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Cumbre UE - América Latina y Caribe

(Madrid, 17 de mayo de 2002)   


Documento de trabajo
Cumbre de Madrid
UE-ALC: Valores y Posiciones Comunes

UE 2002 1. Con ocasión de la Segunda Cumbre celebrada en Madrid el 17 de mayo de 2002, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, de América Latina y del Caribe reiteramos nuestra voluntad política de consolidar la asociación estratégica acordada en la Primera Cumbre celebrada en Río de Janeiro en 1999, y que se basa en valores y posiciones comunes a ambas regiones. Nuestra relación tiene su origen en múltiples intereses compartidos y en los lazos de amistad existentes entre nuestros pueblos. La Cumbre de Madrid nos ha brindado una ocasión para concretar y consolidar la asociación estratégica birregional mediante expresiones jurídicas e institucionales basadas en acuerdos de asociación, acuerdos de colaboración y otros mecanismos, en un diálogo político fructífero y en unas sólidas relaciones económicas y financieras, que se apoyan en una liberalización progresiva, equitativa y equilibrada del comercio y de la circulación de capitales, así como en una cooperación dinámica y constructiva en los ámbitos educativo, científico, tecnológico, cultural, humano y social con objeto de dar a nuestra relación birregional una nueva dimensión de cara al siglo XXI y aprovechar las posibilidades que ofrecen los desafíos a que nos enfrentamos en un mundo cada vez más globalizado.

2. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, de América Latina y del Caribe reiteramos nuestro respeto por los derechos humanos. Estamos decididos a seguir avanzando en la vía de la democracia, la justicia y la igualdad social, de la modernización, de la liberalización comercial, de las reformas estructurales y de la distribución equitativa de los beneficios derivados de la mundialización económica y de las nuevas tecnologías. También reiteramos nuestra intención de seguir apoyando el desarrollo sostenible y los avances realizados en nuestras regiones en materia de integración.

3. Destacamos nuestro respeto por la plena observancia del Derecho internacional y de los objetivos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, los principios de no intervención y de autodeterminación, de respeto de la soberanía, la integridad territorial y la igualdad entre los Estados, que junto al respeto por los derechos humanos, el fomento de la democracia y la cooperación para el desarrollo económico y social constituyen la base de las relaciones entre nuestras regiones.

Ámbito Político

4. Nuestra asociación estratégica birregional se está reforzando mediante la intensificación y la ampliación de nuestro diálogo en los foros internacionales, en particular a través de consultas políticas en los foros y principales conferencias de las Naciones Unidas.

5. Consideramos importante seguir reforzando la democracia y consolidando las instituciones democráticas que, entre otras cosas, garantizan procesos electorales libres, limpios y basados en la participación, el sufragio universal y el respeto del Estado de Derecho. Apoyamos con firmeza el principio de que los sistemas judiciales nacionales sean independientes e imparciales. Creemos que la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo económico y social son elementos de fundamental importancia para la paz y la estabilidad.

6. Reiteramos nuestro compromiso en favor de todos los derechos humanos, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, y las libertades fundamentales, teniendo en cuenta su carácter universal, interdependiente e indivisible, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los instrumentos acordados internacionalmente en materia de derechos humanos, así como con la Declaración de Viena y el Programa de Acción sobre derechos humanos, de 1993.

7. Nos comprometemos a seguir desarrollando políticas dirigidas a fomentar el respeto de la dignidad y el bienestar de los emigrantes y a garantizar la protección de sus derechos y de los de sus familias. Asimismo, insistimos en la necesidad de proteger los derechos de todos los miembros de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad: niños, jóvenes, personas de edad avanzada, personas con discapacidades, personas desplazadas, población indígena y minorías étnicas y religiosas. También reiteramos la necesidad de lograr la igualdad de oportunidades para ambos sexos, teniendo especialmente en cuenta la Declaración de Beijing y la Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de 1995, así como las nuevas acciones adoptadas en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2000.

8. Acogemos con satisfacción la adopción de la Declaración y del Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica, del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001, afirmamos nuestro compromiso al respecto y reiteramos el ánimo de una voluntad política y de un compromiso renovados para combatir el azote del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, con objeto de defender los derechos de los individuos y miembros de los grupos que corren especial riesgo de verse discriminados.

9. Destacamos la importancia y la contribución de la sociedad civil y la participación de los ciudadanos con vistas a consolidar la democracia y el desarrollo económico y social, así como el respeto, el fomento y la protección de los derechos humanos. Tanto en la UE como en América Latina y el Caribe, las organizaciones no gubernamentales y otros representantes de la sociedad civil ejercen cada vez más influencia en el proceso de toma de decisiones. A este respecto, afirmamos nuestro compromiso de apoyar el interés y la participación de los representantes de la sociedad civil en los procesos políticos, económicos y sociales de nuestros países, en las agrupaciones regionales respectivas y en nuestra relación birregional.

10. Reconocemos la importancia que tiene mejorar la respuesta de la comunidad internacional a crisis humanitarias importantes, de manera consecuente con los objetivos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas.

11. Estamos convencidos de que la colaboración entre nuestros Gobiernos es fundamental para combatir la corrupción en todas sus formas, ya que este grave problema erosiona la legitimidad y el funcionamiento de las instituciones y representa una amenaza para la democracia, la sociedad, el Estado de Derecho y el desarrollo. Asimismo, reiteramos que estamos a favor de que en el futuro se mantengan negociaciones con vistas a celebrar un convenio general de las Naciones Unidas para combatir la corrupción.

