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Hugo Achugar



Número 4 - Junio - Septiembre 2003  

"Derechos culturales: ¿una nueva frontera de las politicas publicas para la cultura?"

Hugo Achugar


1. Aquí y ahora.

¿Por dónde comenzar? En un principio, me había planteado iniciar esta reflexión dando cuenta del lugar desde donde hablo; es decir, el lugar simbólico y por lo mismo geográfico y cultural desde el cual me puse a pensar el tema que nos convoca. Pensé, entonces, señalar que hablaba desde los márgenes del mundo o desde los márgenes de una cultura que se concibe occidental. Pensé eso y también que lo hacía en momentos en que la guerra contra Irak estaba por comenzar y quedaba –algunos pensaron que quizás quedaba- tiempo y lugar para el diálogo y para que el estado de derecho, el derecho internacional, no perdiera vigencia. Pero eso fue cuando recibí la invitación a participar en este evento y cuando la guerra todavía estaba siendo negociada en las Naciones Unidas.

Ahora, ya lo sabemos, ya fue dicho, la guerra ha comenzado. El detalle no es menor ni ajeno a la reflexión o al trabajo de estas jornadas. No es menor ni ajeno por el tema recurrente y convocante de la diversidad cultural, no lo es tampoco por el tema de la tolerancia y sobre todo no lo es por el tema de los derechos culturales.

Hay otra dimensión, otra manera de considerar el “aquí y ahora” de la presente reflexión. Una que tiene que ver con el escenario mismo en que se desarrollan las presentes jornadas: me refiero al hecho de que la inauguración de este evento estuvo presidida por la magnífica réplica de La puerta del paraíso de Rodin y vigilada o contemplada desde los lados, por otras dos réplicas góticas; todas ellas, las réplicas, ejemplos del esplendor de la cultura europea. El hecho es elocuente de lo que se consideraba hace unos años como ejemplo de la cultura universal o de la cultura sin más es decir de la cultura europea. El hecho de que sigan allí – más que de la inercia de la burocracia o de la poca importancia que los responsables de su presencia le prestan al valor simbólico-, es indicativo de una concepción de la cultura que, en lo referente a las “políticas públicas” precisamente de la cultura, no atiende adecuadamente al derecho cultural que tiene esta sociedad occidental marginal que es la sociedad uruguaya. Quiero ser claro y transparente: no estoy pidiendo que, en virtud de un localismo exacerbado, estas réplicas sean sustituidas por una instalación pseudo populista de mates y camisetas deportivas. Simplemente intento señalar lastres, inercias, rasgos de concepciones culturales superadas que se mantienen en espacios públicos o supuestamente públicos en nuestro país. Pero quizás todo esto sea anecdótico o apenas una forma de comenzar.

2. Estado de la cuestión.

Pero pasemos al tema de esta mesa redonda: los derechos culturales y las políticas públicas. Janusz Symonides, recogiendo un pensamiento ampliamente compartido, señaló hace un tiempo que “Los derechos culturales suelen calificarse de ‘categoría subdesarrollada’ de los derechos humanos.” En un sentido similar, la misma declaración de la “Conferencia Intergubernamental sobre políticas culturales para el desarrollo” de Estocolmo ya había señalado en 1998 que:

La noción de derechos culturales tiene cada día más peso en la conciencia general de lo que son los derechos humanos, pero aún no ha alcanzado igual importancia en los programas políticos. Por su parte, en los propios documentos preparatorios de la misma Conferencia de Estocolmo, Halina Niec había indicado que:

Definir los derechos culturales ha probado ser una tarea monumental. La categoría de los derechos culturales continúa siendo la menos desarrollada en términos de contenido legal y de obligatoriedad. Este descuido se debe a muchas razones que incluyen tensiones políticas e ideológicas que rodean este conjunto de derechos, así como tensiones que surgen cuando los derechos de un individuo entran en conflicto con los derechos colectivos incluyendo los de los Estados. Si bien es obvio que los derechos culturales son derechos a la cultura, no es obvio que es lo que incluye exactamente el término cultura, y esto ocurre a pesar de la existencia de numerosas definiciones contenidas en varios documentos internacionales. Otro elemento que contribuye al ya mencionado descuido es el conflicto entre la universalidad de los derechos humanos y el concepto de relativismo cultural ( mi traducción)”.

