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Existe una escena móvil que está haciendo variar la caracterización de los derechos culturales y dentro de ellos, la del derecho a la información. Variaciones que tienen impacto tanto en la figuración del derecho y en su apropiación por parte de diferentes actores como los Estados o las empresas privadas, como también en sus marcos interpretativos, las decisiones regulativas y las instancias que buscan garantizarlo.

 

En primer lugar, están las variaciones económicas y tecnológicas que se manifiestan —por lo menos en uno de sus signos— en el desarrollo y expansión de grandes grupos multimediales, en los que se unen contenidos y soportes tecnológicos, que poseen redes mundiales, portafolios de servicios integrados y una gran flexibilidad para establecer sinergias y alianzas operativas.

 

Este carácter expansivo cuestiona las regulaciones nacionales, a la vez que genera nuevas condiciones que replantean los horizontes jurídicos, o por lo menos, les abren otros interrogantes.

 

Un asunto muy interesante en América Latina referido a este tema es el aumento de la inversión extranjera directa (IED), especialmente concentrada en los sectores bancarios, de servicios públicos y de telecomunicaciones y muy relacionada con el capital europeo, en particular el español. Como señala un informe de la CEPAL: «Dentro de los países en desarrollo los flujos de IED en 2000 se concentraron en casi un 95% en dos regiones: los países asiáticos y los de América Latina y el Caribe». Mas adelante se señala que «tras triplicarse en la segunda mitad de los años noventa, los flujos anuales de inversión extranjera directa a América Latina y el Caribe experimentaron una caída en el primer año de la nueva década. En efecto, a pesar de superar los 74.000 millones de dólares, en 2000 los flujos de IED a América Latina disminuyeron más de un 20% con respecto a los más de 93.000 millones de dólares de IED ingresados en la región en 1999. Sin embargo, a pesar de dicha caída, en 2000 los flujos a la región triplicaron con creces los flujos anuales promedio de la segunda mitad de la década»(1).

 

Una «efervescente industria» llama el informe a las telecomunicaciones como sector que atrae un importante flujo de inversión extranjera, mientras ratifica como uno de los desafíos, el normativo o regulatorio, complicado por la proliferación de acuerdos y negociaciones multilaterales «destinados a promover y a proteger la IED mediante el establecimiento de normas legales básicas tendientes a facilitar los flujos de IED en el contexto del proceso de globalización. Esto ha producido una serie de asimetrías»(2).

 

La propia CEPAL define lo que debería ser el papel de un marco regulatorio en el sector de las telecomunicaciones. Consiste en «evitar la tentación de simplemente maximizar la entrada de la IED mediante la privatización de los operadores de servicio existentes, y establecer en cambio una política de desarrollo coherente para el sector, que esté destinada a lograr simultáneamente los objetivos de la estrategia empresarial y las metas de la política nacional»(3).

 

Es solamente una muestra de las implicaciones que los cambios de escenario tienen en la definición de los marcos normativos, de las instancias reguladoras y por ende, de las versiones de los derechos, que «desde su otro lado» significará la aparición de otras formas de participación de los usuarios, de procedimientos para hacer respetar sus derechos cuando consideren que han sido lesionados y de figuras que como los defensores, actúan como mediadores entre los operadores privados y los ciudadanos.

 

La participación política, como lo empiezan a mostrar conflictos recientes como los de Argentina, se vivirá en campos hasta hace unos años extraños, como los servicios bancarios, los servicios públicos y las telecomunicaciones. De tal manera que las presiones ciudadanas entretejerán las responsabilidades de los Estados y gobiernos con las determinaciones de los jueces y las acciones de las empresas privadas. Los cacerolazos suenan en las afueras del palacio como en las puertas de los bancos y de las grandes compañías transnacionales.

