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DIVERSIDAD CULTURAL Y DERECHOS HUMANOS: EL PAPEL DE LA UNESCO
Yvonne Donders.

 

 

La Dra. Yvonne Donders es Especialista en Programas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Divisón de Derechos Humanos de la Sede de la UNESCO en Paris. Es licenciada en Relaciones Internacionales en la Universidad de Utrecht y se ha doctorado en Derechos Humanos Culturales y el derecho a la identidad cultural en la Facultad de Derecho de la Universidad de Maastricht.  Dentro de la División de Derechos Humanos, su trabajo ha sido centralizar la aplicación de la Estrategia de la UNESCO sobre Derechos Humanos, cuyas líneas de actuación principales son la delimitación de los derechos humanos, la investigación de los derechos humanos, la educación en derechos humanos, el establecimiento de normas y el seguimiento de su cumplimiento, así como el fomento de la asociación. Trabaja específicamente en proyectos de investigación relacionados con el contenido, la naturaleza de las obligaciones, el estado del proceso de aplicación, los indicadores y la legalidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Es autora de diversas publicaciones sobre derechos culturales, entre ellas el artículo titulado The Protection of Cultural Rights in Europe: None of the EU’s Business?, (La Protección de los derechos culturales en Europa: ¿no es asunto de la UE?”) publicado en el Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol. 10, número 2, 2003, págs. 117-148; y “¿Hacia el derecho a la identidad cultural?” (Towards a Right to Cultural Identity?), publicado junto a otros autores en School of Human Rights Research Series No. 15, Intersentia/Hart, Antwerp/Oxford/New York, 2002, 400 págs.; Y. Donders, K. Henrard, A. Meijknecht, S. Tempelman (editores.), Law and Cultural Diversity, SIM Special 25, Utrecht, 1999, 182 pp.

 

En este mundo globalizado en que vivimos, el asunto de la diversidad cultural se ha convertido en un punto importante en la agenda de la comunidad internacional. Mientras el rápido desarrollo de los medios de comunicación y transporte ha hecho posible la existencia de sociedades multiculturales, e incluso de un sentimiento de cultura universal, parece ir en aumento, de forma paralela, la reafirmación de las especificidades locales y las identidades culturales. Muchos pueblos, comunidades, grupos e individuos están luchando por preservar y proteger su identidad cultural, a la que otorgan un gran valor porque la consideran una parte importante de su dignidad como seres humanos. Por lo tanto, existe una demanda cada vez mayor de promoción y protección de los derechos humanos en lo cultural. Los derechos culturales, sin embargo, se han tenido muy poco en cuenta en las leyes internacionales sobre derechos humanos. No existe un consenso claro sobre qué derechos deben considerarse “derechos culturales”, y sobre cuál es la mejor manera de ponerlo en práctica. También existe un debate en cuanto a si la promoción y protección de los derechos culturales debería estar en consonancia con la propia noción de universalidad de los derechos humanos.

 

La UNESCO ha desempeñado un importante papel en el debate internacional en la protección de la diversidad cultural y en la protección y promoción de los derechos humanos. De acuerdo con su Constitución, la Organización debería aumentar la lista de derechos humanos y libertades fundamentales promoviendo la colaboración entre naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura. La UNESCO ha llevado a cabo una labor decisiva al desarrollar los conceptos de cultura y diversidad cultural. También ha desarrollado un estándar relativo a la protección de derechos culturales, incluida la Declaración Universal de Diversidad Cultural, adoptada en 2001. Los estados miembros de la UNESCO están ahora hablando sobre una Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales.(1) ¿Cuál es el papel de estos instrumentos en relación con la promoción y protección de los derechos culturales?

 

1. EL SIGNIFICADO DEL CONCEPTO DE CULTURA EN EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

 

Antes de hablar de los derechos culturales, el significado del concepto de ‘cultura’ debería tocarse al menos brevemente. Aunque los abogados lo emplean, no hay, en general, una definición aceptada de ‘cultura’. Los sociólogos han trabajado mucho a este respecto, pero de momento no han dado con la –quizás imposible– solución, que sería encontrar una definición aceptable de ‘cultura’.