12. Apoyamos los procesos de reconciliación nacional y las iniciativas emprendidas en ese sentido.

13. Condenamos todos los crímenes contra la humanidad y consideramos importante que se mejore la cooperación con vistas a identificar, detener, extraditar y sancionar a los culpables de cometer estos crímenes atroces. A este respecto, reconocemos la gran importancia que tienen las normas internacionales relativas a la responsabilidad penal de las personas que cometen actos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, todos ellos graves crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Felicitamos a los Estados signatarios del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por la labor realizada para hacer posible la entrada en vigor de dicho Estatuto, y destacamos la importancia de que todos los países se adhieran al mismo.

14. Convenimos en reforzar las políticas que favorecen la seguridad pública de las personas, dan clara prioridad a la lucha contra la actividad delictiva en nuestras sociedades, en particular contra la distribución, el tráfico y la utilización de armas y explosivos ilícitos, y tratan de conseguir la eliminación de todas las formas de delincuencia organizada. Debemos aunar nuestras fuerzas para luchar contra todas las formas de delincuencia organizada transnacional y actividades afines, como el tráfico de seres humanos, particularmente de mujeres y niños, la trata, prostitución y pornografía infantiles, la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados, y el tráfico de drogas. Hacemos un llamamiento en favor de la pronta entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como de sus Protocolos.

15. Reiteramos nuestra condena de la instigación, financiación, organización, ejecución y, en general, toda forma de participación en actos terroristas, que constituyen un atentado contra la seguridad de las personas y representan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Consideramos que el terrorismo constituye un grave fenómeno delictivo que, además de poner en peligro el pleno ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores democráticos, supone una amenaza para la seguridad del Estado que socava los cimientos de la sociedad civil y tiene efectos adversos para el desarrollo económico y social.

16. Estamos decididos a reforzar las medidas individuales y comunes contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los instrumentos pertinentes en materia de derechos humanos. También estamos decididos a adherirnos y dar aplicación efectiva a todos los instrumentos internacionales pertinentes, entre ellos el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo. Reconocemos que es necesaria una mayor cooperación para prevenir y eliminar ese flagelo, en particular mediante la firma y ratificación de los doce convenios internacionales en materia de terrorismo. No deben escatimarse esfuerzos para lograr que concluyan con celeridad las negociaciones sobre el proyecto de un convenio general sobre terrorismo.

17. Reiteramos nuestra plena convicción de que la lucha contra el terrorismo debe respetar los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho.

18. Destacamos asimismo la necesidad de luchar contra la financiación del terrorismo y de fortalecer los instrumentos multilaterales existentes en materia de desarme, control de armamento y no proliferación, que pueden contribuir de forma esencial a la lucha contra el terrorismo.

19. Manifestamos nuestra determinación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas relativas a la lucha contra el terrorismo internacional, en particular la Resolución nº 46/60 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 17 de febrero de 1995, y la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 28 de septiembre de 2001.

20. Nos comprometemos a cooperar en la lucha contra el terrorismo biológico, fortaleciendo la capacidad de nuestros países para prepararse y responder a las situaciones de emergencia derivadas de actos terroristas de índole biológica, radiológica y química, con objeto de proteger la salud de nuestros pueblos.

21. Reconocemos la dimensión mundial del problema de la droga, que se mantiene gracias a su rentabilidad económica, y acordamos aunar esfuerzos para desmantelar todos sus elementos, a saber: el control de la demanda y el abastecimiento, los precursores, el tráfico de drogas (de todas ellas, incluidas las sintéticas), el blanqueo de capitales, el tráfico de armas y los delitos conexos.

22. En el marco de nuestra asociación estratégica, nos comprometemos a hacer frente al problema mundial de la droga conforme a los principios de una responsabilidad común y compartida basada en un enfoque mundial, global y equilibrado plenamente acorde con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Política del Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre uso indebido de drogas, celebrado del 8 al 10 de junio de 1998, y del Derecho Internacional. El Mecanismo de Cooperación y Coordinación en materia de Drogas entre la Unión Europea, América Latina y Caribe, del cual forman parte los Planes de Acción de Barbados y de Panamá, debería utilizarse a este propósito.

23. Respaldamos la decisión que se adoptó en la Cuarta Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Cooperación y Coordinación en materia de Drogas entre la Unión Europea, América Latina y Caribe, celebrada en Madrid los días 7 y 8 de marzo de 2002, en el sentido de llevar a cabo un análisis y una evaluación de los resultados obtenidos.

24. Convenimos en la necesidad de contar con una política de desarrollo económico y social para las regiones interesadas, con objeto de reconstruir las comunidades dedicadas a cultivos ilícitos y de lograr que, mediante su participación en un desarrollo sostenible alternativo, dichas comunidades alcancen unas condiciones de vida dignas.

25. Apoyamos el intento por lograr una cooperación eficaz para evitar la aparición y reaparición de cultivos ilícitos o su traslado a regiones ecológicamente frágiles o a otras zonas nunca afectadas con anterioridad.

