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El pensamiento social y normativo del adolescente. Nociones acerca de la responsabilidad, las leyes, las sanciones y los roles sociales y políticos

Facultad de Filosofía, Cs. de la Educación y Humanidades. Universidad de Morón

Interpretación

En lo referente a las respuestas de los entrevistados sobre los problemas que deberían resolver en la isla, pueden interpretarse en función de su desarrollo evolutivo. Esto es, a medida que crecen, los adolescentes aumentan sus interacciones con el entorno, en el sentido de un pasaje del mundo doméstico familiar a una mayor participación social fuera de ese ámbito familiar, con la correspondiente necesidad de organizar esos nuevos espacios y, al mismo tiempo, a medida que se incrementan sus posibilidades de participación, es mayor la importancia asignada a lo social.

Por otra parte, desde el punto de vista cognitivo, tienen todavía como lastre, su pensamiento concreto. Para acceder al manejo de nociones sociales y políticas, se necesita haber accedido al pensamiento abstracto.

Respecto de la distribución de tareas, la discriminación de las mismas de acuerdo con la edad de los habitantes de la isla, está dentro de lo esperado en el sentido de asignarles a los niños tareas de cooperación que requieren menor responsabilidad y esfuerzo. También está dentro de las expectativas, que asignen a los niños actividades de aprendizaje y de juego, sobre todo en sujetos de clase media, para los cuales el aprendizaje se concibe como relevante para satisfacer sus expectativas sociales y poder conservar una situación de bienestar.

A diferencia de lo anterior, nos resulta llamativa la discriminación de tareas de acuerdo con el sexo ( particularmente en las enunciaciones de las adolescentes ). En las respuestas analizadas, podemos observar claramente un espacio binario: el afuera público para los hombres, y el adentro privado y doméstico para las mujeres. Esto se reitera en la atribución de ocupaciones para niños y adolescentes, ya que en las tareas de cooperación también se delimita ese espacio binario.

Dado que en la situación social argentina actual, las mujeres han ido ocupando espacios de participación y de inserción laboral en los más diversos ámbitos y que, en los últimos tiempos y en sectores medios y bajos, cumplen en muchísimos casos la función de sostén de la familia, resulta interesante este soslayamiento de la realidad a favor de lo que interpretamos como resabios de un mandato cultural fuerte en el cual, el mencionado espacio binario, permanece inalterable para el imaginario social del adolescente. Por otra parte, en lo relacionado con las tareas y responsabilidades de los adolescentes, el hecho de que predominen respuestas en torno a actividades de cooperación con los adultos y sean escasas las referidas a actividades de tipo autónomo, lo interpretamos a la luz de una situación social actual en la que están diferidas las posibilidades de inserción laboral de los jóvenes, con la consecuente dependencia material de los padres, particularmente en sectores medios y altos. No obstante, está dentro de las expectativas que los adolescentes de mayor edad manifiesten mayor autonomía que los más jóvenes, en cuanto a las responsabilidades que asumirían en la isla.

En la argumentación acerca de las edades en las que los jóvenes podrían opinar y participar, así como también respecto de la edad a partir de la cual pueden ser sancionados, aparece en la mayoría de los sujetos la noción de responsabilidad, expresada en términos de “tener conciencia de lo que se hace”, “saber lo que se hace”, “hacerse cargo” de las propias acciones o, directamente, “ser responsable de lo que se hace”. Por otra parte, en muchos adolescentes no está clara la noción de atenuante, por ejemplo, responden considerando la corta edad o la demencia como atenuante.. Confunden así esta noción con la de inimputabilidad, al argumentar que el niño o el demente carece de responsabilidad sobre sus actos.

Por otra parte, es elevado el porcentaje de sujetos que no parecen manejar la noción de responsabilidad juzgada como la capacidad de comprender la intencionalidad de los propios actos (más del 30 %). En estos casos, sólo se hace referencia a una cierta madurez, o a “ser suficientemente grande ”, referencia que podemos relacionar con la consideración frecuente de los 18 años o más, como edad a partir de la cual se puede participar, decidir y ser sancionado. Interpretamos esta situación como una consideración asociada, en los adolescentes, al conocimiento del status jurídico de la mayoría de edad ( 21 años), por un lado, y el derecho al voto y la inimputabilidad para muchos delitos en nuestro código penal (18 años), por otro lado. Es decir que, en los casos mencionados, la noción de responsabilidad, como obligación frente a los demás y como reconocimiento de la intencionalidad de los propios actos, aparentemente, no parece aún psicológicamente construida.