 

A un nuevo sentido de la «multitud» (cfr. Paolo Virno) lo acompañan otras escenas de lo público, de la lucha política y de las demandas ciudadanas. Los cambios que ocurren en la escena económico-tecnológica se viven también en la orilla política. Si la cultura es uno de los ámbitos de expresión y definición de las ciudadanías alrededor de temas como la multiculturalidad, la presencia activa de las minorías, el diálogo entre culturas, las presiones sobre las formas de discriminación, la afirmación de dimensiones identitarias a través de una política de reconocimiento, etc., las comunicaciones y la información son otro de los escenarios para la recreación de los derechos y el rediseño de la política. El acceso democrático a la información, las relaciones entre información, transparencia y rendición de cuentas, los procedimientos plurales de construcción de opinión pública y configuración de agendas sociales, el surgimiento de expresiones mediáticas populares, son sólo algunas muestras de las consideraciones políticas de las comunicaciones.

 

De esta manera se observan modificaciones en el derecho a la información que tiene que contemplar estas nuevas realidades, a la vez que se viven tensiones, por ejemplo, entre información y gobernabilidad.

 

Sólo haré una breve mención a este último punto refiriéndolo a realidades recientes y preocupantes que se viven en América Latina y que son diferentes a las que el continente ha experimentado en el pasado, por ejemplo, durante los años de las dictaduras. Las tensiones entre el gobierno del presidente Fox y los medios en México, los conflictos crecientes del presidente Chávez de Venezuela y un grupo importante de medios de comunicación de ese país, las disposiciones de la Comisión Nacional de Televisión de Colombia sobre el manejo informativo del conflicto interno o las alarmantes conexiones entre medios de comunicación peruanos y los sistemas de seguridad del gobierno de Fujimori son expresiones diferentes de un mismo problema: las relaciones entre gobernabilidad e información.

 

Estas tensiones recogen matices de las relaciones entre gobernabilidad e información. En unos casos revelan la importancia que la imagen, la medición de la opinión y el gobierno por las encuestas tienen en las decisiones de los gobernantes. En otros, la necesidad de controlar las manifestaciones de la oposición política, que toma los cauces de los medios cuando, por ejemplo, se les han disminuido sus argumentos en instancias democráticas más directas, como son las elecciones.

 

También se manifiestan en la necesidad de controlar aquellos factores que, como la información, inciden en la representación de conflictos internos o que, como en el caso del Perú de Montesinos y Fujimori, deben ser simplemente una correa de transmisión obsecuente de las definiciones de palacio.

 

Las tensiones señaladas pueden tener otras lecturas. Grupos con intereses económicos y políticos presionan desde los medios de comunicación las decisiones de los gobernantes incluyendo, en ocasiones, la propia distorsión de la información acomodada a su agenda política o la visibilidad de actores guerreros puede incrementar el miedo, el terror o la desesperanza de la población, convirtiendo a los medios en eco de los actos y los actores violentos.

 

Hago estas dos puntualizaciones para tratar de mostrar en el caso de América Latina, la movilidad de la escena económica y política que, a su vez, repercute en la configuración de un derecho: el de la información.

 

DESDE LA CIUDADANÍA

 

Sin embargo, el interés principal de mi intervención en este panel es otro: busco mirar desde otra perspectiva la identidad del derecho a la información. Desde la perspectiva de la apropiación social del derecho, de su uso social por parte de los ciudadanos.

 

Ubicado en tradiciones jurídicas, magistraturas, instancias de interpretación, procedimientos y mecanismos de aplicación, el derecho tiene esa otra orilla en la que es apropiado por los ciudadanos, hecho propio, convertido en una dimensión operativa de su vida cotidiana.

 

Deseo entonces destacar tres líneas de reflexión. La primera se refiere a algunos problemas que componen el ámbito de acción del derecho de información; la segunda a una descripción de las formas alternativas de apropiación del derecho que están funcionando en algunos países de América Latina, y la tercera, a una caracterización de la apropiación social del derecho a la información, que hago específicamente desde mi experiencia como ombudsman del periódico El Tiempo.