 

Sin definir la cultura, me gustaría describir su significado utilizando sólo sus características principales. El concepto de cultura no es una noción estática, sino algo que se puede modificar, variar con el curso del tiempo. La cultura no es algo inactivo o fijo, no es un simple resultado, sino un proceso dinámico. El término cultura encierra un concepto amplio que se diferencia por rasgos como el idioma, la religión, las costumbres, la tierra, las artes, la literatura, el trabajo, los deportes, etc. Parece ser lo que se llama un “concepto paraguas”, es decir, un concepto que cubre todos esos ámbitos. En el contexto de los derechos humanos se ha hecho más hincapié en las cuestiones ligadas a la dignidad humana, que es la propia base de los derechos humanos. Estas cuestiones son, por ejemplo, el idioma, la religión y la educación. Por último, resulta importante destacar que la cultura tiene una dimensión individual y colectiva, que las culturas se desarrollan y configuran en el seno de las comunidades y que los individuos se identifican con una o varias comunidades, construyendo así su identidad cultural personal.

 

2. LOS DERECHOS CULTURALES COMO DERECHOS HUMANOS

 

En 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como “estándar común para el cumplimiento de objetivos” En 1966, las normas de la Declaración Universal se transformaron en normas vinculantes, desde el punto de vista jurídico, en dos Pactos diferentes: el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (ICCPR) y el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (ICESCR). La división entre varias categorías diferentes de derechos humanos –civiles, políticos, económicos, sociales y culturales– no implica que una categoría de derechos humanos sea más importante que otra. En el preámbulo de ambos Pactos, en 1966, se afirma que todos los derechos humanos están relacionados entre sí, y que son indivisibles e interdependientes. Los estados han confirmado este principio en diversas ocasiones, entre ellas, durante la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993. Sin embargo, la práctica muestra que todas las categorías de derechos humanos no se han desarrollado al mismo ritmo. Los derechos culturales han recibido menos atención y están, por lo tanto, menos desarrollados que los derechos civiles, políticos, económicos o sociales. Una de las causas de este menor desarrollo ha sido la ambigüedad del término ‘cultura’. Como se ha explicado antes, la cultura puede referirse a muchas cosas, que van desde los llamados productos culturales, como el arte o la literatura, hasta los procesos culturales, o la cultura como forma de vida. ¿Cómo puede, una noción tan amplia, trasladarse a la normativa de los derechos humanos?

 

2.1 El universalismo frente al relativismo cultural

 

Hay otro debate que está entorpeciendo el desarrollo de los derechos culturales, que es la controversia entre el universalismo y el relativismo cultural. El universalismo afirma que todo ser humano tiene determinados derechos sólo por ser humano. Estos derechos humanos están destinados a proteger la dignidad humana, y todas las personas deberían estar en igualdad de condiciones a la hora de disfrutarlos. Por otra parte están los relativistas culturales que, en general, creen que no hay valores humanos universales, y que la variedad de culturas en el mundo implica que los derechos humanos pueden, y deben, ser interpretados de diversas maneras. En medio de estas dos posturas existen distintos puntos de vista, todos moderados.

 

La cuestión, por tanto, es si los derechos culturales, que han llevado a aumentar el énfasis sobre las culturas y sus particularidades, y a darlas más valor, implican alguna forma de relativismo cultural. ¿Hasta qué punto puede la promoción y protección de derechos culturales ser coherente con la noción de universalidad de todos los derechos humanos? Aunque los derechos culturales prestan especial atención a la cultura de los individuos y las comunidades, el derecho en sí mismo puede tener un valor universal. Está aceptado, en general, que el valor universal de los derechos humanos no implica que su puesta en práctica también lo sea. Debe hacerse una distinción en este sentido, entre la norma en sí misma y la aplicación de la norma. Aunque los derechos humanos tienen carácter universal y se aplican a todo el mundo, basándose en su dignidad como seres humanos, su aplicación no tiene, necesariamente, que ser uniforme. Los distintos estados pueden tener en cuenta estas situaciones y contextos a la hora de poner en práctica dichos derechos humanos.