Resulta interesante, aunque dentro de nuestras expectativas, que los adolescentes de clase baja se pronuncien por una participación de los jóvenes a partir de edades más tempranas que los de media y alta. Entendemos que esto está estrechamente vinculado a la más temprana asunción de responsabilidades (laborales, domésticas, cuidado de hermanos menores y, aún la paternidad o maternidad tempranas.) por parte de los sujetos de sectores más bajos. Es decir, que estaría relacionado con una experiencia de vida en la que ellos deben hacerse cargo de roles y funciones que desempeñan los adultos. Esto confirmaría los hallazgos de M.Killen, L.Nucci (1995), D.Hart, M.Yates, S. Fegley y G. Wilson (1995) y de M.Yates (1999), quienes consideran que la experiencia ganada en actividades y roles concretos genera, tanto en el niño como en el joven, la vivencia de que su participación adquiere un sentido real en su contexto de vida.

Respecto de la mencionada anticipación de las edades de participación en sujetos de clase baja, debemos destacar, sin embargo, que en los adolescentes provenientes de un sector sumamente carenciado, se evidencia una concepción de la autoridad como externa y propia de los adultos, conjuntamente con una descalificación de las opiniones de los más jóvenes que es congruente con otros signos de desvalorización de la autoimagen presentes en sus respuestas.

En la mayoría de los sujetos podemos observar una coherencia entre las repuestas sobre la edad a partir de la cual los jóvenes podrían opinar y participar y aquélla a partir de la cual se aplicarían sanciones. También en este caso, un porcentaje significativo de adolescentes de clase baja, aplican sanciones a edades más tempranas que los de media y baja.

Por otra parte, observamos un porcentaje considerable de incongruencia en las respuestas, en el sentido de que la edad a partir de la cual se puede ser sancionado, es mayor que la propuesta para opinar y decidir sobre los asuntos de la comunidad. Interpretamos esto en el marco del contexto social y cultural en el que viven e interactúan nuestro adolescentes, particularmente los pertenecientes a sectores medios y altos, en los que su independencia de criterios y opiniones en lo referido al consumo, al uso del tiempo libre, actividades recreativas y relaciones sociales, tiende a ser cada vez más temprana mientras que, como ya señalamos, se ven diferidas sus oportunidades de independencia económica. Paralelamente, recordamos que un joven puede votar o tener registro de conducción a los 18 años, pero la inimputabilidad para ciertos delitos se mantiene hasta los 18 años (para delitos graves hasta los 16 ; de todos modos, el régimen es mucho menos severo que para los mayores de edad) y que hasta los 21 años interviene la justicia de menores con preservación del principio de velar por el interés del menor. Estas cuestiones son motivo de debate y preocupación pública en las familias y en los medios de comunicación y nuestros adolescentes no están al margen de ello. También podría interpretarse que el adolescente concibe que sus opiniones, acciones y ámbitos de participación, no conllevan efectos o consecuencias a ser “tomadas en cuenta” por el mundo adulto y, en este sentido, pasibles de ser juzgadas y sancionadas hasta tanto no se considere a sí mismo como partícipe de ese mundo.

El hecho, ya mencionado, de que un porcentaje significativo de adolescentes de clase baja considere que se debe sancionar a partir de edades más tempranas o a cualquier edad, entendemos que debe leerse en el marco de interacciones con un contexto familiar y social en el que estos adolescentes sufren tempranamente distintas formas de castigos, discriminaciones o maltrato.