 

El campo ordinario del funcionamiento social del derecho a la información ha cambiado. Por una parte están las nuevas demandas al ordenamiento jurídico nacional e internacional que provienen, por ejemplo, de las asignaciones de frecuencias, las condiciones para la operación del capital transnacional en las telecomunicaciones o en los medios de comunicación nacionales, los mecanismos para armonizar las privatizaciones de empresas que en el pasado eran públicas con la extensión de los servicios a comunidades pobres o distantes, los conflictos entre empresas y usuarios o entre empresas cuando ingresan tecnologías nuevas que hacen resentir la situación de los mercados previamente asignados, etcétera.

 

Por otra, están las colisiones entre derechos fundamentales, las presiones legítimas de los ciudadanos sobre la calidad de la información, sobre su diversidad y pluralismo, las relaciones entre ofertas mediáticas y gustos o entre programación y afirmaciones culturales.

 

Al ingresar las comunicaciones con fuerza en la vida diaria de la gente, se han acentuado las demandas ciudadanas, ha aumentado la percepción del significado del derecho y se ha extendido el rango de su apropiación social. En este rango caben desde las exigencias de más calidad a los medios hasta las protestas por la configuración de la cartelera televisiva.

 

Pero también se empieza a percibir la importancia del acceso a la información pública como medio para participar en la gestión de la ciudad o del barrio, se controla el valor de los servicios públicos y particularmente de sus incrementos, se muestra interés creciente por el manejo de la información que llevan a cabo las empresas privadas y las derivaciones que ese manejo tiene en los derechos de la ciudadanía.

 

La gente es mucho más perceptiva frente a temas que en el pasado eran más difusos como la relación entre imágenes y discriminación racial, étnica o sexual o sobre las convergencias entre el derecho a la información y la honra o la intimidad de las personas.

 

Esta relevancia social del derecho a la información se resuelve no solamente en las instancias jurídicas, sino sobre todo en instancias ciudadanas, que tienen formas y funciones múltiples y variadas. Entre sus formas están las ligas de televidentes, los observatorios de opinión pública, las veedurías de medios, los foros de democratización de los medios, las iniciativas ciudadanas referidas al derecho a la información, los procedimientos de autorregulación de los medios, los tribunales de prensa, las comisiones de televisión o de medios, la definición de códigos deontológicos, los consejos de lectores, los defensores del lector, del televidente o de los usuarios de las telecomunicaciones. Existen, entonces, diferentes experiencias de participación de la ciudadanía en la apropiación social del derecho a la información:

 

 

Todas las manifestaciones anteriores buscan:

 

 

Entre sus funciones están las de vigilar y controlar, analizar u observar. También hacen seguimiento del manejo de la información, determinan sistemas de autorregulación y definen reglas de juego para los diferentes actores de la comunicación, articulan las demandas comunicativas con otros procesos sociales e inclusive participan en los organismos de orientación de las grandes políticas comunicaciones y culturales de los países.

 

Todo ello tiene implicaciones, ya sea en su alcance operativo, en su representatividad, en los procedimientos de participación social, en la percepción social del derecho y hasta en el afianzamiento de la ciudadanía.

 

En el alcance operativo, porque si bien algunas de estas experiencias actúan como formas alternativas para resolver conflictos sin judicializarlos (por ejemplo, los defensores del lector), otras solamente son ilustrativas o movilizan a la sociedad hacia determinados propósitos, como pueden ser los observatorios de la opinión pública. Mientras las veedurías son formas de participación ciudadana que fortalecen la rendición de cuentas, los códigos de autorregulación son acuerdos internos que manifiestan la voluntad de proceder de una determinada manera y que imponen sanciones más morales que jurídicas.

 

En su representatividad también existen importantes diferencias, porque una cosa puede ser la presencia de un determinado sector social en una comisión nacional de televisión o en un tribunal de prensa y otra muy diferente respaldar una veeduría de medios conformada por ciudadanos ecuánimes y conocedores del tema.