26. Destacamos la importancia de que se fortalezcan de forma multilateral los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes y políticos para prevenir la proliferación de las armas de destrucción masiva y de sus medios de distribución. Nos comprometemos también a reforzar, en este ámbito, los instrumentos en materia de desarme. Seguiremos cooperando para erradicar totalmente las armas químicas y biológicas. Subrayamos la importancia de incrementar el cumplimiento y el fomento de la universalidad de la Convención relativa a las armas químicas y de la Convención relativa a las armas biológicas y toxínicas, así como de otras normas internacionales contra el uso de armas químicas, biológicas y toxínicas. Ponemos de relieve nuestra convicción de que la mejor forma de potenciar esta última Convención es adoptar un instrumento jurídicamente vinculante para supervisar la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas biológicas y toxínicas y su destrucción. Seguimos apoyando el objetivo de lograr un régimen que fomente la confianza de conformidad con la Convención relativa a las armas químicas y de acuerdo con el mandato del grupo ad hoc creado con arreglo a dicha Convención.

27. Seguiremos trabajando para impulsar el proceso de desarme nuclear conducente a la total eliminación de las armas nucleares, y el de desarme general y total bajo estricta y efectiva supervisión internacional. El Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) es una piedra angular del régimen internacional de no proliferación y del intento por lograr el desarme nuclear. El Tratado de Tlatelolco también constituye un instrumento regional esencial que contribuye a los objetivos de la no proliferación y el desarme. Los Estados partes reiteramos nuestra determinación de lograr la efectiva aplicación del documento final adoptado por consenso en la Conferencia de examen del TNP, celebrada en 2000, y de las decisiones y resoluciones adoptadas en la Conferencia de examen y prórroga de 1995, así como de trabajar en pro de la aplicación de dichos textos durante el proceso conducente a la Conferencia de examen del TNP que se celebrará en 2005.

28. Destacamos la importancia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT) como instrumento relevante de la no proliferación nuclear y como importante paso hacia el desarme nuclear. Apoyamos el empeño tendente a una pronta entrada en vigor del Tratado, tal como quedó reiterado en la segunda Conferencia sobre medidas para facilitar la entrada en vigor del CTBT, celebrada en Nueva York del 11 al 13 de noviembre de 2001. Pedimos que firmen o ratifiquen el CTBT quienes todavía no lo han hecho, en particular los Estados cuya ratificación es necesaria para la entrada en vigor del mismo, y nos pronunciamos a favor de una moratoria sobre dichos ensayos hasta que entre en vigor el Tratado.

29. Consideramos que la labor de hacer frente a la proliferación de misiles balísticos debe llevarse a cabo con arreglo a un enfoque mundial y multilateral. En este contexto, tomamos nota de la reunión internacional para debatir el proyecto de código de conducta internacional celebrada en París los días 7 y 8 de febrero de 2002 y acogeremos favorablemente nuevos cambios de impresiones sobre este importante tema. Acogemos también con satisfacción los trabajos del grupo de las Naciones Unidas integrado por expertos gubernamentales en materia de misiles, así como otras iniciativas en este ámbito.

30. Trabajaremos conjuntamente para promover la adhesión universal a la Convención relativa a ciertas armas convencionales (CCW) y a sus Protocolos. Manifestamos nuestra satisfacción por el resultado de la segunda Conferencia de examen de dicho instrumento, celebrada en Ginebra en diciembre de 2001, en la que se declaró que las disposiciones de la Convención se aplican a cualquier tipo de conflicto armado. Acogemos favorablemente la decisión de crear un grupo de expertos gubernamentales para tratar con carácter urgente la cuestión de los residuos explosivos de guerra y para seguir analizando el problema de las minas no antipersonal.

31. Los Estados partes acogemos con satisfacción el éxito de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Convención de Ottawa), así como las reuniones segunda y tercera de los Estados partes de la Convención celebradas respectivamente en Ginebra en septiembre de 2000 y en Managua en septiembre de 2001. Seguiremos cooperando para erradicar los padecimientos provocados por las minas antipersonal y para prestar apoyo a los programas de rehabilitación. Los Estados partes subrayamos la importancia de adherirse a la Convención y de ratificarla, y pedimos a todos los Estados que aúnen esfuerzos para lograr la total eliminación de las minas antipersonal. Condenamos también el uso de las minas antipersonal por todos los agentes que no son Estados.

32. Nos comprometemos a prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras a escala nacional, regional e internacional, mediante medidas que garanticen la cooperación y la asistencia internacionales. Por consiguiente, propugnamos que se aplique cuanto antes el Plan de Acción aprobado por la Conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas en todos sus aspectos, celebrada en Nueva York en julio de 2001.

33. Manifestamos nuestra profunda preocupación por los efectos que tienen los conflictos armados en la población civil y en el desarrollo de la sociedad en muchos lugares del mundo y subrayamos la importancia de fortalecer la capacidad de la comunidad internacional, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del Derecho Internacional, para la prevención de conflictos, el arreglo pacífico de controversias, el mantenimiento de la paz y la consolidación de la paz después de los conflictos, así como para la ayuda humanitaria a los sectores vulnerables de la población. Estamos decididos a reforzar nuestra cooperación en estos ámbitos, teniendo en cuenta las actividades de los principales órganos y organismos de las Naciones Unidas.

Ámbito Económico

34. El contexto internacional se caracteriza por una mundialización e interdependencia que van en rápido aumento. Nuestra asociación estratégica debe servir de ejemplo de una intensa cooperación política, económica y social que dará lugar a medidas prontas, eficaces y claramente diferenciadas para hacer frente a los desafíos y posibilidades que ofrece el siglo XXI, así como respecto de nuevos temas que surgen en el orden de prioridades internacional.

