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OEI - Cumbres y Conferencias Iberoamericanas - XIII Cumbre - XIII CIE

XIII Conferencia Iberoamericana de Educación
Tarija, Bolivia, 4 y 5 de septiembre de 2003

La Educación como Factor de Inclusión Social(1)

(Documento de Trabajo)

Presentación

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos que se reunirán en la Cumbre de 2003 (Santa Cruz de la Sierra) van a dedicar su atención al análisis de los problemas que plantea la exclusión social y al estudio de las medidas capaces de promover una inclusión efectiva. En un tiempo de rápidos cambios económicos y sociales, que afectan fuertemente a los países de Iberoamérica, el riesgo de exclusión de sectores significativos de población representa algo más que un lejano problema, hasta el punto de constituir una preocupación acuciante. En consecuencia, el compromiso por conseguir la inclusión reclama la atención y la participación activa de todos los actores sociales y políticos.

Las autoridades educativas de los países iberoamericanos son conscientes de que el logro de la inclusión social es una tarea compleja, que implica la confluencia de múltiples agentes y el desarrollo de políticas convergentes, pero también poseen la certeza de que la educación está llamada a desempeñar un papel relevante en ese empeño de carácter integrado. Si bien es cierto que la educación es sólo uno de los factores que deben contribuir a promover una inclusión social efectiva, no se puede ignorar que su aportación resulta indispensable para conseguir ese objetivo.

Por ese motivo, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) quiere alimentar la reflexión acerca de los medios que pueden aplicarse para promover la inclusión social y las vías en que la educación y la formación pueden contribuir a la consecución de dicha meta. Con esa finalidad, ha elaborado este documento, cuyo propósito es doble. En primer lugar, pretende aportar algunas reflexiones acerca del papel que desempeñan los sistemas de educación con vistas al logro de la inclusión social. En segundo lugar, quiere ofrecer un marco analítico que estimule el intercambio y el debate transnacional sobre algunas iniciativas tendentes a evitar la exclusión y promover la inclusión por medio de la educación.

El documento consta de dos partes. La primera pretende analizar la contribución que la educación puede realizar para lograr la inclusión social y consta de tres secciones: en la primera se abordan los desafíos que plantea en la actualidad el logro de la inclusión social; la segunda se dedica al análisis de las políticas orientadas a conseguir ese objetivo; y la tercera se centra en el papel que desempeñan en ese contexto los sistemas de educación y formación. Esta primera parte del documento se complementa con los documentos aportados por los países, en los que se exponen algunas experiencias concretas que pretenden mostrar cómo se pueden abordar estos problemas que a todos preocupan.

El Desafío de la Inclusión Social

Como muchos analistas han puesto de relieve, los cambios que se están experimentando a escala mundial durante los años finales del siglo XX y los iniciales del XXI están afectando directamente a los modelos hasta ahora vigentes de organización social e introduciendo modificaciones de cierta envergadura en la estructura y el funcionamiento de nuestras sociedades. Entre las consecuencias de dichos cambios, debemos destacar la ruptura de los modos tradicionales de integración social, sin que hayan llegado todavía a ser sustituidos por otros alternativos. El Informe Delors ya advertía en 1996 que “no se puede dejar de observar hoy día en la mayoría de los países del mundo una serie de fenómenos que denotan una crisis aguda del vínculo social”. Entre esos fenómenos cabe mencionar el desarraigo que provocan las migraciones y el rápido abandono del medio rural, la dispersión de las familias, la urbanización desordenada o la ruptura de los modos tradicionales de solidaridad basados en la proximidad. La confluencia de dichos fenómenos, se decía en el informe, ha creado una situación en la que asistimos, en términos generales a “una impugnación, que reviste diversas formas, de los valores integradores”2.

Esas palabras no deben hacer creer que el problema de la exclusión sea reciente, pues los procesos de segmentación y segregación han aquejado siempre a todas las sociedades, en una u otra forma y en mayor o menor medida. La tensión que existe entre la tendencia a la integración social y su reverso, la realidad de la exclusión, resulta claramente apreciable a través del tiempo y de las culturas. Lo que sucede es que, a los procesos tradicionales de exclusión, se añaden ahora otros que vienen a reforzar peligrosamente aquella tendencia.