La noción de representatividad política se manifiesta claramente en la mayoría de los sujetos entrevistados en sus argumentaciones en torno a la forma de organización, el gobierno y la toma de decisiones. Las respuestas referidas a estas cuestiones, evidencian el manejo de la noción de consenso o acuerdo sin la cual no es posible acceder a la noción de representatividad. En pocos casos aparece la consideración de programas o plataformas políticas presentadas por distintos candidatos y, a partir de las cuales, se haría la elección de los gobernantes

La mayoría se pronuncia por formas de gobierno democráticas y una organización comunitaria ampliamente participativa. No olvidamos que los adolescentes entrevistados nacieron y se criaron bajo un régimen democrático, después de un largo período de un régimen de facto con características extremadamente autoritarias y represivas, lo cual instaló en la sociedad en la que crecieron un discurso persuasivo de defensa de los valores democráticos y una paulatina recuperación de prácticas democráticas.

Muchos sujetos respondieron en forma espontánea acerca del voto de los integrantes de la comunidad para elegir un gobernante o para la toma de decisiones y, aún en aquellos casos en que no formularon su opinión acerca de la forma de acceso al poder de los gobernantes, señalaron en su mayoría la necesidad del acuerdo y el consenso para la toma de decisiones. En este sentido, quienes plantearon que las decisiones debería tomarlas el gobernante –en algunos casos un líder con características democráticas- sostuvieron también, mayoritariamente, la necesidad de que el gobernante tomase en cuenta la opinión de los integrantes de la comunidad.

Como ya señalamos, la autoridad de tipo político, representada por quien ejerce la función de gobierno (unipersonal en la mayoría de los casos, pero también bajo la forma de un “consejo” en algunos casos) es reconocida por la mayoría de los sujetos como necesaria para la vida en comunidad. Sin embargo, consideramos significativo el porcentaje de respuestas ( en todas las edades y en todos los sectores sociales) en las que la noción de autoridad aparece asociada a la figura de los adultos o de los miembros de mayor edad dentro de la comunidad, argumentándose a favor de su “experiencia” y de una “sabiduría” de los ancianos que redundaría en el bien común, ya fuere en la toma de decisiones, como en la función de gobierno. Esta concepción de los mayores de la comunidad como depositarios de la sabiduría y a la que el grupo debe apelar en su propio beneficio, nos sorprende en la medida en que vivimos –también nuestros adolescentes, desde luego- en una cultura que no sólo exalta a la juventud como valor sino que posterga, y hasta descuida, a los ancianos cada vez en mayor medida. Es decir que, lo que aparentemente resulta valioso para un número significativo de entrevistados, no se manifiesta como valorado en las prácticas actuales de la sociedad en que vivimos. Es posible leer esa concepción de los sujetos como una necesidad, revelada a través del imaginario de los adolescentes, de depositar en esos “ancianos de la tribu”, la contención que precisan y, más aún, la clave de su malestar presente por ser aquéllos los que conocen “la historia de la comunidad”, símbolo de la génesis del malestar mismo e instancia fundamental para resolverlo.

El hecho de que más de un 20 % responda negativamente a la pregunta por si se necesitaría alguien que gobernara a la comunidad en la isla –aunque la mayoría proponga luego una forma de organización política que supone la idea de gobierno- lo podemos interpretar en el contexto actual de un rechazo de los jóvenes por los políticos, y por el ejercicio mismo del poder político, que ven asociado a la corrupción y a la manipulación en función de intereses personales o de grupo, que no son los de la comunidad.

En ello, observamos una coincidencia con las conclusiones de Marta, Rossi y Boccacin (1999) que señalan el rechazo a los políticos tradicionales en los jóvenes de Lombardía. Esta hipótesis se ve reforzada por la respuesta que los sujetos entrevistados dan acerca de las causas por las cuales el grupo de la situación ficticia planteada decidió emigrar hacia la isla; en este sentido, los motivos de orden político fueron los más señalados por los adolescentes.

Siguiendo a Adelson y Greemstein (1997) respecto de su consideración acerca del predominio inicial de lo afectivo sobre lo cognitivo en las primeras etapas del desarrollo de las nociones políticas, entendemos que, en muchas de las argumentaciones de los sujetos entrevistados, se revela una dificultad o imposibilidad para despersonalizar la noción de gobierno y para considerar los intereses de la comunidad en cuanto tal y no sólo los intereses de los individuos. Por otra parte, la idea de gobierno aún aparece en muchos casos asociada a la de mando; es necesario que haya un gobernante porque “debe haber alguien que mande”. Recordamos que Connell (1971), señalaba esta asociación como propia de las concepciones iniciales del sujeto acerca del gobierno.