35. Si bien la mundialización económica puede brindar posibilidades de crecimiento y desarrollo, también es cierto que presenta dificultades, sobre todo para los países en desarrollo. Estamos de acuerdo en que es necesario lograr un reparto más equitativo de sus beneficios, luchar contra la pobreza y la exclusión social y concentrar la acción en el progreso económico y social, la calidad del empleo, la educación y la vivienda, así como en unos servicios de salud integrados, sobre todo para los sectores más necesitados de la población. Con este fin, deberían proseguirse los esfuerzos encaminados, entre otras cosas, a incrementar el acceso a los mercados y a las nuevas tecnologías, impulsando también la cooperación internacional al desarrollo conforme al objetivo del desarrollo sostenible.

36. Entendemos, no obstante, que para superar las dificultades económicas que se atraviesan actualmente a escala internacional, caracterizadas por un descenso generalizado del crecimiento económico mundial y por una disminución del crecimiento comercial y de las inversiones, hemos de aunar esfuerzos bajo el liderazgo de las economías industrializadas, que desempeñarán un papel fundamental a la hora de fomentar la renovación del crecimiento económico mundial y de facilitar la plena participación de los países en desarrollo en los sistemas comerciales y financieros.

37. Reconocemos que, en las relaciones económicas y comerciales internacionales, sigue habiendo desigualdades además de diferencias de desarrollo. Para resolver esas desigualdades es preciso mejorar las normas, el funcionamiento y las posibilidades reales de acceso al mercado que ofrecen el sistema comercial multilateral y el sistema financiero internacional. Reconocemos, concretamente, que algunos países en desarrollo tienen limitaciones que obstaculizan su integración en el sistema económico y comercial internacional, y subrayamos la necesidad de que se preste asistencia técnica relacionada con el comercio y se adopten otras medidas de desarrollo de la capacidad para contribuir a una mejor integración.

38. La mundialización de la economía exige una mayor cooperación internacional, en particular en materia financiera y fiscal. Una actividad empresarial internacional sólida y productiva no puede sino beneficiarse del Estado de Derecho y de unas condiciones de tratamiento en pie de igualdad. Lucharemos contra toda clase de blanqueo de capitales, evasión fiscal y otros delitos económicos mediante la cooperación internacional y la legislación nacional.

39. En el ámbito financiero, reconocemos, por una parte, la necesidad de utilizar mejor la capacidad actual de las instituciones que forman parte del sistema de Bretton Woods y, por otra, la necesidad de mejorar el proceso de toma de decisiones y el funcionamiento de dichas instituciones y de sus políticas, con objeto de que puedan responder mejor a los nuevos desafíos del sistema económico internacional, que ha experimentado importantes cambios en los últimos años. Reconocemos, en este sentido, la necesidad de incrementar la participación y la cooperación activa en la toma de decisiones y en el establecimiento de las normas que afectan a las cuestiones económicas de interés para toda la comunidad internacional, como forma de llevar a la práctica el concepto de gobernanza mundial. Pondremos nuestro empeño en fortalecer el sistema financiero internacional y nuestros respectivos sistemas financieros para hacer frente a posibles crisis futuras que constituyan una amenaza para la estabilidad nacional, regional o internacional, así como para lograr un pleno aprovechamiento de la integración de los mercados de capital y para reducir los riesgos que presenta la volatilidad de los mismos.

40. Conscientes de que la deuda externa es un obstáculo considerable para el desarrollo social y económico de muchos países, propugnamos, a este respecto, que se utilicen plenamente todos los mecanismos existentes, con objeto de lograr soluciones eficaces, equitativas y duraderas y de superar así este reto.

41. Deberían estudiarse y llevarse a la práctica condiciones y medidas de financiación favorables con objeto de otorgar un trato equitativo y adecuado en los foros pertinentes y competentes a los países pobres muy endeudados (PPME) tomando nota de que algunos países en desarrollo son también acreedores. En este sentido, acogemos con satisfacción los acuerdos alcanzados por el Grupo de los Siete en Génova, en 2001, en el sentido de adoptar medidas para aliviar la deuda externa de los PPME que reúnan las condiciones para ello y de prestar apoyo a la lucha de los países contra la pobreza y la extrema pobreza, en particular mediante una mayor cooperación no reembolsable, así como mediante la financiación de más proyectos en ámbitos de esencial importancia.

42. Reiteramos nuestra convicción de que una integración regional abierta desempeña un papel importante en la promoción del crecimiento, la liberalización del comercio, el desarrollo económico y social, la estabilidad democrática y una integración más equitativa en el proceso de mundialización económica. Por tanto, estamos decididos a respaldar los procesos de integración regional en curso en nuestras dos regiones.

43. Nos congratulamos de la aplicación del Acuerdo de Asociación entre México y la UE y de la conclusión de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación con Chile. Recomendamos la conclusión puntual de las negociaciones de los Acuerdos de Asociación con Mercosur. Acogemos con satisfacción las nuevas iniciativas de la UE de negociar Acuerdos políticos y de cooperación con los países de América Central y los países andinos, así como la decisión de reforzar la cooperación en materia de comercio, inversiones y relaciones económicas. El logro de los objetivos de dichos acuerdos y el refuerzo de la cooperación deberían establecer las condiciones con arreglo a las cuales, construyendo sobre los resultados del Programa de Trabajo de Doha que nos hemos comprometido a concluir a más tardar a final de 2004, pudieran negociarse Acuerdos de Asociación viables y mutuamente beneficiosos, entre la UE y América Central y entre la UE y la Comunidad Andina respectivamente, que incluyan áreas de libre comercio.