 

En consecuencia, los derechos culturales deberán ser aplicables a escala universal, a todas las comunidades e individuos, independientemente de su idioma, tradiciones, localización geográfica, etc., partiendo de la base de que la cultura es un importante elemento de la dignidad humana. La aplicación específica de este derecho podría, en principio, variar, en función de la situación y la cultura de que se trate.

 

2.2 Igualdad y no discriminación

 

También se ha hablado mucho del derecho a la identidad cultural y de cómo entra en contradicción con uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, la igualdad y la no-discriminación. En lugar de centrarse en la igualdad, los derechos culturales parecen centrarse en el hecho de que las comunidades e individuos quieren ser diferentes y quieren que se les trate de manera diferente. Se ha afirmado que los derechos culturales tienden a especificar y a diferenciar, en lugar de ser un factor de cohesión, que es lo que deben hacer los derechos humanos.

 

No obstante, resulta razonable discutir si la igualdad y la no discriminación, que son principios clave de los derechos humanos, afectan también al reconocimiento de la diversidad y al derecho a ser diferente. Tener los mismos derechos no es lo mismo que recibir un trato igualitario; además, las situaciones de desigualdad también requieren un enfoque diferente. Aunque los derechos culturales parecen tender a la diferenciación, la base de estos derechos debería ser la igualdad, aunque cada comunidad, o cada individuo debe tener el derecho de reclamar sus derechos culturales. En relación a la aplicación de los derechos culturales puede haber diferencias de tratamiento y de medios necesarios, sin que ello entre en contradicción con el principio de igualdad.

 

2.3 Límites para el disfrute de los derechos humanos

 

Hay otro asunto importante, relacionado con los derechos culturales: muchos aducen que los derechos culturales pueden entrar en conflicto con otros derechos humanos y, por tanto, no pueden “disfrutarse” sin límite. En realidad, se refieren a la cuestión de las prácticas culturales que infringen los derechos humanos. Muchas personas manifiestan que los derechos culturales no deberían dar pábulo a actividades culturales cuestionables, como el trato discriminatorio de las mujeres que se materializa en los matrimonios forzados, la venta de novias, la ablación, o la limitación de derechos con respecto a los hombres en cuestiones de herencia y propiedad de tierras. Este es un aspecto muy delicado y difícil de responder, en términos generales. Los derechos culturales, sin embargo, no deben rechazarse de manera categórica, apoyándose exclusivamente en que pueden entrar en conflicto con los derechos humanos. El disfrute de los derechos culturales puede limitarse.

 

En primer lugar, los derechos culturales pueden limitarse por ley. El artículo 4 del (ICESCR) contiene una posibilidad para los distintos estados, para que puedan limitar este disfrute de los derechos incluidos en el Pacto, aunque siempre en determinadas condiciones. Las limitaciones sólo son posibles si están determinadas por ley y son compatibles con la naturaleza de estos derechos y su única finalidad es la promoción del bienestar general en una sociedad democrática. Esta cláusula de limitación no pretende proporcionar a los estados un pretexto fácil para no aplicar el (ICESCR). En segundo lugar, la regla general es que el disfrute de los derechos humanos por parte de un individuo no puede limitar, de manera injustificada, o incluso violar, el disfrute de los derechos humanos por parte de los demás. De hecho, muchos derechos humanos pueden entrar potencialmente en conflicto, en determinadas situaciones. Cada una de estas situaciones debe evaluarse de manera individual, de cara a determinar qué derechos prevalecen sobre otros en una situación dada.