Ahora bien, de lo anterior se desprende que la problemática de los llamados derechos culturales abreva en diferentes fuentes. Por un lado, su menor consideración respecto de los derechos humanos, por otra, la escasa consideración en los programas políticos. A ello se agrega los no menores problemas de las tensiones políticas e ideológicas así como el conflicto entre universalismo de los derechos humanos y el relativismo cultural que anota Halina Niec.

En ese complejo escenario es que se instala la dificultad para desarrollar e incluso inventariar los llamados “derechos culturales” –señalado este inventario como una urgente necesidad, una y otra vez, tanto en foros organizados por la UNESCO como en los análisis académicos sobre políticas públicas, estatutos jurídicos y problemas culturales-. Dicha dificultad no sólo se relaciona con problemas vinculados a la equivocidad o diversidad de la propia noción de cultura sino también y además con las agendas políticas de las diferentes sociedades o estados encargados de establecer o reglamentar los dichos “derechos culturales” y con la más amplia y mencionada problemática que Halina Niec y otros muchos definen como la tensión entre universalismo y relativismo.

En función de lo anterior no puedo menos que dudar de la viabilidad o de la posibilidad de que se lleve a cabo lo indicado por la UNESCO en el punto 5 del Objetivo 2 del “Plan de acción sobre Políticas para el desarrollo”. En dicho punto, se proponía, entre otras acciones, la realización de “un inventario de los derechos culturales valorando instrumentos existentes relacionados con derechos culturales”. La duda nace no solo de las dificultades que en la esfera internacional existen para instrumentar diversos acuerdos generales, y no me refiero al Protocolo de Tokio o al fracaso de las Naciones Unidas en el conflicto de Irak sino a instancias, aparentemente de menor entidad, como a la Nota de la Secretaría Ejecutiva de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI). Informe de la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe para la CMSI resultante del encuentro de Bávaro en enero de este año 2003 donde tanto los Estados Unidos como Canadá resolvieron no firmar o expresar reservas respecto del inciso j del item 1 que sostenía lo siguiente:

«El acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones debe realizarse al amparo del derecho internacional, teniendo en cuenta que algunos países se ven afectados por medidas unilaterales no compatibles con éste que crean obstáculos al comercio internacional. (1, inciso j, de la Nota de la Secretaría Ejecutiva de la CMSI. Informe de la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe para la CMSI” (Bávaro, 29-31 de 2003)

Frente a esta declaración de la Conferencia Regional, tenemos la Declaración de Estados Unidos que dice: “Los Estados Unidos de América expresan su reserva sobre el texto anterior y objetan su redacción, por considerarla inadecuada e inconsistente con el propósito de la Conferencia” y, además, la Declaración de Canadá establece: “Canadá aprecia los esfuerzos del gobierno anfitrión y de otros gobiernos por llegar a un consenso sobre el texto del párrafo 1. j)”. Lamentablemente, a pesar de esos esfuerzos, Canadá no puede suscribir la redacción definitiva del párrafo”.

Si bien, por un lado, lo anterior puede ser considerado una mera anécdota o, incluso, un episodio, solo uno más, en la problemática negociación de la instrumentación jurídica en el ámbito internacional, por otro, creo que es indicativo de las dificultades que hemos venido considerando en relación tanto con la elaboración de un inventario de los llamados derechos culturales, en todas sus múltiples facetas, como en relación con el establecimiento de un conjunto de normas jurídicas que establezcan y reglamenten dichos derechos culturales.

Al mismo tiempo, es posible distinguir dos espacios. Si la elaboración de inventarios culturales aparece complicada en el ámbito internacional, quizás parecería menos problemático realizarlo en el ámbito de los estados nacionales. Ahora bien, este plan de acción, posiblemente instrumentado en algunos países, no parece haber sido cumplido en Uruguay –que es el país donde la presente reunión tiene lugar- y exige una serie de instrumentos y de acciones que involucran tanto a los sectores encargados de definir las políticas públicas como de llevar a cabo los estudios necesarios para recabar la información exigida para poder cumplir con lo planteado en la Conferencia de Estocolmo.

Me refiero no solo al propio “inventario” de derechos culturales, en sí mismo una tarea problemática, sino también a otro “inventario” que refiere al conocimiento de la –llamémosle- “realidad cultural” del país. En ese sentido, ayer, Gerardo Caetano señalaba la necesidad de incrementar los estudios en nuestro país y rechazaba la idea de que Uruguay estuviera sobre diagnosticado. Estoy de acuerdo con Caetano, pero como veremos más adelante, no sólo necesitamos más diagnósticos sino que también tenemos que conocer, difundir y analizar críticamente los diagnósticos existentes y realizados.