Entre las causas tradicionales de exclusión social debemos destacar en primer lugar el fenómeno de la pobreza, que constituye al mismo tiempo una de sus principales manifestaciones. El problema resulta especialmente grave cuando los recursos ni siquiera alcanzan para satisfacer las necesidades más básicas, como la alimentación o la vivienda, esto es, cuando la situación llega a ser de pobreza extrema o de indigencia. La falta de recursos suficientes para afrontar la propia vida con dignidad implica el riesgo de exclusión social, formando además un círculo intergeneracional del que resulta difícil escapar.

La realidad de la pobreza es actualmente preocupante en América Latina. Como diversos estudios han puesto de manifiesto, afecta a más del 45% del total de los habitantes de la región. A su vez, la extrema pobreza o indigencia llega a afectar aproximadamente al 20% de la población. Si bien es cierto que en los años iniciales de la década de los noventa se produjo una reducción de esas cifras, recuperando parte del retroceso experimentado en la denominada “década perdida” de los ochenta, hacia 1997 se produjo un estancamiento de tal tendencia, que en los primeros años del nuevo siglo llegó incluso a revertirse. La situación es tan preocupante que un informe reciente de CEPAL ha llegado a alertar acerca de “un grave deterioro en el panorama social de la región”(3).

Si la pobreza afecta de manera grave al conjunto de la población de América Latina, parece cebarse especialmente con la infancia, puesto que más de la mitad de los niños y niñas de la región la padecen. La pobreza infantil está a menudo asociada con una exclusión de los servicios y las oportunidades que les corresponden, lo que contribuye a perpetuar su transmisión intergeneracional(4). La situación se agudiza especialmente en las áreas rurales, donde llega a afectar aproximadamente a las tres cuartas partes de sus habitantes. La ruralidad se configura así como un factor que tiende a reforzar el círculo de la pobreza y que impulsa la emigración a las zonas urbanas, lo que a su vez genera nuevos problemas de integración.

Las diferencias de bienes y recursos económicos son tan importantes como para haber constituido el fundamento de buena parte de los procesos de exclusión registrados históricamente, pero lo cierto es que no llegan a explicarlos totalmente. En realidad, la exclusión se genera a partir de algunas diferencias naturales o sociales que existen entre los individuos y los grupos sociales, a las que se concede especial significación y a las que se asocian procesos de segregación. Puede decirse que la diferencia no explica la exclusión por sí misma, pero constituye la base sobre la cual se construye.

Entre esos otros tipos de diferencias, hay que comenzar mencionando las de género, muchas veces utilizadas como criterio de segregación, de asignación de posiciones sociales o incluso de exclusión. Aunque es cierto que a lo largo del siglo XX se fue extendiendo una conciencia creciente acerca de la igualdad entre hombres y mujeres, que produjo avances tales como la concesión del voto femenino o la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral, la situación de desigualdad no puede considerarse completamente superada.

Otro tipo de diferencias que han servido de fundamento a procesos de exclusión son de origen étnico. La pertenencia a comunidades indígenas o a grupos minoritarios ha llevado en ocasiones asociada la represión de los rasgos culturales específicos o de la lengua propia, la postergación social y, en última instancia, la exclusión. La historia de Iberoamérica ha conocido muchos procesos de este tipo, que han provocado incluso la desaparición de algunas comunidades indígenas, o al menos de su cultura. En las últimas décadas se ha difundido una mayor sensibilidad en relación con la necesidad de respetar la diferencia, al entender que la diversidad cultural y lingüística es fuente de riqueza y no motivo de rechazo. Pero la situación está lejos de haberse solucionado, pues todavía existen situaciones de marginación o de exclusión asociadas a diferencias étnicas, que adquieren una especial significación cuando se asocian con procesos migratorios.

