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Esta ponencia examina, muy brevemente, la evolución del derecho de autor y  la importancia económica de esa rama del derecho, con particular referencia al caso de la Argentina.

La protección de los intereses de los autores ha sido objeto de preocupación desde larga data, aun antes de la invención de la imprenta. Desde que ésta permitió superar la lenta y  tediosa copia individual de las obras escritas (tarea por la cual los monjes medievales son aun  recordados), se despertó el interés de los editores por impedir la copia de las obras.  La concesión de privilegios de edición por parte de las monarquías europeas fue una primera respuesta a esa demanda. Esos privilegios permitieron la exclusión de copias no autorizadas y suministró un medio de apropiación de las rentas generadas por la edición. Recién con el Estatuto de Ana de Inglaterra, adoptado en el siglo XVIII, se legisla de manera más sistemática para proteger a los autores y editores. Este Estatuto es considerado el más importante precedente de las modernas leyes de derechos de autor.

 

A fines del siglo XIX diversos países occidentales habían ya adoptado leyes domésticas para la protección del derecho de autor o copyright. Esas leyes se desarrollaron con base en dos modelos: el dominante en Europa continental, de origen franco-belga, y el del common law aplicado en los países del Commonwealth y los Estados Unidos.  La cuestión de la protección internacional del derecho de autor tomó en ese entonces creciente relevancia no sólo por las diferencias entre los modelos legislativos aplicados, sino por la ausencia de protección a los autores extranjeros en algunos países. Por ejemplo, los Estados Unidos negaron protección a los autores extranjeros hasta 1891, a pesar de la airada queja de los autores británicos perjudicados, como Charles Dickens, cuyas obras (como Christmas Carol) se vendían en los EEUU a una fracción de su precio en Gran Bretaña. La negativa a la protección de los autores extranjeros en los EEUU fue producto de una política deliberada orientada a facilitar el acceso a obras de calidad (de origen británico) a bajo costo a fin de promover la alfabetización;

 

-evitar la concesión de monopolios a favor de extranjeros;

-promover el desarrollo de una industria editorial y el empleo locales.

 

La preocupación de los editores y autores europeos por la protección internacional de la propiedad intelectual dio lugar a la adopción, en 1886, del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, la que sólo fue ratificada por los EEUU casi cien años después. Este Convenio ha devenido el principal marco para la protección de las obras autorales a escala internacional, la que se brinda sin necesidad de registro ni el cumplimiento de otras formalidades en cada país donde se requiere la protección.

 

No debe olvidarse, empero, que el concepto de la apropiación de las obras mediante un derecho exclusivo no ha sido común en todas las culturas. En Oriente, por ejemplo, y especialmente bajo el confucianismo, la copia no ha sido condenable, sino un acto que enriquece a la sociedad al permitir las obras individuales y la difusión del conocimiento.

 

En los últimos veinte años ha cobrado fuerza en el mundo occidental la idea de que las obras deben circular lo más libremente posible. Así, los movimientos de ‘software libre’ y ‘software abierto’ propician, con algunas diferencias de enfoque, un amplio acceso a los resultados de la innovación en software. El esquema de ‘software abierto’ no prescinde completamente del derecho de autor, si bien éste es utilizado para impedir la apropiación de los códigos fuente antes que como mecanismo de privatización. El sistema de licencias de ‘Creative Commons’, de manera similar, permite la reproducción de las obras sin fines de comerciales, a condición que se preserve la integridad de aquéllas y se distribuyan bajo la licencia original.

 

Esta tendencia en favor del acceso al conocimiento, incluso cuando es protegible por el derecho de autor, convive ciertamente con los esfuerzos de editoras de libros, revistas, música, productoras cinematográficas, etc. por evitar la copia de las obras que comercializan. Estas empresas enfrentan, empero, dos obstáculos principales:

 

-el avance tecnológico permite hacer copias perfectas de obras digitalizadas, prácticamente sin costo. Estimaciones  para la Argentina que deben tomarse con gran cautela, pues son hechas por los propios interesados con metodologías pobres o cuestionables(1) señalan que uno de cada tres obras musicales es ilegal con supuestas pérdidas multimillonarias para los productores;

-la percepción cultural de que hacer u obtener una copia sin autorización del titular del derecho no es un delito, como no lo es adquirir un ejemplar de un libro y prestárselo a un tercero o, en la mayoría de las legislaciones, reproducir una obra con un fin puramente personal, de investigación o enseñanza.

 

Las acciones defensivas de las empresas discográficas y editoriales incluyen la activa promoción de la adopción por los gobiernos de medidas legales, como las llamadas ‘medidas anti-circunvalación’ y de ‘protección tecnológica’ –incorporadas en varias legislaciones y en el Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor de 1996- , la prohibición de cargar obras en Internet, la calificación como ilegal de la copia transitoria en la memoria de una computadora, y la expansión o endurecimiento de las sanciones contra la ‘piratería’, incluyendo la intervención de las aduanas respecto de mercaderías en tránsito. Los tribunales de varios países han resuelto ya algunos resonantes casos condenando con fuertes sanciones prácticas actos de ‘file sharing’, es decir, el compartir archivos de piezas musicales vía Internet. Algunos de esos casos incluyen multas elevadas y penas de prisión. En Suecia, por ejemplo, a los fundadores ‘The Pirate Bay’, fueron condenados a un año de cárcel y una multa de $905.000 a cada uno por ofrecer una plataforma para el intercambio gratuito de archivos.