3. Universalismo versus localismo que no-relativismo.

Permítaseme, previo a considerar el tema del inventario y del conocimiento de la “realidad cultural” del país, atender el tema del llamado universalismo de la cultura y su conflictiva en relación con el relativismo cultural.

Como ha señalado Javier de Lucas, “las nociones de cultura e identidad cultural no son en absoluto pacíficas, tampoco en su formulación jurídico-política”, y más aun agrega,

... la cultura se da por supuesta como un concepto pacífico, unitario, aún más, obvio en el planteamiento de homogeneidad cultural propio de los Estados nacionales hasta prácticamente ayer, pues se da por hecho que el Estado es monocultural, que compartimos una cultura. Con la toma de conciencia de la multiculturalidad es cuando se da paso al plural: a las culturas, a la diversidad cultural. Con el incremento del pluralismo cultural, con el reconocimiento de que las nuestras son (siempre lo han sido, aunque sólo ahora es visible) sociedades multiculturales, es posible e incluso necesario distinguir: una cosa es el derecho al acceso y participación en la cultura como bien primario, en el sentido del acceso, participación y disfrute de la cultura, de la vida cultural, como requiero para el desarrollo y la emancipación individual. Otra, el derecho a la propia identidad cultural, al propio patrimonio y herencias culturales. En la primera, el objetivo es que todos seamos iguales. En la segunda, lo importante es la diferencia”.

El amplio tema del conflicto o de la tensión entre universalismo y relativismo –que parece haber surgido en los debates contemporáneos como producto del reconocimiento de las sociedades multiculturales (tal como entre otros muchos propone Javier de Lucas)- tiene, en realidad, una larga y mucho más antigua historia que ha sido pensada y rastreada por algunos en el padre Francisco de Vittoria (Walter Mignolo), por otros, en la llegada de los europeos al “Nuevo Mundo” y que otros aún plantean -fuera de la mirada o del ámbito europeo- que ya existía en sociedades ampliamente desarrolladas tanto en lo que hoy llamamos India como en los países árabes (Gupta) antes de que Vasco da Gama “descubriera” el camino a las Indias.

En ese sentido, la tensión entre universalismo y relativismo tiene que ver con globalización o mundialización anterior a la que hoy estamos viviendo, pero sobre todo, con los asombros y desafíos que al sujeto conocedor o epistemológico eurocéntrico le ha planteado a lo largo de la historia, el “descubrimiento” o “conocimiento” de la existencia de otros sujetos, de otras culturas y de otros valores. Si bien el conflicto se puede plantear, y de hecho lo ha sido, como un conflicto entre la supuesta inexorable universalidad de los derechos humanos y el constitutivo relativismo de los valores en el ámbito de la cultura, creo que esta tensión no pacífica está indisolublemente ligada a la existencia de otra tensión. Una tensión que puede ser descrita de múltiples modos o maneras: hegemonía versus subordinación, imperio versus colonia, patriarcado versus matriarcado, etc.

Por lo mismo este tema adquiere mayor significado o mayor claridad si lo pensamos en función de los procesos de colonización y descolonización. En ese sentido, creo que la tensión entre universalismo y relativismo cultural (es decir, universalismo de los derechos humanos y relativismo cultural) se relaciona con el proceso de autoafirmación de las llamadas minorías sociales y culturales, pero también con el ingreso en la esfera mundial de aquellas comunidades nacionales o no que hasta mediados del siglo XX permanecían bajo la administración o el dominio de distintos imperios.

¿A qué estoy apuntando? Simplemente al hecho de que la consensuada universalidad de los derechos humanos es, precisamente, por ser resultado de negociaciones y de consensos, una construcción. Una construcción que por ser tal, oculta “zonas de conflicto” o, dicho de otro modo, derechos humanos que no son o no han sido reconocidos como tales pues no logran alcanzar el necesario consenso para ser considerados universales.

Ahora bien, si esto ocurre con los llamados derechos humanos universales, algo más problemático ocurre con los llamados “derechos culturales”; de ahí, el planteo que, entre otros, realiza Janusz Symonides acerca de que éstos, los derechos culturales, sean una categoría subdesarrollada de los derechos humanos. Es decir, el nivel de consenso acerca de los derechos culturales está lejos de haber alcanzado el nivel de universalismo de los derechos humanos.