En un mundo globalizado, que asiste al traslado masivo de grandes conjuntos de población, tanto dentro como fuera de sus fronteras de origen, el desarraigo cultural y social que provoca la emigración, unido a la diferencia étnica, corre el riesgo de convertirse en factor de exclusión para muchas personas. Incluso en el interior de la región iberoamericana, cuyos habitantes comparten muchos rasgos culturales y lingüísticos comunes, se producen este tipo de procesos de exclusión, que no dejan de preocupar tanto a los países receptores de inmigrantes como a los países de emigración.

Un último tipo de diferencia causante de exclusión es la que se asocia a algún tipo de discapacidad. Las personas con algún tipo de problemas físicos, mentales o de otra naturaleza para desarrollar una vida considerada normal han chocado históricamente con diversos obstáculos para su integración y han visto limitadas sus posibilidades de desarrollo. Aunque también este tipo de diferencias han perdido legitimidad como fundamento de procesos de exclusión, no puede decirse que hayan llegado a aceptarse plenamente.

Las diferencias de tipo socioeconómico, de género, de naturaleza étnica o las ligadas a discapacidades son causa de algunos procesos de exclusión que aún hoy se siguen registrando en la mayor parte de nuestros países, aunque sea con distinta intensidad. Pero la situación es más grave, y tiene menos vías de salida, cuando varias de esas causas confluyen en una misma persona o grupo social o cuando se asocian con fenómenos migratorios, de éxodo rural o de desarraigo cultural o social. Por lo tanto, conviene analizar tales fenómenos de manera interrelacionada, dado que sus efectos pueden reforzarse mutuamente, agravando su impacto.

Como se señalaba al comienzo de este apartado, los fenómenos tradicionales de exclusión, que han llegado a despertar con el paso del tiempo una conciencia favorable a su superación, se ven hoy combinados con otros más recientes, que tienen su origen en las nuevas condiciones sociales y productivas en que vivimos. Entre ellos merece la pena mencionar la importancia y la significación de lo que ha dado en llamarse la “brecha digital”, que está sirviendo de fundamento a la aparición de nuevos procesos de exclusión laboral y, en última instancia, económica y social. La pervivencia de los fenómenos tradicionales de exclusión, junto a la aparición de nuevos procesos del mismo tipo pero de otras características, constituye un rasgo distintivo de nuestras sociedades contemporáneas.

La existencia de diversos fenómenos y procesos de exclusión plantea problemas preocupantes a nuestras sociedades. En consecuencia, el objetivo de la inclusión social supone un gran desafío, en cuya respuesta nos jugamos buena parte de nuestro futuro colectivo. Ese desafío tiene dos vertientes complementarias, que merecen una mención específica.

La primera vertiente de ese desafío consiste en responder al reto de asegurar la cohesión social en sociedades crecientemente plurales, diversas y mixtas. Si la diferencia no puede constituirse en fundamento de la exclusión, sino que, al contrario, debe considerarse fuente de riqueza personal y colectiva, hay que concederle un espacio propio y debe aceptarse sin reservas. Pero ello no debe hacer olvidar las dificultades que esa situación plantea. En el contexto de pérdida de los valores integradores que mencionaba el informe Delors y ante la evidencia del crecimiento de las desigualdades y de la polarización social, el reto de la cohesión no puede considerarse un simple eslogan, sino que constituye un desafío ineludible.

La segunda vertiente de ese desafío tiene que ver con el reto que supone evitar el “gasto de talento” de una parte importante de la sociedad. Las circunstancias actuales exigen aprovechar todos los recursos de que dispone un país para conseguir un mayor desarrollo económico y social. Los recursos humanos son fundamentales desde esa perspectiva y no se pueden desaprovechar. No se trata solamente de proporcionar oportunidades de desarrollo personal a los ciudadanos de nuestros países, exigencia que resulta irrenunciable para cualquier sistema político democrático, sino que el desafío va aún más lejos, puesto que el desarrollo social y colectivo puede verse seriamente hipotecado si se renuncia al talento que cada persona puede aportar a la tarea colectiva.