Muchos de los que proponen una democracia directa y la “asamblea” como espacio deliberativo, admiten la función del gobernante como mediador o árbitro frente a la emergencia de conflictos, pero conservando la asamblea como ámbito institucionalizado que garantiza el protagonismo de todos en la toma de decisiones. Algunos adolescentes, a partir del reconocimiento de distinto tipo de conflictos, establecen para la toma de decisiones la diferencia entre problemas de orden privado (aquéllos que se resuelven en el ámbito familiar y no deben trascenderlo) y los de orden público (aquéllos que competen a todos en tanto comunidad y que, por ende, deben ser debatidos por todos).

A partir del análisis de las respuestas de los adolescentes, observamos que los de mayor edad y de sectores sociales más favorecidos, que manifiestan una comprensión de los aspectos más complejos de la organización social, tienen, consecuentemente, una comprensión de lo político menos determinada por identificaciones y componentes afectivos y, por ende, más despersonalizada y abstracta.

En lo que respecta a las leyes y sus funciones, en general podemos concluir que aquéllas son concebidas como un conjunto de normas consensuadas que regulan la vida social y que emanan de la misma comunidad, con independencia de la autoridad política. En este aspecto, observamos lo señalado por Ana Berti, respecto de que, entrado en la adolescencia, el sujeto tiende a concebir las leyes como elaboradas con la participación de todos.

En algunos sujetos de mayor edad, particularmente de sectores medios y altos, se manifiesta la necesidad de señalar que todos, incluido el gobernante, deben someterse al orden establecido por las leyes.

No obstante lo antes destacado, observamos niveles más altos que los esperados de una comprensión coercitiva de la función de las leyes, vinculada, por un lado, a una visión de la ley como límite y, por otro, a una concepción de los intereses individuales como potencial fuente de conflictos en las interrelaciones con los demás.

En cuanto a la función ordenadora de las leyes que se infiere de las respuestas de la mayoría de los sujetos entrevistados, presenta diferentes características según los sujetos: una determinación del cómo comportarse dentro de la comunidad como espacio de relaciones intersubjetivas; de lo que está bien y de lo que está mal; de la garantía del respeto mutuo y de una convivencia armónica, o el establecimiento de principios comunes que rijan la conducta y preserven los derechos de todos los integrantes de la comunidad.

Con respecto a las sanciones, observamos un porcentaje muy elevado de respuestas a favor de sanciones de carácter expiatorio en todas las edades y clases sociales y, particularmente en el sexo masculino. Sin embargo, en muchos casos, los adolescentes optaron por este tipo de sanción ante la reincidencia, proponiendo una primera instancia en la que se arbitren medios no punitivos para que los individuos recapaciten acerca de la transgresión o falta cometida. En este sentido, también para quienes proponen la cárcel, hay diferencias entre los que consideran la cárcel como aislamiento expiatorio y los que la consideran como un lugar de rehabilitación. Algunos distinguen también en cuanto a la gravedad de los delitos, proponiendo la cárcel o el exilio para los más graves y reincidentes.

El aumento de los niveles de delincuencia e inseguridad en nuestro país ha instalado en los medios de comunicación y en la opinión pública en general una creciente preocupación y el consiguiente debate acerca de la necesidad de aplicar penas más severas que las que contempla nuestro código penal y de la necesidad de construir nuevas cárceles. Entendemos que esto se ve reflejado en las respuestas de los sujetos entrevistados respecto de las sanciones de carácter expiatorio. Es preciso reconocer que la sociedad en la que viven apunta al castigo expiatorio y no a la sanción rehabilitadora, circunstancia mucho más frecuentemente experimentada en los sectores socialmente desfavorecidos y marginados y, más específicamente aún, en el caso de adolescentes que son derivados a instituciones de minoridad supuestamente rehabilitadoras.