 

El asunto sigue siendo ¿cómo nos enfrentamos a las actividades o prácticas culturales -que no deben confundirse con los derechos culturales- que están en conflicto con los derechos humanos? Estas prácticas, se dice, no deberían estar amparadas por los derechos culturales. No se puede hacer una afirmación general sobre si las prácticas culturales son aceptables o no y sobre su relación con los derechos humanos, ya que son actividades muy diversas y su posible conflicto con los derechos humanos tiene que considerarse siempre desde un prisma individualizado. Sin embargo, en general, las prácticas culturales que entran en conflicto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos no puede justificarse sólo con decir que entran dentro de la categoría de los derechos culturales. Un criterio apropiado podría ser que las prácticas culturales no deben entrar en conflicto con el valor de la dignidad humana. Aunque está claro que estos cambios de práctica deberían proceder de la propia comunidad, los Estados deben tratar de encontrar una manera de promover dichos cambios. A este respecto, es interesante destacar que, por ejemplo, en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, dice en el Artículo 5 que “los estados miembros deberán tomar todas las medidas adecuadas: (a) para modificar los patrones sociales y culturales de conducta tanto de hombres como de mujeres, con vistas a eliminar por completo los prejuicios y costumbres o prácticas que se basen en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en los roles estereotipados para hombres o mujeres…”.

 

3. ¿QUÉ DERECHOS HUMANOS SON DERECHOS CULTURALES Y QUÉ SIGNIFICAN?

 

¿Qué derechos pueden considerarse derechos culturales? Ningún instrumento internacional para los derechos humanos define los derechos culturales como tales. También aquí, la lista de derechos culturales depende de la definición de cultura. El concepto de cultura se ha desarrollado a partir de una estrecha concepción elitista que se refiere principalmente a las artes y a la literatura, y que ha ampliado su perspectiva como parte de un proceso en el que el idioma, la religión y la educación desempeñan un papel destacado. Aunque pueden verse, originalmente, como derechos relacionados con los productos culturales, ahora tienen un alcance más amplio, e incluyen derechos relacionados con la forma de vida y la expresión de la identidad de un individuo o de una comunidad. Los derechos culturales ya no se consideran como meros derechos al disfrute de un producto cultural, sino que son derechos humanos reales, encaminados a proteger una parte importante de la dignidad humana.

 

En términos generales, los derechos culturales son, entre otros:

 

 

3.1 El alcance de los derechos culturales

 

¿Qué derechos humanos, incluidos en los instrumentos internacionales que trabajan en este campo, pueden considerarse ‘derechos culturales’? Los derechos culturales pueden dividirse básicamente en dos categorías: un grupo reducido y un grupo amplio. El grupo reducido de derechos culturales incluye a aquellos derechos que hacen referencia explícita a la cultura, por ejemplo, el Artículo 15 del (ICESCR) sobre el derecho a participar en la vida cultural y el Artículo 27 del ICCPR sobre el derecho de las personas que pertenecen a una minoría, a disfrutar de su propia cultura. El llamado grupo mayoritario incluye todos los derechos humanos que tienen alguna vinculación con la cultura, sobre todo a la autodeterminación, a la libertad de religión, a la libertad de expresión, libertad de asociación y derecho a la educación.

Como tales, los derechos culturales pueden verse como una categoría que conecta, o que solapa, otras categorías de derechos. Estos tienen, en realidad, un carácter transversal. Las libertades religiosas, como la libertad de religión, expresión y comunicación, se refieren originalmente a los derechos civiles, mientras el derecho a participar en la vida cultural se refiere a los derechos sociales y económicos. El derecho a la educación es, claramente, un derecho mixto. Los derechos culturales son un enlace entre los derechos individuales y los derechos de los pueblos y las comunidades.