Así pues, la inclusión social constituye un verdadero desafío para los países de la comunidad iberoamericana. Aunque existan dificultades reales para lograrla, no podemos menospreciar los riesgos que corremos si renunciamos a ese objetivo.

Las Políticas Orientadas a la Inclusión Social

Las autoridades y los gobiernos de los países iberoamericanos no pueden ignorar la importancia del desafío que supone el logro efectivo de la inclusión social, lo que ha impulsado la puesta en marcha de políticas de diverso tipo para intentar dar respuesta a los problemas planteados. Las políticas orientadas a la inclusión cuentan con cierta tradición en Iberoamérica, aunque es justo reconocer que no siempre han tenido la misma importancia ni idéntico empuje en todos los países ni en todas las circunstancias históricas.

Un primer tipo de políticas puestas en práctica para combatir la exclusión son las orientadas a la reducción de la pobreza. Su objetivo central consiste en el fortalecimiento de la capacidad de crecimiento, considerando que un mayor nivel de producción de riqueza es indispensable para evitar la pobreza que sufre una parte de la población. No obstante, el crecimiento económico no resuelve por sí solo todos los problemas planteados, de tal modo que los países más comprometidos en la reducción de la pobreza han acompañado este tipo de políticas de crecimiento con otras orientadas a la progresiva redistribución de los recursos y a la mejora de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos. Como ha puesto de relieve un reciente informe de CEPAL, el impacto que la redistribución de los ingresos puede producir sobre la reducción de la pobreza es muy considerable, especialmente para algunos países de la región, lo que hace necesario “complementar el crecimiento económico con políticas que apunten a corregir las disparidades distributivas”(5).

El objetivo de la reducción de la pobreza y la eliminación de la indigencia exige además otras políticas complementarias, orientadas a la mejora de las condiciones de vida. Entre ellas destacan algunas como la dotación de infraestructuras y servicios básicos a las regiones más desfavorecidas o a las poblaciones aisladas, la reducción de la mortalidad, especialmente la infantil o la materna, o la contención de la incidencia de las enfermedades endémicas y del SIDA. Este tipo de políticas contribuyen a romper el círculo de la pobreza y a permitir el desarrollo de la población desfavorecida. Al atacar directamente algunas de las causas que producen la exclusión, constituyen un instrumento poderoso para el logro de la inclusión social.

Especial importancia tienen en este contexto las políticas orientadas a la interrupción de la transmisión intergeneracional de la pobreza, entre las que se debe destacar las que pretenden acabar con las diversas formas del trabajo infantil. Impulsados por la existencia de salarios que resultan insuficientes para mantener a las familias de los trabajadores adultos, son muchos los niños y niñas que realizan distintos tipos de trabajo para contribuir al sostenimiento familiar. En una cruel paradoja, la participación de los niños en el mundo laboral, compensada o no con salario, no resuelve el problema de la pobreza familiar y, en cambio, les condena a una pobreza futura. Por lo tanto, los países más sensibles a la necesidad de la inclusión social han adoptado distintas políticas encaminadas a combatir el trabajo infantil, lo que además permitirá lograr una escolarización más eficaz. Las niñas son un objetivo especial de dichas políticas, dada su situación vulnerable y su abandono escolar temprano, lo que repercute posteriormente en la reproducción familiar de las condiciones de desventaja.

Las políticas sociales, tanto las de protección como las de desarrollo, también ocupan un lugar relevante entre las orientadas al logro de la inclusión. Los países de la región realizaron un esfuerzo considerable durante los años noventa, lo que tuvo su reflejo en el aumento que experimentó el gasto social, especialmente en comparación con la caída que había sufrido a lo largo de la década anterior. No obstante, la situación de crisis económica que algunos países están viviendo en la actualidad ha supuesto una nueva disminución de dicho gasto, precisamente en unas circunstancias que requerirían su aumento sostenido. Entre los sectores que más se han beneficiado del incremento del gasto social, hay que mencionar la educación y la salud, lo que constituye un acierto. De todos modos, hay que reconocer que el gasto social no ha sido siempre utilizado eficazmente, lo que obliga a poner en marcha mecanismos de control y de rendición de cuentas que aseguren el uso correcto de los recursos movilizados.