En cuanto al exilio como sanción, aparece claramente asociado en las argumentaciones con la no aceptación de los principios, reglas o normas establecidos por el grupo, lo cual tiene como consecuencia la imposibilidad de convivencia armónica y la exclusión del grupo. Desde la lógica de muchas de las respuestas, dicha exclusión implica de suyo una autoexclusión en la medida en que el individuo no comparte los principios que la comunidad se da a sí misma. En tanto que el exilio supone una ruptura y una pérdida definitiva de vínculos con los miembros de la comunidad, resultaría comprensible la menor inclinación por esta sanción de parte de las adolescentes, desde la perspectiva de Gilligan antes señalada. En el caso de los varones, en cambio, el sentido de obligación hacia la ley precedería a los aspectos vinculares. Entendemos que esta diferencia tiene que ver con diferencias genéricas en la participación política, gremial, sindical, etc. El exilio tiene siempre una connotación política y, en este sentido, es el hombre el que se exilia de la comunidad políticamente organizada, mientras que la mujer lo hace del espacio doméstico.

Hemos observado que las sanciones reparatorias aparecen más en el sexo femenino que en el masculino. En este sentido, coincidimos con la perspectiva de Gilligan respecto de su apreciación sobre el énfasis puesto en lo vincular, en el cuidado y la responsabilidad en las relaciones, como característico del pensamiento femenino. En las argumentaciones de las adolescentes aparece con claridad la ayuda a otros más débiles o necesitados o los trabajos de servicio comunitario como formas de reparación, a la vez que de reeducación de quienes defraudan la confianza de la comunidad..

Por otra parte, entendemos que, aún cuando revele un carácter expiatorio, el trabajo forzado presenta también, en algunas de las argumentaciones de los adolescentes, características de servicio a la comunidad y de rehabilitación. del transgresor.

En lo referido a la consideración de atenuantes, ya hemos señalado la confusión de esta noción con la de inimputabilidad en muchos de los sujetos entrevistados. De todos modos, es clara la diferencia entre quienes reconocen como atenuante ciertas circunstancias del sujeto que están asociadas con la no intencionalidad de causar un daño y la ausencia de responsabilidad (como en el caso de la corta edad, la locura o la discapacidad mental) y aquéllos que relacionan la noción de atenuante con la mayor o menor gravedad de la falta cometida. Al dejar de lado la intención, parecen mantener aún un realismo moral en el sentido señalado por Piaget. En éste último caso, como así también cuando manifiestan no comprender la pregunta, a pesar de la explicación del significado por parte del entrevistador, evidentemente, el sujeto no maneja la noción aludida. No lo hemos evaluado así en el primer caso (confusión con inimputabilidad) ya que, más allá de su interpretación jurídica, el hecho de que los adolescentes consideren que debe disminuir o no aplicarse la sanción, tiene relación directa con su comprensión de la intencionalidad del sujeto para obrar en un determinado sentido, de la ausencia de voluntad de transgredir, y es este reconocimiento el que hemos priorizado desde el punto de vista del desarrollo psicológico. De todos modos, se revela aquí un deficit en la comprensión de las circunstancias atenuantes como aquéllas en las que el actor conserva la conciencia y la responsabilidad sobre sus actos y las consecuencias de los mismos, si bien los móviles que lo llevan a una determinada acción no provienen de la voluntad de transgredir.

Deseamos destacar que es, además, manifiesta la diferencia entre quienes no tienen noción de atenuantes y quienes no consideran atenuantes. En éste último caso, los entrevistados sostienen explícitamente que todos son iguales ante la ley o que la ley debe ser pareja para todos, o bien que no importa la intención sino la acción o el daño causado. En este sentido, la no consideración de atenuantes es decreciente a medida que aumenta la edad - si bien encontramos un pico de elevación entre los 16 y los 17 años- y es proporcionalmente mayor en clase baja, en la que, coincidentemente, se da un mayor índice de interpretación coercitiva de la ley. También resulta significativa la mayor consideración de atenuantes en el sexo femenino, lo cual interpretamos en el marco ya expuesto del análisis de Gilligan y se corresponde con mayores índices de sanción reparatoria, de la opción por la ayuda y el trabajo social como acciones reparatorias y por el aspecto socializador y la enseñanza de normas de convivencia en la escuela.