 

4. LOS DERECHOS CULTURALES EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS

 

4.1 El derecho a participar en la vida cultural (Artículo 15 del ICESCR)

 

El (ICESCR) es el primer documento vinculante, desde el punto de vista jurídico, que incluye la expresión “derechos culturales” en su título. No obstante, la única disposición que realmente contiene el concepto de cultura es el Artículo 15. Este artículo es similar al Artículo 27 de la Declaración Universal.

 

En el Artículo 15(1) se dice que:

 

Los estados miembros del presente pacto reconocen el derecho de todos a:

 

(a) participar en la vida cultural;
(b) disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones;
(c) beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que resulten de cualquier producción literaria o artística de la que se sea autor.

 

¿Por qué se incluyó una disposición así en el texto? El proceso de elaboración de esta disposición indica que la cultura ha tenido que incluirse como categoría residual, aparte de los aspectos civiles, políticos, económicos y sociales. La finalidad específica de los derechos de participación ha sido dejar claro que la cultura debe estar al alcance de todos y no sólo de una élite. La cultura, en cuanto a algunos de sus productos –como son el arte y la literatura– debería ser accesible a toda la población. La cultura tiene, en estos tiempos, un significado limitado: antes era un producto que incluía materiales culturales y hacía referencia, sobre todo, a la cultura nacional. No se hablaba del proceso de cultura o de las comunidades implicadas. Los aspectos de un concepto más amplio de cultura, como el lenguaje, la religión y la educación, siempre se han tratado en otras disposiciones aparte, en los mencionados instrumentos de los derechos humanos.

 

¿Qué implica esto? ¿Cuál es su contenido? Durante los primeros 25 años del Pacto, se discutieron y delimitaron principalmente los derechos económicos y sociales. El Artículo 15 apenas recibía atención por parte del Comité supervisor de los derechos Económicos, Sociales y Culturales, o por parte de los Estados, en los informes correspondientes. El Comité hizo primero un intento moderado de ampliar el alcance del Artículo 15 (1) en sus directrices revisadas para el procedimiento de elaboración de informes que se adoptó en 1990. Hablaba de desarrollo cultural y del derecho a manifestar la propia cultura. Además, el Comité preguntó a los Estados miembros qué hacían para promocionar la identidad cultural, lo que se consideró un factor de apreciación mutua entre individuos, grupos, naciones y regiones. Por primera vez, la cultura se adaptaba a los grupos. Por otra parte, el Comité amplió el ámbito de actuación del Artículo 15 (1) para incluir no sólo la cultura nacional; también se considera que los Estados son los responsables de preservar las culturas de otros grupos.

 

El Comité celebró también una reunión general para discutir el Artículo 15 (1) en 1992, durante la cual se discutió el contenido del derecho a participar en la vida cultural. Estas discusiones suelen culminar con la adopción de un Comité General. El Comité aplicó el concepto ampliado de cultura y confirmó que la cultura contiene además de aspectos materiales, muchos aspectos no materiales, como las tradiciones, el idioma, la religión, etc. Esto también confirió un sentido más amplio al término “participación”. La participación es ahora más que el simple acceso a la cultura: es una participación activa en un proceso de toma de decisiones y supone contribuir activamente a la cultura. Y la cultura ha dejado de ser un concepto elitista y se ha comenzado a considerar “una forma de vida”.

 

¿Qué obligaciones tienen los Estados o los gobiernos en relación con el derecho a tomar parte en la vida cultural? Todos suelen coincidir en que participar en la vida cultural es más que tener acceso a ella, tiene que ver con la participación activa, con la toma de decisiones y con la capacidad de contribuir activamente a la cultura. En general, el Comité aún tiende a destacar las obligaciones negativas, como la obligación al respeto. Los Estados no deberían interferir en el desarrollo y la expresión espontáneas de la cultura, a menos que la propia expresión cultural sea una violación de los derechos humanos. El Comité también ha expuesto que los Estados están obligados a proteger la participación cultural frente a la falta de respeto de otros. El Comité no ha gestionado de manera positiva las posibles obligaciones que hay que cumplir. Sin embargo, cualquiera puede pensar, por ejemplo, en ciertas medidas positivas relacionadas con la recopilación y difusión de información cultural y de la accesibilidad de la cultura. También se pueden recordar la exención ante leyes que penalizan las prácticas culturales, por ejemplo, las leyes especiales sobre caza o sobre el usufructo, o ciertas medidas específicas como las leyes que obligan a llevar casco en la moto en el caso de los Sikhs de la India, la financiación de las asociaciones étnicas o los carteles multilingües o las medidas especiales para votar, o la protección de reivindicaciones simbólicas como las festividades religiosas.