44. Observamos también que, en el marco del Acuerdo de Cotonú, los países del Caribe junto con los demás Estados miembros del Grupo de países de África, Caribe y el Pacífico iniciarán oficialmente negociaciones de acuerdos de asociación económica en septiembre de 2002.

45. Estamos a favor de un sistema comercial multilateral transparente, abierto y no discriminatorio, en el que la progresiva apertura de los mercados y la supresión de las barreras comerciales, basadas en normas multilaterales transparentes y más sólidas, permita a todos beneficiarse de las ventajas comparativas de sus respectivas economías, impulsar una integración competitiva en el comercio mundial y reducir las posibilidades de proteccionismo. En este sentido, destacamos la importancia de la OMC como foro fundamental para la promoción de la liberalización comercial y el establecimiento de las normas y disciplinas básicas para la necesaria regulación del sistema de comercio internacional. Acogemos con satisfacción la decisión de la Cuarta Reunión Ministerial de la OMC de poner en marcha nuevas negociaciones en el marco del Programa de trabajo de Doha. Estas negociaciones deberían aportar beneficios a todos los miembros de la OMC aumentando el volumen del comercio internacional y el crecimiento económico. La nueva ronda de negociaciones debería contribuir a la integración de los países en vías de desarrollo en la economía mundial, incluso mediante disposiciones especiales y de tratamiento diferencial, que tengan plenamente en cuenta las prioridades y preocupaciones de nuestros ciudadanos y fomenten el desarrollo sostenible.

46. Destacamos la necesidad de la asistencia técnica bilateral y multilateral y las medidas de consolidación de las capacidades para ayudar a los países en desarrollo y en particular a los menos desarrollados a llevar a cabo, y concluir, las negociaciones, así como a aplicar sus resultados. Destacamos asimismo la importancia de abordar de manera satisfactoria las preocupaciones de los países en desarrollo para la aplicación de los compromisos de la Ronda Uruguay. Destacamos el programa de trabajo sobre las pequeñas economías acordado en Doha y, acogiendo con satisfacción el reciente lanzamiento de dicho programa, hacemos un llamamiento para su rápida y completa aplicación. Las negociaciones deberían garantizar también que los países en desarrollo tengan asegurada una participación en el crecimiento del comercio mundial proporcional a las necesidades de su desarrollo económico. Confirmamos nuestra intención de colaborar estrechamente para obtener, dentro del plazo acordado de tres años, un resultado equilibrado y ambicioso de las negociaciones sobre todas las cuestiones, que tenga en cuenta las preocupaciones de todos los miembros de la OMC.

47. Reiteramos nuestro firme rechazo de todas las medidas de carácter unilateral y efecto extraterritorial, que son contrarias al Derecho internacional y a las normas generalmente aceptadas de comercio internacional. Estamos de acuerdo en que este tipo de prácticas plantea una amenaza grave para el multilateralismo.

48. En el contexto de la mundialización económica y del progreso de la sociedad de la información, es preciso fomentar el comercio de los servicios. En esta materia, las nuevas formas de cooperación son factores importantes para unas relaciones económicas más estrechas entre ambas regiones y fomentarían un desarrollo, liberalización y estabilización libres y ordenados.
49. Nos comprometemos a promover los derechos de propiedad intelectual con arreglo a los acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual en los que somos parte.

50. Reiteramos nuestra convicción de que la promoción de las inversiones directas constituye un objetivo fundamental de las relaciones entre nuestras dos regiones y, por tanto, acordamos estimular el desarrollo de iniciativas destinadas a aumentar el flujo internacional de las inversiones entre nuestras dos regiones. Consideramos que los flujos financieros y las inversiones productivas deberían centrarse especialmente en proyectos destinados a fomentar el desarrollo sostenible y la integración de las infraestructuras regionales en América Latina y el Caribe, así como a estimular los flujos comerciales UE-ALC. Para lograr este objetivo, ambas regiones necesitan cooperar estrechamente con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo del Caribe (CARIBANK), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otros bancos regionales. Promoveremos un clima favorable para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y desempeñaremos un papel significativo en la mejora de las condiciones sociales y de la cooperación entre ambas regiones, a fin de estimular la creación de posibles empresas conjuntas.

51. Reconocemos la importancia de fomentar un turismo nacional e internacional sostenible, con inclusión del turismo ecológico, como instrumento eficaz de desarrollo económico y cultural, tanto a nivel local, como regional e internacional.

52. Consideramos prioritario ampliar y desarrollar el diálogo y la cooperación en materia de energía entre nuestras regiones y países, para lograr que la seguridad en materia energética propicie un desarrollo económico y social sostenible y mutuamente beneficioso.

53. Destacamos la importancia de los mercados de la energía y la reforma reglamentaria del sector de la energía, mejorando la eficacia energética, promoviendo las inversiones, respaldando el desarrollo y la transferencia de tecnologías en materia de energía y estimulando un uso sostenible de todos los recursos energéticos.