 

La idea y sobre todo la práctica de la representación en estas formas alternativas distingue entre aquella que está determinada por los marcos normativos y aquella que nace de la voluntad social, sin que por ello la segunda se convierta en una representación de la misma naturaleza que la que tiene quien ha sido elegido popularmente mediante voto o ha accedido a cargos contemplados dentro del ordenamiento jurídico institucional. Los representantes de los ciudadanos o de los gremios en un consejo nacional de televisión son nombrados por instancias de poder como el gobierno o el parlamento, a la vez que reciben, por determinados procedimientos previstos por la ley, el aval de los sectores que representan. En cambio, los miembros de una veeduría son ciudadanos que prestan un servicio a la sociedad sin que necesariamente tengan su representación, como producto de decisiones normativas.

 

Estas formas de presencia ciudadana en la apropiación del derecho a la información no eluden la representación, aunque sí la matizan y la descentran de sus formalidades, particularmente regulatorias.

 

Pero lo que es muy importante en ellas es su incidencia en la participación. La apropiación social del derecho se convierte en ejercicio de participación social porque le concede autonomía a los ciudadanos, les da capacidad de defender y promover sus derechos, incide en el ordenamiento social —en este caso sobre la información como bien público—, hace converger los intereses particulares en intereses y temas comunes, y promueve el debate social entre diferentes actores de la sociedad.

 

Este conjunto de iniciativas ciudadanas contribuye a cambiar la percepción del derecho a la información, ya sea porque se constata que aquél tiene que ver con los medios de comunicación como también con los ciudadanos y porque exige que se afirme la relación entre la libertad de expresión y la responsabilidad social de los medios.

 

Así, el derecho que habla de lo cotidiano se torna cotidiano, deja su formalidad (necesaria para una comprensión similar y una aplicación adecuada) para acercarse a la gente, renuncia a la distancia para ser apropiado por los ciudadanos.

 

LA APROPIACIÓN CIUDADANA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

 

Finalizo mi participación en este panel sobre derechos culturales haciendo unas observaciones preliminares sobre la apropiación ciudadana del derecho a la información, tomando como punto de referencia mi experiencia personal como ombudsman del periódico El Tiempo (Colombia).

 

Más que una reflexión sobre el oficio (que está recogida de diversa manera en El camino de las hormigas. 21 casos periodísticos, Bogotá: El Tiempo, 2002 y en Diario, en preparación) haré una breve descripción sobre el proceso de apropiación ciudadana del derecho.

 

Creo que son convenientes algunas precisiones preliminares: la «Defensoría del Lector» del periódico El Tiempo es una instancia que fue creada hace diez años. El defensor es nombrado por el Consejo editorial del periódico por un año, máximo dos, y como señala el manual de redacción, no tiene dependencia hacia arriba ni autoridad hacia abajo; no interviene en los procesos previos de construcción de la información pero sí en sus resultados. Analiza todos los problemas que los lectores y lectoras presentan sobre el contenido del periódico, sin ninguna barrera temática y puede solicitar información a cualquier persona dentro del periódico, sea directivo, editor, redactor o personal administrativo. Sus pronunciamientos son publicados, sin edición alguna y directamente en una columna semanal divulgada el domingo (día de mayor tiraje del periódico, que en este momento se acerca a los 700.000 ejemplares que circulan nacionalmente) y los lunes, en media página, en la que el defensor publica y responde las cartas recibidas que a su juicio considera más importantes.

 

En suma, el defensor del lector es un intermediario entre el periódico y la ciudadanía, que vela porque se respeten los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y que lleva a cabo una pedagogía comunicativa al interior del medio y contribuye a la pedagogía social referida al derecho a la información.

 

El defensor recibe las quejas, comentarios o críticas de los lectores, las estudia, recoge la información pertinente de las partes, contrasta el caso con el manual de redacción y con otros referentes que le faciliten la interpretación y toma las decisiones que comunica tanto al periódico como a los lectores.