Una novedad importante que han experimentado las políticas orientadas a la inclusión social consiste en su progresivo alejamiento de criterios exclusivamente ideológicos. Aunque las diferencias ideológicas son plenamente legítimas en nuestras sociedades plurales, como también lo es la existencia de diversos programas de actuación propuestos por los partidos políticos y las organizaciones sociales, y aun aceptando la existencia de diversos conflictos de intereses en este campo, en los últimos tiempos se ha producido un fenómeno de confluencia de posiciones acerca de la necesidad de conseguir una inclusión social efectiva. Las razones que impulsan dicha aproximación son de naturaleza más pragmática que ideológica y tienen que ver con los dos desafíos mencionados anteriormente: la necesidad de la cohesión social y las consecuencias no deseadas del gasto de talento. Como resultado de esa evolución, no se puede considerar que la exigencia de la inclusión concierna solamente a determinados países o gobiernos. No es posible ignorar actualmente que la inclusión social de toda la población constituye una necesidad ineludible, por motivos de bienestar social y de desarrollo económico.

En todo caso, el reconocimiento de esta exigencia práctica no debe hacer olvidar que la exigencia de la inclusión deriva de una posición ética que tiene su fundamento en los derechos humanos y en el criterio de equidad. La inclusión se considera como un derecho humano, vinculado a nociones de justicia social. En contrapartida, la exclusión supone un acto de discriminación y, como tal, resulta inaceptable.

La aceptación de la conexión que existe entre las políticas de inclusión y una ética basada en los derechos humanos implica la exigencia de una responsabilidad pública a favor de la inclusión y en contra de la exclusión. Esa responsabilidad corresponde prioritariamente al Estado, si bien debe contar para su ejercicio con la participación de la sociedad civil en sus diversas expresiones. A fin de cuentas, la inclusión social representa un desafío que afecta al conjunto de nuestras sociedades, por lo que debe movilizar a una multiplicidad de actores.

Como puede apreciarse, las políticas orientadas al logro de la inclusión son diversas y afectan a distintos campos de actuación. Los sistemas de educación y de formación desempeñan un papel relevante en ese contexto, pero su actuación debe complementarse con la que se desarrolla en otros ámbitos. No cabe esperar ningún tipo de actuación milagrosa por parte de los sistemas de educación y formación para resolver tan importante problema social como es el de la exclusión.

Por ese motivo, resulta especialmente necesaria la concepción integrada de las políticas de inclusión. Dicha integración responde a criterios de eficacia y eficiencia en la gestión pública y deriva de la experiencia de largas décadas de intervenciones en campos diferenciados, que han generado insatisfacción por sus limitaciones. Concretamente, la integración de servicios para atender a las familias y a la infancia en situación de riesgo se ha convertido en un nuevo programa de actuación social que orienta las políticas de un número creciente de países desarrollados(6), sirviendo de orientación y estímulo para las autoridades y los gobiernos de la región.

La Contribución de la Educación para la Inclusión Social

Entre las políticas orientadas al objetivo de la inclusión social, las de tipo educativo ocupan un lugar sin duda privilegiado, si bien hay que aceptar que es forzosamente relativo. En efecto, no se puede creer que las políticas educativas puedan ser la única (ni quizás la mejor) solución para problemas sociales de tan gran envergadura. Los esfuerzos realizados por todos los países durante décadas para fomentar la inclusión por medio de la educación no siempre se han saldado con éxito y hoy en día sigue existiendo una conexión clara entre exclusión educativa y exclusión social, que es forzoso reconocer.

No obstante, aunque haya que insistir en que la educación y la formación no pueden resolver por sí mismas los problemas sociales existentes, tampoco se puede menospreciar su contribución, que resulta decisiva. Las Cumbres Iberoamericanas de La Habana (1999), Panamá (2000), Lima (2001) y República Dominicana (2002) han reconocido la importancia y subrayado el papel que la educación desempeña para el logro de la justicia social y la equidad. Como se insistía en la última Cumbre, la educación es “un factor fundamental de desarrollo, equidad social y fortalecimiento de una sociedad democrática”(7).