54. Continuaremos impulsando los objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aplaudimos la reciente aprobación del Acuerdo de Bonn sobre la "Ejecución del Plan de Acción de Buenos Aires", así como los Acuerdos de Marrakech sobre el Protocolo de Kioto. Esperamos que contribuirán a reducir y atenuar las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud de los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en consonancia con las capacidades respectivas de los países. Acogemos con satisfacción la decisión de la UE de ratificar el Protocolo de Kioto a más tardar el 1 de junio de 2002 y estamos decididos a trabajar juntos para lograr la ratificación y entrada en vigor del Protocolo lo antes posible.

55. Creemos que es crucial reforzar nuestra cooperación y nuestra actuación en caso de desastres naturales, aumentar la eficacia de la asistencia y reducir la vulnerabilidad de los países de América Latina y el Caribe ante estos fenómenos, que perjudican gravemente a los esfuerzos nacionales y regionales de desarrollo. Por otra parte, en las iniciativas en esta materia, deberían considerarse los vínculos entre la ayuda rápida de emergencia, y la rehabilitación y reconstrucción, a la vez que se observan los criterios de desarrollo sostenible a largo plazo.

56. Fomentaremos la cooperación científica y tecnológica para fortalecer las capacidades nacionales, abordar conjuntamente los desafíos mundiales, estimular la inversión y propiciar las asociaciones de empresas en que se produzca una transferencia de tecnologías y conocimientos especializados, contribuyendo así a promover el desarrollo sostenible, especialmente mediante el plan de acción y el acuerdo de cooperación aprobados por los Ministros de Ciencia y Tecnología en su reunión de marzo de 2002 en Brasilia.

57. Subrayamos la importancia del desarrollo y la creación de una infraestructura eficaz, con especial énfasis en el transporte, el desarrollo de las tecnologías de la información, la modernización de las telecomunicaciones y de los procedimientos administrativos, la liberalización del comercio y la intensificación de la integración económica y de la cooperación. Destacamos asimismo la importancia de promover una cooperación efectiva en materia de transferencia de tecnologías avanzadas con los países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de desarrollar las tecnologías de la información y la modernización del sistema de telecomunicaciones y de los procedimientos administrativos, y teniendo en cuenta los requisitos del desarrollo del comercio, el fortalecimiento de la cooperación y la integración económica. Creemos que las tecnologías de la información y la comunicación tienen un importante papel que desempeñar en el fomento de la buena gobernanza y el desarrollo económico. En consonancia con las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Administración Electrónica para el Desarrollo, celebrada en Palermo los días 10 y 11 de abril de 2002, nos comprometemos a la modernización de nuestros procedimientos administrativos públicos para conseguir que la prestación de servicios a los ciudadanos y a las empresas sean más transparentes y eficaces.

58. Valoramos los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey, México, del 18 al 22 de marzo de 2002, que representa un paso estimulante en los esfuerzos por abordar las cuestiones sistémicas de la economía internacional, y en particular en la movilización de los recursos financieros necesarios para cumplir los objetivos de la Declaración del Milenio y otros objetivos de desarrollo acordados internacionalmente. Manifestamos nuestra determinación de cooperar para una rápida y plena aplicación de sus resultados. En este contexto, saludamos el compromiso de la UE de alcanzar colectivamente el 0,39% AOD/PIB para 2006, contribuyendo así a invertir la tendencia actual de disminución del flujo mundial de ayuda al desarrollo, como una etapa para conseguir el objetivo del 0,7 % AOD/PIB. Esperamos que se consolide la tendencia a asignar más recursos a la ayuda al desarrollo.

59. Nuestra asociación en materia de cooperación para el desarrollo ofrece una importante oportunidad para poner en práctica nuestros valores e ideales comunes y lograr un reparto más equitativo de los beneficios derivados de la mundialización económica.

60. Nuestra asociación en materia de cooperación para el desarrollo tiene la finalidad de promover el desarrollo sostenible en sus múltiples dimensiones -particularmente sociales, económicas y medioambientales- mediante programas y acciones concertados entre los que se incluyen muchos de los aspectos y áreas de cooperación destacados en el presente documento. Compartimos los intereses de mejora de la integración nacional y regional y de mayor eficacia en los programas de cooperación al desarrollo UE-ALC. La cooperación al desarrollo ofrece una importante oportunidad para poner en práctica nuestros valores e ideales comunes y difundir en mayor grado los beneficios derivados de la globalización contrarrestando sus efectos negativos.

61. Sólo podrá alcanzarse un desarrollo sostenible si se toman en consideración todos sus pilares: el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el desarrollo social. Para promover el desarrollo sostenible, consideramos prioritario superar la pobreza, el hambre, la marginación y la exclusión social, y modificar los modelos de producción y consumo que contribuyen a la disminución de la capa de ozono y al aumento del efecto invernadero, fomentar la conservación de la diversidad biológica y del ecosistema mundial y utilizar de forma sostenible los recursos naturales, en particular el agua y los recursos energéticos renovables. Es necesario prevenir e invertir la degradación del medio ambiente, especialmente la que se deriva de una concentración industrial excesiva y de modelos de consumo no sostenibles, impedir la contaminación de océanos y mares y el agotamiento de sus recursos biológicos, la utilización no sostenible de los recursos forestales y la erosión de los suelos, que amenazan al clima mundial, ajustándose a los principios de responsabilidad compartida, pero diferenciada.

