 64% de los votantes
en el referéndum del 28 de septiembre. Sobre el desempeño de la
Asamblea, se puede indicar que logró montar un proceso de amplias consultas
ciudadanas y excelente información al público, y mantuvo un nutrido
plantel de asesores y colaboradores. Pero también se generaron muchas
controversias, especialmente, en el seno de la coalición gobernante,
incluidas diversas denuncias sobre presiones desde el poder ejecutivo (que también
alcanzaron a la agenda ambiental), y un final muy debatido, donde renunció
su presidente, tras lo cual, en aproximadamente un mes, se aprobaron centenas
de artículos en pocos días para cumplir con los plazos previstos.
Un análisis resumido del contenido de la Constitución aparece
en Ospina (2008).

El presente estudio se basa en entrevistas y consultas a distintos actores
clave, la revisión de los documentos de discusión de las mesas
de trabajo de la Asamblea, declaraciones de los asambleístas y otros
documentos oficiales3 y una estadía de trabajo como consultor en temas
de ambiente y desarrollo para la Asamblea (marzo de 2008). Las citas sobre el
texto constitucional se basan en la versión consolidada y publicada por
la Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP) (2008). La perspectiva
de análisis es la ecología política, un campo que es objeto
de múltiples definiciones.4 Éstas pueden ser agrupadas en al menos
tres tendencias: aquellas que analizan las interacciones entre la sociedad y
el ambiente (emparentadas, por lo tanto, con la antropología ecológica,
la ecología humana, la ecología social, etc.); las que aplican
esos términos a un conjunto de preceptos, valores o agendas políticas
orientados al ambiente; y las que analizan las dinámicas, actores e implicaciones
de los temas ambientales a la luz de las llamadas ciencias políticas
–incluidas la teoría política y la filosofía política,
y reconociendo que la incorporación de esa temática obliga a la
redefinición de cualquiera de ellas–. En este artículo se
sigue una postura cercana a esta última perspectiva, enfatizando la vertiente
comúnmente identificada como teoría política.

CONTENIDOS AMBIENTALES EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN

La nueva Constitución ecuatoriana presenta una gran cantidad de artículos
directa o indirectamente referidosa temas ambientales. El marco básico
incluye una sección sobre “derechos de la naturaleza”, junto
a otra referida a los derechos del “buen vivir” (incluidas normas
sobre el “ambiente sano”). Este marco se complementa con una descripción
del régimen de desarrollo (título VI) y una elaboración
más detallada sobre el régimen del buen vivir (título VII).
A lo largo de esos textos aparecen formulaciones muy similares a las disposiciones
en otras constituciones y marcos normativos, mientras que otras representan
novedades sustanciales.

Es oportuno comenzar por aquellos conceptos que son similares a los seguidos
en la actualidad en otros países. En el texto constitucional, el Artículo
74 indica que el “Estado aplicará medidas de precaución y
restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción
de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente
de los ciclos naturales”. Ésta es una formulación semejante
a la de otros textos constitucionales y leyes marco sobre el ambiente.

Un conjunto importante de normas aparece en el capítulo sobre biodiversidad
y recursos naturales bajo el título dedicado al régimen de desarrollo.
Por ejemplo, el Artículo 395 establece la transversalidad de la política
ambiental, garantiza la participación ciudadana, obliga a adoptar medidas
para evitar los impactos ambientales negativos y establece guías sobre
responsabilidad. Otros aspectos de este tipo son cubiertos en los artículos
siguientes, abarcando temas de control y manejo de impactos ambientales, políticas
en áreas protegidas, información y consulta ciudadana, tutela
del Estado, etcétera (artículos 396 a 415). La cobertura es muy
amplia, abarcando fauna y flora, suelos, agua y demás recursos naturales.
El abordaje temático también es amplio, y va desde conceptos en
políticas ambientales hasta indicaciones precisas en gestión ambiental.5

Algunas determinaciones deben ser subrayadas por su importancia y por apartarse
de algún modo de lo que está sucediendo en otros países
de la región. Por ejemplo, se declara al país libre de cultivos
y semillas transgénicas, y sólo en casos excepcionales y bajo
aprobación legislativa, se permitirá introducir ese tipo de variedades
(Artículo 401), mientras que en otros países ya han sido aceptados,
su regulación es esencialmente tecnocráticay no se apela a un
mecanismo de legitimación de tan alto nivel como el Congreso. Se prohíbe
adjudicar derechos de propiedad intelectual sobre productos o derivados del
conocimiento colectivo (Artículo 402), mientras que en los demás
países, en los hechos ha prevalecido la concesión de derechos
de propiedad intelectual y patentes, generalmente bajo el marco de la Organización
Mundial de Comercio. El Artículo 407 prohíbe la extracción
de recursos naturales no renovables en las áreas protegidas e intangibles,
y, de nuevo, sólo se concederá en casos excepcionales y aprobados
por el poder legislativo. En los países vecinos un problema recurrente
son las concesiones para explotación de minerales, hidrocarburos y maderas
dentro de áreas protegidas, generándose diversos conflictos socioambientales.6
Este tipo de innovaciones se repite en varios artículos, y los que aquí
se comentan son apenas ejemplos.

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leyendo

Revista de estudios sociales, RES.- Universidad de los Andes. Decanatura de
ciencias sociales. Nº 32 (2009). Bogotá (Colombia)

27 de agosto de 2009

 

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