Volviendo una vez más a Javier de Lucas podemos ver que dichos fenómenos han generado lo que este autor llama una “positivación del derecho a la cultura como bien primario”:

“[..contrario] a las tesis de la concepción liberal, [es necesario] reconocer expresamente el derecho a la identidad cultural, a la cultura. Esa positivación del derecho a la cultura como bien primario se ha producido sólo tardíamente y sobre todo como consecuencia -un dato particularmente significativo- de la necesidad de dar respuesta a las exigencias de grupos minoritarios, algunos de ellos fácilmente reconocibles como agentes de esa creciente multiculturalidad (...). Y al mismo tiempo se abre paso el reconocimiento de la diversidad cultural, de la no identificación de la civilización y cultura occidental como origen exclusivo del consenso que permite la universalidad de los derechos y la noción de ciudadanía entendida como comunidad libre (de iguales) “.

Precisamente, el hecho de que el consenso acerca de la universalidad de los derechos culturales esté lejos se debe –dicho con las palabras de Javier de Lucas- a la todavía hegemónica identificación de la “civilización y cultura occidental como origen exclusivo del consenso de los derechos humanos”. Esta observación de Javier de Lucas es un resultado a mi parecer no tanto del “reconocimiento” por parte de la cultura occidental de la existencia de otras culturas sino de un reconocimiento muchas veces motivado por la “invasión inmigratoria” que terminó con la “invisibilidad” de los otros de que ha hablado Hannah Arendt.

El tema fundamental aquí, sin embargo, es el del consenso. Pues el consenso en torno a los derechos humanos tiene que ver con la negociación que en la esfera internacional, es decir, en los organismos internacionales, se ha venido realizando desde mediados del siglo XX. Negociación y consenso que encubre “zonas conflictivas” respecto de aquellos derechos humanos no consensuados. Pero si los derechos humanos, aún cuando ahora no tengan como origen exclusivo la identificación entre civilización y cultura occidental, han alcanzado un cierto universalismo consensuado y negociado, los derechos culturales plantean una situación diferente.

La dificultad para realizar el inventario de los derechos culturales de que estamos hablando -así como la ya mencionada referencia de Janusz Symonides acerca de que “Los derechos culturales suelen calificarse de ‘categoría subdesarrollada’ de los derechos humanos”-, tiene que ver con el hecho de que el consenso en torno a los derechos culturales exige un acuerdo epistemológico previo. Es decir, exige lidiar con el problema mismo de la diferencia cultural que, muchas veces, es también o es fundamentalmente una diferencia epistemológica.

En este último sentido, así como Edward Said habló de “orientalismo” se habla de “occidentalismo”. Es decir, de categorías previas que configuran el propio pensamiento y las categorías con las que pensamos. Son estos paradigmas diferentes los que dificultan aún más el inventario y el establecimiento de normas jurídicas universales relativos a los derechos culturales.

4. Derechos, necesidades, realidades.

Pero no solo la tensión entre universalismo y relativismo cultural está en la base y es previa a la elaboración del exigido inventario de los derechos culturales, también está el tema de quien realiza o debe realizar dicho inventario. O a los efectos de mi presentación de la descripción de la realidad cultural. ¿Conocer o describir la realidad cultural, realizar un inventario de los derechos culturales, quién, cómo, dónde y desde qué lugar epistemológico, desde cuál paradigma? Y sobre todo, ¿para quién -para la comunidad, para el Estado, para las agencias internacionales- realizar dichos inventarios, dichas descripciones o conocimientos de la realidad? Es decir, ¿un inventario con vocación universal? ¿universal en el sentido de mundial, planetario o universal en el sentido de nacional, uruguayo?

¿Cómo responder a estas preguntas? Lo mejor será describir, brevemente, el proyecto que dirijo. Me refiero a la “Encuesta sobre hábitos de consumo y comportamiento cultural” que, junto con un equipo multidisciplinario, realizamos en todo el territorio nacional de Uruguay entre fines de julio y comienzos de setiembre del año 2002.(1) El informe sobre dicha encuesta será publicado a fines del próximo mes de julio y en el mismo se analiza los resultados de una encuesta que superó los 3700 casos y que, dadas sus características, no tiene antecedentes en Uruguay.

Esta investigación permitió no solo obtener datos válidos para cada región administrativa del país sino también elementos para pensar las políticas públicas en relación con los derechos culturales. Además de las consabidas preguntas sobre consumo, preferencias, frecuencias, referidas entre otros items a música, lectura, cine, radio, televisión, espectáculos en vivo, teatro, museos, etc; se preguntó acerca de opiniones sobre políticas culturales así como sobre “frases o afirmaciones” con las cuales se aspiró a estudiar la percepción que los uruguayos mayores de 16 años y viviendo en poblaciones de más de 5000 habitantes tenían de sí mismos y de la sociedad uruguaya.