Respecto de la escolarización, hemos señalado que la gran mayoría de los adolescentes la consideran necesaria para la educación de niños y jóvenes, aunque algunos pocos reserven la función educativa a los padres. En la mayoría de los casos aparece expresamente la necesidad de crear una escuela en la isla y se reconoce, simultáneamente, la necesidad de una institución específicamente educativa para la supervivencia de la comunidad como tal.

Por otra parte, si bien un porcentaje significativo (particularmente en los de mayor edad) se pronuncia por la adquisición de conocimientos y habilidades que hagan posible la supervivencia y la calidad de vida material en la isla, alrededor del 50% no hipotetiza sobre otras alternativas vinculadas a sus intereses y “reproduce” la escuela y los contenidos de enseñanza que hoy recibe. Sin embargo, en un número significativo de casos, se realiza una crítica más o menos explícita a la escuela que conocen al afirmarse que deberían enseñarse cosas que sirvan para la vida, conocimientos que se puedan y se sepan aplicar. También hay quienes enfatizan la necesidad de enseñar normas de convivencia y respeto mutuo, y este tipo de respuestas son más frecuentes en adolescentes de clase baja.

En cuanto a los motivos o razones por los que emigraron, si bien los motivos políticos aparecen con mayor frecuencia, podemos hacer algunas distinciones que creemos significativas. En primer lugar, la mayoría de los motivos que enuncian los adolescentes aparecen frecuentemente asociados a la responsabilidad de los gobernantes, de modo que la principal causa de la emigración del grupo sería su descontento y malestar a consecuencia de un estado de cosas generado por las acciones de los gobernantes. Por otro lado, en el sexo femenino tienen una relevancia considerablemente mayor que en el masculino la corrupción, la seguridad, la injusticia social y las causas medioambientales (contaminación). En las argumentaciones de las adolescentes estos aspectos aparecen generalmente asociados a la preocupación por el cuidado y la protección de las personas o los vínculos entre las personas. Es entonces a partir de ello que se genera el cuestionamiento desde la perspectiva femenina.

Los motivos políticos en los varones se refieren, en la mayoría de los casos a situaciones de disconformidad con los gobernantes, persecución política o circunstancias políticas que determinan la imposibilidad o la dificultad para el ejercicio de sus derechos y de su libertad. En este sentido, también la discriminación es un motivo más propuesto por el sexo masculino.

El hecho de que tanto la corrupción como la injusticia social sean respuestas que tienen mayor incidencia en clase media y alta y que tienden a aumentar con la edad de los sujetos entrevistados, lo interpretamos a partir de factores de orden cognitivo, ya que se trata de nociones que requieren mayores niveles de generalización y abstracción que la enunciación de causas concretas como la falta de trabajo, el abuso de poder o la mala administración de los gobernantes, la persecución u otras razones que, de suyo, implican corrupción e injusticia social.

También es importante destacar que los motivos económicos en general y el de desempleo en particular, alcanzan, sumados, un nivel mayor que el de las causas políticas en todas las clases sociales y en casi todas las edades, lo cual consideramos vinculado a la preponderancia de estos factores de disconformismo social en el discurso familiar y en la opinión pública en general

Fue poco significativo el nivel de respuestas que consideraron como causa factores de carácter utópico como el de construir una nueva sociedad, de pensar otro modo de ser posible de constitución y organización de la comunidad; si bien en algunos casos se esbozó esta idea a partir del malestar o la disconformidad con la sociedad en la que vivía el grupo.

Resulta interesante el hecho de que muchos adolescentes hicieran referencia al lugar desde el que hipotéticamente emigró el grupo como “la ciudad”. Parecería que no conciben el ámbito propio de una comunidad como país, nación o estado sino que estaría circunscripto al espacio urbano en el que ellos mismos viven. También nos parece importante señalar que esta pregunta fue la que movilizó mayores mecanismos de identificación con los protagonistas de la historia ficticia, por parte de los adolescentes. Esto se vio reflejado en muchas respuestas poco mediatizadas por un pensamiento hipotético y directamente correlacionadas con la situación que viven en su propio medio social y cultural. El discurso refleja, en muchos casos, el malestar afectivo de los adolescentes frente a dicha situación.

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