62. Esperamos con interés que el PrepCom IV, que se celebrará en Bali el mes de mayo, sea constructivo y ultime los preparativos para una Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar en Johannesburgo el próximo septiembre 2002 y que deberá verse coronada por el éxito.

63. Estamos convencidos de que la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible ofrecerá una oportunidad única para evaluar la aplicación de la Agenda 21 y renovar los compromisos políticos adoptados a nivel local, nacional, regional e internacional con vistas a promover el desarrollo sostenible en todo el mundo.
64. Estamos determinados a alcanzar el objetivo del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996. En este contexto, acogemos favorablemente la idea de una "Coalición internacional contra el hambre" que se debatirá en la "Cumbre Mundial sobre la Alimentación, cinco años después", que tendrá lugar en Roma del 10 al 13 de junio de 2002.

Ámbito Cultural, Educativo, Científico, Tecnológico, Social y Humano

65. Reiteramos nuestro compromiso en favor de una sólida cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en el ámbito educativo, sanitario, cultural y humano, basada en valores compartidos y en el reconocimiento de la importancia de la educación y del progreso científico y tecnológico para consolidar las bases de nuestra mentalidad común.

66. Nos comprometemos a desarrollar nuestras relaciones basándonos en los principios de igualdad y de respeto de la pluralidad y diversidad, sin distinción de raza, religión o sexo, principios que constituyen la manera ideal de lograr una sociedad abierta, tolerante e integradora, donde el derecho del individuo a la libertad y al respeto mutuo esté arraigado gracias a un acceso equitativo a la capacidad productiva, a la salud, a la educación y a la protección civil.

67. Nos comprometeremos a dedicar más recursos al desarrollo de programas sociales, dedicando especial atención a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, la integración social y el empleo, así como a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la cultura, a fin de mejorar las condiciones de desarrollo humano. En este sentido, recordamos los principios y las medidas adoptadas en el marco de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en 1995 en Copenhague, y las nuevas orientaciones para el futuro convenidas durante el período extraordinario de sesiones de las Asamblea General de las Naciones Unidas de Ginebra, que tuvo lugar en 2000. En este contexto, es necesario aplicar políticas y reformar el sistema fiscal a fin de encontrar la manera de fomentar el desarrollo económico y la justicia social.

68. Subrayamos la importancia de que nuestros países alcancen un nivel de empleo suficiente, bien remunerado y productivo. Para ello, la educación y la formación profesional del trabajador son algo fundamental.

69. Expresamos nuestra honda preocupación por las graves consecuencias sociales y económicas que se derivan del VIH/SIDA y de otras pandemias que afectan en especial a los países en desarrollo. Reafirmamos el derecho del ser humano a gozar de un nivel adecuado de atención sanitaria. Reconocemos la necesidad de fomentar un mayor acceso a las medicinas en coherencia con la Declaración sobre el Acuerdo ADPIC y la salud pública adoptada en la Conferencia de la OMC celebrada en Doha. También reconocemos la necesidad de una estrategia global de prevención y tratamiento, mediante la cooperación entre Estados, organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra estas epidemias. A este respecto, acogemos con satisfacción los progresos realizados en este ámbito por la Comisión de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio y el período extraordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicado al VIH/SIDA.

70. Consideramos que la investigación científica y el desarrollo técnico son elementos fundamentales en nuestras relaciones y constituyen un requisito indispensable para que los diferentes países puedan integrarse con éxito en un mundo marcado por la mundialización, lo cual requiere a su vez aprovechar los avances del conocimiento científico, dominarlos y adaptarlos a una tecnología en constante desarrollo. Somos partidarios de que se aplique el plan de acción adoptado por los Ministros de Ciencia y Tecnología en su reunión del pasado mes marzo. Reconocemos las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de la democracia y el progreso económico y social. Estamos de acuerdo en que es conveniente compartir los conocimientos, la tecnología y la información, aprovechando las ventajas que ofrece la conectividad de la infraestructura, y alentamos a todos los pueblos a que se beneficien de dichas ventajas. Ponemos de relieve que la plena utilización de las tecnologías y de las redes digitales para el desarrollo y el progreso social, además de plantear un desafío técnico, plantea sobre todo un desafío político, institucional, social y cultural que requiere una visión y un propósito que dilaten el espacio para la cooperación entre nuestros países y el sector público y privado, con el apoyo de las instituciones financieras y de otras entidades internacionales.

71. Compartimos la opinión de que debe intensificarse la cooperación en el ámbito educativo, poniendo especial énfasis en la educación básica, la formación profesional y la cooperación entre las instituciones de enseñanza superior, incluidas las universidades, los centros de investigación y desarrollo tecnológico y la educación de distancia, teniendo en cuenta las necesidades específicas de nuestras sociedades. En este contexto, recordamos los programas de cooperación ya existentes, que pueden considerarse un éxito, y apoyamos la puesta en práctica de las acciones decididas en la reunión de Ministros de Enseñanza Superior celebrada en París el 3 de noviembre de 2000.