Son varias las razones que avalan la necesidad de hacer frente a los procesos de exclusión por la vía educativa. Entre ellas, hay dos que sobresalen especialmente. La primera tiene que ver con la incidencia que presentan entre los más jóvenes ciertas condiciones que favorecen la exclusión. Por ejemplo, no es aceptable que las tasas de pobreza de la población infantil sean mayores que el promedio de la región, como se recordaba más arriba. Se trata de un hecho que debería hacernos reflexionar y que exige una actuación pública enérgica. La segunda razón se refiere a la existencia de canales de transmisión intergeneracional de la exclusión, entre los que el trabajo infantil y la deserción escolar ocupan un lugar destacado, que obliga a diseñar y aplicar políticas capaces de romper ese círculo fatal.

La educación puede contribuir de manera significativa a paliar ambos efectos, mediante una actuación decidida a favor de los sectores de población que corren el riesgo de la exclusión o que han caído en ella. La atención a ambos grupos – los excluidos y los que están en riesgo de serlo – constituye el fundamento de las dos líneas complementarias de actuación que pueden seguir los sistemas educativos.

a) Una función preventiva

La primera línea de actuación tiene un carácter que podríamos denominar preventivo. Incluye diversas iniciativas educativas que pretenden contribuir a evitar que se produzca la exclusión, o que se reproduzca, en caso de existir previamente. Esta línea de actuación está basada en la oferta de una educación de calidad para todos, argumento que se ha convertido en una de las orientaciones fundamentales de la política educativa actual.

La demanda de una educación de calidad para todos, que incluye una exigencia paralela de equidad, se traduce en una serie de directrices de actuación, que merece la pena detallar:

  • En primer lugar, se debe promover el acceso a la educación y una escolarización completa de todos los niños y jóvenes, pero especialmente de aquellos que pertenecen a colectivos en situación de riesgo. Las tasas de escolarización de los países iberoamericanos han mejorado sensiblemente, pero aún subsiste un fenómeno preocupante de deserción temprana, que está acompañado por otro de finalización o abandono de los estudios sin haber obtenido el título correspondiente. Hay que tener en cuenta que, a medida que se generaliza el acceso a la educación, la deserción o el fracaso en la obtención de la titulación básica implica un mayor riesgo de exclusión, lo que obliga a actuar con decisión. Puede decirse que la expansión escolar tiende paradójicamente a crear una nueva exclusión educativa, que viene muchas veces a sumarse a otros factores de riesgo.
  • En segundo lugar, se deben ofrecer unas condiciones comparables de calidad educativa para todos, de manera que la diferencia cualitativa no contribuya a reproducir el círculo de la exclusión. En este sentido, hay que mirar con preocupación el deterioro que se registra en algunos países en las instituciones de educación pública, que pueden llegar a convertirse en centros asistenciales de atención a sectores de población en situación de riesgo. Si ese proceso sigue adelante, puede llegar a distorsionar gravemente la función integradora que la educación pública ha desempeñado en Iberoamérica.
  • En tercer lugar, se debe asegurar la dotación suficiente de recursos a todas las instituciones, de manera que pueda asegurarse la mayor igualdad posible de resultados escolares. Desde este punto de vista, hay que conceder una gran importancia a la incorporación decidida de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, ayudando así a prevenir la aparición de la mencionada “brecha digital”. Por otra parte, la utilización de dichas tecnologías puede ayudar a suplir los déficits educativos que sufren los niños que están en circunstancias especiales o que vieven en lugares aislados.
  • En cuarto lugar, hay que esforzarse por lograr la adquisición de un conjunto de competencias básicas por parte de todos los escolares, que contribuya a aumentar el capital social o cultural de los individuos y del conjunto de la población. La escuela debe desempeñar un papel importante por esta vía para el aumento del capital social.