 

Conclusión: el Artículo 15 (1) se ha desarrollado a partir de un concepto limitado de cultura, y ha ampliado este, de manera que incluya el idioma, la religión, etc., partiendo de lo puramente individual y dirigiéndose a un ámbito más natural, y desde la cultura nacional hasta abarcar a diferentes culturas o grupos que viven dentro de un Estado.

 

4.2 El derecho de las minorías a disfrutar de su cultura (Artículo 27 - ICCPR)

 

Gran parte de los esfuerzos realizados en materia de derechos culturales se han realizado en relación con las minorías y los pueblos indígenas. Esto tiene que ver con el hecho de que la cultura de estos grupos está siempre amenazada y en riesgo. Sin entrar en detalles en el asunto de las minorías, el Artículo 27 debería mencionarse como derecho cultural de importancia.

 

El artículo 27 del ICCPR dice lo siguiente:
 “En aquellos estados en los que existan minorías étnicas, religiosas, o lingüísticas, no se negará el derecho a las personas que pertenezcan a dichas minorías, a disfrutar, junto con otros miembros de su grupo, de su propia cultura, así como a profesar y practicar su propia religión o a utilizar su propia lengua”.

 

Este artículo se ha desarrollado más que el artículo 15 del ICESCR. El Comité para los Derechos Humanos, que es el órgano supervisor del ICCPR, ha adoptado un Comentario General para el artículo 27 y ya se han dado casos individuales que están en relación con esta disposición.

 

El tema de los derechos expuestos en el Artículo 27 es el individuo que pertenece a una minoría étnica, religiosa y lingüística, y no las minorías como tales. Este enfoque individual ha sido el utilizado desde el principio, cuando se empezó a esbozar la disposición. Los Estados no querían otorgar determinados derechos a las minorías, porque temían que con ello se vería afectada negativamente la estabilidad nacional y se aumentarían las tendencias separatistas. El elemento colectivo se incluyó en los términos “en comunidad con otros miembros del grupo”. Los Estados, en ese momento, dejaron claro que los pueblos indígenas y los inmigrantes no se engloban en el término “minorías”. Sin embargo, se trata ya de jurisprudencia y, más tarde, en su Comentario General, el Comité para los Derechos Humanos CDH, que supervisa el ICCPR, ha determinado que, los miembros de comunidades indígenas quedan dentro de lo definido por el artículo 27.

 

El Artículo 27 se ha formulado negativamente (“no se les negará el derecho”) con la intención de evitar el despertar y la estimulación de la conciencia de minoría. El término cultura, en el Artículo 27, tiene que interpretarse en sentido amplio, como ha confirmado el CDH en los distintos casos individuales y en su Comentario General. La cultura incluye, por ejemplo, algunas actividades de índole económica, como la pesca y la caza, o cualquier otra forma de vida asociada con el uso de los recursos de la tierra, especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Y como estas actividades económicas suelen estar en relación con la tierra, el asunto de los derechos asociados a la tierra ha adquirido mayor importancia en el Artículo 27 del ICCPR, aunque no se haga referencia explícita al mismo en esta disposición.