Por otra parte, la encuesta también realizó una suerte de “zoom” en poblaciones menores de dos mil habitantes en el departamento de Salto llegando inclusive a poblaciones menores a doscientos habitantes. Esto permitió no sólo comprobar la fuerte heterogeneidad del país urbano estudiado sino también apreciar las diferentes “temporalidades” del consumo y del comportamiento cultural de la sociedad uruguaya.

Precisamente, en virtud de estas heterogeneidades y de las disparidades resultantes, la reflexión sobre la tensión entre universalismo y relativismo se hace o se vuelve mucho más rica. A lo anterior, cabe agregarse que también y en paralelo a la encuesta se comenzó una suerte de “inventario indicial” de la infraestructura cultural con que cuenta el país. Digo “inventario indicial” pues un relevamiento exhaustivo de la infraestructura cultural del país o de nuestros países es un proyecto en sí mismo, independiente de los estudios de consumo y exigen un apoyo y, valga el juego de palabras, una “infraestructura y una masa crítica cultural” que muchas veces las instituciones del Estado y de nuestras universidades no siempre poseen o pueden obtener.

Asimismo y también en función de lo anterior cabe señalarse que la fuerte heterogeneidad de nuestras sociedades –a veces claramente heterogéneas, otras moderada o encubiertamente heterogéneas- obliga a precisar o a reubicar la frontera entre los derechos culturales y las políticas públicas. Por lo mismo, cabe sostenerse que la mencionada frontera entre los derechos culturales y las políticas públicas está en el procesamiento y en la negociación. Es decir, en otra forma de procesar el consenso. Hay demandas, derechos y necesidades culturales que ni los Estados nación ni los organismos internacionales conocen pues los instrumentos de medición, de inventario y de conocimiento son elaborados en ámbitos en que los paradigmas y los consensos no son o no recogen las demandas y necesidades de las comunidades. Esto exige establecer como un derecho cultural la instrumentación de mecanismos de participación popular mediante los cuales la población pueda formular su propia visión. Claro, esto establece un límite a la acción de las políticas públicas de los estados pues dichas políticas publicas pasarían a ser, en el mejor de los mundos posibles, la expresión formalizada por parte de un agente neutro que seria el estado de lo propuesto por otro agente, es decir la propia comunidad.

Se dirá, pero ya se está haciendo. Existen canales de participación, de elaboración conjunta y descentralizada de las políticas publicas. Es posible, pero también existe el otro elemento del que he venido argumentando hasta ahora: el desconocimiento, no sólo del propio Estado sino de las mismas comunidades de cual es su propia realidad o su propio inventario del que a veces solo tienen una imagen parcial o distorsionada.

Un último apunte sobre este asunto, que exigiría un desarrollo imposible ahora: en el relato que he construido, mal que bien, el consenso aparece como un desideratum, es decir como un horizonte deseable, en algunos casos difícil, en otros tramposo, en otros imprescindible. Sin embargo, cabria preguntarse si, en términos culturales, el consenso es siempre deseable. Seguramente en términos jurídicos es imprescindible, pero la pregunta que dejo abierta es si el logro de ciertos consensos en torno a los derechos culturales no implicaría ciertas pérdidas que no necesariamente compensarían los beneficios.

5. Final

Por último, quisiera llamar la atención sobre dos derechos culturales. El primero es el derecho a la memoria que parecería estar, de algún modo, recogido en varias declaraciones de las Naciones Unidas. El segundo es el que llamo: el derecho a no ser humillado. La humillación no tiene una cara. La humillación, por supuesto, es una forma de la discriminación, pero esto no atañe solo a las minorías, a los diferentes. Puede humillarse dentro de una cultura homogénea –si es que eso existe-, puede humillarse dentro del mismo grupo religioso, dentro de una familia, dentro de un sindicato o de un grupo político. Y no hay, no debería haber, ninguna sociedad, ningún consenso que posibilite la humillación. Humillación es el consumo desaforado y superfluo, el hambre, la guerra. Humillación es la representación del otro como un ser inferior.

El derecho a no ser humillado y sobre todo el derecho a que la representación que otro hace de mí no me humille, ni me tergiverse. En ese sentido, pienso que el derecho a no ser humillado tiene que ver con el derecho a la diferencia pero hay algo más.