La inclusión educativa tiene especial importancia para aquellos colectivos que presentan algunas de las diferencias antes señaladas, ya que sabemos que tales diferencias pueden llegar a convertirse en causa de exclusión social. Así, las niñas requieren una atención educativa especial, sobre todo en aquellos países donde sus tasas de deserción escolar y de incorporación al mundo laboral son más elevadas. La educación de las mujeres de mañana no es simplemente una cuestión de justicia social, sino que tiene implicaciones muy importantes para el desarrollo social futuro, dado el papel que desempeñarán en la educación de los hijos, en la salud y la economía familiar y en la creación de un ambiente estimulante en el hogar. De ahí deriva su gran importancia.

También los colectivos indígenas o las minorías étnicas requieren un esfuerzo especial de escolarización en condiciones de calidad, adoptando además estilos de actuación respetuosos para con sus diferencias y potenciadores de su identidad. La incorporación de las lenguas propias en la educación cobra una especial importancia en este contexto, con vistas a asegurar la integración escolar efectiva en situación de igualdad y no de inferioridad. Los programas de educación indígena adquieren en la actualidad una gran importancia desde el punto de vista de la inclusión educativa y social.

Los emigrantes deben ser objeto de especial atención educativa, dada la desventaja en que se encuentran para incorporarse a la vida activa en sus lugares de destino. Esa situación se hace especialmente grave cuando la ausencia de documentación oficial les impide acceder a determinados servicios públicos, como es el educativo. El logro de una escolarización efectiva de estos grupos de población constituye un objetivo de primer orden, que no puede ser subestimado.

Las personas con discapacidad también deben tener la posibilidad de incorporarse al sistema educativo, en la medida de sus limitaciones, evitando la exclusión que históricamente han experimentado y facilitando así su incorporación social en condiciones equitativas. Los programas de integración escolar, que han dado resultado en contextos muy diversos, están siendo revisados hoy en día desde la óptica de las exigencias planteadas por la inclusión. El nuevo concepto de educación inclusiva que tiende a extenderse en el panorama iberoamericana refleja los cambios conceptuales que se han producido y que contribuyen a renovar las ideas vigentes para hacer frente a estos problemas.

Si este tipo de actuación preventiva ha de orientarse hacia todos los sectores de la sociedad, debe realizarse un esfuerzo especial para apoyar a los que corren un mayor riesgo de exclusión. En este sentido, facilitar el acceso a la educación de los sectores excluidos o en riesgo de serlo constituye una exigencia ineludible. Además, no basta con facilitar dicha incorporación al sistema educativo, sino que debe asegurarse que esos sectores de población cuentan con entornos escolares ricos, motivadores y capaces de captar el interés de los niños y niñas que se encuentran en situación de riesgo, animándoles a continuar adelante en su proceso de formación. La calidad de las instalaciones, de los materiales y los recursos pedagógicos y, muy especialmente, del profesorado que desempeña su tarea en esos medios resulta especialmente crítica para el logro del objetivo de la inclusión. Así mismo, hay que explorar nuevos modos de atender a la diversidad existente en las aulas, para permitir a todas las personas desarrollar al máximo sus posibilidades y disfrutar de las mayores oportunidades posibles.

Desde esta perspectiva cobra una gran importancia la revisión y la mejora de la formación de los docentes, dado el papel tan relevante que desempeñan en la escolarización. La discusión en marcha sobre la formación docente y sus próximos desafíos no debe olvidar la importancia que la existencia de un buen profesorado supone para el desarrollo de políticas de inclusión.

Hay que insistir en que el logro de una inclusión educativa efectiva requiere de nuevos planteamientos para el logro de una educación de calidad para todos. La repetición de las fórmulas ensayadas a lo largo del tiempo, no siempre con éxito, no constituye una garantía de que los resultados vayan a ser ahora mejores. Por ese motivo, hay que esforzarse por desarrollar nuevos enfoques que contribuyan a resolver los viejos problemas educativos planteados.

b) Una función remedial

La segunda línea de actuación tiene un carácter que podríamos denominar remedial. Incluye generalmente medidas de tipo compensatorio, que tienden a compensar las diferencias de condiciones de partida que sufren algunas personas o colectivos. Su objetivo consiste en proporcionar un refuerzo especial a las poblaciones o individuos en situación de exclusión, en forma de recursos pedagógicos adicionales, de extensión del periodo de formación o de recuperación de las oportunidades de educación perdidas. La exigencia de equidad implica tratar de manera diferente a los que son desiguales, proporcionando más y mejores medios a quienes están en condiciones más desfavorables.