 

¿Qué obligaciones tienen los estados a este respecto? En este Comentario General, el CDH ha dejado claro que, aunque la disposición se haya escrito en términos negativos, implica un “derecho”. Y en él se incluyen obligaciones positivas, como medidas para proteger la identidad cultural, religiosa y social de las minorías afectadas y el derecho a disfrutar de su cultura y practicarla. Aunque sea jurisprudencia, el CDH ha desarrollado un sistema para determinar si una determinada interferencia del estado frente al Artículo 27, constituye una violación de esa disposición. En general, las medidas estatales que interfieren con el disfrute de la propia cultura deben tener una justificación razonable y objetiva, y ser compatibles con otras provisiones del ICCPR. En consecuencia, se han añadido otros dos requisitos, a saber, la obligación de consultar a la comunidad afectada y la limitación del impacto de las medidas que se apliquen.

 

Conclusión: El Artículo 27 se ha desarrollado con el tiempo, hasta adquirir la forma de un derecho positivo, que incluye obligaciones positivas por parte del Estado, y que será aplicado cada vez a más grupos, incluidos los pueblos indígenas. El concepto de cultura se emplea en todo su significado, e incluye distintos aspectos como el idioma, la religión y la educación.

 

4.3 La dimensión cultural de otros derechos humanos

 

Además de las disposiciones que hacen referencia directa a la cultura, hay otros derechos humanos que han resultado ser de suma importancia para la protección de la cultura. Se pueden encontrar algunos ejemplos en los sistemas europeo e Interamericano, en los que las disposiciones sobre derechos humanos se utilizaron para proteger determinados aspectos de la cultura. Se ha dado mucha importancia a la protección de la identidad cultural en disposiciones sobre, por ejemplo, libertad de expresión, religión y asociación, además del derecho a la vida, a la salud y al respeto por la vida privada. Los casos afectaron a una serie de asociaciones culturales o de formas de vida, por ejemplo, de los gitanos. En el sistema interamericano muchos ejemplos estaban en relación con la protección de la cultura de los pueblos indígenas, algo que se refleja especialmente en los derechos sobre la tierra, aunque los derechos sobre la tierra y otros derechos de los indígenas no se encuentran reflejados en ningún instrumento americano para la defensa de los derechos humanos.

 

Existen también otros derechos humanos que, a primera vista, no tienen relación alguna con la cultura pero sí tienen importantes implicaciones culturales. Son ejemplos de esto el derecho a la educación, el alimento, la salud y la vivienda. El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha reconocido los elementos culturales de estos derechos al incluir un párrafo de índole cultural en algunos de los Comentarios Generales. Por ejemplo, ha determinado que el derecho a tener una vivienda digna implica que la construcción de casas, los materiales de construcción y las políticas de apoyo “...deben permitir en la medida de lo posible la expresión de la identidad cultural y la diversidad de alojamientos”. (GC núm. 4, párrafo 8g, 1991). En relación con el derecho a la salud, el Comité ha determinado, entre otras cosas, que “todas las instalaciones sanitarias, bienes y servicios deben ser apropiados desde el punto de vista cultural, es decir, tienen que respetar la cultura de individuos, minorías, pueblos y comunidades…” (GC núm. 14, párrafo 12c, 2000). En los Comentarios Generales sobre el derecho a la alimentación adecuada (Núm. 12. 1999) y sobre el derecho a la educación (Núm. 13, 1999), se establece que las garantías que se ofrezcan deberán ser adecuadas o aceptables desde el punto de vista cultural.

 

5. UNESCO Y DERECHOS HUMANOS

 

La UNESCO ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y la promoción de los derechos culturales. Ha adoptado diversos instrumentos que, directa o indirectamente, están en relación con los derechos culturales. Para delimitar la tan discutida Convención sobre la Protección de la Diversidad de Contenidos Culturales y Expresiones Artísticas que está en preparación a continuación se menciona brevemente algún otro documento.