72. Convenimos en que el acceso universal a la educación y a la formación profesional son factores decisivos para impulsar el desarrollo económico y social, reducir la pobreza y crear empleo bien remunerado, garantizando una educación básica completa para todas personas en edad escolar y el derecho de los pueblos a mantener su identidad cultural y lingüística; hacemos hincapié en el derecho a la educación en sí mismo, basado en la responsabilidad nacional, propia de cada país, de proporcionar una educación adecuada a todos sus ciudadanos y fomentar el aprendizaje permanente.

73. Convenimos en que la misión de la enseñanza superior es contribuir al desarrollo sostenible y a la mejora de la sociedad desde una perspectiva global; formar y preparar licenciados cualificados capaces de atender a todos los aspectos de la actividad humana; fomentar, gestionar y difundir los conocimientos obtenidos en la investigación; interpretar, preservar y promover la cultura en su contexto pluralista y de diversidad cultural; ofrecer posibilidades de aprendizaje permanente; contribuir al desarrollo y a la mejora de la educación en todos sus niveles; proteger y promover a la sociedad civil, educando a los jóvenes de acuerdo con los valores de la ciudadanía democrática y capaces de ofrecer perspectivas críticas e independientes en todos los debates en torno a las opciones estratégicas tendentes a reforzar las perspectivas humanistas.

74. Convenimos en que los intercambios interregionales entre los protagonistas en el ámbito educativo y cultural de ambas regiones son uno de los medios más eficaces y efectivos para fomentar la comprensión mutua, la educación artística, el aprendizaje y la producción cultural. Establecer estrechos contactos entre los artistas y las organizaciones en todos los sectores culturales estimula el respeto por la diversidad cultural y lingüística y garantizan al mismo tiempo la dignidad humana y el desarrollo social.

75. Estamos decididos a seguir fomentando la cooperación y los intercambios entre las industrias culturales, incluido el sector audiovisual, a fin de preservar nuestra diversidad cultural.

76. Convenimos en que la recuperación, la preservación y un mejor conocimiento de nuestros vastos acervos culturales, y de nuestra diversidad como eslabón fundamental de integración birregional, permitirían el establecimiento de unas relaciones más estrechas y duraderas entre nuestros pueblos y favorecerían la creatividad cultural como fundamento de la paz y la tolerancia. Consideramos que, tanto en nuestras regiones como en los foros multilaterales, deberían estimularse las acciones tendentes a promover, respetar y difundir la diversidad y el pluralismo culturales en el mundo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la Declaración sobre la Diversidad Cultural adoptada en la 31ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2001.

77. Reconocemos la importancia de los conocimientos tradicionales, que constituyen un activo cultural y económico estrechamente vinculado a las comunidades indígenas, y, por consiguiente, los derechos de estas comunidades relativos a tales conocimientos deben ser reconocidos y recibir la debida protección internacional.

78. Somos conscientes de que el mundo está inmerso en un proceso de cambio que ha modificado profundamente las relaciones entre las personas, la organización y la productividad de las empresas y el desarrollo económico, social y cultural de los diversos países. Asimismo, convenimos en que la causa de tales cambios radica en gran medida en el importante progreso tecnológico alcanzado recientemente, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación. Todos estos procesos de transformación han dado lugar a la llamada "sociedad de la información".

79. Observamos que, en el marco de este proceso, existe una tendencia a la baja en la importancia relativa de los factores productivos clásicos, como los recursos naturales y la mano de obra barata, y que surgen nuevas formas de competitividad y un nuevo tejido social y económico -la sociedad de la información- en los que la generación, el tratamiento y la distribución de conocimientos e información representan la principal fuente de productividad, de bienestar y de poder.

80. Reconocemos que la "fractura digital" es una nueva dimensión de las divisiones económicas y sociales que limita el acceso universal al conocimiento y la información en nuestras propias lenguas. La reducción de dicha fractura será objeto de una atención especial en el marco de la cooperación birregional y multilateral.

81. Con objeto de aprovechar plenamente las posibilidades de la sociedad de la información, compartimos la opinión de que los Estados deben estudiar la elaboración de estrategias nacionales en relación con la transmisión electrónica a partir de un proceso de consultas que involucre a todas las partes interesadas. Dichas estrategias deberán incluir el establecimiento de marcos normativos y políticos de habilitación y promoción de la competencia e incentivar la utilización de normas abiertas e internacionales, para abrir la vía de una armonización regional y contribuir a ámbitos clave de desarrollo como la administración, la enseñanza, los servicios de salud y el comercio por medios electrónicos. Los Estados deben estudiar asimismo la conveniencia de emprender medidas destinadas a promover la protección de la dignidad humana y del carácter personal de la información, garantizando la adecuada seguridad de la red en el ámbito del ciberespacio y prohibiendo el uso de Internet con fines ilícitos.

82. En este contexto, acogemos favorablemente la declaración de la reunión ministerial sobre la sociedad de la información, celebrada el pasado mes de abril en Sevilla, y manifestamos nuestra satisfacción por la puesta en marcha del programa @lis como aplicación concreta de la Cumbre de Río, con vistas a fortalecer nuestra relación en este ámbito estratégico. Fomentaremos la acción común de nuestros países en la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información que se celebrará en el año 2003.

83. Estos valores y posiciones comunes, así como los que figuran en la declaración política y el plan de acción de Río de Janeiro, deberán guiar el diálogo y la cooperación que mantenemos actualmente en los foros interregionales. Al mismo tiempo, contribuirán a intensificar y ampliar satisfactoriamente nuestra asociación estratégica.

Madrid, 17 de mayo de 2002.