 

La limitada eficacia de estos recursss legales, sin ambargo, ha llevado a las industrias de derecho de autor a propiciar la adopción de medidas de otra naturaleza, tal como la imposición de tasas sobre la venta de CD vírgenes y equipos de reprografía para compensar a los autores por la reproducción privada de sus obras. También continúan los esfuerzos para incluir sistemas de bloqueo en el hardware o software a pesar del fracaso de muchas de ellos.

La implementación de algunas de esas medidas legales –como las relativas a anti-circunvalación- pueden poner en peligro la tradicional dicotomía ‘idea-expresión’ y el derecho a acceder a una obra con fines privados no comerciales (considerado en algunos países un ‘uso justo’) amparado en las excepciones contempladas en el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC. Ello debe inducir a los legisladores a una extrema prudencia al momento de instrumentar medidas que pueden afectar el acceso al dominio público y el derecho a la cultura.

 

Cabe recordar, en este contexto, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su art. 27 establece por un lado el derecho de toda persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten y por otro, el derecho del autor a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de su creación. A su vez,  el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone en su art. 15 el derecho de toda persona a participar en la vida cultural; a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones y a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales en virtud de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. En el mismo artículo el Pacto dispone entre las medidas que los Estados Partes deben adoptar para asegurar el ejercicio de este derecho, las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

 

Tal vez la respuesta más inteligente y racional ante el desafío que plantea el avance tecnológico se encuentre, en definitiva, en el cambio del modelo de negocios de las empresas de producción y distribución de obras musicales, antes que en persistir en la aplicación de medidas concebidas para la era pre-digital. El suceso de algunas iniciativas para descargar piezas musicales, legítimamente, y a bajo costo, indica el potencial de cambios de ese tipo.

Abordando ahora el segundo tema propuesto –la importancia económica del derecho de autores interesante notar que desde hacia varias décadas se han realizado estudios para evaluar la contribución de las industrias  dependientes de manera directa (industrias editorial, fonográfica, cinematográfica, de software, etc.) e indirecta (equipos de reproducción reprográfica, CDs, DVDs, etc.) del derecho de autor. Las estimaciones arrojan resultados bastante sorprendentes. En EEUU, por ejemplo, esa contribución se estimaba en 2% del PBI en la década del 1950, la que habría crecido al 4% en 1994 y al 6% en 2002. La generación de valor agregado se ubica por encima de muchos sectores tradicionales, como la industria química o automotriz. Naturalmente, una elevada participación en el PBI puede significar también una importante fuente de empleos. Un estudio realizado en China estima una contribución de esas industrias del orden del 6% del PBI, porcentaje similar al calculado para tres países del MERCOSUR (Argentina, Brasil y Uruguay) en tanto sería de sólo el 2% en Chile y Paraguay.

 

Un análisis más detenido, empero, de los datos para país desarrollados y en desarrollo muestra fuertes asimetrías relacionadas con la capacidad de creación de obras protegidas por derecho de autor y la generación de valor agregado en torno a ellas. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el 62% del valor agregado por las industrias relacionadas con el derecho de autor corresponde a la distribución de obras, antes que a su creación. La publicación de diarios y revistas da cuenta del 24% del total, radio y TV 18%, publicidad 13%. Estos datos se explican en parte por el fuerte déficit de la Argentina en el intercambio de obras autorales, el que alcanza más de 2.000 millones de dólares anuales. La mayor parte de las transferencias de regalías y otros pagos se destina a los EEUU (35%) y España (34%).

 

Estos datos señalan que existe en la Argentina –como en otros países de la región un gran espacio para incrementar el valor agregado producido localmente mediante la creación y explotación de obras culturales. Esto no es sencillo. En el área musical, por ejemplo, las rentas basadas en obras o interpretaciones de artistas caribeños, latinoamericanos y africanos, se acumulan en las cuentas de las grandes empresas discográficas. Solo los artistas de gran suceso reciben una renta significativa de sus creaciones o interpretaciones. La renovada popularidad del tango en el mundo genera recursos multimillonarios, la mayor parte de los cuales no quedan en la Argentina sino fuera de ella. En el marco del proyecto ‘Africa Music’, el Banco Mundial llegó a la conclusión que los esfuerzos realizados para lograr mayores transferencias en favor de los artistas africanos sólo representarían una contribución marginal a sus ingresos.

 

En suma, en materia de derecho de autor es necesario no caer en simples dogmatismos. Es tan importante defender los intereses económicos y morales de los autores (incluso frente a las empresas editoras o musicales) como preservar el dominio público y, en particular, el acceso a las obras protegidas con fines no comerciales como parte del derecho a beneficiarse de los resultados del progreso científico y cultural. No debe olvidarse que tal progreso es esencialmente acumulativo y depende, por tanto, del continuo acceso a las obras de terceros.

Por otra parte, si bien todos los países pueden, potencialmente, obtener réditos económicos mediante la explotación de derechos autorales, parece claro que actualmente la balanza se inclina fuertemente a favor de los países ricos.  No será aumentando o expandiendo los derechos de autor que los países en desarrollo superarán su desventajas relativas. Son necesarias otras medidas que reduzcan la dependencia cultural del exterior y promuevan la creación doméstica con la consecuente apropiación del valor agregado generado localmente.

 

NOTAS

 

(1) Uno de los principales problemas es que, además de no conocerse el número real de copias no autorizadas, la pérdida se estima bajo el supuesto de que todos aquellos que usan una copia no autorizada hubieran adquirido una copia legal al precio del mercado, supuesto claramente irrealista, especialmente en el contexto de un país en desarrollo con grandes asimetrías en la distribución del ingreso.

 

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