 

5.1 Declaración de Principios de Cooperación Cultural (1966)

 

Uno de los primeros documentos sobre derechos culturales fue la Declaración de Cooperación Cultural (1966). El Artículo 1 de la declaración establece que:

 

1. Cada cultura tiene una dignidad y un valor que debe ser respetado y conservado.
2. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura.
3. En su enorme variedad y diversidad, y en las influencias recíprocas que ejercen unas sobre otras, todas las culturas forman parte de un legado común que pertenece a toda la comunidad.

 

Esta ha sido una de las primeras confirmaciones oficiales de que las diferencias culturales existen, pero no sólo eso: también deben valorarse y respetarse. La Declaración trata, además, de la cooperación internacional en el campo de la cultura.

 

5.2 Recomendación sobre la participación de la gente en la vida cultural y su contribución a la misma (1976)

 

En noviembre de 1976 la Conferencia General adoptó la recomendación sobre la participación de la gente en la vida cultural y su contribución a la misma. Esta recomendación destacó el amplio significado de la cultura, que incluye no sólo los productos culturales y artísticos, sino también el modo de vida de los individuos. La recomendación pretendía dar a pueblos e individuos la oportunidad no sólo de acceder a la cultura, sino también de participar activamente en la vida cultural de la comunidad. Y participación activa significa que los estados miembros tienen que aplicar las políticas culturales al igual que lo hicieron en el campo de la economía, la política social y la educación. Por primera vez, se determinó que la amplitud de perspectiva de la cultura debía estar estrechamente ligada a las políticas aplicadas en otros campos.

 

La Recomendación supuso un importante paso a la hora de afianzar la promoción y protección de la cultura, y el hecho de que no debíamos limitarnos a proporcionar medios para acceder a ella, sino dar al mayor número de personas posible la opción de participar en ella de manera activa. Los principales elementos de esta recomendación son las disposiciones que instan a los estados a garantizar los derechos culturales y humanos, la igualdad de culturas incluyendo las culturas de las minorías, y proteger y desarrollar auténticas formas de expresión. La recomendación no es vinculante desde el punto de vista jurídico, pero se supone que asentará unos principios que luego deberán materializarse en los Estados Miembros, en sus políticas nacionales y en su legislación.

 

5.3 Declaración sobre las razas y los prejuicios raciales (1978)

 

En 1978, la Conferencia General adoptó la Declaración sobre las razas y los prejuicios raciales a principios de 1950; la UNESCO emprendió una investigación sobre temas relacionados con la raza y la cultura. Se invitó a los expertos a intercambiar sus puntos de vista en cuanto a la explicación de las diferencias entre seres humanos, a la luz de los temas de raza y de prejuicios raciales. El principal mensaje ha sido que no hay evidencia científica de que la diferencia de raza suponga una diferencia entre lo que pueden lograr unas personas y otras. Las diferencias entre personas se basan simplemente en la cultura y las circunstancias económicas y sociales. En lugar de eliminar estas diferencias, por ejemplo, asimilando a las minorías, se puede proporcionar a las culturas la capacidad y el estímulo necesarios para coexistir.

 

La Declaración sobre las razas y los prejuicios raciales comienza en el Artículo 1 con el hecho de que todos los seres humanos tienen un origen común y tienen derecho a ser diferentes. Por primera vez, este derecho se ha reconocido oficialmente en un instrumento internacional.

Hay dos disposiciones que afectan a la identidad cultural:

 

El Artículo 1(3) de la Declaración afirma que “la identidad de origen no afecta en modo alguno al hecho de que los seres humanos puedan y sean capaces de vivir de manera diferente, ni impide la existencia de diferencias basadas en la diversidad cultural, medioambiental e histórica ni el derecho a mantener su identidad cultural”.

 

El Artículo 5(1) de la Declaración determina que “La cultura, como producto de todos los seres humanos y legado común a toda la humanidad, y la educación en su sentido más amplio, ofrecen a hombres y mujeres un medio cada vez más eficaz para adaptarse.

 

NOTAS

 

(1) N. del E.  la citada convención, en vigor en marzo de 2007.

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