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LOS DERECHOS CULTURALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS NACIONES UNIDAS

Kitty Arambulo. Licenciada en Derecho por la Universidad de Ultrecht y doctora en Derechos Humanos.

 

 

En esta intervención pretendo analizar el tema de los derechos culturales desde la perspectiva de los legisladores dedicados a los derechos humanos a escala internacional y, en particular, de las Naciones Unidas. Si detenemos nuestra atención en el título de este panel, «Los derechos culturales y el desarrollo humano», tendríamos que empezar por entender que los dos conceptos que unimos y que promulga el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se encuentran aún en proceso de desarrollo, son muy amplios y extremadamente complejos y cambiantes, dependiendo de la óptica desde la cual se los analice.

 

En primer lugar, quisiera comenzar por describir el estado de dicho proceso dentro del marco de un foro político por excelencia como las Naciones Unidas. Aquí, el discurso utilizado en relación a estos temas suele ser bastante disperso e impreciso, debido a la dificultad que en muchas ocasiones presenta este escenario sobre la discusión de temas tan complejos como el que pretendo abordar.

 

Existe un gran número de temas pertinentes a estos términos y conceptos que no proveen ninguna solución al gran reto que enfrenta las Naciones Unidas en el contexto internacional. Sin embargo, traer sobre la mesa dichos temas y cuestiones puede ayudar a llevar la discusión un poco más allá, pues a pesar de tratarse de dos conceptos en tensión tienen muchos puntos en común que vale la pena resaltar.

 

Comencemos por analizar el discurso sobre el desarrollo. El término de desarrollo humano se mencionó por primera vez al final de los años sesenta y a comienzos de los setenta, a partir del surgimiento del nuevo orden internacional, apoyado principalmente por los países del sur. En 1986, dicho concepto había adquirido tanta fuerza que dio origen a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Este fue un primer paso importante en términos políticos, que situó al desarrollo en un nivel muy relevante y le otorgó el estatus que le correspondía. Así mismo, incentivó a muchos Estados miembros de las Naciones Unidas a continuar con la discusión sobre su definición concreta.

 

Desde entonces han transcurrido casi 20 años, durante los cuales el progreso ha sido muy poco. El discurso se ha trasladado principalmente al plano económico: se dividió al mundo en norte y sur y generó debates sobre economía, cooperación internacional y ayuda económica para el desarrollo. Como era de esperarse, este camino implicó diferentes posiciones en torno a lo que debe ser el derecho al desarrollo.

 

Hace unos años la ONU empleó a un experto independiente para realizar un diagnóstico sobre el derecho al desarrollo desde una perspectiva analítica. En su informe concluyó que el mismo era un conjunto de derechos compuesto por un número específico de derechos humanos.

 

Por lo tanto, al hablar sobre el derecho al desarrollo, lo que se está haciendo es atribuir el carácter de derecho a un proceso particular a favor del desarrollo, en el cual las libertades fundamentales y otros derechos humanos pueden ser realizados. Al contrario de lo que puede llegar a pensarse, el derecho al desarrollo no es un derecho sustantivo que otorga facultades a los individuos para recibir determinados recursos concretos para su propio beneficio; sino el derecho a participar en un proceso.

 

Dicho experto también identificó una serie de derechos humanos claves, importantes para lograr el desarrollo a través del uso de este derecho. Pese a no existir ningún consenso sobre el tema vale la pena mencionarlos, dado que coinciden con algunos de los derechos sociales y económicos internacionales. Estos son los derechos a la alimentación, a la educación básica y a la salud. Los tres son derechos humanos que, si se los considerase como objetivos a conseguir, contribuirían en gran medida al desarrollo.

 

Esta aproximación resalta la importancia de la cooperación internacional. Si bien es posible analizar el desarrollo desde una perspectiva nacionalista, el experto en cuestión mencionó el vínculo entre Estados como un camino a seguir para alcanzar el desarrollo internacional. Así propuso el «compacto para el desarrollo», un acuerdo entre naciones que proponía a los países del sur cumplir con las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos a cambio de una serie de recursos económicos por parte de la comunidad internacional.

 

No resulta nada sorprendente que dicha propuesta, las posibles acciones desprendidas de ella o las obligaciones impuestas a los Estados (particularmente a aquellos que tenían que pagar) hayan dividido a los países completamente sin poder volver a juntarlos para dialogar. El temor a la discusión, a plantear temas relacionados con las obligaciones concretas, generó un ambiente completamente politizado y una ruptura entre las dos partes dentro de la ONU.

 

El contexto en que dicho debate tiene lugar —la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU—, es una estructura de cuerpo político con países miembros. En esta comisión se encuentra un grupo de trabajo discutiendo este asunto, pero desafortunadamente sin mayores avances. Al centrarse la discusión en los recursos, la relación entre derechos culturales y desarrollo ni siquiera se ha tocado.

 

Si ahondamos un poco más en la dimensión de los derechos culturales, nos encontramos con el hecho de que siempre han estado relativamente ignorados en el campo de los derechos humanos, al menos desde la perspectiva internacional. Los intentos para mejorar esta situación han sido muy limitados y, en su gran mayoría, netamente académicos. Pero las personas que han podido dedicar bastante tiempo a este tema, incluso la gente del sector cultural, han realizado grandes avances en la comprensión del potencial de los derechos culturales.

 

Sin embargo, su presencia en los discursos centrales de organismos como la ONU ha sido muy limitada.

 

Por todos estos motivos debemos pensar en cómo definirlos. Resulta imposible encontrar una definición que sirva a todas las disciplinas. Si los científicos sociales y los abogados se reunieran para discutirlo es posible que se pudiera llegar a una definición que sea realmente útil y sobre la cual se pueda trabajar. Esta tarea resulta imprescindible para poder continuar la discusión sobre los derechos culturales y su influencia en el desarrollo humano.

 

 

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