Entre las iniciativas de este tipo que se han puesto en marcha en los países iberoamericanos, cabe destacar las acciones de educación de adultos, especialmente las que tienen por objetivo el desarrollo de las competencias básicas para desenvolverse con soltura en sociedades progresivamente más complejas y tecnificadas. Los programas de alfabetización tradicional continúan teniendo una importancia fundamental para permitir la inserción social de muchas personas, a pesar de los esfuerzos realizados en este sentido por muchos países. Las dimensiones del analfabetismo en la región, que afecta a más de cuarenta millones de personas requieren una actuación decidida en este sentido. Por otra parte, las nuevas experiencias, como las de “alfabetización informática”, han demostrado también su interés y sus posibilidades con vistas a la inclusión social.

Otro tipo de iniciativas son las orientadas a la formación de la población desempleada, siempre en riesgo de caer en una exclusión irreversible, con el fin de mejorar sus habilidades para insertarse de forma activa y estable en el mundo laboral. Y no se deben olvidar las iniciativas orientadas a la recuperación educativa de las poblaciones marginadas, desplazadas o minoritarias, que presentan sus propios problemas de integración. La educación ha demostrado la validez de su actuación para dar respuesta a los problemas que dichos grupos sociales plantean.

Otro ámbito que tiene especial importancia se refiere a las medidas puestas en práctica para compensar la ausencia de titulación de los jóvenes que abandonan el sistema educativo sin la cualificación necesaria. En el conjunto de la región se estima que son más de cien millones de jóvenes los que se encuentran en esta situación. Bajo la forma de programas de garantía social, de iniciación profesional o denominaciones similares, ese tipo de oferta resulta fundamental para compensar las diferencias de situación de partida al final de la escolarización.

Un aspecto que conviene subrayar es que todo este conjunto de iniciativas no deben tener un carácter meramente acumulativo. No se trata simplemente de desarrollar acciones con distintas orientaciones, sino que es preciso concebirlas de manera sistémica. Las actuaciones de tipo preventivo y las de tipo compensatorio deben ser concebidas como un continuo que admite diversas estrategias complementarias.

Como se ha señalado varias veces en este documento, la educación no es el único factor que puede contribuir al cumplimiento del objetivo de la inclusión social. No obstante, su aportación resulta decisiva, hasta tal punto que las políticas educativas desempeñan un papel central en esa estrategia integrada. El intercambio y el contraste de experiencias puestas en marcha con esa orientación constituye un medio fecundo de cooperación horizontal, ya que abren un proceso en el que todos tienen algo que aportar y algo que aprender. Por ese motivo, se presentan a continuación algunas experiencias nacionales orientadas a combatir la exclusión educativa y, en última instancia, la exclusión social.

Notas:

(1) Documento presentado en la XIII Conferencia Iberoamericana de Educación. Tarija, Bolivia. 4 y 5 de septiembre de 2003

(2) Delors, J., dir. (1996): La educación encierra un tesoro. Informe de la Comisión Internacional sobre la educación para el Siglo XXI, Madrid, Santillana, pp. 56-57.

(3) CEPAL (2002): Panorama social de América Latina, 2001-2002, Santiago de Chile, CEPAL, p. 41.

(4) CEPAL y UNICEF (2002): La Pobreza en América Latina y el Caribe aún tiene Nombre de Infancia, México, CEPAL – UNICEF, p. 7.

(5) CEPAL (2002): Panorama social de América Latina, 2001-2002, Santiago de Chile, CEPAL, pp. 42-54.

(6) OECD (1998): Children and Families at Risk. New Issues in Integrating Services, Paris, OECD.

(7) Declaración de Bávaro (República Dominicana), 2002

 

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