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En la década del sesenta, América Latina sufrió una gran transformación a partir de la aplicación de nuevos modelos económicos inspirados por el primer decenio mundial para el desarrollo y la Alianza para el Progreso. Este esquema económico transformó completamente la visión de los Estados, e implicó el tránsito de sociedades agrícolas a sociedades industriales, la sustitución de importaciones, etcétera. Para poder adaptarse a este modelo económico, todos los países de América Latina sufrieron una gran transformación administrativa basada en una serie de reformas estructurales, que incluyó la institucionalización de la cultura para disminuir el amplio grado de dispersión en que se encontraba.

 

La nueva racionalidad del Estado agrupó bajo una sola organización a todas las instituciones culturales existentes desde el siglo XVII, como bibliotecas nacionales, archivos, museos, teatros nacionales, etc. Surgieron entonces las secretarías de Cultura, las subsecretarías de Cultura y los viceministerios de Cultura, entre otros. Todos estos organismos siguieron el modelo francés del Ministerio de Cultura y Asuntos Culturales de 1959 y el de la UNESCO, estructurados alrededor de tres áreas básicas de acción: la conservación del patrimonio cultural, el fomento de las artes y la llamada difusión cultural. Su interlocutor era una supuesta nación culturalmente homogénea, blanca, cristiana y con una sola lengua.

 

Dicho modelo institucional empezó a incorporar nuevos contenidos a partir de la década del setenta; en especial a partir de la Conferencia Mundial de Cultura de Venecia de 1970, donde se cuestionó el modelo de desarrollo económico y se introdujo la idea de la cultura como una herramienta para el desarrollo humano.

 

Anteriormente, se había contemplado el fracaso de los modelos, entre otras cosas, por no tener en cuenta la cultura de los países donde se implantaban. Durante esta nueva época se dotó la institucionalidad con contenidos nuevos; se formularon las primeras políticas culturales y los planes de desarrollo cultural; se comenzó a hablar del gestor cultural, a formarse las primeras escuelas del campo capaces de construir un puente entre cultura y desarrollo, como la Getulio Vargas en Brasil, el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural (CLACDEC) en Caracas y la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington. De esta manera, se empezó a formar un nuevo recurso humano, preparado para desarrollar una nueva institucionalidad que alcanzó su gran momento en 1982, después de la Conferencia Mundial de México; la cúspide de las políticas culturales estructuradas alrededor de un eje principal: la identidad cultural. A partir de ese año, prácticamente todas las políticas y la institucionalidad en América Latina se vuelcan alrededor de este mismo tema.

 

Sin embargo, al buscar la diversidad sobre la cual, supuestamente, se basaron las diferentes culturas de la región, se encontró que esta no existía. Dicha diversidad que en América Latina surgió y emergió de manera espontánea —y que resultó imposible acallar— había estado oculta, invisible legal y legislativamente, durante 200 años. Solo a finales de la década del ochenta y principios de los noventa se le otorgó la correspondiente visibilidad constitucional.

 

A partir de ese momento aquella nación hipotética, blanca, cristiana y castellana, fue reemplazada constitucionalmente por unos Estados estructurados alrededor de la diversidad. Por ejemplo, la constitución de Paraguay dice que el Estado reconoce la existencia de pueblos originarios anteriores al Estado paraguayo, mientras que otros países se reconocieron como Estados pluriétnicos, multiculturales, plurilingüísticos, etcétera.

 

Este fue un cambio fundamental en la historia de América Latina, pues implicó la euforia, la consagración de la diversidad y, por ende, de los derechos culturales que de ella se derivan. La gran novedad consistió en que la anterior institucionalidad se basaba solo en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en cambio, ahora, se abría un horizonte mucho más amplio para el futuro de los derechos culturales.

 

Esta euforia constitucional de los años noventa fue concomitante y paralela a un cambio en la región, también radical durante esa época, relacionado con la crisis económica y la implantación de un nuevo modelo económico. El Consenso de Washington determinó que el modelo económico basado en la protección de la industria había perdido vigencia y, por lo tanto, debía reestructurarse el Estado y brindarle una mayor libertad al mercado. Comenzó entonces la era de las reformas en diferentes países, a través de las privatizaciones de las empresas y los servicios públicos.

 

Por lo tanto, mientras de un lado las constituciones proclamaban la diversidad y la importancia de la cultura, por el otro, la realidad conseguía que aquella institucionalidad que debía empezar a jugar un papel fundamental en el desarrollo y efectividad del principio de la diversidad y de los derechos que de ella se derivan, se debilitara cada vez más. La anterior es la gran paradoja que ha existido (y aún perdura) en América Latina, pues aunque se proclamaron grandes postulados sobre la nueva reestructuración estatal y la nueva visión del Estado y la nación, la realidad económica provocó que la institucionalidad ganada pierda peso.

 

Este es el gran problema al que nos enfrentamos en este momento y la asignatura pendiente de América Latina: se postularon unos derechos sin Estados sólidos que los puedan garantizar. La institucionalidad en la región se encuentra debilitada. Cada vez se entregan más funciones al sector privado y el esquema francés empieza a ser sustituido por el anglosajón. Como consecuencia, el Estado, que debiera ser el garante de los derechos, cada vez pierde más fuerza.

 

No tenemos un Estado que garantice los derechos culturales surgidos de las constituciones y los haga efectivos; es débil e incapaz de trabajar para abolir las diferencias sociales. Resulta difícil pensar en un desarrollo humano sin una garantía de los derechos humanos y culturales. Desde mi perspectiva, esta tarea es imposible sin un Estado que los garantice. La realidad de América Latina enfrenta, entonces, una gran encrucijada.

 

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