 

Mi primera constatación después de haber analizado un corpus importante de casos, es que se suele entender el derecho como prerrogativa individual pero no como lugar de debate social y público que trasciende lo individual. En otras palabras, es difícil pasar de mis derechos a los derechos de todos. Una buena parte de las quejas recibidas son peticiones referidas a casos directos e individuales, en los que los remitentes sienten que han sido lesionados sus derechos y que, además, deben recibir una reparación pública que restituya, aunque sea sólo en parte, su imagen, buen nombre y honra.

 

Pero son muy pocas las cartas de ciudadanos que debaten problemas informativos que correspondan a intereses comunes, públicos. Lo que demuestra que aún existe una percepción individualista del derecho, pero no una apropiación realmente social.

 

Una segunda observación es la intersección que los ciudadanos encuentran entre derechos, es decir, su complementariedad. Intersecciones que no se establecen con todos los derechos sino con algunos de ellos, particularmente con el derecho a la honra y el derecho a la intimidad. Hay una conexión evidente entre imagen, identidad e información que forma parte de muchos requerimientos ciudadanos.

 

En tercer lugar, la afirmación de los derechos es una estrategia social ante la sospecha que despiertan los medios y su poder, es decir, frente a su parcialidad, su déficit de pluralismo, sus sesgos intencionados, los matices que deja de mostrar o las distorsiones que provocan de realidades complejas. La comprensión ciudadana de la información como poder es cada vez mayor; un poder que vigila pero que debe ser debatido, que fiscaliza pero que a la vez debe ser controvertido democráticamente por los ciudadanos.

 

En cuarto lugar, el derecho a la información se resalta más en algunos campos públicos estratégicos como la narración de la conflictividad social, las visibilidades e invisibilidades de la corrupción, las relaciones entre información e institucionalidad, información y legalidad. Los conflictos requieren de la visibilidad que les ofrecen los medios, de la posibilidad de ser expuestos en público, así como la corrupción medra entre la confusión, la ausencia de transparencia y la distancia frente a todo debate que la ponga en cuestión o en evidencia.

 

En quinto lugar, el derecho a la información está profundamente vinculado con la variedad de las fuentes, es decir, con la capacidad de los medios de ampliar o restringir los horizontes interpretativos desde los cuales se construye la información. Buena parte de las críticas ciudadanas provienen de la uniformidad de las fuentes, de su menguada diversidad; pero también de su unilateralidad, no contrastación e inadecuada valoración. De ese modo los acontecimientos se desdibujan o por el contrario, adquieren visos que los distorsionan.

 

En sexto lugar, el derecho a la información está muy asociado a las estructuras y los estilos narrativos así como a las formas de representación de la realidad. Las realidades son contadas y, además, se figuran en una gran diversidad de narraciones. Narraciones que se acercan o se alejan de los imaginarios de la gente, de su memoria y sus propios modos de narrar.

 

En séptimo lugar, hay una convergencia entre derechos de información y derechos culturales, especialmente en ciertos temas clave: la valoración de la estereotipia, la pérdida de la densidad histórica de las culturas, las decisiones de interpretación de acontecimientos culturales, las posibilidades de incidencia de las minorías culturales en la presentación social de sus demandas. He tenido en estos años ejemplos que van desde una versión terrorista de Argelia presente en un diccionario publicado por el periódico, hasta la desfiguración del sentido religioso del río Ganges en una noticia; la discusión político-simbólica de los indígenas U’was sobre su noción sagrada del territorio en sus confrontaciones con grandes compañías petroleras transnacionales, las perspectivas de género, la representación de los homosexuales, o la mirada de las regiones.

 

Finalmente, existe una relación entre derecho a la información y sentido de la ciudad, es decir, entre información y habitabilidad (significado urbano de la lectura).

 

Como en una moneda o en un sello, los derechos tienen por lo menos dos caras. Su fuerza, su legitimidad, su capacidad de recrear las relaciones de convivencia depende también y muy fuertemente, de su apropiación social por parte de la gente.

 

NOTAS

 

1 CEPAL (2001): La inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Chile: Naciones Unidas, p. 16.

 

2 CEPAL, op. cit., p. 29.

 

3 CEPAL, op. cit., p. 33.

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