Debería existir el derecho a no ser humillado porque tal medio, tal obra de arte, tal tira cómica decide en virtud de la libertad de expresión representar al otro como un ser que no tiene educación, inteligencia, riqueza, salud mental, la preferencia sexual o las ideas políticas hegemónicas.

Claro, el derecho a no ser humillado es una utopía. Una utopía, es decir: un no lugar. Apenas un horizonte hacia el cual tender pero que la misma realidad de la diversidad cultural parece imposible de alcanzar. Y esa es quizás la cara siniestra de la diversidad cultural que tanto defendemos y que yo mismo defiendo; pues, al parecer, cada cultura se construye sobre la base de la diferencia para con el otro, el distinto, el que no participa de mi tribu.

Se me dirá que el derecho a no ser humillado ya está contemplado y que en el derecho a la existencia como tal de las minorías se establece que dichas minorías deberán ser protegidas contra cualquier actividad (especialmente la propaganda) que pueda amenazar su existencia o su identidad y que el artículo 2, inciso 2 de la Declaración de la ONU del 18 de diciembre de 1992. En dicha Declaración encontramos, entre otros derechos de orden colectivo relevantes acerca del reconocimiento del derecho a la identidad cultural, lo siguiente:

“En segundo lugar, el derecho a la existencia como tal minoría, que se concreta en la protección contra cualquier actividad (y especialmente contra la propaganda) que pueda amenazar su existencia o identidad y obstaculizar el desarrollo de su particularidad específica (art.2.2)”.

Sin embargo, creo que esto no alcanza, aún y a pesar de que expresamente se establezca la propaganda como una de las actividades de las que las minorías deben ser protegidas. No alcanza pues no estoy hablando solo de propaganda, sino de representación, de la representación humillante y tergiversadora. Y además no se trata solo de ser protegido frente a una actividad discriminadora y humillante. No se trata de identificar rechazo de la humillación por ser diferente con promover la tolerancia con el diferente.

El derecho a no ser humillado no es identificable con la necesidad de la tolerancia. Derecho y necesidad tienen relaciones conflictivas. Humillación y tolerancia no necesariamente mantienen relaciones amigables. Es necesario ser tolerante, es bueno ser tolerante, es políticamente correcto ser tolerante. Pero, ¿la tolerancia no tiene límites? ¿Debo tolerar al genocida, debo tolerar a quien invade mi pueblo, a quien ridiculiza a mi hermano, a quien se ríe de mi enfermo? La respuesta es obvia, no. La tolerancia tiene límites.

¿Debo, entonces, aceptar que se humille, incluso al genocida, al invasor, a quien se ríe de mi colega agónico, a quien ejercita su derecho a la libre expresión para tergiversar mis gustos o mi religión?

La dificultad de este derecho cultural a no ser humillado es que las comunidades se constituyen en función de la diferencia con el otro. Es que el otro que no pertenece a mi tribu, el otro que es mi diferente, me constituye. Y existe el peligro de que si respeto al otro, si no humillo al otro puedo terminar siendo el otro. La diversidad cultural que tanto defendemos y que yo también defiendo tiene el riesgo de que para existir exige el establecimiento, la aceptación de que el otro no sabe hablar mi lengua.

No, no debo ser tolerante con el genocida ni con el invasor, pero lo que sí tiene tanto el invasor como el genocida es el derecho a no ser humillado. Será mi enemigo, pero es un ser humano y tiene el derecho cultural a no ser humillado. Lo tiene aún cuando sea latinoamericano, magrebí, europeo, norteamericano, lesbiana, psicótico, inmigrante, pobre o simplemente no hable mi lengua, hable como los pájaros; es decir, aún cuando sea un bárbaro.

Notas

(1) El proyecto fue realizado en la Universidad de la República de Uruguay como parte del Progama de Políticas cuturales de la Fundación Rockefeller en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos de la Facultad de Humanidaes y Ciencias de la Educación por un equipo dirigido por quien esto escibe e integrado por Sandra Rapetti, Susana Dominzaín y Rosario Radakovich.

Hugo Achugar

Profesor titular de Literatura Latinoamericana de la Universidad de la República, Uruguay. Director del Programa de Políticas culturales: Estado y Sociedad Civil en tiempos de goblalización de la Fundación Rockefeller en la Universidad de la República, Uruguay. Ha realizado múltiples publicaciones en temas de critica cultural, políticas culturales, literatura y cultura latinoamericanas. Ha sido profesor visitante en universidades de España, EE.UU. y Venezuela.